MERCADO NEGRO

De acuerdo con lo anunciado, el análisis de la inconformidad planteada retoma los hechos ocurridos el 29 de agosto del 2025 durante una sesión de Cabildo del municipio de San Quintín.

El expediente, bajo el número IEEBC/UTCE/CA/19/2025, remarca que en la sesión referida la regidora “se encontraba ejerciendo el uso de la voz cuando fue interrumpida por una risa estrepitosa” por parte de la presidenta de San Quintín.

Ante esto, el oficio indica que existió incumplimiento con las medidas cautelares previamente emitidas, entre las cuales se encontraba: abstenerse de realizar conductas, manifestaciones y/o expresiones que pudieran constituir discriminación, agresiones, limitaciones o cualquier tipo de maltrato verbal y otra acción que pudiera actualizar la infracción en contra de la regidora.

Bajo este contexto, consideraron procedente la aplicación del medio de apremio consistente en amonestación pública. Sin embargo, especifican que enviarían la determinación al Tribunal de Justicia Electoral de Baja California para los correspondientes efectos legales.

El oficio fue firmado por Orlando Absalón Lara, titular de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral. Su fecha de emisión fue el pasado 3 de septiembre del presente año.

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), presidida a nivel nacional por Juan José Sierra Álvarez, lo puntualizó mediante un pronunciamiento donde enfatizó la necesidad de proteger derechos ciudadanos, asegurar justicia e igualdad, además de construir la seguridad social que detone la inversión y empleo en el país.

“Reafirmamos que la independencia del Poder Judicial no es negociable. Una Corte autónoma, imparcial y libre de presiones políticas es la única vía para garantizar que sus resoluciones respondan a la Constitución y que cada ciudadano, sin importar su condición, pueda acceder a una justicia pronta, completa e imparcial”, remarcaron en su mensaje.

Subrayamos que el Congreso de la Unión debe ser un espacio genuino de deliberación, prosiguieron, así como de deliberación plural, donde las voces de todos los sectores de la sociedad sean escuchadas y que la ciudadanía sea considerada en el centro de cada decisión legislativa que afecta sus derechos, su seguridad y sus oportunidades de desarrollo.

“Ninguna ley debe aprobarse sin debate amplio, sin análisis técnico y sin la inclusión de distintas perspectivas. Asimismo, deben ponderarse las necesidades de cada sector que permitan una justicia social y que se generen las condiciones adecuadas que contribuyan a detonar la economía y atraigan mayores inversiones”, remarcaron.

Recordaron que el organismo durante más de tres décadas ha sido observador electoral, por lo que esa observación ciudadana “debe trascender las urnas y abarcar también el actuar de jueces, magistrados y legisladores”.

Por lo anterior, desde la confederación plantearon propuestas para rediseñar el modelo de elección judicial que permita construir un Poder Judicial fuerte, profesional e independiente, como base del Estado de Derecho y de una democracia funcional.

“Planteamos una evaluación nacional independiente con participación de OSC, academia y organismos internacionales; fortalecer la carrera judicial con mérito y formación continua bajo comisiones transparentes; definir criterios claros mediante una plataforma pública de información; prohibir materiales ajenos al proceso con sanciones severas; mejorar boletas para promover un voto informado; establecer observación judicial permanente con metodología de evaluación; impulsar campañas de difusión cívica, y crear un Código Electoral Judicial que adapte las reglas a esta elección inédita”, detallaron.

Mata Lozano destacó que la inseguridad ha sido un problema grave en la entidad, ubicando a Baja California como el tercer estado más violento del país y segundo lugar en homicidios dolosos.

“La presidenta dice que camina con tranquilidad por las calles, mientras los ciudadanos viven con miedo. No se puede hablar de éxito cuando México sigue sumido en la violencia, los homicidios y los llamados cobros de piso, declaró.

La dirigente señaló que en materia de salud, Baja California enfrenta una grave crisis, con recortes presupuestales que han impactado gravemente los servicios médicos. Durante el primer semestre de 2025, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público recortó 1,043.3 millones de pesos para salud pública en Baja California, lo que representa una disminución histórica en la entidad. Ante esta situación, muchas familias han tenido que pagar sus propios tratamientos utilizando el recurso social del bienestar, evidenciando el abandono del sistema de salud.

Lamentó la pasividad del gobierno federal ante posibles vínculos con el crimen organizado, como la revocación de la visa a la gobernadora y su esposo, y la afectación de la relación binacional, reflejada en la falta de defensa de los migrantes, las constantes alertas de seguridad para visitar Baja California y el impacto económico derivado de aranceles y restricciones al comercio fronterizo.

Este primer año de Sheinbaum y los siete años de Morena han afectado al país con políticas electorales a modo, la eliminación de órganos autónomos y un Poder Judicial subordinado, evidenciando el debilitamiento institucional.

“Vimos un informe triunfalista, alejado de la realidad de las familias mexicanas”, concluyó Lizbeth Mata Lozano.

Expresó que el Congreso del Estado ha demostrado su compromiso con los pueblos, comunidades indígenas y afromexicanas, a través de reformas que fortalecen sus derechos políticos electorales, con la incorporación del principio de igualdad sustantiva a la legislación local, garantiza la representación política de este sector históricamente vulnerable, permitiéndoles participar en las decisiones que impactan a todo el estado.

Actualmente, se están desarrollando reformas para reconocer, garantizar y proteger los derechos colectivos de los pueblos y comunidades indígenas nativos y asentados en Baja California, especialmente su derecho a la libre determinación y al autogobierno, en línea con los avances del derecho nacional e internacional.

A pesar de los progresos legales y constitucionales, persisten barreras estructurales que limitan el acceso de estas comunidades a servicios públicos esenciales como educación, salud, justicia y oportunidades económicas.

En Baja California, el Censo de Población y Vivienda 2020 registró que el 8.5% de la población se autoidentifica como indígena y 45 mil 350 personas hablan alguna lengua indígena.

Históricamente los pueblos indígenas han sido excluidos de las decisiones que afectan sus vidas, territorios y su futuro, siguen enfrentando barreras estructurales que limitan su acceso a servicios públicos, educación, salud, justicia y oportunidades económicas, a pesar de los avances legales y constitucionales.

La búsqueda de la igualdad sustantiva para los pueblos indígenas no es un acto de inclusión, sino un imperativo de justicia, lo que implica asegurar su participación efectiva en todos los ámbitos gubernamentales, la protección de sus derechos territoriales, la preservación de sus lenguas, tradiciones y la garantía de que sus voces sean escuchadas y respetadas.

Esto, en relación a la iniciativa de reforma a los artículos 5, 12, 18, 27, 44 y 46 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, con el propósito de incorporar la figura de revocación de mandato.

Román Cota Muñoz, presidente municipal de Tecate, destacó que lo anterior “representa un hecho histórico y sin precedentes en el país”.

La reforma establece que, mediante solicitud ciudadana respaldada al menos por el 10 por ciento de la lista nominal, el Instituto Estatal Electoral podrá organizar una consulta pública para la revocación de mandato del titular del Ejecutivo Estatal.

“Dicho ejercicio será vinculante siempre y cuando participe al menos el 40 por ciento de la lista nominal, y se determine por mayoría absoluta el resultado de dicha consulta”, abundó Cota Muñoz mediante un comunicado.

El gobierno municipal indicó que, de esta manera, se incorporan mecanismos legales para cubrir vacíos en caso de que una revocación proceda, como la inhabilitación por 10 años para ocupar un cargo legislativo a quienes sean destituidos por este proceso, así como nuevas reglas de suplencia en el caso de la titularidad del Ejecutivo estatal.

Román Cota Muñoz agregó que, con esta aprobación, el municipio de Tecate se convierte en el primero en Baja California en avalar esta reforma constitucional, sumando un avance más hacia la formalización de la revocación de mandato como un instrumento legítimo de participación ciudadana y rendición de cuentas.

Es así que el Poder Legislativo, como sujeto obligado, debe contar con este grupo interdisciplinario que coadyuve en convertir al Poder Legislativo en el primero en instalar en su totalidad el sistema institucional de archivo y registrarse ante el archivo general de la nación.

Jaime Cantón indicó que “estas acciones se suman a los esfuerzos que se vienen implementando desde hace unos meses encaminados a convertirnos en un Congreso sin residuos, es decir, que manejemos el menos papel posible e ir avanzando para que otros residuos como el plástico, se dispongan de una forma correcta e ir reduciendo la cantidad que generamos diariamente, para convertirnos en un edificio lo más sustentable posible”.

Posteriormente, procedió a realizar la declaratoria formal de instalación del Grupo Interdisciplinario, quedando conformado por: el Presidente, diputado Jaime Eduardo Cantón Rocha; el diputado presidente de la Junta de Coordinación Política, Juan Manuel Molina García; el Director de Administración como Presidente Suplente, Antonio Olivas Arredondo; el Director de Procesos Parlamentarios, Javier Sánchez Chacón; la Titular de Asuntos Jurídicos, Laura Quiroga Hernández; el Titular de la Unidad de Transparencia, David Corpus Campos; con derecho a voz, el Titular de la coordinación de Oficialía de Partes como Secretario Técnico, Fabricio Rosales Martínez; el titular de la Contraloría Interna, Hugo Amador Núñez; el titular del Departamento de Informática, Gregorio García Domínguez; el titular del departamento de Recursos Materiales, Ricardo Ledezma Ochoa.

Por su parte el diputado Juan Manuel Molina refirió que el tema de la de la preservación de los documentos, tiene relevancia en todos los aspectos, ya que “algunos documentos tienen que ser conservados y resguardados por disposiciones legales ya que existen sentencias importantes de la corte, de tribunales electorales, etcétera, entonces todo eso debe de ser bien este administrado”.

Al hacer uso de la voz el director de Administración indicó que ya se han realizado reuniones previas en diversas áreas para informar que de manera esquemática se estará revisando, clasificando y organizando la información. Asimismo, se han identificado más de 4 mil cajas con documentación que ya se encuentra etiquetada para su posterior clasificación.

El diputado Jaime Cantón anunció también que está en proceso la incorporación de paneles solares que van a ser instalados, con lo que sería el primer edificio de un Congreso local, a nivel nacional, en ser alimentado por energías renovables. “Son trabajos de mejora que reivindica la forma en la que se trabaja aquí, la imagen que damos hacia la sociedad. Agradezco la voluntad política del Presidente de la JUCOPO para trabajar en coordinación y así poder mostrar los avances de que la transformación llegó al Poder Legislativo del Estado de Baja California”.

La solicitud de revocación solo podrá presentarse una vez por periodo constitucional, durante los tres meses posteriores a la conclusión del tercer año de mandato.

Con respecto a la jornada de votación se realizará el domingo siguiente a los noventa días posteriores a la convocatoria, mediante sufragio libre, directo y secreto, en fecha no coincidente con procesos electorales federales o locales.

Para que el proceso tenga validez, deberá participar al menos el cuarenta por ciento de las personas inscritas en el listado nominal, y la revocación procederá únicamente si la mayoría absoluta vota a favor.

El IEE será responsable de organizar, desarrollar y computar la votación, así como de emitir los resultados y, en su caso, la declaratoria de revocación. Las resoluciones podrán ser impugnadas ante el Tribunal de Justicia Electoral del Estado, conforme a lo dispuesto por la ley.

Durante el proceso, queda prohibido el uso de recursos públicos para la recolección de firmas o promoción del ejercicio. La difusión estará a cargo exclusivamente del Instituto, con fines informativos, de manera objetiva e imparcial. Asimismo, se suspenderá toda propaganda gubernamental estatal y municipal, salvo campañas relativas a servicios educativos, de salud o protección civil.

Finalmente, el Congreso del Estado será responsable de emitir la Ley Reglamentaria correspondiente, a fin de garantizar la operatividad y legalidad del nuevo mecanismo de participación ciudadana.

La reforma modifica los artículos 5, 12, 18, 27, 44 y 46, con base en iniciativas del diputado Juan Manuel Molina García y las diputadas Alejandrina Corral Quintero y Daylín García Ruvalcaba, quienes coincidieron en una misma visión legislativa para establecer un marco legal claro y garantista sobre este derecho ciudadano.

En rueda de prensa, el líder empresarial y asociados detallaron los hallazgos e incluso elaboraron un díptico con conclusiones y recomendaciones.

Conforme al documento, es puntualizado que el método de “tómbola” fue ampliamente criticado, no solo por dejar al azar la designación de candidaturas, sino por su ejecución deficiente.

“Se detectó un patrón mecánico de votación y la réplica de un formato único en los resultados ganadores, lo que sugiere el uso de acordeones (voto inducido) y estructuras de control coordinadas. Esto implica que el acceso a la función judicial dependió de la cercanía partidista y no del mérito, condicionando la autonomía de las personas electas”, señalaron.

Agregaron que “la magnitud de cargos a elegir hizo que el voto informado fuera prácticamente inviable”, pues esto llevó a que el sufragio fuera “un acto casi aleatorio, sin interés real por conocer a la totalidad de las opciones”.

La Coparmex subrayó que la participación ciudadana fue muy baja, como el 13.02% para ministros de la SCJN, y fue registrado un alto porcentaje de votos nulos, boletas no utilizadas y extraviadas, que representaron más del 25% de los votos posibles.

“Esto refleja el fracaso del proceso electoral judicial. Durante el proceso se documentaron, en diversos medios, violaciones graves a las reglas de propaganda, así como financiamiento ilegal en redes sociales con inversiones significativas que no fueron investigadas por el INE. El diseño de las boletas electorales generó inequidad estructural, influyendo en los resultados. Organismos de observación también señalaron la intervención abiertamente inconstitucional de actores gubernamentales”, según denunció el organismo patronal.

Al fundamentar su propuesta, indicó que en el reciente proceso de elección de jueces, ministros y magistrados llevado a cabo el pasado 5 de junio del 2025, la participación de la ciudadanía llegó aproximadamente al 13% de los integrantes del listado nominal a nivel nacional. En tanto, a nivel local solo el 9%, porcentajes muy por debajo de los obtenidos en cualquiera de los procesos electorales para la elección de cargos populares en los que se obtiene un promedio de participación mucho más alto.

Enfatizó que, para el proceso de Revocación del Mandato de gobernador, la reforma constitucional de 2019 transitoriamente establece que las constituciones de las entidades federativas deberán garantizar el derecho ciudadano a solicitar la revocación de mandato de la persona titular del Poder Ejecutivo local, con lo que se da un gran paso en el fortalecimiento del sistema de rendición de cuentas.

En ese sentido refiere que las barreras en el ámbito local para ejercer la democracia en materia de revocación del mandato son desproporcionadas, ya que se establece como requisito para la procedencia de la solicitud, un 10% del listado nominal, lo que sin duda es un porcentaje muy excesivo en contraste al 3% actual para convocar la revocación del titular del Poder Ejecutivo de la Federación.

En ese contexto, Alejandrina Corral considera que se deben de establecer parámetros más razonables que permitan el dinamismo de este instrumento de participación ciudadana, por lo que la presente intención legislativa implica modificar el porcentaje del 3% al 2% de los integrantes del listado nominal de electores como requisito para el inicio del procedimiento de revocación y para que la consulta sea vinculante reducir su porcentaje del 40% al 30% de las personas inscritas en el listado nominal.

“Es impostergable que se tomen acciones legislativas para flexibilizar aspectos de la reforma constitucional federal, como las condiciones del inicio del mecanismo, pues definitivamente no basta con el reconocimiento de derechos, si no también que toda reforma contemple condiciones para facilitar su ejercicio y no establezca requisitos tan elevados que se conviertan en verdaderas y auténticas barreras que pongan en riesgo los derechos políticos-electorales de los ciudadanos”, seguró.

Detalló que, aunque aún no han sido notificados formalmente ni se ha publicado el proyecto correspondiente, en términos generales “lo que escuchamos es que dijeron que no es materia electoral y que precluyó el derecho”. Añadió que esta determinación no implica extemporaneidad, como sí ocurrió en un caso anterior, lo cual consideró un dato relevante.

Desde una óptica jurídica, sostuvo que presentar el recurso fue indispensable, pues no intentar un recurso es el peor error que puede cometer cualquier persona, abogada o abogado, y subrayó que esta cadena de impugnación ha permitido avanzar en la clarificación del asunto.

Asimismo, recordó que existe jurisprudencia del propio TEPJF, emitida en 2023, en la que se reconoce la posibilidad de analizar si un funcionario electoral es considerado trabajador y, por ende, si tiene derecho a una indemnización. En ese contexto, interpretó que la resolución reciente podría implicar que los magistrados no son considerados trabajadores formales, sino la parte patronal, lo que los dejaría sin ese derecho.

“El Congreso del Estado ya presentó la controversia constitucional, porque esta decisión toca una esfera de atribuciones exclusiva del Poder Legislativo, como es la autorización del ejercicio de recursos públicos”, informó.

La demanda fue elaborada por la Consultoría Legislativa y el Departamento Jurídico del Congreso, con base en la ley reglamentaria del artículo 105 constitucional y las reformas recientes, que permiten a los órganos del Estado impugnar decisiones de otros entes autónomos cuando se invade su competencia o se afecta la legalidad presupuestal.

Juan Manuel Molina también señaló que las y los diputados de la XXV Legislatura han recibido un rechazo generalizado por parte de la ciudadanía ante la pretensión de entregar indemnizaciones millonarias sin sustento legal ni presupuestal por parte de las magistraturas electorales; “Se trata de más de 4 o 5 millones de pesos que se pretendían entregar sin viabilidad presupuestal y sin que el Congreso del Estado autorizara ese gasto”, advirtió.

Finalmente, cuestionó la falta de pronunciamiento de sectores que habitualmente opinan sobre el manejo de recursos públicos y que ahora no han dicho nada.

En la etapa de las entrevistas, se destacaron tres ejes fundamentales: el fortalecimiento de la persecución de la violencia política en razón de género; coordinación efectiva con la Fiscalía General del Estado y la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción; así como la importancia de garantizar mecanismos accesibles que permitan a la ciudadanía presentar denuncias por delitos electorales.

Quienes integran la Comisión concluyeron mediante el Dictamen No. 36 que las tres personas aspirantes cumplían con los requisitos constitucionales de elegibilidad.

En su exposición, Guzmán Gómez refirió que cuenta con más de 18 años de experiencia en el Instituto Estatal Electoral de Baja California. Destacó que durante los últimos nueve años ha fungido como Secretario Ejecutivo, lo que le ha permitido adquirir un profundo conocimiento en materia legal, operativa y administrativa, así como en la atención de procedimientos sancionadores y medios de impugnación.

Con respecto a su plan de trabajo, explicó que busca fortalecer la confianza ciudadana mediante módulos de atención, plataformas digitales accesibles y acompañamiento jurídico. Planteó también un programa estatal de prevención con enfoque educativo, mecanismos eficaces de investigación, además de consolidar la profesionalización de la Fiscalía con evaluaciones de desempeño, incentivos y paridad de género.

Una vez realizada la votación por el Pleno, Raúl Guzmán rindió protesta de ley ante la presidenta del Congreso, diputada Michelle Tejeda, en presencia del resto de las diputadas y diputados, medios de comunicación y personas asistentes, para ejercer el cargo durante los próximos cuatro años.