Aprueban solicitud de licencia de la diputada Araceli Geraldo

Mediante la aprobación del Dictamen número 118 de la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales, se reformó el artículo 7 y se adicionó el artículo 63 Quater de la citada ley, con el objetivo de fortalecer los mecanismos para prevenir y sancionar esta conducta.

Con las modificaciones, se establece como nepotismo cuando una persona servidora pública intervenga, directa o indirectamente, en el nombramiento o contratación de familiares dentro de la institución donde ejerce sus funciones, ya sea en puestos de confianza, de estructura, de base o por honorarios.

La disposición comprende relaciones de parentesco por consanguinidad hasta el cuarto grado, por afinidad hasta el segundo grado, así como vínculos de matrimonio o concubinato, con lo que se busca evitar que las decisiones de contratación respondan a intereses familiares por encima del interés público.

En la exposición de motivos, la legisladora inicialista destacó que el nepotismo afecta los principios de igualdad y equidad en el acceso al servicio público, además de debilitar la confianza ciudadana en las instituciones, por lo que consideró necesario establecer reglas claras que impidan el uso de cargos públicos para otorgar beneficios particulares.

Asimismo, la reforma armoniza la legislación estatal con la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que desde 2019 contempla la prohibición del nepotismo, con el fin de fortalecer el marco jurídico en materia de combate a la corrupción y responsabilidad de las personas servidoras públicas.

Con esta aprobación, el Congreso del Estado establece mayores herramientas legales para prevenir y sancionar el favoritismo familiar en las instituciones públicas, en beneficio de una administración más transparente.

Al presentar el proyecto, Daylín García expuso que el cáncer es una de las principales causas de muerte en menores. Señaló que la salud es un derecho constitucional e internacional que obliga al Estado a proteger a la niñez por encima de todo, con un nivel óptimo de atención médica, preventiva y psicológica integral.

La aprobación de esta norma también coloca las necesidades de las familias en el centro de la respuesta institucional, por lo que el nuevo marco contempla una responsabilidad compartida entre las instituciones involucradas para brindar acompañamiento y dar continuidad a los casos, con una visión que considera las distintas etapas que atraviesan pacientes y familiares.

Bajo esta perspectiva, la atención a este sector de la población trasciende la prestación de servicios médicos y se asume como una obligación especial del Estado para proteger el bienestar de la niñez.

Para cumplir con este propósito, el ordenamiento está integrado por 43 artículos, distribuidos en siete Títulos y trece Capítulos, que establecen las bases para su aplicación y definen las autoridades responsables, así como los derechos de niñas, niños y adolescentes que enfrentan esta enfermedad.

Además, se incorporan mecanismos de coordinación entre instituciones, un registro estatal de casos, una instancia administrativa especializada, como el fomentar la investigación sobre el cáncer en la infancia y la adolescencia.

La finalidad es que estos mecanismos permitan una respuesta articulada y efectiva, que se traduzca en atención digna, oportuna y de calidad para niñas, niños y adolescentes en Baja California.

En su iniciativa plantea modificar la fracción VIII del artículo 4 para que los servicios funerarios a cargo del Sistema DIF Estatal se presten a la población en general y sean gratuitos para personas, familias y grupos vulnerables que no cuenten con recursos para solventarlos.

La legisladora morenista expuso que los servicios funerarios han registrado incrementos importantes en sus costos y que, ante la falta de un seguro de gastos funerarios o de una prestación laboral específica, las familias recurren a los servicios de asistencia social brindados por el Estado.

Actualmente, la Ley de Asistencia Social contempla como servicio básico la prestación de servicios funerarios, a personas carentes de recursos. Sin embargo, en la práctica, los velatorios del Sistema DIF Estatal ofrecen servicios a bajo costo para la población abierta y, en determinados casos, de manera gratuita para quienes no pueden solventar el gasto.

Por otra parte, la propuesta precisa que la ampliación del acceso no implicaría la desaparición de los servicios funerarios a bajo costo para el resto de la población, sino que permitiría mantener esta alternativa y establecer una atención gratuita para quienes se encuentren en condiciones de vulnerabilidad y no cuenten con recursos económicos.

“Esta medida busca ampliar el acceso a los servicios funerarios del DIF Estatal a la población en general y, al mismo tiempo, establecer con claridad que las personas, familias y grupos vulnerables que carezcan de recursos económicos puedan recibirlos de manera gratuita”, indicó Maythé Méndez

La diputada Alejandra Ang explicó que para la integración de la terna se consideraron la formación profesional, experiencia personal y técnica, trayectoria, conocimientos y capacidades de cada participante, así como sus planteamientos y desempeño durante las entrevistas realizadas como parte del procedimiento.

Como resultado del análisis y deliberación de las y los integrantes de la Comisión, la terna quedó conformada, por orden de prelación, por Arnulfo Raúl Zarate Chávez, en primer lugar; Deida Guadalupe Padilla Rodríguez, en segundo; y Víctor Manuel Cortes Rodríguez, en tercero.

Para esta determinación también se tomaron en cuenta las propuestas formuladas por las diputadas y diputados que integran la Comisión de Fiscalización del Gasto Público, como parte del proceso de valoración de los perfiles.

Con la aprobación del Acuerdo número 9, la Comisión de Fiscalización concluyó los trabajos que corresponden a su ámbito de competencia. La siguiente etapa será turnar la opinión a la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) para los efectos previstos en la legislación correspondiente.

Posteriormente, se dio a conocer que la propuesta será presentada ante el Pleno del Congreso del Estado, instancia que, mediante la votación correspondiente y en ejercicio de sus atribuciones constitucionales, determinará quién ocupará la titularidad de la Auditoría Superior del Estado de Baja California para el periodo 2026-2033.

La Presidenta de la Comisión agradeció la participación y disposición de las personas aspirantes, así como el trabajo de las diputadas y diputados integrantes y del equipo técnico que intervino en las diferentes etapas de este procedimiento.

En la Sesión participaron, además de la diputada presidenta, las diputadas Dunnia Montserrat Murillo López, Julia Andrea González Quiroz, Angélica Peñaloza Escobedo, Mayola Gaona Medina, Tere Ruiz Mendoza, así como los diputados Jaime Cantón Rocha y Fidel Mogollón Pérez.

La Comisión también revisó el proyecto de reforma al artículo 90 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, para evitar que el acceso a servicios se condicione al uso de datos personales con fines comerciales y proteger la libertad de las personas consumidoras sobre el manejo de su información; iniciativa presentada por el diputado Jaime Eduardo Cantón Rocha.

En materia de salud, se analizó la iniciativa de la diputada Daylín García Ruvalcaba para crear la Ley para la Detección y Tratamiento Oportuno e Integral del Cáncer en la Infancia y la Adolescencia del Estado de Baja California, a fin de fortalecer las acciones de prevención, diagnóstico oportuno y tratamiento integral del cáncer en niñas, niños y adolescentes.

Con el propósito de fortalecer las medidas contra el nepotismo en el servicio público, sancionando la intervención de personas servidoras públicas en la contratación, nombramiento o designación de familiares dentro de las instituciones gubernamentales, fue respaldada la propuesta de la diputada Araceli Geraldo Núñez para reformar la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado.

Los cuatro proyectos dictaminados forman parte de los asuntos desahogados por la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales durante sesión ordinaria, encabezada por el diputado Juan Manuel Molina García, en su carácter de presidente.

En los trabajos de la sesión también participaron las diputaciones Alejandra Ang, Maythé Méndez, Michel Sánchez, Julia González, Evelyn Sánchez, Daylín García y Diego Echevarría.

Y por otro lado, se encuentra el Catastro Municipal, dependiente de cada Ayuntamiento, quien registra las características físicas y fiscales de los inmuebles: superficie, ubicación, valor catastral, cuenta predial, es decir, es la base para el cobro del impuesto predial y la planeación urbana.

La falta de coordinación entre ambos niveles de gobierno, tiene como consecuencia la desconexión institucional, operaciones sin resolver, confusión en identidad del vendedor, problemas fiscales y dificultad para créditos hipotecarios.

En el uso de la voz, el licenciado Gabriel Tobías Duarte, presidente del Colegio de Notarios de Baja California, puntualizó algunos aspectos de la problemática de los propietarios para la realización de sus trámites notariales, debido a las inconsistencias ante Catastro Municipal y el Registro Público de la Propiedad del Estado.

Asimismo el licenciado Fermín Kim King, presidente del Consejo Estatal de Profesionales Inmobiliarios de Baja California (CEPIBC), resaltó la importancia de la Reforma a la Ley Inmobiliaria que le dan certeza jurídica a los propietarios, ante la autoridad.

Por su parte, la diputada Evelyn Sánchez, agradeció la presencia de representantes de colegios y asociaciones, con quienes ya ha sostenido reuniones previas, así como a la ciudadanía que motivó la presentación de la “Reforma a la Ley del Registro Público de la Propiedad y de Comercio y Ley del Catastro Inmobiliario del Estado de Baja California, ante el Pleno del Congreso.

“Tenemos el antecedente de 500 familias que fueron defraudadas por diferentes aspectos del orden inmobiliario y de Registro de su propiedad, de ahí la importancia de promover proyectos legislativos con la coordinación de instituciones y de organismos que asisten a este foro. Tengan por seguro que esta iniciativa tiene todos los puntos que han aportado tanto ciudadanos como empresarios de todos los sectores”, expresó la legisladora local.

Al foro asistieron además, Miguel Legorreta Cortez, vicepresidente de ASAI, Lic. Yeni Hilario de la Comisión de RPCP de CANADEVI, Lic. Mario Fajardo Solana, presidente de ASAI, Arq. Sergio Sodelo, delegado de la SG del Gobierno del Estado, entre otros.

Asimismo, establece que la autoridad competente deberá habilitar, señalizar y mantener accesos públicos suficientes y adecuados cada tres kilómetros o tres mil metros a lo largo de las franjas costeras de playas del territorio nacional, además de imponer sanciones a quienes impidan, bloqueen o restrinjan el libre acceso.

De acuerdo con los argumentos expuestos en la iniciativa, aunque la legislación federal establece que el acceso a las playas debe ser libre y no puede ser restringido o condicionado, actualmente existen lugares donde llegar a ellas resulta complicado debido a propiedades privadas, concesiones o la falta de caminos y accesos públicos.

Tere Ruiz sostuvo que las playas son bienes nacionales de uso común y que su acceso debe estar garantizado para toda la ciudadanía. En ese sentido, propuso eliminar del artículo 127 la palabra “convenga”, al considerar que puede generar una interpretación discrecional respecto al acceso, así como la expresión “mediando compensación”, para evitar que se condicione económicamente el ingreso a las playas.

La reforma también contempla que las autoridades municipales y estatales colaboren en la vigilancia y promoción efectiva de este derecho, con el objetivo de fortalecer las condiciones para que la población pueda ejercer de manera efectiva el acceso libre a las playas.

El Dictamen No. 113 de la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales, mismo que fue aprobado por unanimidad, será remitido al Congreso de la Unión, de acuerdo con el proceso legislativo, debido a que implica reformar un ordenamiento de carácter federal.

A esta condición estructural, se suma un factor coyuntural de peso. De acuerdo con los pronósticos más recientes del servicio meteorológico nacional dependiente de la Comisión Nacional del Agua, el fenómeno el niño-oscilación del sur, presenta una probabilidad superior al 80 por ciento de alcanzar una fase muy fuerte durante el trimestre octubre-diciembre de 2026.

Sus efectos se prolongarían durante el invierno 2026-2027 y con incidencia particular en la zona Costa de Baja California, donde se proyectan lluvias superiores al promedio histórico, oleaje alto y mayor presencia de frentes fríos hacia el cierre del año.

Por tales motivos, exhortó al ayuntamiento de San Quintín, a través de su Presidenta Municipal Miriam Elizabeth Cano Núñez, para que, en el ámbito de sus atribuciones, implemente de manera inmediata las acciones preventivas que correspondan ante la próxima temporada de lluvias y los fenómenos hidrometeorológicos de fin de año.

Montse Murillo le solicitó que se tome como base el Atlas Municipal de Riesgos, fortaleciendo la coordinación con las autoridades estatales y federales competentes, en beneficio de la seguridad de las familias sanquintinenses.

Los antecedentes de inundaciones y afectaciones provocadas por lluvias en distintas comunidades de la demarcación evidencian la necesidad de actuar de manera anticipada.

Esto debido a que, esperar a que la emergencia ocurra para intervenir en zonas susceptibles de inundación, cauces, arroyos, vialidades o puntos críticos, puede incrementar los riesgos para la población y dificultar la atención de las comunidades.

Además de ello, reconoció su origen fundacional impulsado por iniciativa magisterial; la construcción inicial financiada por aportación directa de su personal docente; su impacto comunitario sostenido; los logros estatales y nacionales; la resiliencia institucional ante la crisis sanitaria; y su modelo pedagógico innovador y vanguardista vigente.

Y porque hoy, esta institución es un baluarte de la comunidad, un ejemplo de compromiso, esfuerzo colectivo y vocación educativa. Su historia demuestra que cuando la convicción se une al trabajo solidario, los proyectos trascienden generaciones.

La institución fue gestada durante el ciclo escolar 1973–1974 en el seno de la Escuela Superior de Pedagogía de la Universidad Autónoma de Baja California, como respuesta a la necesidad de contar con un espacio formal para la realización de prácticas profesionales y, al mismo tiempo, generar oportunidades laborales para los egresados de la generación 1970–1974.

Por acuerdo de asamblea, los profesores Pedro Bravo, Isaac Molina, Rubén Gudiño y José de Jesús Jáuregui —maestros en servicio a nivel primaria y alumnos del nivel de Pedagogía— fueron electos para integrar la Comisión de Análisis de Mercado de Trabajo de la generación 1970–1974 de la citada escuela de la UABC.

Al asumir su función, la comisión se fijó como objetivo gestionar fuentes de empleo para los egresados. Con visión previsora, espíritu emprendedor y gran tenacidad, pronto advirtieron que el proyecto de creación de una escuela anexa para prácticas —hasta entonces solo concebido en idea— era en realidad una urgencia, ya que, de concretarse, se atenderían dos necesidades prioritarias: cobertura laboral para los egresados y cobertura académica para la población.

Tras diversas gestiones ante instancias federales y estatales, el Gobierno del Estado autorizó su creación como institución estatal, iniciando labores el 2 de octubre de 1974 con 232 alumnos en la colonia Independencia, y a finales de noviembre de ese mismo año la Secretaría de Educación Pública envió oficialmente al profesor Roque Campuzano Ponce como director del plantel, quien tomó posesión de inmediato.

Durante la jornada se desarrollarán cuatro mesas de trabajo sobre Educación, Deporte y Cultura; Acceso a la Salud; Adultos dentro del Espectro, Capacitación para el Trabajo e Inclusión Laboral; y Acceso a la Justicia e Instituciones Gubernamentales, con el propósito de reunir aportaciones desde distintos ámbitos.

Las personas interesadas en participar podrán registrarse previamente a través del formulario oficial: https://forms.gle/hMv7MrD5BnBiN3qB8 y al WhatsApp +52-686-510-01-17

“Garantizar los derechos de todas las personas, con leyes, presupuestos y programas, se hace primero escuchando todas las voces”, destacó la legisladora, al reiterar la invitación a sumarse a este ejercicio de Parlamento Abierto para avanzar hacia un Baja California verdaderamente incluyente.

“La ciudadanía necesita alternativas accesibles para disponer adecuadamente de aquellos residuos que no pueden manejarse como la basura doméstica ordinaria. Buscamos evitar que muebles, electrodomésticos, escombros y otros residuos voluminosos terminen abandonados en espacios públicos y fortalecer su manejo adecuado”, señaló Michelle Tejeda.

Impulsa la limpieza de banquetas como una responsabilidad compartida

En una segunda iniciativa, Michelle Tejeda planteó incorporar a la legislación estatal la limpieza de banquetas y espacios exteriores de viviendas y establecimientos mercantiles, mediante campañas permanentes de concientización y educación vecinal a cargo de los municipios.

Esta propuesta busca fomentar acciones cotidianas como barrer las banquetas, recoger basura cercana, evitar arrojar residuos desde los vehículos y recoger las heces de las mascotas, al considerar que estos pequeños gestos contribuyen a una ciudad más limpia y ordenada y representan una forma de corresponsabilidad ciudadana.

Asimismo, se plantea que, de existir disponibilidad presupuestal, los Ayuntamientos puedan facilitar equipo, materiales e insumos básicos a quienes lo requieran, además de establecer mecanismos de coordinación con personas acopiadoras para que la basura y el escombro retirados de las banquetas sean recogidos oportunamente.

Ambas propuestas fueron planteadas como reformas a la Ley para la Prevención, Gestión Integral y Economía Circular de los Residuos del Estado, con el objetivo de fortalecer la participación de autoridades y ciudadanía en el cuidado y limpieza de los espacios comunes.