Señalan diputados que Ejecutivo de BC está obligado a crear Fondo Estatal de PC
Diputados del PAN afirman desconocer si existe el Fondo Estatal de Protección Civil que la ley ordena al Ejecutivo de BC crear. - Foto: Cortesía.
Aunque la Ley de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos del Estado de Baja California indica que el Ejecutivo está obligado a destinar dinero y la creación de un Fondo Estatal, legisladores del Partido Acción Nacional (PAN) en el Congreso aseguraron que se desconoce la existencia de dichos recursos financieros.
El diputado Diego Echevarría Ibarra, así como las legisladoras Alejandrina Corral Quintero y Mayola Gaona, lo afirmaron este miércoles 21 de octubre durante una rueda de prensa en el municipio de Ensenada, en el contexto de afectaciones y obligaciones estatales a raíz del impacto en la localidad de la tormenta Rachel.
Echevarría Ibarra recordó que la lluvia pasada exaltó “los déficits en infraestructura pública”, en referencia a las “pésimas calles”, así como los drenajes pluvial y sanitario.
Citó que en la Ley de Protección Civil está la obligatoriedad de crear un fondo estatal para contingencias como este tipo y otras que afecten a las y los bajacalifornianos.
“Cada año se supone se supone que se tiene que presupuestar este fondo y se tiene que incluir en el Presupuesto de Egresos, pero hasta el día de hoy no sabemos si existe este fondo ni tampoco sabemos cómo se aplica ese fondo”, afirmó Diego Echevarría.
Agregó que, en contraste, a la dependencia que más le asignan recursos públicos es a la Secretaría de Bienestar estatal.
“Pero en la Ley de Protección Civil está la obligatoriedad de este fondo de que, primero se cree, y luego se destinen recursos públicos. Vamos a estar en el próximo pleno del Congreso del Estado exigiendo la creación de este fondo estatal para contingencias climatológicas”, anunció.
A la rueda de prensa acudieron Lizbeth Mata Lozano, presidenta del PAN estatal, así como el presidente del CDM panista, Carlos García, y el regidor blaquiazul Adrián García García.
Mata Lozano puntualizó que Ensenada “sí es una zona de desastre” sobre todo por las expresiones ciudadanos que han recibido, además de que no fue solamente una inundación, pues hubo pérdidas humanas y de vivienda, así como afectaciones a la agricultura y la salud.
Por lo anterior, respaldó la propuesta que será llevada a cabo por las y el legislador panista.
“El Hospital General hoy está cerrado todavía y hay una afectación a los comercios; toda la zona centro de se inundó y la afectación es millonaria. Es irresponsable escuchar a la gobernadora (Marina del Pilar Ávila Olmeda) y a la alcaldesa (Claudia Agatón Muñiz) decir que ‘aquí casi no pasó nada’. Todos vivimos la tormenta tropical y es una zona de desastre latente para los ciudadanos y queremos respuestas”, remarcó la líder panista.
¿Qué dice la Ley de Protección Civil de BC?
Conforme a una revisión realizada por Zona Norte Noticias, el Artículo 10 señala la obligación del Poder Ejecutivo de Baja California.
En su parte III, señala:
“Contemplar, en el proyecto de Presupuesto de Egresos del Estado de cada ejercicio fiscal, recursos con el fin de promover y apoyar la realización de acciones de orden preventivo; así como las orientadas tanto al auxilio de la población en situación de emergencia, como la atención de los daños provocados por los desastres de origen natural”, según el texto.
La parte IV indica la de emitir “en su caso, declaratorias de emergencia y desastre natural, en los términos presente Ley”, lo cual fue rechazado por la gobernadora Marina del Pilar.
En el Título IV, Capítulo I, se indica propiamente la creación del Fondo Estatal indicado, donde el Artículo 95 establece que “El Poder Ejecutivo del Estado creará y administrará un Fondo Estatal de Protección Civil cuya finalidad será la de promover la capacitación, equipamiento y sistematización de las unidades de protección civil”.
Y el Artículo 96 indica que “el patrimonio del fondo será constituido por los recursos anuales aprobados por el H. Congreso del Estado al Poder Ejecutivo del Estado y, en su caso, con las aportaciones de los municipios, los donativos de personas físicas, morales y organizaciones nacionales e internacionales, además de lo que se recaude de las sanciones económicas aplicadas por la Coordinación Estatal”.