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Un caso más de desvío de fondos en México podría quedar en la impunidad luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) determinó no ejercer acción penal en contra del ex alcalde del municipio de Ensenada Gilberto Hirata Chico, y el ex Tesorero Samuel Jaime Aguilar, quienes enfrentaban cinco denuncias penales por el delito de Peculado.

De ser así, quien fue un profesor con trayectoria en Baja California habrá trazado el camino para que los próximos alcaldes del municipio de Ensenada, también evadan a la justicia luego de un mal manejo del erario.

Actualmente, mientras el ex alcalde Hirata se pasea por la ciudad, con buen estado de salud y frecuentando clubs deportivos donde practica la natación, en las comunidades lo recuerdan por su falta de compromiso.

Gilberto Antonio Hirata Chico, fue alcalde de Ensenada durante el XXI Ayuntamiento de 1 de noviembre de 2013 al 31 de octubre de 2016.

Foto: Enrique Botello Abarca

El ex alcalde y su tesorero fueron llamados este jueves 7 de noviembre a una audiencia inicial para la formulación de imputación por el supuesto delito de Abuso de Autoridad cometido durante el XXI Ayuntamiento, con el Número de Caso Único (NUC) 0201-2017-06081.

En este asunto ambos son señalados por mal uso de dinero proveniente del programa Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal (FORTALECE). La audiencia fue diferida por el juez debido a un cambio en la defensa de los señalados y será en febrero del 2020 cuando se tengan que presentar de nuevo ante el juez.

Imputaciones como esta tienen ya una historia detrás desde 2016, año en el que Hirata y Aguilar dejaron el cargo. Desde entonces, han librado denuncias ante la Fiscalía de Baja California, donde el Ministerio Público dio “carpetazo” a tres de ocho querellas penales por “falta de elementos probatorios”, respondió la autoridad investigadora local.

Ambos exfuncionarios no han aclarado con precisión dónde está el dinero de los programas etiquetados para obras prioritarias en colonias marginales, estación de bomberos, alumbrado público, tuberías de agua, armamento para policias, patrullas, aulas escolares y áreas deportivas y recreativas.

Según la carpeta de investigación FED/BC/ENS/000490/2019, del 18 de abril del 2018, en poder de Semanario ZETA, la Fiscalía decidió no ejercer la acción penal con el argumento de que el Director General del Jurídico de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) Heladio Elías Ramírez Pineda, no interpuso querella respecto a los hechos que integran la carpeta de investigación.

Además de Peculado a nivel federal, los señalamientos han sido por delitos como desvío de fondos, abuso de confianza, administración fraudulenta por un daño al erario estimado en más de 500 millones de pesos, de los cuales 282.4 millones corresponden a dinero de programas federales.

Lo único que Hirata y Aguilar no han podido detener son las sanciones administrativas que los inhabilitan para continuar en el servicio público, por lo que ambos siguen su vida normal en este municipio, protegidos por un patrón sistemático en el gobierno federal, diseñado para lograr la impunidad:

“Malas noticias para el pueblo”

El hecho de no solicitar una querella contra el ex presidente es un pésimo antecedente para la ASF, declaró el abogado penalista e integrante del Colegio de Abogados de Ensenada, José Bustamante.

“Sin duda son malas noticias para el pueblo de Ensenada”, expresó el litigante.

En materia legal, el único motivo para no presentar una denuncia es si no existiera quebranto patrimonial, pero en este caso lo hay y con graves consecuencias para el erario público, agregó el abogado en referencia a que el Ministerio Público debió presentar más pruebas al juez.

“Solo bastaba con que la Auditoría Superior respondiera que iría con todo el peso de la ley para que el Ministerio Público Federal hiciera su trabajo”, detalló.

Agregó que este hecho es una contradicción del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que en su discurso aseguró que en su gobierno no iba a perdonar a los corruptos y cuando se le presenta un caso responde que no va a presentar querella.

Ante la posibilidad de que exista una cadena de complicidad gubernamental, el pasado 30 de octubre las ciudadanas Beatriz Watanabe Flores y Eloísa Talavera Hernández, realizaron por escrito una petición a la Síndico Procurador, Elizabeth Muñoz Huerta, para que dé seguimiento a las denuncias penales en contra de Hirata y Aguilar.

Este 1 de octubre de 2019 inició un nuevo gobierno en Ensenada, encabezado por el representante de MORENA, Armando Ayala Robles, quien relevó al priista Marco Novelo Osuna. Como antecedente de lo que ha sucedido en cada gobierno, éste último fue señalado también por la ASF con 35 observaciones por mal uso de los recursos públicos en siete programas federales.

Zeta intentó en múltiples ocasiones obtener el punto de vista del ex alcalde a través de peticiones de entrevista, llamadas telefónicas, y correos electrónicos, pero no recibió respuesta, lo mismo con su abogado Óscar de la Peña Hernández, quien no respondió mensajes.

La última ocasión que Hirata ofreció una atención a medios de comunicación fue en diciembre del 2017, cuando fue citado a declarar ante Sindicatura Municipal por asuntos de índole administrativa.

En ese momento el ex alcalde se deslindó de cualquier responsabilidad cuando se le preguntó qué autoridad o dependencia debería asumir la responsabilidad por el dinero que desapareció.

“Hasta ahorita la indagatoria que tengo, informativa, es que pasa a otra área. Que la responsable administrativa del ayuntamiento es de Tesorería Municipal y aparte de fiscalización, y de darle seguimiento a todos los procesos que se hacen en un órgano de gobierno es la Sindicatura la responsable”, respondió y afirmó que él era el más interesado en que se esclarezcan las denuncias penales.

Constructores lo delataron

El gobierno municipal de Hirata Chico inició en diciembre del 2013 y concluyó en diciembre del 2016.

La sospecha de que algo iba mal en la administración inició cuando un grupo de empresarios de la industria de la construcción presentó quejas ante el órgano de control interno por incumplimiento de contrato.

Los desarrolladores afirmaron que no recibieron el pago o adelanto de obras que les fueron asignadas con fondos del programa federal RAMO 33 y Fortalece.

Una vez que el Órgano de Fiscalización local y la ASF presentaron observaciones, el entonces Síndico Procurador, Iván Barbosa Ochoa, emprendió las primeras tres denuncias penales a nivel local.

Una de ellas fue por el mal uso del programa de Subsidio para la Seguridad en los Municipios (Subsemun).

En la delegación La Misión, al norte de Ensenada, el comedor escolar de la primaria pública está incompleto porque el dinero para esa obra lo usaron en pago de nómina.

Foto: Enrique Botello Abarca

Este dinero estaba etiquetado para mejorar la policía municipal de Ensenada, dotar de armamento a los elementos policiacos, comprar uniformes, patrullas y tecnología para mejorar la seguridad de los ciudadanos. Esta carpeta sigue abierta y el argumento de la parte acusada es que el dinero se usó para pagar nómina.

Conforme a los estados de cuenta y resultados de auditorías en mano se detectó que, de los 71.4 millones de pesos para este programa en 2014, no se ejercieron 13.6 millones de pesos.

La información plasmada en la denuncia indica que hubo transferencias bancarias de la cuenta del SUBSEMUN a otras cuentas con la leyenda “depósitos bancarios de nómina general de aguinaldo”.

Una denuncia más fue porque se detectó que Tesorería realizó descuentos catorcenales vía nómina a los empleados y omitió entregar este dinero al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California (Issstecali) por la cantidad de 201 millones de pesos.

Este hecho fue fatal, afirmó el dirigente del Sindicato de Burócratas de Ensenada, Jacinto Alcalá de la Cruz, quien explicó que, como consecuencia, hay más de 150 empleados con 30 años de trabajo que no han recibido su pensión, ni su jubilación y enfrentan desabasto de medicamento en Issstecali, debido a que también les han restringido el servicio médico.

Esto influyó en la deuda pública, ya que después de mantenerse en 800 millones de pesos durante dos administraciones priistas, en este momento se elevó a 4 mil millones, informó el alcalde entrante Armando Ayala.

Para el siguiente gobierno, de Novelo, fue insostenible el pago puntual de los servicios médicos ya que la deuda comenzó a generar fuertes intereses y hasta la fecha el Gobierno Federal ha descontado dinero de las participaciones federales como cobro a la deuda con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Por esta anomalía que se inició el 30 de noviembre del 2016 se determinó que el caso está “concluido-no ejercicio de la acción penal”, porque de acuerdo con Sindicatura Municipal no se encontraron elementos suficientes para vincular a proceso, fue la respuesta de la fiscalía.

Una tercera denuncia se entregó cuando el cabildo de Hirata, para supuestamente subsanar la deuda contraída con Issstecali, aprobó un crédito con la institución Bansi por 262.1 millones de pesos, dinero que Tesorería usó para el pago de sueldos y prestaciones, sin abonar a los servicios médicos.

La periodista solicitó en por lo menos tres ocasiones a la fiscalía de Ensenada una respuesta sobre por qué la Ministerio Público permitió que se determinara el no ejercer acción penal en tres de los asuntos, al entonces subprocurador de Justicia de Zona Ensenada, Alberto Aranda Díaz, pero no hubo respuesta.

Sin embargo, Sindicatura Municipal asumió que hubo falta de interés por parte del Ministerio Público al momento de presentar las pruebas que ellos entregaron.

Impunidad, deuda y marginación

La familia Castillo Peralta tiene agua cada tercer día y vive en una pequeña casa hecha con tablas y lámina donde soportan temperaturas extremas de hasta 40 grados. “El agua huele como a podrida o maloliente, azufrada, aunque hay días que sale blanca y lo que atrae son moscos, acarrea larvas también”, describieron la mañana del 24 de julio.

A sus dos hijos los baña con agua de garrafón, porque en un pueblo sin agua que pase por las normas de calidad, los habitantes son más propensos a las enfermedades.

Durante las vacaciones de verano la familia Castillo Peralta compra pipas de agua que reusa para entretener a sus acalorados hijos.

Foto: Enrique Botello Abarca

En un recorrido por los municipios de Ensenada más afectados por el desvío del dinero del RAMO 33, destinado a las colonias marginales, se visitaron colonias afectadas y por lo menos tres escuelas de nivel básico en Villa Jesús María, a la que asisten alrededor de 400 alumnos, quienes hubieran sido beneficiados directamente con la obra hídrica.

En las instituciones del extremo sur del municipio el agua la extraen de pozos y el líquido vital que utilizan es de muy mala calidad.

Del otro extremo del municipio de Ensenada, el comedor escolar de la primaria ubicada en la delegación de La Misión es uno de veinte que están inoperables porque la edificación quedó en obra negra.

Al interior del edificio se observa un cuarto en ruinas de cuatro paredes sin techo, y a unos metros de la primaria está un terreno propiedad del Ejido donde se encuentra un quiosco que sería usado por los abuelos. Todo permanece en el abandono.

Desviaron todo el dinero destinado a los pobres

Uno de los programas federales más esperados por quienes viven en comunidades con rezago social es el Fondo de Infraestructura Social Municipal (RAMO 33).

De acuerdo con el expediente de denuncia NUC 2016-10594, cuya investigación sigue abierta por el delito de Abuso de Autoridad, el extesorero, Samuel Jaime Aguilar, realizó transferencias bancarias hasta por 92 millones de pesos a dos cuentas oficiales del ayuntamiento de Banamex, para el pago de nómina y otra para gastos generales del Ayuntamiento por la cantidad de 83.2 millones de pesos.

La denuncia fue interpuesta por la siguiente Sindicatura Municipal a cargo de Karina Castrejon Bañuelos, quien viajó a la ciudad de México con el equipo jurídico para que la responsable ASF reclamara los fondos.

La familia Castillo Peralta sufre los problemas del abasto y mala calidad de agua en la delegación de Villa Jesús María, en los límites con Baja California Sur.

Foto: Enrique Botello Abarca

En este caso en particular fueron más de 50 mil personas las afectadas por la falta de aplicación de este dinero etiquetado para obra pública como calles, alumbrado, comedores escolares, aulas, parques, drenajes, tuberías.

Los recursos originalmente fueron etiquetados para construir en 2015 un total de 68 obras distintas en comunidades con alto grado de pobreza, como aulas, vialidades, red de electrificación, así como para llevar agua potable a comunidades relegadas, como Villa Jesús María, a más de 600 kilómetros de distancia de la cabecera municipal.

Auditoría Superior no aportó pruebas: Sindicatura Municipal

Dar seguimiento y aportar más pruebas a las denuncias derivadas por el mal uso del recurso de los programas federales es responsabilidad de la ASF y no de los municipios, afirmó el Órgano de Control.

En 2016 la Síndico Procurador, Castrejón Bañuelos, presentó ante la Secretaría de la Función Pública (SFP) en México los cinco expedientes para que el órgano federal diera seguimiento a las denuncias correspondientes.

A ninguno de los expedientes se le dio seguimiento, señaló la funcionaria, por lo tanto, quedaron en estatus de “concluidas”.

La entonces funcionaria mencionó que era responsabilidad de la auditoría avanzar con pruebas periciales, mismas que no presentó y por lo tanto las denuncias quedaron como concluidas y sin acción penal.

“El titular de ese dinero es la Auditoría Superior, es la parte afectada en este asunto de desvíos, por eso Sindicatura del Municipio no puede reclamar el seguimiento de las denuncias porque el origen del recurso es federal”, respondió la síndico.

Fueron más de dos años de que sindicatura municipal dispuso de personal jurídico para comprobar los malos manejos, sin embargo, cuando Karina Castrejón entregó el expediente en la Secretaría de la Función Pública y posterior en la fiscalía federal, la respuesta no fue la que esperaban.

“Desde un inicio nos advirtieron que la cantidad de dinero no era representativa, nos desilusionó porque fue mucho trabajo el que realizamos y viajes, ya veíamos venir que esas carpetas se iban a archivar, pero nosotros hicimos lo que nos correspondía”, defendió la ex servidora pública.

Las irregularidades señaladas por Sindicatura Municipal se cometieron durante el gobierno priista del presidente Enrique Peña Nieto.

Se le solicitó a la FGR los números de expedientes, sin embargo, no hubo respuesta a la solicitud hecha vía telefónica con voceros de la dependencia.

Es el único ex alcalde inhabilitado en BC

Los procesos administrativos que interpuso Sindicatura Municipal sí han prosperado. Incluso, Hirata Chico sentó un precedente al ser el único alcalde con el estatus de inhabilitado en Baja California.

El 6 de agosto del 2018 se dictó la primera sentencia en cumplimiento a lo ordenado en el amparo 217/2018, por el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado, donde el ex presidente y ex tesorero fueron inhabilitados por diez años.

La resolución del Tribunal de lo Contencioso Administrativo en Baja California señaló que ambos eran responsables por incumplir con la fracción II y XXIII del artículo 46 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, en el asunto relacionado con el mal uso del fondo del Subsemun 2014.

Además, se abrieron diez averiguaciones administrativas más, cada una por separado, por los diferentes desvíos de recursos propios y federales, que fueron detectados por la ASF.

Todos los asuntos administrativos prosperaron, afirmó sindicatura, por lo que Castrejón Bañuelos estimó que si los años de inhabilitación fueran acumulables, ambos ex funcionarios se harían acreedores a por lo menos 100 años de inhabilitación.

“Jaime por mal uso del dinero, mientras que Hirata Chico por no cumplir con su responsabilidad de vigilar el recurso público”.

Aunque los abogados de los funcionarios inhabilitados han apelado esta sentencia ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, los amparos que han interpuesto han sido negados por el tribunal.

Amigos y familiares se acabaron la nómina

El argumento principal que favoreció a Hirata para evadir la justicia es que el dinero que desvió se usó para el pago de nómina de sus empleados, así lo manifestó en declaraciones ante Sindicatura Municipal. Sin embargo, existe otro antecedente en su gobierno relacionado con nepotismo.

Su hijo, Takayuki Hirata Mora, y su nuera Raquel Novoa Martínez, fueron empleados. Ella figuró en la nómina como asistente de quien fue esposa de Hirata, Consuelo Mora de Hirata.

Lo anterior contraviene lo dispuesto en el Artículo 47 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Municipio de Baja California, donde se señala que ningún funcionario de primer nivel puede favorecer a cónyuges, parientes o consanguíneos hasta en cuarto grado.

En ese entonces se realizó un análisis a la nómina a través de Transparencia Municipal donde se detectó a colaboradores que recibían sueldos de hasta 15 mil pesos mensuales.

Hirata devengaba un sueldo de 86 mil pesos mensuales y desde que inició su gestión reconoció públicamente que su hijo, Takayuki Hirata, se encargaba del diseño de imagen de su gobierno.

En ese momento Hirata afirmó a la prensa que contrató familiares porque eran personas de su “confianza” y que el sueldo saldría de su “bolsa”.

El sueldo de la Raquel Novoa, la nuera, era de 14 mil 594 pesos de acuerdo a la plantilla de trabajadores de DIF municipal.

Otros funcionarios allegados como el ex secretario de Desarrollo Social, Samuel Albestrain Pérez, incluyeron a familiares en la nómina; en este caso a su padre Samuel Albestrain Cárdenas, como coordinador de Salones y Videojuegos del Departamento de Comercio, Alcoholes y Espectáculos Públicos. El salario de ambos sumaba 70 mil pesos mensuales.

El ex Oficial Mayor, José Guadalupe Ríos Vela, presuntamente incurrió en nepotismo al tener a su hijo Salvador Ríos Montes como encargado del Departamento de Normatividad en Sindicatura.

Entre los dos cobraban 60 mil pesos al mes, mientras que entre el regidor priista César García Urías, su esposa Brenda Razo Higuera, que laboraba en Oficialía Mayor, y el hermano del edil, Miguel García Urías, exjefe en el Instituto Municipal del Deporte de Ensenada (INMUDERE), se llevaban casi 93 mil pesos cada treinta días.

La exdiputada federal panista Eloísa Talavera Hernández presentó una denuncia que fue radicada con número único de caso 6081/2017 por desvíos del Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal (Fortalece).

De este recurso, Hirata recibió de la federación 26.5 millones de pesos para seis proyectos, entre la construcción de 168 bebederos en escuelas de nivel básico. Meses después este dinero lo invirtió en sueldos.

Bienes registrados en RPP de imputados y familia

La escalada de Hirata, de profesor a político priista

Ex presidente municipal de Ensenada, Baja California, Gilberto Antonio Hirata Chico.

Foto: Enrique Botello Abarca

“El profe” es nativo del poblado de Francisco Zarco, en el Valle de Guadalupe, y antes de llegar a su mayor anhelo: ser presidente municipal de Ensenada, enfrentó un reto de salud.

Pero ya repuesto, el 1 de septiembre del 2012 asumió el cargo como Diputado Federal tras ganar en las urnas la elección por el Distrito 3, pero cinco meses después, en febrero del 2013, renunció al Congreso de la Unión para participar en las elecciones a la presidencia de Ensenada.

Así, y al paso de tres años, finalmente le llegó la oportunidad y presentó su mejor imagen, cabello pintado y vestido de guayabera. Con un buen recuerdo del catedrático, la ciudad le concedió el voto.

Aunque del tema de su salud nadie hablaba, el político recuperó la posibilidad de ser alcalde… más no la voz ni la coordinación motriz y así gobernó la ciudad.

Siempre ha mantenido pretensiones políticas. La última fue trabajar con el candidato del PRI en la elección presidencial de 2018 José Antonio Meade Kuribreña, por lo que, al terminar su gestión y pese a las acusaciones en su contra, viajó a Morelos y se convirtió en el delegado especial del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRI en Cuernavaca, el cargo lo dejó en el 2018.