Aprueban solicitud de licencia de la diputada Araceli Geraldo

Al motivarla, mencionó que, en los últimos años se ha visibilizado una problemática creciente dentro del Sistema Educativo Estatal: la proliferación de denuncias, señalamientos y acusaciones públicas en contra del personal docente que, en múltiples casos carecen de sustento o se realizan sin elementos probatorios suficientes.

Estas situaciones, han sido amplificadas por el uso de redes sociales y medios digitales, donde la difusión inmediata de acusaciones genera juicios anticipados que vulneran la presunción de inocencia.

Diversos casos difundidos en medios de comunicación han evidenciado en Baja California que, docentes han sido separados de sus funciones; exhibidos públicamente o sujetos a procesos administrativos, derivado de denuncias que posteriormente resultan infundadas o inconsistentes, sin que medie un análisis objetivo inicial de los hechos denunciados.

La falta de mecanismos claros para distinguir entre denuncias fundadas y aquellas realizadas con dolo o mala fe, pueden propiciar abusos que distorsionan el objetivo legítimo de protección de los educandos.

Con la reforma se incorpora de manera permanente el programa denominado “Septiembre, mes del testamento”, garantizando que cada año la población de Baja California pueda acceder a este trámite con descuentos de hasta un 50%, fomentando la cultura de previsión y evitando conflictos sucesorios.

Desde el año 2003, la Secretaría de Gobernación y el Notariado Mexicano impulsan esta campaña nacional, en la cual el costo del testamento durante septiembre se reduce hasta en un 50%, dependiendo de cada notario.

En su exposición de motivos, Maythé Méndez destacó que uno de los objetivos principales del testamento es la protección de los bienes que integran el patrimonio del testador, asegurando que después de su muerte queden en manos de las personas que se indique. Señaló que, además de casas o terrenos, la protección puede abarcar otros bienes como dinero, alhajas, vehículos de motor y objetos personales.

Por ello, subrayó la importancia de promover este instrumento jurídico entre toda la población, ya que no solo las personas adultas mayores deben realizar su testamento, sino cualquier persona que cuente con patrimonio, pues las eventualidades no son exclusivas de un sector determinado.

El resolutivo contenido en el Dictamen No. 99 de la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales, establece que el Ejecutivo del Estado garantizará que los testamentos otorgados durante el mes de septiembre de cada año gocen de un descuento que será determinado en el Arancel de Notarios.

La decisión legislativa respaldada por el Pleno fortalece la certeza jurídica, brinda seguridad patrimonial y previene la división familiar tras el fallecimiento de una persona. El beneficio de descuentos en testamentos queda asegurado en Baja California, independientemente de la continuidad del programa a nivel federal.

La propuesta retoma las recientes reformas aprobadas a nivel federal en materia de fiscalización, con el objetivo de mantener la armonización normativa y dotar a Baja California de herramientas que permitan una supervisión más ágil, efectiva y acorde con los avances tecnológicos.

Entre los principales cambios, la iniciativa contempla la incorporación de medios electrónicos en los procesos de fiscalización, lo que permitirá realizar notificaciones digitales, reducir tiempos administrativos y brindar mayor certeza jurídica a las entidades fiscalizadas y a la ciudadanía.

También propone establecer plazos más claros para el envío de dictámenes técnicos relacionados con observaciones no solventadas, con el fin de agilizar la transición entre los procesos de auditoría e investigación y evitar retrasos que puedan afectar el seguimiento de posibles responsabilidades administrativas.

La reforma busca fortalecer las facultades de investigación de la Auditoría Superior del Estado, al permitir que las indagatorias por presuntas faltas administrativas graves puedan iniciarse de oficio o a partir de denuncias ciudadanas, sin depender exclusivamente de los resultados de una auditoría o de un ejercicio fiscal determinado.

Otro de los aspectos relevantes consiste en facilitar la participación ciudadana mediante la habilitación de canales de comunicación e instrumentos tecnológicos para la presentación de denuncias relacionadas con el uso indebido de recursos públicos, promoviendo una vigilancia más cercana y efectiva del ejercicio gubernamental.

Alejandra Ang señaló que esta iniciativa busca consolidar un modelo de fiscalización moderno, eficiente y preventivo, que fortalezca las capacidades institucionales de la ASEBC, contribuya a una mayor transparencia en el manejo de los recursos públicos y refuerce la confianza de la ciudadanía en las instituciones.

La legisladora de Movimiento Ciudadano subrayó que miles de pacientes enfrentan diariamente la falta de medicamentos, la cancelación de cirugías y condiciones hospitalarias indignas para las familias bajacalifornianas.

“La ciudadanía merece funcionarios que reconozcan los problemas de la salud, que atiendan las denuncias de la sociedad y que generen soluciones de la mano del personal médico, no autoridades que minimicen una situación que afecta directamente la vida de miles de personas,” refirió García Ruvalcaba.

Denunció que durante meses, pacientes, familiares y trabajadores de la salud han denunciado públicamente carencias como elevadores sin funcionar, refrigeraciones descompuestas, camillas sucias y falta de insumos básicos. La diputada recordó que desde hace más de dos años se han presentado puntos de acuerdo y exhortos en materia de salud, aprobados de manera unánime, sin que las autoridades hayan dado respuesta efectiva.

“Es inadmisible que tanto autoridades federales como estatales nieguen públicamente el desabasto, cuando pacientes y personal médico lo viven todos los días. Esa desconexión con la realidad ha provocado una pérdida total de confianza.” indicó.

El resolutivo aprobado por unanimidad del Pleno exhorta al director general del IMSS-Bienestar a separar del cargo al coordinador estatal; a la Gobernadora Marina del Pilar Avila Olmeda a destituir al secretario de Salud; y a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo a instruir la intervención inmediata del Gobierno Federal mediante un equipo técnico especializado que evalúe hospitales, verifique el abasto y establezca un plan emergente de atención.

“La crisis de salud que vive Baja California exige decisiones inmediatas y responsables. Necesitamos autoridades que realmente le sepan, con capacidad técnica y sensibilidad para atender las denuncias de pacientes y trabajadores, no funcionarios que minimicen una situación que pone en riesgo la vida de miles de personas”, subrayó Daylín García.

La propuesta plantea la necesidad de atender un problema que impacta directamente en el desarrollo urbano, el acceso a la vivienda y la certeza jurídica de la propiedad, al advertir que prácticas discrecionales y retrasos injustificados en trámites podrían estar generando condiciones propicias para actos indebidos.

De acuerdo con la exposición de motivos, diversas denuncias públicas y reportes periodísticos señalan que algunos procedimientos administrativos, como cambios de uso de suelo y licencias de construcción, presentan demoras irregulares que posteriormente son “agilizadas” mediante pagos indebidos, lo que afecta la confianza ciudadana y distorsiona el funcionamiento institucional.

La diputada Alejandrina Corral advierte que la falta de actualización de los instrumentos de planeación urbana, aunada a criterios técnicos no uniformes, ha generado un entorno de incertidumbre jurídica que facilita la discrecionalidad y abre espacio a la intervención de gestores informales.

En ese contexto, la legisladora subraya que estos factores podrían configurar un patrón en el que los retrasos administrativos operan como mecanismos de presión, mientras que los cobros ilegales se convierten en medios para destrabar trámites, lo que podría derivar en responsabilidades administrativas o incluso en conductas delictivas.

El exhorto contempla solicitar informes detallados a autoridades municipales sobre el número de trámites realizados, tiempos de resolución, criterios aplicados y mecanismos de control, así como requerir a instancias de fiscalización y procuración de justicia información sobre posibles denuncias, investigaciones en curso y acciones emprendidas en materia de combate a la corrupción.

De igual forma, impulsar medidas estructurales como la digitalización de trámites, la homologación de criterios técnicos, la actualización de la planeación urbana y la creación de mecanismos eficaces de denuncia ciudadana, con el objetivo de reducir la discrecionalidad y fortalecer la transparencia institucional.

La inicialsita también señaló que la ausencia de puentes peatonales ha provocado múltiples accidentes, el más reciente con un joven atropellado que sufrió fractura de fémur y otras lesiones graves. Criticó que mientras en otros municipios se construyen puentes innecesarios, en Tijuana no se atiende una necesidad urgente.

“La verdad que a mí me da coraje cuando voy a veces a otros municipios y veo puentes que no eran necesarios, mientras aquí la gente tiene que cruzar corriendo entre los vehículos”, sostuvo Gilvaja.

Por otra parte recordó que al cuestionar al titular de infraestructura sobre las obras realizadas en Tijuana, la respuesta fue que solo se había concretado una, a pesar de que la ciudad es la más grande del Estado y la que más aporta a los ingresos públicos. “Solamente una obra nos merecimos los tijuanenses, los que más aportamos monetariamente al gobierno del Estado, eso es indigno”, refirió.

Agregó que la seguridad de las personas no puede quedar en manos de unos cuantos conductores que tienen prisa por llegar a su destino. Por eso propuso que también se giren instrucciones para que haya vigilancia en el Boulevard 2000 a su paso en esas colonias, que se asignen policías de vialidad, así como patrullas para permanecer y mantener a los vehículos dentro de los límites de velocidad.

Derivado de lo planteado, la proposición exhorta a la gobernadora del Estado, Marina del Pilar Avila Olmeda, y al secretario de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, Arturo Espinosa Jaramillo, a que se sirvan instruir la instalación de puentes peatonales en el Boulevard 2000, acompañados de campañas de concientización y vigilancia vial para garantizar la seguridad de las personas.

La iniciativa fue presentada por la diputada Santa Alejandrina Corral Quintero, quien expuso que, si bien la digitalización de trámites forma parte de las políticas públicas orientadas a modernizar la administración pública, en la práctica administrativa actual se ha privilegiado la emisión digital del documento, lo que ha limitado el acceso efectivo a la tarjeta de circulación impresa para la ciudadanía.

De acuerdo con el planteamiento, la Ley que Regula los Servicios de Control Vehicular del Estado establece expresamente que la tarjeta de circulación es un documento que puede emitirse en formato físico o digital, por lo que se reconocen como jurídicamente válidas ambas modalidades. Asimismo, la normativa señala que la digitalización no sustituye al documento, por lo que la supresión de la versión impresa podría interpretarse como una restricción no prevista por la legislación.

En este contexto, advirtió que la ausencia de criterios claros en torno al uso de la tarjeta digital ha derivado en afectaciones para automovilistas, quienes en algunos casos han enfrentado sanciones administrativas o dificultades durante revisiones de tránsito por no portar un documento oficial impreso expedido por la autoridad, además, también puede generar incertidumbre al circular en otras entidades o en el extranjero.

La diputada Corral Quintero plantea que la disponibilidad de ambas modalidades contribuiría a fortalecer la confianza de la ciudadanía en los procesos de control vehicular, sin que ello implique un retroceso en la digitalización de los servicios públicos.

En el exhorto que fue aprobado por unanimidad de las diputaciones, se solicita a la Secretaría de Hacienda la emisión de lineamientos administrativos claros sobre la validez de las modalidades física y digital, así como la implementación de campañas informativas y mecanismos de verificación homologados en coordinación con los ayuntamientos. También se propone evaluar el fortalecimiento de elementos de autenticidad en la tarjeta digital para facilitar su reconocimiento en otras jurisdicciones.

Por otro lado, solicita que las autoridades informen al Congreso sobre las acciones adoptadas para asegurar la coexistencia efectiva de ambas modalidades y evitar afectaciones a la ciudadanía.

El?as Flores Gallegos, presidente del Consejo Estatal de Asociaciones de Abogados de Baja California, A.C., lo puntualiz? este jueves 15 de enero mediante un video y un posicionamiento compartido desde el municipio de Mexicali.

Al ser dichos escoltas personal de la Fiscal?a General del Estado de Baja California (FGE), el oficio fue dirigido a la fiscal general Ma. Elena Andrade Ram?rez, y con copia a la gobernadora Marina del Pilar ?vila Olmeda.

?En este documento estamos solicitando retiro inmediato de escoltas de la diputada Alejandra Ang Hern?ndez y del diputado Juan Manuel Molina Garc?a. Ambos tienen escoltas sin tener necesidad de tenerlos. El pueblo de Baja California est? pagando escoltas con el erario p?blico a dos funcionarios que no deber?an de tener?, remarc? en el video.

Flores Gallegos denunci? que, en el caso del morenista Molina Garc?a, tiene a?os con esta protecci?n.

?El diputado Juan Manuel Molina cuenta con escoltas desde hace 17 a?os. Son 17 a?os de costos al erario p?blico, escoltas que ?nicamente los utiliza para cuestiones irregulares?, acus?.

El abogado se?al? que, en el caso de la legisladora, al parecer se apoy? en este personal para el traslado de dinero que fue confiscado el lunes 5 de enero por parte de Aduanas y Protecci?n Fronteriza de los Estados Unidos (CBP).

?Es necesario que se le retire a la diputada sus escoltas cuanto antes ya que los utiliz? para el traslado de dinero previamente al momento de cruzar la garita del cruce fronterizo de Calexico?, puntualiz?, adem?s de reiterar el llamado a las autoridades mencionadas.

?Son parte de mis ingresos, de mis ahorros?: insiste Alejandra Ang

En su primera aparici?n p?blica tras el esc?ndalo, la diputada local morenista Alejandra Ang Hern?ndez reiter? a la prensa de Mexicali que el dinero encontrado en su veh?culo son parte de sus ingresos y ahorros.

La diputada local fue abordada por los medios de comunicaci?n de manera previa a la sesi?n del Congreso del Estado.

Este d?a tambi?n destac? por la defensa del bloque morenista para que ella se quedara al frente de la Presidencia de la Comisi?n de Fiscalizaci?n del Gasto P?blico; la oposici?n panista solicit? que se separar temporalmente en lo que se esclarece el caso.

Al final, la votaci?n fue de 18 a favor contra 7 en contra; el PAN estatal critic? el ?proteccionismo? por parte del bloque morenista.

Ante la prensa, Ang Hern?ndez reconoci? que su investidura ?est? para el escrutinio?, pero que ?es un tema personal, administrativo?.

?Una situaci?n que no tuvo ning?n dolo? es una situaci?n que yo voy a arreglar con las autoridades de Estados Unidos. Tengo todos los documentos para acreditar el origen l?cito de esos recursos que son parte de mis ingresos, de mis ahorros familiares. Ya lo he dicho?, sostuvo, pero no dio fecha para mostrar dichas pruebas.

Enfatiz? que fue ?un error?, pues no ?resguard?? en su casa el efectivo que supuestamente ser? destinado a la compra de otro veh?culo.

Sin embargo, la morenista no aclar? el monto ni el tiempo que supuestamente tard? en reunirlo, aunque trascendieron versiones que van desde los 10 mil hasta m?s de 40 mil d?lares.

Estaban en la parte delantera y trasera de la unidad y habr?an sido decomisadas por el CBP.

A continuaci?n el comunicado oficial:

?Buenas noches, derivado de las distintas solicitudes de informaci?n en tono al cruce de la la Diputada Alejandra Ang a Estados Unidos, compartimos el posicionamiento que hizo llegar la Diputada

?

A la opini?n p?blica:

Previo al cruzar por la Garita de Calexico, por error no resguard? en mi casa dinero en efectivo que se destinar? para la compra de un veh?culo.

Dicha cantidad est? por encima del umbral que en Estados Unidos debe declararse al ingresar o salir del pa?s.

Quiero ser absolutamente clara: Son recursos personales de mi esposo y su servidora, derivados de ahorros de a?os de trabajo y la venta de un autom?vil; estoy atendiendo el proceso administrativo para aclarar, documentar y recuperar el dinero de nuestra propiedad.

Preciso tambi?n que mis documentos no fueron retirados ni revocados.

Estoy cooperando plenamente y entregar? toda la informaci?n requerida para cerrar este tr?mite con puntualidad.

Agradezco a quienes han preguntado con responsabilidad. Mi compromiso es el de siempre: actuar con legalidad y transparencia.

Atentamente

Alejandra Mar?a Ang Hern?ndez?.