Proponen a gobierno de Ensenada convenio de autorregulación empresarial

A los imputados José Armando “N” y Mónica Francisca “N”, se les acusa del incidente ocurrido la noche del 16 de septiembre de 2022 en la colonia Reacomodo Lomitas. De acuerdo con el trabajo de elementos investigadores, el imputado, sin razón alguna privó de la vida a la víctima, causándole una sola herida en el tórax con un arma blanca. La víctima se encontraba desarmada.

Ese día a las 20:16 horas de la noche se reportó una persona lesionada por arma blanca en la calle Himalaya, donde la policía encontró a Daniel ‘N” de 17 años de edad tirado en el piso.

Después del crimen la pareja se dio a la fuga con la finalidad de evitar captura, sin embargo, el pasado mes de agosto fueron asegurados en la colonia San Gerónimo de Guaymas, Sonora, mediante los Convenios de colaboración entre las fiscalías del país, relacionados con el aseguramiento de personas con mandamientos judiciales pendientes de cumplimentar.

En la audiencia el Juez consideró que los elementos de prueba presentados por la Fiscalía fueron suficientes para determinar en contra de los imputados la medida cautelar de prisión preventiva, además fijó un plazo de seis meses de plazo para la investigación complementaria.

El dictamen de la comisión de Gobernación y Legislación establece que dicho reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Baja California.

Asimismo, se establece lo dispuesto en los Capítulos VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XV, XVI, XVII y XVIII del reglamento en mención, entrará en vigor a los sesenta días naturales posteriores al inicio de la vigencia del mismo, una vez realizadas las adecuaciones necesarias a otras disposiciones normativas que regulan la Justicia Cívica en el Municipio de Ensenada.

Por otra parte, en esta misma sesión, se aprobó una transferencia presupuestal por 3.6 millones de pesos, misma que fue solicitada por la Dirección de Seguridad Pública Municipal y que se destinará como apoyo social en favor de los deudos de 12 policías municipales fallecidos.

Lo anterior, para garantizar una ayuda humanitaria por el servicio prestado en la corporación policiaca.

También se aprobó una reforma al artículo decimoséptimo transitorio de la Ley de Ingresos 2025, con el que se exentará a personas físicas y morales que estén inscritas en el Programa Estatal de Vivienda 2022-2027.

Por urgente y obvia resolución, se aprobaron que se suscriban convenios de colaboración con el Instituto de Servicios Culturales de Baja California y con el Instituto Nacional del Suelo Sustentable (Insus).

A pesar de que trascendió la indicación de qué el personal del centro de investigación se retirará a la 1:00 de la tarde, dada la cita de los manifestantes a las 2:00, se registró una copiosa concentración para también denunciar públicamente la ”falta de coherencia institucional”.

Con pancartas en mano, personas de distintas edades, gritaban la consigna “Playas sí, contenedores, no“, mientras sumaban al unísono otras como, “Director, director de la cara, por favor”, “CICESE, entiende, la playa se defiende”, “No va a pasar, no va a pasar el mega Puerto no va a pasar” y “Queremos transparencia, ciencia con conciencia”. 

En tanto, peatones y automovilistas, que circulaban por la zona que no fue cerrada, recibe la información relativa  al megapuerto de El Sauzal, y policías municipales permanecen en la zona ante algún incidente que pudiera presentarse y en apoyo a la seguridad de los inconformes. 

Posicionamiento de Ensenada Digna

Exigimos al CICESE como institución:  Y al Director, Dr. David Covarrubias, el cumplimiento inmediato de su compromiso de establecer mesas de trabajo con los investigadores involucrados en el proyecto. De no cumplirse, seguirán las acciones de Ensenada Digna.

Señalaron que el pasado 8 de junio, el director del CICESE admitió que tenían tres semanas trabajando en la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), que su propuesta de trabajo ya había sido aceptada por ASIPONA y prometió una mesa de trabajo con los investigadores involucrados.

“Después de dos meses no solo no nos contactó, sino que ahora se desdice y quiere hacer creer a la comunidad que esto nunca sucedió”, lamentaron.

El día de ayer, miércoles 3 de septiembre, el Dr. Juan Carlos Herguera admitió que la MIA no incluye el manejo de hidrocarburos, a pesar de que en las presentaciones tanto de la Secretaría de Marina como de ASIPONA este componente sí aparece dentro del planteamiento.

Ello, dijeron, significa que la MIA se elaborará de manera fragmentada, analizando únicamente las escolleras y no el proyecto completo de ampliación del Puerto de El Sauzal. 

“Quien conozca de ética profesional y sea experto en este tipo de manifiestos sabe que es inadmisible presentar la MIA por fases de proyectos; el caso más reciente es el del puerto de Manzanillo, que fue rechazado precisamente por esta mala práctica”, explicaron. 

Consideraron que esta  fragmentación es engañosa y ejemplificaron que “es como revisar sólo una llanta de un avión antes de despegar y declarar que todo el avión es seguro”.

Recordaron que, aunado a ello, el CICESE decidió reservar por tres años la información de la propuesta de trabajo enviada a ASIPONA, negando a la ciudadanía el derecho a conocer lo que ocurre con su territorio y el quehacer científico que una institución pública está obligada a realizar. 

El comunicador refiere que “Esta decisión contradice su propio Código de Ética (2021), que obliga a priorizar el interés colectivo, y también el espíritu de la Ley General en Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación (2023), que ordena acceso abierto a la información financiada con recursos públicos”.

La situación es aún más grave por el conflicto de interés institucional: el CICESE forma parte del sistema SECIHTI (antes CONACYT), es decir, del propio gobierno federal. 

En los hechos, estamos frente a un caso donde el gobierno se otorga un presupuesto sin análisis de viabilidad financiera, y el propio gobierno se evalúa, sin contrapesos externos ni transparencia.

Todo esto resulta incongruente con el convenio Ensenada, Ciudad en Armonía con el Mar, firmado en 2023 dentro de la iniciativa Ciudades Océano, que compromete expresamente al CICESE a proteger las costas y el mar con apertura, ética y diálogo social…”

La última prohibición de este tipo en el país incluyó 21 ingredientes activos y fue hace 34 años, en 1991.

Estas sustancias se prohíben a fin de evitar efectos adversos graves para la salud humana y el medio ambiente, muchos de los cuales permanecen en la naturaleza y en los tejidos de los humanos y los animales, y pasan a la cadena alimenticia afectando a otros organismos.

Este primer decreto será emitido por la presidenta del país, se da en el marco de una estrategia nacional integral, orientada a asegurar la producción de alimentos saludables e inocuos y la protección de la salud pública y el medio ambiente.

Ello, en colaboración con la industria de protección fitosanitaria, las y los productores y atiende las preocupaciones de la sociedad para hacer frente a los riesgos asociados al manejo inadecuado de plaguicidas.

Este esfuerzo conjunto entre las secretarías de Agricultura y Desarrollo Rural; Economía; Medio Ambiente y Recursos Naturales, y Salud tiene como objetivo primordial preservar la salud de las y los trabajadores agrícolas y de la población en general.

Asimismo, proteger el medio ambiente, y promover una agricultura sostenible, en consonancia con las mejores prácticas a nivel global y los estándares de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés) así como la Organización Mundial de la Salud (OMS).

El decreto –que será publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF)– obliga a la Administración Pública Federal a revocar y abstenerse de otorgar autorizaciones, permisos y registros para la producción, formulación, fabricación, almacenamiento, importación, transporte, comercialización, distribución, uso, aplicación y disposición final de 35 plaguicidas en todo el territorio nacional.

En coordinación con la industria de protección fitosanitaria y la comunidad científica, se fomentará el acceso de los productores nacionales a nuevos plaguicidas de menor riesgo para la salud humana y el medio ambiente, a costos accesibles, facilitando la adopción de soluciones de menor peligro por parte de los pequeños y medianos productores.

De esta forma, se persigue un equilibrio entre los objetivos de transitar a una agricultura y una alimentación saludables y sostenibles, y el objetivo del Plan México: aumentar la autosuficiencia y la soberanía alimentaria.

México ratificó su compromiso con la población, así como con los Convenios Internacionales Vinculantes de Estocolmo y Rotterdam, los cuales tienen por objeto proteger la salud humana y el medio ambiente frente a contaminantes orgánicos persistentes y químicos peligrosos sujetos al comercio internacional.

Dependencias federales ya trabajan en la identificación y análisis de otras sustancias que serán prohibidas en las etapas subsiguientes de esta estrategia nacional integral.

El anuncio del resolutivo fue publicado esta semana en la gaceta del Sistema Nacional de Trámites de la SEMARNAT, bajo la modalidad de Manifiesto de Impacto Ambientan Regional. La solicitud fue ingresada el 25 de septiembre del 2024.

El resolutivo establece que la empresa promovente “Desaladora Kenton S.A. de C.V.” será responsable de instalar, operar y dar mantenimiento a la planta desalinizadora de 250 litros por segundo para el suministro de San Quintín. La vigencia de los permisos ambientales sería de 4 a 50 años (según se indica).

Por su parte, en la gaceta del 3 de octubre del 2024, la empresa en cuestión indicó que planteaban potabilizar el agua de mar a través de dos tratamientos, sistema de ultrafiltración y ósmosis inversa, mediante la captación de agua procedente de siete pozos con profundidad de 60 metros cada uno.

Estimaban que la capacidad de extracción total fuera de 650 litros por segundo, mientras que el agua de rechazo tendría como punto de descarga el medio marino a 10 metros por debajo del nivel del mar mediante cinco difusores.

Desde ese momento, remarcaron que era necesaria diversa infraestructura, incluyendo otra subestación eléctrica, línea eléctrica y fibra óptica subterránea, tanque de cambio de régimen del agua de mar, tanque maestro y caminos de acceso.

De igual manera, en los últimos meses autoridades estatales y municipales expusieron que aún se requiere aumentar la dotación de suministro eléctrico, agilizar los convenios con los ejidatarios para el cruce de las líneas de conducción y cableado, además de la propia inversión requerida.

De acuerdo con la respuesta a la solicitud de acceso a la información pública folio 340004000000525, la División de Ciencias de la Tierra, a través del Departamento de Geología, informó que la documentación relativa al expediente del proyecto fue clasificada como reservada conforme al artículo 112, fracción XIV de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP).

El Comité de Transparencia del CICESE resolvió que la propuesta no puede ser difundida debido a que el procedimiento administrativo aún no tiene una resolución definitiva. El argumento se basó en la llamada “prueba de daño”, la cual concluyó que la divulgación de la información podría:

1. Representar un riesgo real y demostrable de perjuicio significativo al interés público.
2. Superar el beneficio que implicaría difundirla.
3. Que la restricción es proporcional y constituye el medio menos restrictivo disponible. 

La reserva se estableció a partir del 20 de agosto de 2025, bajo el acuerdo CT-IO-25-03R, y tendrá vigencia de tres años, salvo que antes desaparezcan las condiciones que dieron origen a la clasificación.

Cabe recordar que el propio CICESE había confirmado, en respuesta a una solicitud previa de información, que presentó una propuesta para elaborar el MIA, aunque a la fecha no existe contrato ni convenio derivado de dicha propuesta.

https://drive.google.com/file/d/1HpBKH8yoTg6nOtk5H9exmIPcbi97HK-F/view?usp=sharing

En ese sentido, plantea la reforma a la Ley de Alcoholes para promover el uso de una persona conductora designada o un transporte seguro cuando se consuman bebidas alcohólicas; exigir la difusión permanente de mensajes preventivos; fortalecer la participación ciudadana y especializada en los Consejos Consultivos Municipales; así como tener una fuente confiable de estadísticas para la creación de políticas públicas eficaces.

Por otro lado, la reforma a la Ley de Movilidad, busca promover la instalación de puntos de control de alcoholimetría mediante la coordinación de autoridades competentes; que se realicen campañas de concientización permanentes y el impulso de convenios para establecer zonas de ascenso seguro.

“Ambas reformas buscan una mayor coordinación interinstitucional entre los municipios, las autoridades de movilidad y tránsito, los establecimientos de venta de alcohol y la sociedad civil. Se trata de avanzar hacia una cultura de consumo responsable y de movilidad segura, reconociendo que la prevención debe estar en el centro de las políticas públicas”, estipuló.

En la exposición de motivos la legisladora menciona que, en Baja California, los accidentes viales relacionados con el consumo de alcohol continúan siendo una de las principales causas de muertes y lesiones graves, especialmente entre la población joven; siendo Tijuana y Mexicali donde se concentran el mayor número de ingresos hospitalarios de ocupantes de vehículos, motociclistas y peatones lesionados, lo que refleja una problemática grave en materia de seguridad vial.

Estos eventos reflejan una problemática persistente y multifactorial, donde la combinación de consumo de alcohol y conducción vehicular representa un riesgo significativo para la seguridad pública.

“El gobierno municipal está transgrediendo sus propios reglamentos, los mismos que impone estrictamente a los comerciantes formales”, denunció la agrupación, al señalar que estas decisiones afectan la imagen turística de Ensenada y generan competencia desleal.

Los comerciantes argumentan que quienes operan de manera formal cumplen con una serie de obligaciones que incluyen permisos de operación, licencias, pagos a Bomberos, Protección Civil, y servicios de recolección de basura, además de ofrecer empleos con prestaciones de ley.

“No estamos en contra de los negocios informales con intención de transitar hacia la formalidad, pero el Ayuntamiento tiene el deber de garantizar el orden: un lugar para cada comercio, y cada comercio en su lugar”, insistieron.

Sagarnaga Durante recordó que, de acuerdo al convenio, se preveía finalizar estos trabajos en mayo del 2027, pero la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo solicitó acelerar los trabajos, por lo que hay “contrataciones en turno nocturno”.

“Y esperamos que a más tardar en un año termine la segunda que, por cierto, ya inició. La Clínica de Medicina Familiar, de 14 consultorios, una vez que termine esa segunda etapa, se podrá hablar de iniciar con ella. Ahí en ese mismo predio”, refirió en rueda de prensa.

La delegada regional en Baja California y San Luis Río Colorado reiteró que dicho proyecto “está en el plan inicial que se está siguiendo”.

Sobre el nuevo hospital, inaugurado en su primera fase por la mandataria federal el pasado 12 de julio, Sagarnaga Durante aseguró que está funcionando “toda la primera etapa”.

“Conforme entran los pacientes a consulta externa y especialidad, se van programando para cirugías. Ahorita que están iniciando es probable que haya poca cirugía, pero no hay un sólo servicio que no pudiera inicia”, dijo.

Agregó que ya se regularizaron las consultas externas y las cirugías ambulatorias serán conforme los mismos especialistas las vayan programando.

De la primera etapa recordó que fueron cerca de mil millones de pesos de inversión, entre equipamiento e infraestructura, mientras que para la segunda etapa serán aproximadamente mil 300 millones de pesos de obra, más lo que resulte de equipamiento.

“Ya con el equipamiento de la segunda (etapa) quedan cerca de 3 mil millones de pesos”, citó.

Entre los ejes centrales de la reforma se encuentra la definición de conceptos clave como “bullying”, “Comisión Interinstitucional” y el principio del “interés superior del niño y del adolescente”, alineado con la Convención sobre los Derechos del Niño.

Asimismo, se incorpora al Sistema DIF estatal, a través de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, como nueva autoridad competente para atender casos de violencia escolar, especialmente aquellos vinculados a violencia familiar o desprotección infantil.

La iniciativa también propone la creación de la Comisión Interinstitucional para la Convivencia Escolar Libre de Violencia. Esta comisión estará integrada por representantes de diversas instituciones gubernamentales y sociales, incluyendo la Secretaría de Educación, la Secretaría de Salud, la Secretaría de Bienestar Social, la Secretaría de Seguridad Pública, la Fiscalía General del Estado, el DIF estatal, zonas escolares, asociaciones de padres de familia y organizaciones de la sociedad civil.

Entre sus atribuciones destacan la elaboración de programas de prevención, campañas informativas, convenios con instituciones académicas y sociales, y la implementación de sistemas de medición para monitorear la violencia escolar.

“Con esta reforma, se busca consolidar un marco legal más sólido que promueva la convivencia armónica, el respeto y la protección integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes en todas las escuelas del estado”, subrayó el diputado del PVE.