MERCADO NEGRO

El Comité Organizador quedó integrado por las y los diputados que conforman la Comisión de Bienestar, Derechos de la Niñez, Juventudes, Personas con Discapacidad y Adultos Mayores, así como por representantes de instituciones estatales y municipales vinculadas al desarrollo de las juventudes en Baja California.

Como parte de la conformación aprobada, integran el Comité Organizador Karla Yakelin Moya Romero, directora del Instituto de la Juventud del Estado; Laritza Nieto Rodríguez, directora del Instituto Municipal de la Juventud de Mexicali; Sara Michelle Rodríguez León, directora del Instituto Municipal de la Juventud de Tecate; y Gabriel García Delgado, director del Instituto Municipal de la Juventud de Tijuana.

También participan Josué Armando Zamora Ponce, director del Instituto Municipal de la Juventud de Playas de Rosarito; Diego Axel Guevara Álvarez, director del Instituto Municipal de la Juventud de Ensenada; y Ricardo Alejandro Gómez, coordinador de Juventudes del Ayuntamiento de San Quintín.

Por otra parte, forman parte de esta instancia la regidora Karime Dávila, en representación del Ayuntamiento de San Felipe; Jorge Álvaro Ochoa Orduño, presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California; así como una persona representante del Instituto Estatal Electoral, quienes contribuirán a la coordinación y desarrollo de los trabajos preparatorios del Décimo Parlamento de las Juventudes.

En la sesión participaron también las diputadas Monserrat Murillo, Gloria Miramontes, Angélica Peñaloza, Julia González, Mayola Gaona y Adriana Padilla, así como el diputado Jaime Cantón.

Entre los actos reclamados, la ex aspirante señala la presunta alteración y variación de los resultados de la encuesta, así como la negativa de Morena a hacer públicos los resultados. En el documento también cuestionó la metodología empleada para definir a la coordinadora estatal, al considerar que no fue debidamente fundada y motivada.

Otro de los puntos, según el procedimiento, es la presunta vulneración a los principios de paridad y equidad, debido a que Moreno Guerra sostiene que fue excluida de la encuesta final.

De acuerdo con el expediente registrado por el TEPJF, la demanda fue presentada contra el Comité Ejecutivo Nacional de Morena y la Comisión Nacional de Elecciones del partido. El asunto fue turnado a la magistrada Claudia Valle Aguilasocho para su sustanciación.

Ante esta disposición, el CEAABC consideró necesario abrir un espacio de reflexión institucional y jurídica sobre los alcances de dicha medida, particularmente en lo relativo a la comunicación, colaboración y cercanía que debe existir entre el Poder Judicial, la comunidad jurídica.

La participación de quienes integran el Poder Judicial en espacios académicos y de diálogo con los profesionales del Derecho constituye una vía relevante para fortalecer el conocimiento de las instituciones, promover la cultura jurídica y contribuir, mediante el intercambio de ideas, a la consolidación de un mejor estado de derecho indicó el organismo.

Hoy, la justicia enfrenta tensiones estructurales. Los tribunales saturados, la percepción de falta de independencia judicial, la lentitud procesal y los señalamientos de corrupción en trámites han generado un ecosistema donde cada vez más disputas se “arreglan por fuera”. En ese terreno extrajudicial, el riesgo aumenta: actores ilegales y actores oportunistas observan quién puede inclinar la balanza. Aunque cada caso debe investigarse con rigor y sin conclusiones anticipadas, organismos internacionales han documentado que, en contextos donde el sistema de justicia se debilita, redes criminales y estructuras de corrupción pueden aprovechar la fragilidad institucional para influir en conflictos civiles, mercantiles, inmobiliarios y fiscales. Esto no implica que todos los homicidios de abogados estén vinculados a dichos actores, sino que el entorno actual incrementa la vulnerabilidad de quienes participan en litigios donde existen intereses económicos o territoriales relevantes.

A ello se suma un fenómeno reciente: la elección de nuevos jueces por voto popular y un sistema disciplinario judicial que muestra signos de debilidad. Esta observación no cuestiona el mecanismo democrático en sí, sino los retos operativos y de independencia que diversos estudios internacionales han identificado en sistemas donde la judicatura enfrenta presiones electorales. La justicia, ya tensionada, enfrenta presiones adicionales que incrementan la incertidumbre y exponen aún más a los litigantes.

Los colegios que integran la FEDABO mostraron valentía al encarar a las autoridades y exigir un protocolo de protección. Ese gesto debe reconocerse. En un entorno donde muchas facultades de derecho y varios colegios han optado por una postura más prudente frente al poder político, la decisión de quienes sí alzaron la voz merece respeto. Pero también requiere una ruta clara para que su esfuerzo no termine atrapado en una mesa de trabajo sin resultados o en un protocolo que no se traduzca en acciones concretas.

Es importante reconocer que la ciudadanía mantiene críticas legítimas hacia prácticas poco éticas de algunos abogados. Esa realidad existe en Baja California y en todo México. Sin embargo, la protección del gremio no busca eximir conductas indebidas ni blindar a quienes violan la ley; busca garantizar que quienes sí ejercen su profesión con ética puedan hacerlo sin miedo a represalias violentas. La seguridad de los abogados no es un privilegio corporativo: es una condición mínima para que cualquier persona pueda acceder a la justicia cuando la necesite.

Por ello, la abogacía local necesita una ruta seria, ética y con visión. La primera acción debe ser considerar un Estado de Alerta Jurídica para la Abogacía en Baja Californi5a, por un periodo definido. La segunda acción es solicitar al Congreso la creación de una Fiscalía Especializada en Crímenes contra Abogados. La tercera corresponde al Poder Judicial: valorar un Tribunal Especializado en Delitos contra Operadores de Justicia. La cuarta es impulsar una Coalición Estatal de Seguridad Jurídica.

Y si las medidas anunciadas no se traducen en resultados verificables, deberá valorarse solicitar acompañamiento técnico internacional, mediante la Relatoría Especial de la ONU, la Oficina del Alto Comisionado o la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

La ruta está planteada. Lo que sigue es recorrerla con responsabilidad, sin estridencias, pero sin evasiones.

Guillermo E. Rivera Millán

Director general del despacho De la Peña y Rivera S.C.

Fundador de Justicia que Transforma México A.C.

Durante el recorrido, Burgueño destacó que la fortaleza de Morena se encuentra en la cercanía con la gente y el diálogo permanente con quienes forman parte del movimiento. “Mientras estemos cerca del pueblo, este nos va a apoyar, porque aquí no hay divorcio entre gobierno y los suyos”, expresó.

El morenista señaló que regresar a las colonias permite informar, escuchar inquietudes y conocer de primera mano las necesidades de la población, además de mantener presentes los principios con los que se construyó el proyecto de la Cuarta Transformación.

En este sentido, Burgueño respaldó la postura de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de mantener un gobierno cercano y atento a las expresiones de la ciudadanía, al considerar que el diálogo directo permite identificar necesidades y orientar las decisiones hacia soluciones concretas.

Asimismo, sostuvo que la cercanía con la población debe mantenerse como una práctica permanente de la Cuarta Transformación y no limitarse a los periodos electorales, por lo que consideró fundamental continuar recorriendo las comunidades y escuchando a sus habitantes.

Durante el encuentro también destacó la importancia de reencontrarse con militantes fundadores de Morena, cuyo trabajo durante más de una década contribuyó a consolidar al movimiento en Baja California y a fortalecer su presencia territorial.

Finalmente, Burgueño señaló que caminar las calles, repartir Regeneración y conversar casa por casa representa mantener viva la esencia territorial de Morena, con una militancia organizada y cercana a las comunidades para que la Transformación continúe atendiendo las necesidades de la gente.

La propaganda se localiza en las inmediaciones de un área delimitada con cinta amarilla, donde los oficiales concentran a los conductores elegidos por los agentes para l aplicación de la prueba de alcoholemia y quienes reprueban son remitido a esta zona para la elaboración de las actas correspondientes. En esa área también se encuentra personal de Sindicatura Municipal y de Justicia Cívica.

Detrás del perímetro de seguridad, es donde toda la noche permanecen los acompañantes, amigos y familiares de las personas detenidas, quienes acuden al sitio para conocer su situación o esperar su salida.

En esta zona de tránsito y concentración de ciudadanos es donde se encuentra la propaganda atribuida al aspirante morenista.

En el mismo punto también se observa una lona con publicidad de un despacho jurídico que ofrece asesoría a personas remitidas por el alcoholímetro y que promueve servicios relacionados con los procedimientos derivados de estas infracciones, a cambio del pago de honorarios o comisiones.

El artículo 227 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales establece disposiciones relacionadas con los actos de precampaña y la propaganda de quienes participan en procesos internos de selección de candidaturas.

La determinación de si una propaganda específica constituye o no un acto anticipado de precampaña o campaña corresponde a las autoridades electorales competentes.

De acuerdo con el calendario aprobado por el Instituto Nacional Electoral (INE), el Proceso Electoral Federal 2026-2027 iniciará formalmente el 10 de septiembre de 2026. Las precampañas federales se desarrollarán del 4 de enero al 12 de febrero de 2027; el registro de candidaturas será del 22 de marzo al 3 de abril.

De acuerdo con los antecedentes del caso, el 24 de diciembre de 2024, aproximadamente a las 02:00 horas, Ricardo “N” entró al taller Chico, ubicado en la calle Alisos, de la colonia Valle Verde, donde se apoderó de diversas herramientas mecánicas y equipos especializados para mecánica, con un valor aproximado a los 99 mil 571.99 pesos.

Como resultado de la audiencia, además de la pena privativa de la libertad, el sentenciado fue condenado al pago de una multa equivalente a 350 unidades, por un monto de 37 mil 999 pesos, así como al pago de 99 mil 571.99 pesos por concepto de reparación del daño a favor de la parte ofendida.

También le fueron negados los beneficios correspondientes, y le decretaron la suspensión de sus derechos electorales y civiles durante el tiempo que determine la autoridad judicial.

Entre las observaciones relevantes se identificaron incumplimientos a disposiciones de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y de la Ley de Entidades Paraestatales para el Estado de Baja California, además de otras observaciones recurrentes.

Por otro lado, se aprobaron por mayoría los dictámenes correspondientes a las cuentas públicas de la Administración Portuaria del Estado de Baja California; Instituto Municipal de la Juventud de Ensenada; Fideicomiso HSBC México, S.A. F/1385509 FIARUM; Instituto Municipal de la Juventud del Municipio de Tecate; Comisión de Arbitraje Médico del Estado de Baja California; y del Fideicomiso del Programa de Insumos y Mantenimiento para el Mejoramiento del Entorno Educativo.

También del Instituto de Psiquiatría del Estado de Baja California; Instituto Estatal Electoral de Baja California; Instituto de Servicios Culturales de Baja California; Centro de Justicia para las Mujeres del Estado de Baja California; Instituto Municipal de Arte y Cultura de Mexicali; Bienestar Social Municipal (Mexicali); Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal de Ensenada; Comisión Estatal de Energía de Baja California; Instituto del Deporte y la Cultura Física de Baja California; Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Baja California; y del Poder Ejecutivo del Estado de Baja California.

Con estas resoluciones, el Congreso del Estado da continuidad al proceso de revisión y fiscalización de las cuentas públicas, mediante el análisis de los resultados de auditoría y la resolución de los dictámenes correspondientes al ejercicio de los recursos públicos por parte de las entidades fiscalizadas.

En ese sentido, enfatizó que la nueva causal busca evitar que episodios de intervención extranjera puedan alterar la voluntad ciudadana y, al mismo tiempo, fortalecer la protección de la soberanía nacional, la autenticidad del voto y la integridad de los procesos democráticos frente a posibles influencias externas.

El legislador de Morena también hizo referencia a antecedentes de intervencionismo documentados en la historia de México, señalando que ningún partido político puede negar esos episodios. “Lo que sí podemos evitar es que se repita”, afirmó, al destacar que la reforma responde a la necesidad de blindar la democracia mexicana frente a intereses externos.

Por otra parte, recordó que, en procesos recientes, como el de 2021, se registraron actos de violencia en casillas que no prosperaron como causal de nulidad, ya que la ciudadanía salió a votar con firmeza.

Señaló que esta nueva causal refleja una preocupación legítima y añadió: “¿estarían de acuerdo en que un país extranjero incida en la democracia mexicana? Sí o no. Porque de eso se trata esta reforma, en que la voluntad de las y los bajacalifornianos se decida en las urnas, no desde el extranjero”, indicó.

Al tratarse de una reforma constitucional su aprobación requirió mayoría calificada y la votación en el Pleno registró 18 votos a favor y 6 en contra emitidos por las diputaciones integrantes del PAN, PRI, PT y MC.

Con el propósito de fijar en la ley el 50% de descuento en el trámite de testamentos durante el mes de septiembre, se respaldó la iniciativa de la legisladora Maythé Méndez para reformar el artículo 200 BIS de la Ley del Notariado, para que cada año los bajacalifornianos puedan realizar este trámite en condiciones accesibles y seguras, protegiendo su patrimonio familiar y evitando conflictos sucesorios.

Para combatir el delito de despojo y fortalecer la protección del patrimonio de las personas, se aprobó la iniciativa de la diputada Angélica Peñaloza para que el Congreso del Estado de Baja California presente ante el Congreso de la Unión la reforma correspondiente al Código Penal Federal, con el objetivo de aumentar la pena aplicable a este ilícito.

En el ámbito educativo, fue avalado el proyecto de la diputada Mayola Gaona con el propósito de reconocer como Benemérita a la Escuela Primaria “Teniente General Mariano Matamoros”, ubicada en Mexicali, en virtud de sus más de 63 años de servicio ininterrumpido a la comunidad y su aportación en la formación de generaciones de estudiantes.

Por su parte la congresista Alejandrina Corral presentó iniciativa para adicionar un artículo 158 BIS a la Ley del Sector Eléctrico, con el fin de crear un régimen tarifario especial para zonas de clima extremo, garantizando un servicio más justo y eficiente. Tras su aprobación en comisión, la propuesta deberá ser discutida en el Pleno del Congreso del Estado antes de poder remitirse al Congreso de la Unión.

Asimismo, se dictaminaron las iniciativas presentadas por el diputado Juan Manuel Molina, orientadas a reformar la Ley Electoral del Estado y la Constitución Política de Baja California. La primera de ellas busca permitir la colocación de propaganda en bardas bajo autorización condicionada, siempre con consentimiento del propietario y respeto a normas de seguridad y viabilidad.

La otra iniciativa garantiza la nulidad de elecciones en caso de intervención extranjera, reforzando la soberanía democrática y protegiendo la voluntad ciudadana frente a injerencias externas. Esta reforma al artículo 5 de la Constitución local responde a la necesidad de armonizar el marco estatal con la disposición federal y otorga mayor certeza jurídica a los procesos electorales.

En estos trabajos legislativos participaron, el diputado Juan Manuel Molina García, presidente de la Comisión, Alejandra María Ang Hernández, María Teresa Méndez Vélez, Evelyn Sánchez Sánchez, Julia Andrea González Quiroz, Liliana Michel Sánchez Allende, Daylín García Ruvalcaba y Diego Echevarría Ibarra.

“Estamos en tiempos electorales. Le he pedido a ella y a todos, las y los compañeros del gabinete que se concentren en el tema de gobierno, de resultados, que no se distraigan en temas electorales, y que quien aspire a participar en el proceso electoral se separe del cargo el próximo 14 de agosto”, dijo.

Ávila Olmeda explicó que lo anterior es para “tomar definiciones” en torno al término de su administración, mismo que concluirá el próximo 31 de octubre de 2027.

“Y que quien llegue esté concentrado, justamente, en los temas de gobierno. Sin distracciones electorales. Aunque no sean los tiempos que determine el partido, o los tiempos que determine la ley, por temas de gobernabilidad, por temas de responsabilidad con la ciudadanía, yo he pedido y solicitado a todo mi gabinete que me presenten su renuncia el día 14 de agosto y que empecemos con el proceso de entrega-recepción”, reiteró.

Sobre los nombres, adelantó que “ya se acercaron algunos”, pero se reservó sus identidades.

“Ya después les voy a decir eso. Déjalo para otra nota. Y también se acercaron otros para decirme que se quedan conmigo hasta el final. Es algo que también valoro mucho”, expresó entre risas.

Del actual gabinete que se inscribió en el proceso de Morena para elegir al representante de “Coordinación de la Cuarta Transformación en Baja California”, únicamente fue Alfredo Álvarez Cárdenas, quien sigue en la contienda.

Los demás que, según Morena, pasaron el filtro son: Julieta Ramírez, Ismael Burgueño Ruiz, Armando Ayala Robles, Evangelina Moreno Guerra, Fernando Castro Trenti, y Jesús Alejandro Ruiz Uribe; de ellos, solamente cuatro pasarán a la siguiente fase, donde se prevé que sean dos hombres y dos mujeres.

De Mónica Vega Aguirre, se le considera aspirante a la alcaldía del municipio de Tijuana.

En el caso de Ensenada, en los pasillos políticos circulan los nombres de la alcaldesa Claudia Agatón Muñiz (reelección), Alonso Centeno Hernández (director de la Cespe), Alejandro Arregui Ibarra (actual secretario del Trabajo en la administración de Marina del Pilar), y la diputada federal Rocío López Gorosave, por citar algunas personalidades locales.