Aprueban solicitud de licencia de la diputada Araceli Geraldo

En específico, sustituye referencias genéricas en masculino por expresiones incluyentes y neutrales, tales como: “Persona titular del Poder Ejecutivo del Estado” y “Presidenta o Presidente del Congreso del Estado”, sin modificar el contenido material de las atribuciones ni el procedimiento previsto en la legislación vigente.

Además, la iniciativa respeta plenamente el principio de seguridad jurídica, ya que no modifica el contenido esencial de las disposiciones ni altera las competencias constitucionales del Poder Ejecutivo o del Poder Legislativo.

Únicamente actualiza la redacción de los artículos 4 y 4 BIS mediante fórmulas lingüísticas incluyentes, conservando intactas las obligaciones, facultades y procedimientos ya previstos en la ley.

Asimismo, la reforma encuentra sustento en el principio de igualdad sustantiva, previsto en los artículos 1° y 4° de la Constitución Federal, así como en diversos instrumentos internacionales suscritos por el Estado mexicano.

Entre ellos, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, los cuales obligan a las autoridades a adoptar medidas encaminadas a eliminar prácticas discriminatorias y estereotipos de género, incluso en el lenguaje institucional y normativo.

De igual manera, la propuesta es congruente con el principio de paridad de género, incorporado al texto constitucional mediante la reforma conocida como “paridad en todo”, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 2019, la cual fortaleció el deber de las autoridades de garantizar la participación igualitaria de mujeres y hombres en los espacios públicos y de representación política.

También puede sostenerse que la propuesta atiende criterios modernos de técnica legislativa, los cuales recomiendan la utilización de lenguaje claro, incluyente y no sexista en la elaboración de normas jurídicas.

Ello contribuye a que el orden jurídico refleje los valores democráticos y de igualdad sustantiva, reconocidos constitucionalmente.

En la exposición de motivos, Cantón Rocha señaló que, aunque la Tarifa 1F reconoce las necesidades de las zonas de mayor calor, sus límites requieren una revisión que atienda la realidad de Mexicali al ser una ciudad que rompe récords de nacionales de altas temperaturas cada año.

“En cuanto el promedio de consumo en los últimos doce meses de una vivienda rebasa ese límite, la CFE la reclasifica de manera automática a la Tarifa Doméstica de Alto Consumo (DAC) y sin subsidio alguno el cargo fijo mensual es hasta cinco veces más caro, con un impacto grave especialmente para los hogares de menores ingresos”, subrayó.

El exhorto también solicita a la CFE evaluar mecanismos de apoyo adicional o una aplicación gradual de los cobros para usuarios domésticos de bajos recursos que sean reclasificados a la tarifa DAC durante la temporada de calor extremo.

El diputado inicialista también aceptó incorporar las propuestas de la diputada Michel Sánchez Allende para sumar a la CNE entre las autoridades destinatarias del exhorto; del diputado Juan Manuel Molina García para solicitar un informe sobre el estado que guarda la conexión de Baja California al Sistema Eléctrico Nacional y de la diputada Daylín García Ruvalcaba, para incluir la solicitud de un incremento de presupuesto para infraestructura eléctrica en el ejercicio fiscal 2027.

Con este exhorto, el Congreso del Estado respalda la solicitud de revisar y ampliar los límites de la tarifa eléctrica, para que las familias de Mexicali puedan cubrir sus necesidades durante la temporada de calor extremo sin que les implique perder el apoyo tarifario.

Explicó que, con el apoyo del personal técnico de la Comisión de Fiscalización del Gasto Público, así como de la Contraloría Interna del Poder Legislativo, se llevó a cabo la revisión y análisis de los expedientes presentados, a efecto de verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Constitución Local; la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Baja California y sus Municipios; así como de la Convocatoria Pública correspondiente.

Derivado de este análisis, la Comisión determinó que las personas que acreditaron el cumplimiento de los requisitos establecidos son: Ana Cristina Nájera Gin; Arnulfo Raúl Zarate Chávez; Víctor Manuel Cortes Rodríguez; Adriana Dominguez Cruz; Luis Alberto Ocampo Blanco; y Deida Guadalupe Padilla Rodríguez.

Durante la siguiente etapa las seis personas aspirantes serán entrevistadas de manera individual por las diputadas y diputados integrantes de la Comisión de Fiscalización del Gasto Público. En este ejercicio también podrán participar legisladores de la XXV Legislatura que no formen parte de la Comisión.

Las entrevistas se realizarán el martes 29 de septiembre, a partir de las 11:00 horas, en la Sala “Mujeres de Baja California Forjadoras de la Patria” del Congreso del Estado de manera presencial y contarán con transmisión en vivo a través de las páginas y redes sociales oficiales del H. Congreso del Estado de Baja California.

En la reunión estuvieron, además de la presidenta, las diputadas Dunnia Montserrat Murillo López; Liliana Michel Sánchez Allende; Julia Andrea González Quiroz; Angélica Peñaloza Escobedo; Mayola Gaona Medina; Tere Ruiz Mendoza; así como los diputados Jaime Cantón Rocha y Fidel Mogollón Pérez.

Dicha solicitud que tiene como objeto principal cubrir la compra de equipamiento para el acompañamiento a los diversos colectivos en el Estado, en las búsquedas de campo de personas desaparecidas, en conjunto con las distintas autoridades estatales y federales.

La ampliación se cubrirá con recursos del Gobierno del Estado, adicionales a los que fueron autorizados para operar en el ejercicio fiscal 2026, afectándose diversas partidas presupuestales.

Esto, debido a que la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California, debe dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 56 fracción V, de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Baja California y sus Municipios.

De conformidad con el considerando décimo tercero: es obligación de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, por conducto de su Titular, solicitar al Congreso del Estado la autorización correspondiente para efectuar la creación o supresión de partidas presupuestales.

Así como la ampliación, transferencia o reducción de recursos en las partidas de su Presupuesto de Egresos, misma que deberá obtenerse antes de ejercer la modificación solicitada, de conformidad con lo previsto en el artículo de la citada norma.

El Comité Organizador quedó integrado por las y los diputados que conforman la Comisión de Bienestar, Derechos de la Niñez, Juventudes, Personas con Discapacidad y Adultos Mayores, así como por representantes de instituciones estatales y municipales vinculadas al desarrollo de las juventudes en Baja California.

Como parte de la conformación aprobada, integran el Comité Organizador Karla Yakelin Moya Romero, directora del Instituto de la Juventud del Estado; Laritza Nieto Rodríguez, directora del Instituto Municipal de la Juventud de Mexicali; Sara Michelle Rodríguez León, directora del Instituto Municipal de la Juventud de Tecate; y Gabriel García Delgado, director del Instituto Municipal de la Juventud de Tijuana.

También participan Josué Armando Zamora Ponce, director del Instituto Municipal de la Juventud de Playas de Rosarito; Diego Axel Guevara Álvarez, director del Instituto Municipal de la Juventud de Ensenada; y Ricardo Alejandro Gómez, coordinador de Juventudes del Ayuntamiento de San Quintín.

Por otra parte, forman parte de esta instancia la regidora Karime Dávila, en representación del Ayuntamiento de San Felipe; Jorge Álvaro Ochoa Orduño, presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California; así como una persona representante del Instituto Estatal Electoral, quienes contribuirán a la coordinación y desarrollo de los trabajos preparatorios del Décimo Parlamento de las Juventudes.

En la sesión participaron también las diputadas Monserrat Murillo, Gloria Miramontes, Angélica Peñaloza, Julia González, Mayola Gaona y Adriana Padilla, así como el diputado Jaime Cantón.

Por otra parte, se avaló la reforma al artículo 11 de la Constitución Política del Estado para armonizar el marco jurídico en materia de simplificación administrativa, digitalización de trámites y servicios, buenas prácticas regulatorias y fortalecimiento de las capacidades tecnológicas públicas.

En materia de vivienda, se dictaminó la reforma al artículo 7 de la Constitución Estatal para fortalecer el derecho a una vivienda adecuada, promoviendo que el Estado y los municipios impulsen políticas, instrumentos y apoyos que faciliten el acceso a viviendas dignas, habitables y con equipamiento suficiente, particularmente para los grupos en situación de vulnerabilidad. En este caso, el proyecto legislativo correspondió a una iniciativa del diputado Jaime Eduardo Cantón Rocha.

Las y los legisladores también respaldaron la propuesta del legislador Danny Fidel Mogollón Pérez, mediante la cual se plantea al Congreso de la Unión incorporar nuevas disposiciones al Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, con el objetivo de establecer la obligación de que las autoridades jurisdiccionales ordenen la realización de una evaluación o dictamen psicológico a las personas que soliciten la guarda y custodia de niñas, niños y adolescentes.

A fin de armonizar el contenido de la ley al uso de lenguaje incluyente, se aprobó la iniciativa de la diputada Norma Angélica Peñaloza Escobedo para reformar los artículos 4 y 4 Bis de la Ley del Periódico Oficial del Estado, actualizando su redacción bajo criterios de inclusión y concordancia normativa.

Asimismo, se avaló la iniciativa de la diputada Dunnia Montserrat Murillo López para reformar la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado, con el propósito de incorporar el principio de consentimiento inequívoco y establecer que el consentimiento expreso deberá estar respaldado por elementos que acrediten de manera indubitable su otorgamiento, fortaleciendo la certeza jurídica en el tratamiento de los datos personales.

Para garantizar el acceso libre y sin cobro a las playas, aun cuando se encuentren bajo concesión, así como establecer señalamientos y accesos públicos a cada tres kilómetros y fortalecer la colaboración de las autoridades estatales y municipales para vigilar y promover este derecho, se respaldó la iniciativa de la congresista Teresita del Niño Jesús Ruiz Mendoza para reformar el artículo 127 de la Ley General de Bienes Nacionales y que será planteada al Congreso de la Unión.

La agenda de la sesión incluyó además iniciativas enfocadas en el reconocimiento de instituciones educativas con amplia trayectoria en la entidad, por lo que recibieron dictamen favorable las propuestas de la diputada María Yolanda Gaona Medina y del diputado Adrián Humberto Valle Ballesteros para declarar Benemérita a la Escuela Secundaria Estatal No. 16 “De Prácticas para Pedagogía” de Mexicali y a la Escuela Primaria “Francisco González Bocanegra” de Tecate.

Los trabajos fueron encabezados por el diputado Juan Manuel Molina García, presidente de la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales, acompañado de las y los integrantes, Alejandra Ang, Maythé Méndez, Julia González, Tere Ruiz, Daylín García, Jaime Cantón, Diego Lara y Diego Echevarría.

Entre los entes cuyas cuentas fueron sometidas a consideración se encuentran el Patronato del Centro de Desarrollo Humano Integral Centenario; la Fiscalía General del Estado; el Instituto de la Mujer para el Municipio de Mexicali; el Instituto de Transparencia, el Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Baja California; el Comité de Turismo y Convenciones del Municipio de Mexicali; el Instituto Municipal de Arte y Cultura de Rosarito y del Instituto Municipal de la mujer de Tecate.

Asimismo, el Instituto de Cultura; el Instituto Metropolitano de Investigación y Planeación de Ensenada; el Instituto Municipal de la Juventud de Mexicali; la Universidad Intercultural de Baja California; el Instituto de la Mujer para el Estado de Baja California; la Universidad Autónoma de Baja California; el Instituto Municipal del Deporte de Playas de Rosarito y la Comisión Estatal del Sistema Penitenciario de Baja California.

Por otro lado, la cuenta que se dictaminó como no aprobatoria por diversos hallazgos y observaciones corresponde al Instituto Municipal de la mujer de Tecate. Por parte del órgano legislativo, se destaca que la votación de los dictámenes no suspende el trámite de las acciones promovidas por la Auditoría Superior del Estado de Baja California (ASEBC), de manera que continúa el proceso correspondiente.

Con la aprobación de estos dictámenes, el Congreso del Estado da continuidad a su responsabilidad constitucional de revisar y fiscalizar las cuentas públicas, así como de dar seguimiento a las observaciones detectadas, como parte de la vigilancia legislativa sobre el ejercicio de los recursos públicos.

La solicitud del organismo público autónomo tiene por objeto cubrir lo siguiente: compra de equipamiento para el acompañamiento a colectivos en la búsqueda de personas desaparecidas; sustitución de equipo de aire acondicionado en obsolescencia; pago de primas de antigüedad y finiquitos; y diversos gastos operativos.

Esta ampliación, se cubrirá con recursos del Gobierno del Estado, adicionales a los que fueron autorizados para operar en el ejercicio fiscal 2026, afectándose diversas partidas presupuestales.

Otro de los asuntos registrados en el Orden del Día que fueron aprobados en el seno de la CHyP, son los que se refieren a las Actas de Sesiones Ordinarias de la Comisión de Hacienda y Presupuesto de fecha 18 y 24 de agosto del presente año.

Participaron en esta sesión, las siguientes diputaciones: Julia González, Michel Sánchez, Alejandrina Corral, Adriana Padilla, Alejandra Ang y Juan Manuel Molina, así como el Auditor Superior del Estado en funciones, Arnulfo Zárate y el Director de Servicios Parlamentarios, Javier Sánchez.

También se contó con la participación del representante de la Sub-Secretaría de Gobierno, Luis Alonso López y del Director de Proyectos Legislativos de la Consejería Jurídica, Daniel Núñez Valadez.

La capacitación dio continuidad a las obligaciones establecidas en la Ley Daryela, legislación que contempla la capacitación anual obligatoria en esta materia para todas las personas servidoras públicas y quienes prestan servicios profesionales al Estado, con el propósito de fortalecer las capacidades institucionales para garantizar a las mujeres su derecho a una vida libre de violencia.

Cabe señalar que el Congreso de Baja California ha desarrollado distintas sesiones de formación durante 2026 como parte de la implementación de esta ley, tanto para diputadas y diputados como para personal del Poder Legislativo, con lo que se han incorporado progresivamente estas herramientas.

El objetivo es contar con servidoras y servidores públicos mejor preparados para prevenir las violencias, reconocer situaciones de desigualdad y contribuir, desde sus funciones, a garantizar los derechos de las mujeres.

En ese sentido, se refleja la importancia de mantener espacios permanentes de formación y sensibilización que permitan trasladar los principios de igualdad y respeto a las distintas áreas y responsabilidades que integran el Poder Legislativo.

A ello, se suma que esta capital, es una de las ciudades más calurosas de México, donde los veranos extremos disparan la demanda de auxilio médico y de atención a siniestros. Y en un municipio con estas condiciones, depender de una sola ambulancia representa una vulnerabilidad permanente para toda la población.

Mencionó que cuando una familia mexicalense marca pidiendo auxilio, porque su casa se incendia o porque hay un herido que trasladar de urgencia, la atención depende de que la única unidad esté disponible y en condiciones de salir. Con demasiada frecuencia no lo está, y esa familia se queda esperando.

En una emergencia, el tiempo que tarda en llegar el auxilio, decide entre la vida y la muerte, y ninguna ciudad de este tamaño puede seguir jugándose ese tiempo con una sola ambulancia.

Se suma a la falta de unidades, un cuerpo de bomberos que trabaja con vehículos que hace mucho rebasaron su vida útil y con equipo de protección que se repara una y otra vez, porque no hay recursos para reemplazarlo.

Además, sus elementos atienden cada tipo de emergencia con herramientas insuficientes y con el desgaste de cubrir turnos que exceden lo razonable. Aun así, continúan presentándose cada día y siguen entrando a cada llamado, poniendo su propia seguridad por delante de unas carencias que no les toca resolver.

Por tales motivos, Mayola Gaona exhortó a la Presidenta Municipal de Mexicali, Norma Alicia Bustamante; al Tesorero Municipal de Mexicali, Roger Sosa; así como al Director del Cuerpo de Bomberos de Mexicali, Rubén Darío Osuna, a que se destinen de manera prioritaria las partidas presupuestales necesarias para la adquisición, reposición y mantenimiento del parque vehicular de ambulancias y unidades de emergencia.

Así como para la dotación suficiente de equipo de protección personal, herramientas y personal operativo del Cuerpo de Bomberos de Mexicali, con el fin de garantizar una atención oportuna, segura y eficiente de las emergencias que se presenten en la ciudad y en el Valle de Mexicali.

En la exposición de motivos, Ponce Velázquez también señaló que Desarrollos Natura, ha sido identificado por el Instituto Metropolitano de Planeación de Tijuana (IMPLAN) como una zona prioritaria de atención, ante las necesidades de infraestructura y servicios derivadas del crecimiento urbano.

“De acuerdo con el diagnóstico del Programa de Mejoramiento Urbano Natura, elaborado por el Instituto Metropolitano de Planeación de Tijuana (IMPLAN), las paradas de transporte no se distribuyen de manera uniforme y existen sectores importantes sin acceso al servicio”, abundó.

Ponce Velázquez precisó que el exhorto propone que el IMOS realice estudios técnicos y de factibilidad para la ampliación del servicio particularmente en la sección Arboleda y, de resultar procedente, implemente las acciones necesarias para crear una ruta y un paradero que respondan a las necesidades de la comunidad.

El planteamiento también solicita la colaboración del Ayuntamiento de Tijuana para identificar y, en su caso, habilitar el espacio más adecuado para el paradero, en coordinación con el IMOS, considerando los aspectos de infraestructura urbana, señalización y seguridad vial que correspondan al municipio, conforme a los resultados del análisis técnico.

La proposición también solicita a las autoridades que informen al Congreso sobre las acciones y determinaciones adoptadas. El objetivo es dar seguimiento a la petición ciudadana y avanzar hacia un servicio de transporte que acerque a las familias de Arboledas de Natura a oportunidades de educación, empleo y atención a la salud.