Culpa Marina de Pilar a Bonilla por filtración de audios

Además del supuesto ofrecimiento que habría hecho, de cooperar y proporcionar información de las mesas de seguridad para recuperar su visa y evitar cargos legales.

Las conversaciones fueron publicadas por El Universal, en la columna de Héctor de Mauleón, los días 13 y 16 de julio; la fecha del tercer audio coincide con el cumplimiento de la orden de aprehensión del exgobernador panista de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, del que Ávila Olmeda no se ha pronunciado.

De su mensaje publicado este domingo 19 de julio, Marina del Pilar señaló “versiones dolosas propiciadas por algunos audios manipulados”, por lo que busca aclararlos.

“Los asuntos que hoy se comentan corresponden a un tema estrictamente personal: la cancelación y la posterior tramitación de mi visa de turista. Las conversaciones que se han difundido ocurrieron durante el 2025 y se dieron en ese contexto”, dijo.

Ávila Olmeda mencionó que al enfrentar una decisión de carácter migratorio, buscó conocer “las vías legales e institucionales” para atender el procedimiento, y que escuchó diversas personas que aseguran que la orientarían.

“Una de esas personas me engañó”, afirmó, sin mencionar al exgobernador Jaime Bonilla Valdez, a quien acusó de “tenderle una trampa” el pasado miércoles 15 de julio.

Luego, Marina del Pilar compartió una cronología de “esos contactos engañosos”.

“El 18 de junio de 2025 se dio el primer contacto por mensajería instantánea. El 2 de agosto de 2025 tuvo lugar la primera llamada telefónica. El 22 de agosto de ese mismo año se recibió la segunda llamada y el 15 de diciembre de 2025 se llevó a cabo una reunión con el supuesto gestor y una llamada con un supuesto agente”, detalló.

La mandaría estatal aseguró que “su disposición de escuchar” no significa “negociar”, y que “nunca habrá una entrega de información” que ponga en riesgo la soberanía de México.

Mencionó que contar con la visa, como gobernadora de un estado fronterizo, es para transitar legalmente entre ambos países.

“Eso nunca significaría aceptar condiciones; comprometer mi independencia como servidora pública, ni poner en riesgo la seguridad o la soberanía de nuestro país” dijo.

Ávila Olmeda aseguró que las gestiones formales para este trámite “siempre se han realizado por los canales institucionales”, al tiempo que ha mantenido su agenda institucional.

“Quiero ser igualmente clara: no he sostenido reunión alguna en Panamá con autoridades de otro país (Estados Unidos). Cualquier versión que afirme que ese encuentro ya ocurrió es falsa”, subrayó.

La gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda informó que dicha actividad fue en el Valle de Guadalupe, donde la Secretaría de Turismo del Estado reunió a representantes del sector turístico y visitantes para conocer la cocina tradicional indicada, sus ingredientes y los saberes ancestrales que forman parte de la identidad de esta comunidad originaria.

Miguel Ángel Badiola Montaño, secretario de Turismo, destacó que este tipo de encuentros fortalecen el consumo de productos locales, promueven la conservación del patrimonio cultural e incorporan a las comunidades originarias a la cadena de valor turística, generando beneficios para las familias.

Conforme a los datos oficiales, la cocinera tradicional Tabita Domínguez guío a las y los asistentes, para conocer la historia y tradiciones del pueblo kumiai mediante un menú elaborado con ingredientes representativos de la región que incluyó atole de bellota, caldo kumiai, costilla de res en barbacoa y un postre inspirado en la salvia silvestre.

La jornada también permitió fortalecer la promoción de la comunidad de San Antonio Necua como un destino que ofrece experiencias auténticas vinculadas con la cultura, el territorio y las tradiciones de Baja California, al reunir a representantes del sector turístico y actores estratégicos.

Por último, las autoridades estatales reafirmaron su compromiso de impulsar un turismo sostenible e incluyente que fortalezca la economía local, preserve el patrimonio cultural y contribuya al bienestar compartido de las comunidades que mantienen vivas las tradiciones de los pueblos originarios.

El grupo estuvo conformado por ciudadanía e integrantes del Partido Acción Nacional (PAN) de Ensenada, así como miembros del nuevo partido político, identificado hasta el momento como Somos México.

“Exigimos liberación inmediata de Ernesto Ruffo”, “Liberen a Ruffo”, “Pruebas, Presidente” y “Gobierno corrupto”, fueron algunos de los mensajes que mostraron mediante cartulinas, al tiempo que ondearon una bandera de México.

“¡Estamos congregados para protestar por la detención arbitraria de Ernesto Ruffo, quien fue tratado como un criminal, cuando al mismo tiempo los verdaderos criminales, abiertamente responsables de los grandes delitos de este, y del anterior sexenio gozan de toda protección del Estado!”, inició con megáfono en mano un de los asistentes.

Lo señaló en torno a la gobernadora morenista Marina del Pilar Ávila Olmeda y los escándalos que ha registrado rumbo al cierre de su administración.

“Que, además de asociarse con los delincuentes, ahora se ha convertido en una informante del FBI para tratar de conseguir el favor de ese gobierno (de los Estados Unidos”, remarcó.

Raúl Vera, consejero nacional de Somos MX, señaló que la figura de Ernesto Ruffo ha sido víctima del “sistema de impartición de justicia de la 4T”.

“Porque a la velocidad que han operado es direccionado en contra del primer gobernador de oposición en la historia de nuestro país. Tiene un mensaje profundo su detención: Ernesto Ruffo, y la empresa que él dirige. Quiero dejarlo bien claro: no transporta, no compra, no distribuye. No comercializa hidrocarburos en ninguna parte del país. La empresa, de la cual es socio, hace trámites administrativos, de importación, únicamente, pero ni Ernesto ni nadie de su equipo controla y dirige las aduanas”, abundó.

Jesús del Palacio Lafontaine, exalcalde panista de Ensenada, repudió la detención y subrayó apoyar en la defensa.

Stasia de la Garza, presidenta del Comité Municipal de Somos MX en Ensenada, aseguró que Ruffo representa “un cambio político fundamental en la historia política del país”.

“Abrió desde Ensenada el camino a la democracia. Y hoy día, esta democracia está en riesgo. Ya se tambalea por el autoritarismo. Ernesto Ruffo nos representa a todos los mexicanos que queremos vivir en democracia, en libertad, sin miedo, sin criminalidad. Esperemos, y exigimos que nuestras autoridades políticas y jurídicas actúen de manera congruente”, subrayó, al tiempo de señalar que la detención fue un acto de “abuso de autoridad”.

A la concentración acudieron panistas como Carlos Jáuregui, Arturo Alvarado y Thelma Castañeda Custodio, además de integrantes de Somos MX y ciudadanos que mostraron su apoyo a Ruffo Appel.

En contraste, en septiembre del 2025, Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, aseguró públicamente que no había una orden de aprehensión contra Ruffo Appel.

Adrián García cuestionó las posturas que ahora presentan las autoridades federales.

“¿Cómo es posible que el secretario Harfuch dijera en septiembre del año pasado que Ruffo voluntariamente fue a presentarse a la Fiscalía (General de la República) para ver si tenían algo en contra de él y le dijeron que no, y ahora resulta que tenían un año investigándolo?”, dijo.

El regidor puntualizó que esto habla de “las muchas inconsistencias” de la Secretaría de Seguridad y de la propia fiscal general Ernestina Godoy Ramos.

“Porque ella decía ayer que Ruffo era ‘el líder de una banda huachicolera’, cuando simplemente es un socio minoritario de una compañía que ni siquiera compra, traslada ni comercializa combustibles. Es simplemente la compañía que uno contrata para sacar los permisos correspondientes. Nada más y nada menos”, explicó.

Como parte de su mensaje, García insistió en cuestionar la forma de actuar por parte de las autoridades en los casos donde se ven envueltos gobernadores.

“La verdad es que para la oposición sí hay este sentido de ‘justicia pronta y expedita’ y para los gobernadores donde hay pruebas públicas, ya sea a través de filtraciones de teléfonos, como (la gobernadora) Marina del Pilar, o como órdenes de arresto por parte de Estados Unidos, no se les ha tocado con el pétalo de una rosa”, expuso.

Adrián García enfatizó que el Partido Acción Nacional (PAN) exige “piso parejo”, y se mostraron confiados en que Ernesto Ruffo sabrá defenderse y contratar a los mejores abogados para demostrar su inocencia.

Puntualizó que este caso inaugura “una etapa muy oscura en el régimen morenista” donde utilizan a la justicia como un método “para entretener a la gente”, con la finalidad de que no ponga atención a lo que realmente está sucediendo en el país en cuestión de justicia, salud, economía, y seguridad.

“Es muy lamentable ver que lo trataron como un delincuente a un señor casi de 75 años, agarrado del cuello, con una faramalla ridícula. Dejo entrever que este gobierno se está dedicando al revanchismo y no a la justicia”, concluyó.

“Hay encabronamiento”: Lizbeth Mata Lozano

Por su parte, la presidenta estatal del Partido Acción Nacional (PAN) en Baja California, Lizbeth Mata Lozano, afirmó que “hay encabronamiento” pues la detención del exgobernador panista es el acto “más ruin y cobarde” que ha hecho Morena.

“No es casualidad: estamos en la peor crisis de Estado gracias a la gobernadora Marina del Pilar y sus actos delictivos. ¿Saben quién sí debería estar en la cárcel? El gobernador de Sinaloa (Rubén) Rocha Moya, por sus vínculos con el crimen organizado; la gobernadora Marina del Pilar por colaborar con Estados Unidos y entregar información confidencial de seguridad”, según expuso.

Posteriormente, en el mensaje publicado en sus redes sociales, Lizbeth Mata Lozano endureció su postura.

“Ellos son los responsables de esta crisis y hoy hay hartazgo, hay indignación y hay encabronamiento. Y hay que decirlo con esa claridad: hoy con más fuerza exigiremos la renuncia de la gobernadora Marina del Pilar y vamos a defender la justicia y el Estado de Derecho del exgobernador Ernesto Ruffo”, remarcó.

Por edad, Ruffo debería llevar prisión preventiva en casa: abogado

El abogado Carlos Ramón Nava Sánchez señaló que Ernesto Ruffo Appel, primer gobernador panista de Baja California, debería llevar su caso en prisión preventiva con arraigo domiciliario, por cuestión de edad y que hace su vida en el municipio de Ensenada.

Zona Norte Noticias consultó al postulante, además de amigo cercano del exalcalde de Ensenada, en torno al aparatoso operativo realizado este jueves 16 de julio, donde el político fue apresado y movilizado de manera inmediata a las instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) en Tijuana.

Lo anterior en forma temporal, pues se preveía su traslado durante la misma jornada al penal de Almoloya de Juárez.

Ruffo Appel tiene 74 años de edad y es conocido en el puerto por llevar una estancia tranquila, sin escoltas, y que incluso se detiene a platicar con las personas en la calle o tiendas.

“Sí, por razón de la edad. Y de que tiene su domicilio y tiene arraigo en la ciudad donde radica, que es Ensenada. Debe de ser en su casa”, comentó sobre el caso.

Nava Sánchez refirió el Artículo 166 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que refiere las excepciones.

“En el caso de que el imputado sea una persona mayor de setenta años de edad o afectada por una enfermedad grave o terminal, el Órgano jurisdiccional podrá ordenar que la prisión preventiva se ejecute en el domicilio de la persona imputada o, de ser el caso, en un centro médico o geriátrico, bajo las medidas cautelares que procedan”, según el texto legal.

El Código indicado también menciona estas medidas para mujeres embarazadas o madres en periodo de lactancia.

“No gozarán de la prerrogativa prevista en los dos párrafos anteriores, quienes a criterio del Juez de control puedan sustraerse de la acción de la justicia o manifiesten una conducta que haga presumible su riesgo social”, concluye la excepción.

Sobre las acciones implementadas por la autoridad, Nava Sánchez consideró que “es intencional darle publicidad al asunto”.

“Yo lo veo que es eminentemente político y con mucha intención de perjudicar y desviar la atención que traen los mismos de Morena, con sus gobernadores y su gente”, concluyó el abogado.

Ruffo Appel fue detenido en el puerto ensenadense cuando se dirigía a una reunión con sus amistades. También fue aprehendido Ricardo Thompson Navarro, socio minoritario de la empresa Ingemar, empresa investigada por presunto huachicol fiscal, donde el exgobernador también es socio.

"Está más que claro que por eso lo detuvieron. Es un distractor total de la realidad que vive Baja California", expresó.

Carlon señaló que existen otras personas relacionadas con investigaciones relacionadas con hidrocarburos en Baja California, y mencionó a Carlos Torres Torres, ex funcionario y exesposo de la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, el ex cuñado Luis Torres.

recordó que otro investigado es el empresario Gerardo Novelo, propietario de los predios donde recientemente fueron asegurados millones de litros de combustible presuntamente introducidos de manera ilegal al país.

El abogado consideró "muy extraño" que la detención ocurriera poco después de la difusión de audios atribuidos a la gobernadora donde sostiene comunicación con supuestos agentes del FBI para llegar a un acuerdo y le devuelvan la visa cancelada. Por eso, insistió en que existe una coincidencia temporal que a su juicio se debe analizar.

Desde el punto de vista jurídico, explicó que Ruffo Appel había acudido previamente a declarar ante las autoridades ministeriales, donde presentó documentación y buscó desvirtuar los señalamientos que se le atribuyen dentro de la investigación relacionada con hidrocarburos.

Indicó que, cuando una carpeta de investigación es judicializada, lo ordinario es citar al imputado a una audiencia inicial para formular la imputación, mientras que una orden de aprehensión suele solicitarse únicamente en casos excepcionales, como cuando existe riesgo de fuga, domicilio incierto o peligro para la investigación.

"El ex gobernador siempre ha dado la cara. No era una persona sustraída de la justicia ni existía un riesgo de fuga", afirmó.

Consideró que la forma en que se ejecutó la detención vulnera el derecho de audiencia y las garantías previstas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Asimismo, cuestionó que la FGR haya ejercido acción penal contra Ruffo Appel por su calidad de accionista de una empresa.

"Se debe cuestionar por qué se detiene a un accionista que no lleva la administración de la empresa. En todo caso, quien enfrenta la investigación es una persona moral, no una persona física, y además se trata de una empresa que él fundó, pero en la que actualmente mantiene una participación minoritaria", señaló.

Finalmente, Marcos Carlon sostuvo que la actuación de las autoridades tiene un trasfondo político.

“Nos parece que es una reacción al desastre de la gobernadora Marina del Pilar. Morena, hoy en Baja California, está totalmente desarticulada y, en ese sentido, son acciones desesperadas. Lo vemos inclusive como un distractor”, subrayó la líder panista estatal.

El lunes 13 y este jueves 16 de julio fueron difundidos audios atribuidos a la mandataria estatal, que refieren negociaciones, mediante presuntos intermediarios, con autoridades de los Estados Unidos, como el FBI y el Departamento de Seguridad Nacional.

El miércoles 15 de julio Ávila Olmeda brindó un pronunciamiento y se mostró preparada a esperar más audios.

De la detención de hoy, Lizbeth Mata Lozano señaló “el nivel y la capacidad” empleada en la detención contra el exgobernador panista, pero la falta de consecuencias a los actos señalados contra los gobernadores en funciones de Morena, como el caso de Marina del Pilar y Rubén Rocha Moya, este último de Sinaloa.

“Es un distractor, es una reacción. La ciudadanía de Baja California lo sabe. Están expresando su sentir en las redes sociales y en la comunidad. Lamentamos que lleven estos actos políticos a actos jurídicos”, enfatizó Mata Lozano.

La presidenta estatal del PAN llamó a las autoridades a respetar el Estado de Derecho, la Constitución y las instituciones, pues aún desconocen las razones de la detención.

“Hoy por hoy no tenemos información precisa del por qué de la detención e inclusive sin comunicación de licenciado Ernesto Ruffo”, agregó.

Sobre los señalamientos de “huachicol” del año pasado, Mata Lozano puntualizó que Ruffo Appel “se ha hecho responsable” y “ha dado la cara”, al tiempo de brindas declaraciones públicas.

“Manifestó que no había sido citado, que no conocía el fondo del asunto. Hizo aclaraciones en relación a su participación en la empresa señalada. Y es de conocimiento público que él ha hecho su propia defensa y, como partido, lo hemos acompañado por ser nuestro primer gobernador en todo el país”, recordó.

La presidenta estatal del PAN consideró que “pudo haber sido cualquiera”, pero las autoridades federales lo eligieron a él.

“Hoy eligen por el ‘tamaño’, por supuesto la personalidad de que ‘es el exgobernador Ernesto Ruffo’, pero acompañamos a la exigencia de justicia y de Estado de Derecho de cualquier persona. En este caso, por supuesto que damos un respaldo nacional y estatal al, insisto, el cumplimiento del Estado de Derecho, principalmente”, concluyó Lizbeth Mata Lozano.

La detención del político ocurrió cuando se dirigía a una comida con amigos de la infancia, compartió a Zona Norte Noticias el abogado Carlos Ramón Nava Sánchez.

El litigante relató que los agentes federales lo interceptaron alrededor de las 13:00 horas cuando el también primer alcalde de Ensenada del PAN, iba a entrar al salón social El Portón a una reunión con amigos.

Hay investigación por huachicol fiscal

Ernesto Ruffo Appel, así como a otro empresario español José Valdés Cuervo, son investigados por cometer evasión fiscal a través de la compañía Ingemar, con la que importan combustible de Estados Unidos. El negocio, según revelan, es declarar en Aduana menos cantidad de litros de los que ingresan al país.

“Me deslindo completamente de los señalamientos aparecidos en la prensa respecto al contrabando de combustible del que se acusa a la empresa Ingemar SA de CV y sus socios”, indicó en su momento el empresario de Ensenada Ricardo Thompson Ramirez, quien es su socio en esa compañía junto con su hijo .

El 8 de julio de 2025, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó que las empresas estadounidense Belar Fuels y la mexicana Ingemar S.A. de C.V. fueron vinculadas al decomiso de combustible en Coahuila. Las autoridades señalaron que ambas empresas falsificaron documentos para ingresar a México más combustible del autorizado.

Ruffo Appel figura como accionista mayoritario de Ingemar. La empresa fue constituida en 2018 y recibió permisos de importación de hidrocarburos durante el último año de la Administración de Andrés Manuel López Obrador y los primeros meses del Gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo.

El 8 de julio de 2025, Ruffo Appel difundió un video grabado desde Mexicali, donde puso a disposición de las autoridades toda la información de Ingemar. El ex senador del Partido Acción Nacional rechazó los señalamientos y explicó que el permiso de importación fue obtenido mediante amparo tras siete años de gestiones.

Iba a una comida con amigos

Carlos Ramón Nava Sánchez es amigo cercano de Ruffo Appel y uno de sus abogados.

“Teníamos una comida de amigos de la infancia. Iba llegando él a la calle Obregón y 8. Ahí lo sorprendieron unos agentes, al parecer de la Fiscalía (General de la República). Se lo llevaron a la Fiscalía”, mencionó, en referencia a las instalaciones de la FGR ubicadas en Praderas del Ciprés.

“Iba a entrar a El Portón y lo interceptaron. Obvio, no puso resistencia. Es gente tranquila. Además, él no tiene pecado alguno. Vive modestamente como cualquiera de nosotros”, comentó.

Tras conocer esta situación, se dirigió a las instalaciones de la dependencia federal en el puerto.

“Me avisaron y de inmediato me fui para allá. Lo alcancé a ver: lo iban bajando. Le pregunté que si estaba bien y me dijo que sí. (Las autoridades presentes) no me dijeron de que se trata, pero inmediatamente lo volvieron a meter al carro y ya no me dejaron acercarme”, dijo.

De la unidad descendió al parecer una agente ministerial federal, quien “salió con un papel”.

“Necesitan una orden para que pueda volar. La orden de aprehensión viene de México, así que no hay gran cosa que se pueda hacer, sino hasta la Ciudad de México”, comentó.

Nava Sánchez recordó que el exgobernador le comentó que se había presentado en la FGR, en noviembre pasado, para hablar y exhibir documentos que lo exoneraban de “cualquier cosa que le quisieran imputar”.

“Yo lo atribuyo, pero muy en lo personal, es que es -para variar- una cortina de humo del gobierno federal para todas las barbaridades que están pasando en el Estado y en el país… los audios (de la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda) y ya tiene rato que está muy conflictivo el Estado. Hay mucha criminalidad en todo el Estado”, consideró.

Negó ser partícipe de los acercamientos de la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda con agencias estadounidenses, así como de las maniobras para grabar conversaciones, de lo cual la mandataria estatal lo responsabilizó.

A través de un boletín de prensa emitido por el Partido del Trabajo (PT), del que es comisionado, Bonilla exigió a Marina del Pilar que, si como ella sostiene todo es producto de "una trampa", aclare quiénes y cómo la cruzaron a Estados Unidos sin visa, quiénes la sentaron en la plenaria referida en la segunda grabación con agencias estadounidenses encabezadas por el Departamento de Justicia, y quiénes la sentaron en las reuniones con esas agencias en las que, según su versión, ella ya no quería participar porque, cada vez que lo hacía, "le hacían algo".

El político consideró que Ávila Olmeda “se encuentra en medio de una crisis de pánico” debido a las investigaciones que se le siguen por narcoterrorismo en Estados Unidos, además de que Marina del Pilar “perfectamente” que Monserrat Caballero será la próxima gobernadora del estado.

"Es ilógico que a quien ha señalado como su peor enemigo, a quien ha perseguido política y penalmente, pueda participar en eventos tan sensibles y confidenciales de la gobernadora Marina del Pilar", declaró el exgobernador.

"Simplemente no entiendo cómo una persona que se presume inteligente pueda aspirar a que la opinión pública le crea que el ex gobernador que la ha señalado de colusión con el narcotráfico desde los primeros días de su administración, pueda facilitarle recursos y elementos para evitar los cargos y las sanciones que podrían resultarle", expresó.

El exgobernador evidenció que la gobernadora manejó versiones distintas entre la primera y la segunda filtración de audios.

"En ese material ya se advertían señalamientos muy comprometedores y su postura fue de negación. Cuando llega la segunda filtración ya no sabe cómo enderezar sus yerros y es cuando rompe la 'caja de emergencia' para sacar a su villano favorito", afirmó.

Esta mañana, la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila sostuvo que la filtración de los audios en los que ofrece información confidencial a agencias de Estados Unidos de Norteamérica, son consecuencia de una venganza política del actual líder de PT, en Baja California, Jaime Bonilla Valdez.

La mandataria morenista se dijo “víctima de un montaje” durante la conferencia matutina que se realizó en Tijuana.

La gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda recordó que dicha estrategia es mediante la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader BC), en coordinación con el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), con la finalidad de salvaguardar el patrimonio ganadero de la entidad.

“Baja California es uno de los pocos estados del país que permanece libre de este parásito, y eso es resultado del trabajo que se ha realizado y de las políticas implementadas. Prepararnos con anticipación es lo que nos permitirá mantener esa condición. Estamos alineando todos los esfuerzos para proteger la salud de las personas, de nuestro ganado y también de nuestra fauna”, explicó.

La mandataria estatal indicó que la instalación de este órgano especializado permitirá que las dependencias gubernamentales y los actores del sector apliquen de manera coordinada los protocolos de actuación establecidos para proteger la sanidad agropecuaria del estado.

De acuerdo a los datos, el COES fungirá como la instancia responsable de coordinar las labores de vigilancia epidemiológica, prevención y respuesta inmediata, consolidando una estructura institucional capaz de reaccionar de forma oportuna ante cualquier eventualidad en las zonas productoras.

Entre sus prioridades se encuentra el monitoreo de las especies con mayor riesgo de afectación, como bovinos, porcinos, equinos y caninos.

Mónica Vargas Núñez, secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural, Mónica Vargas Núñez, destacó que se trata de una estrategia interinstitucional que integra los esfuerzos de los tres órdenes de gobierno, los siete municipios de Baja California, el respaldo técnico y científico del Senasica y la colaboración de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC).

La dependencia mantiene una agenda permanente para fortalecer la acreditación sanitaria del estado, prosiguió, destacando las gestiones para obtener el reconocimiento oficial de Baja California como zona libre de Gusano Barrenador del Ganado.

También la implementación de un protocolo estricto para la movilización de ganado procedente del estado de Chihuahua, y la acreditación operativa de los Puntos de Verificación e Inspección de Miguel Alemán, en Mexicali, y del Paralelo 28, en San Quintín.

La titular de la Sader reiteró que estas acciones forman parte de una estrategia integral de prevención y vigilancia, que también contempla la revisión de embarques por parte de la Guardia Nacional, operativos contra el abigeato coordinados con la Fiscalía General del Estado, el monitoreo de fauna silvestre y la realización de talleres de capacitación en escuelas agropecuarias.

La panista puntualizó que Ávila Olmeda debe solicitar la licencia y dejar de asistir a dichas mesas.

“Todo lo que se diga en esas mesas de seguridad podrá ser usado para una posible investigación en Estados Unidos. El presidente Jorge Romero Herrera (del PAN) ha hecho un planteamiento nacional sobre el acompañamiento jurídico de traición a la patria y, también, de juicio político”, dijo Mata Lozano.

Remarcó que no se debe “minimizar el asunto”, en referencia a las posturas de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México.

“La respuesta fue ‘La gobernadora ya atendió el asunto’ y, lo más grave, es que, además, el secretario de seguridad pública manifestó que en ‘las mesas de seguridad’ no se dice nada relevante. Entonces, en todo lo que nos han dicho nos han engañado en materia de seguridad”, criticó la presidenta estatal panista.

Ante el escenario, consideró que se está en “la antesala de una posible extradición” similar al del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.

“Que responsablemente, o por exigencias de la ciudadanía, pidió licencia. Hoy, la gobernadora tiene que ser responsable, por primera vez ser seria en su cargo y generar consecuencias de sus actos. Acción Nacional va a generar estas acciones jurídicas, va a hacer planteamientos locales y nacionales, y vamos a llegar a las últimas consecuencias”, aseguró Lizbeth Mata Lozano.

Eva María Vázquez, diputada del Congreso de Baja California, recordó que “los audios son reales” y que sí fue contratado el abogado Michel Nadler, aunque se desconoce con cuánto se pagó y si fue con recurso público, por lo que debe ser investigado.

“En este segundo audio se nota, por el tono de su voz, de una preocupación por un proceso de extradición que cada vez pareciera más inminente”, consideró.

Enfatizó que, en dichos audios, podrían ser “moneda de cambio” para no dar cuentas ante el gobierno de los Estados Unidos, al entablar negociaciones con agencias de los Estados Unidos, como el FBI, a cambio de información que se supone es de manejo exclusivo para México.

“Eso sí es traición a la patria: el proporcionar información a cambio de salvarse, pues creo que Morena debe estar temblando, pues ¿qué tipo de información va a dar?”, cuestionó Vázquez.

Remarcó que estos encuentros no son por “un trámite migratorio”, en referencia al retiro de visa ocurrido hace más de un año, sino de casos relacionados presuntamente con el crimen organizado o lavado de dinero.

La legisladora recordó que también exhortaron a la Secretaría de la Honestidad y la Función Pública, para que dentro de ámbito de sus funciones, informe si estos hechos “ameritan una apertura de investigación”.

Y de la Fiscalía Especializada en el Combate de la Corrupción del Estado de Baja California, consideró que también deberá analizar todos estos hechos que han sido difundidos.

“Por supuesto la exigencia que, desde la Presidencia del Comité Ejecutivo Nacional se hace, y nosotros lo retomamos, para exigir la separación inmediata del cargo de Marina del Pilar… su licencia, y estamos analizando todas las consideraciones jurídicas para, en su caso, la procedencia de un juicio político”, remarcó.

Eva María Vázquez consideró que, en cada ocasión que la gobernadora busca “encubrir sus acciones”, sale un nuevo video o audio que “desdice todo su argumento”.

Mata Lozano consideró que este segundo audio “vuelve a profundizar la crisis de credibilidad que enfrenta el Gobierno de Baja California”, y subrayó la importancia de que “deje de ocultar información”, además de dar a conocer “con absoluta transparencia cuál es su verdadera situación jurídica frente a las autoridades de Estados Unidos”.

“El Partido Acción Nacional en Baja California, a través de la presidenta Lizbeth Mata Lozano, exige que Marina del Pilar se separe de manera inmediata de las Mesas de Construcción de Paz y Seguridad, así como del ejercicio del cargo de gobernadora, mientras se esclarecen los procedimientos que enfrenta en Estados Unidos”, remarcaron.

La líder panista subrayó que Baja California no puede tener al frente de la estrategia de seguridad “a una gobernadora cuya situación internacional genera incertidumbre”, además de que puede afectar la coordinación institucional con las autoridades de ambos países.

“Exigimos deje de mentirle a las y los bajacalifornianos. Después de negar durante semanas distintos señalamientos, hoy se confirma que contrató a un abogado en Miami para atender su caso. La ciudadanía tiene derecho a saber con qué recursos se están cubriendo esos servicios legales, cuánto cuestan, quién los paga y si existe o no el uso de recursos públicos para atender un asunto estrictamente personal”, enfatizó en su mensaje.

Como parte del mensaje, el PAN demandó al gobierno federal y a la presidenta Claudia Sheinbaum que “dejen de guardar silencio frente a una crisis que ya trasciende las fronteras del estado”.

Agregaron que prosigue la incertidumbre sobre la situación jurídica de la gobernadora, incluyendo las versiones públicas sobre posibles procedimientos que pudieran derivar en solicitudes de cooperación internacional o, incluso, una eventual petición de extradición si existieran cargos formales en su contra.

Por lo que esto obliga al Gobierno de México a actuar con responsabilidad institucional y no “con cálculos políticos”.