Expiden licencias de conducir con vigencia permanente

En el país y eso incluye a Baja california, observó el diputado en su iniciativa, ha crecido de manera sostenida el número de animales y en forma paralela el abandono de estos, lo que se agrava por la falta de identificación de los mismos, al no contarse con un padrón por la falta de registros obligatorios.

Agregó que las autoridades municipales y asociaciones protectoras carecen de una herramienta eficaz para la localización de animales extraviados, la verificación sanitaria (vacunaciones, esterilizaciones) y el diseño de políticas públicas basadas en evidencia.

Según diagnósticos locales recientes, se estima que en Baja California hay 564 mil perros callejeros, donde el 70% de ellos vive en situación de abandono, y las campañas públicas de captura, atención y esterilización han tenido alcance importante pero no han sido suficientes.

La experiencia internacional y regional demuestra que los instrumentos más eficaces para reducir el abandono incluyen identificación obligatoria, registros centralizados, licencias municipales y programas estatales de esterilización.

El inicialista también destaco que, en Baja California, el marco jurídico de protección animal ha evolucionado hacia un sistema integral gracias a reformas clave como la tipificación del maltrato en el Código Penal y el reconocimiento constitucional de los animales como seres sintientes, lo que transformó conductas antes toleradas en delitos sancionables y estableció un parámetro obligatorio para diseñar políticas públicas orientadas a su bienestar.

“Esta propuesta se inspira en modelos aplicados en entidades como Puebla y Ciudad de México, y busca establecer un control organizado y efectivo sobre la población animal en Baja California, concluyó el diputado Lara Arregui.

Hace unos meses una retroexcavadora ingresó por un predio contiguo utilizado por el Colegio de Profesionistas e Ingeniería Civil de Ensenada (COPICE) y durante las maniobras, se rompió una línea de fibra óptica de TELNOR, dejando sin servicio a varias viviendas.

Un día después, llegó una orden de restitución provisional emitida por el juez de control Óscar Mauricio Padilla Rubio, a solicitud de la agente del Ministerio Público en representación de un particular identificado como Kristian Alonso.

Según los vecinos, el documento no incluía los nombres de los propietarios de las casas colindantes, lo que provocó inconformidad en la comunidad.

Pese a tratarse de una medida temporal, las obras continuaron inmediatamente, con maquinaria pesada y presencia de autoridades judiciales.

Las estructuras que se levantan en el lugar al parecer corresponden a locales comerciales o bodegas, indicaron los residentes.

En septiembre, seis meses después del inicio de los trabajos, los vecinos reportaron colapsos de bardas y daños a cercas, hechos que fueron documentados en un reporte policial.

También denunciaron haber acudido reiteradamente al Departamento de Ecología y a otras dependencias municipales para solicitar información sobre los permisos de construcción, sin obtener respuesta formal.

De acuerdo con el testimonio de los residentes, el 8 de septiembre, personal de Ecología les informó de manera verbal que el permiso de construcción fue expedido apenas dos días antes, el 6 de septiembre, bajo el número de trámite I18899.

Esto significa que la obra operó durante meses sin autorización vigente, según los propios registros municipales.

Fuentes consultadas señalaron además que el permiso aún se encontraba “en espera de firma” y que la documentación presentada por los responsables se limitaba a una carátula sin anexos técnicos. El trámite, dijeron, abarca tres claves catastrales (WH-002-02, 62 y 92).

Los habitantes del fraccionamiento expresaron preocupación por los impactos ambientales y de seguridad derivados del movimiento de tierra sin medidas de contención adecuadas, en una zona históricamente inestable.

En años anteriores, el área ha registrado deslaves y fracturas de terreno por las lluvias y la erosión del cerro.

La comunidad sostiene que las autoridades municipales han omitido su obligación de supervisar y garantizar la legalidad de la construcción.

Los residentes aseguran que la orden judicial de restitución fue usada como pretexto para intervenir en terrenos que llevan más de dos décadas cercados y en uso, los cuales fueron descritos en el documento como “baldíos o basureros”.

A más de medio año del inicio de los trabajos, los vecinos de Vista Hermosa siguen sin conocer quién es el responsable directo de la obra, si cuenta con licencias y medidas de seguridad adecuadas, y qué autoridad supervisa las actividades en la zona.

“Queremos que se respete la ley y que se garantice nuestra seguridad. No estamos en contra del desarrollo, pero sí de la impunidad”, dijo una vecina que pidió reservar su nombre por seguridad.

Esta propuesta presentada por la diputada Michel Sánchez Allende, subraya que en el año 2022, Baja California ocupó el primer lugar nacional en tasa de muertes por accidentes por cada 100?mil habitantes, de acuerdo con datos de INEGI. Los accidentes automovilísticos representan la segunda causa de muerte entre jóvenes de 16?24 años en Baja California, constituyendo cerca del 30?% de las defunciones en ese grupo etario, lo que impacta significativamente al sistema de salud pública.

La congresista señaló que existen antecedentes que constatan que dichos cursos se han llevado a cabo con éxito en diversos municipios, implementados por la Secretaría de Salud y en coordinación con el COEPRA. Algunos de estos programas han otorgado descuentos o acceso gratuito a licencias tramitadas por primera vez, lo que ha contribuido a que las y los jóvenes obtengan mejores capacidades y habilidades al volante, además de cumplir con la ley al contar con este documento.

El punto de acuerdo aprobado exhorta a las alcaldesas y alcaldes de Mexicali, Tecate, Tijuana, Playas de Rosarito, Ensenada, San Quintín y San Felipe, así como al Secretario de Hacienda, Marco Moreno Mexía y al Secretario de Salud del Estado de Baja California, Adrián Medina Amarillas para que, a través del Coepra y en el marco de sus respectivas competencias, desarrollen e implementen programas de cursos de manejo dirigidos a jóvenes y personas que tramiten su licencia por primera vez, incluyendo descuentos en el pago de las licencias para quienes los acrediten.

“Con esta iniciativa, el Poder Legislativo de Baja California reafirma su compromiso con la salud pública, la protección de la juventud y el bienestar social, impulsando una estrategia integral de formación vial para reducir siniestros y salvaguardar vidas”, concluyó la diputada Michel Sánchez.

De la Torre de Stéffano, también expresidente de la Canaco porteña, dirigió su mensaje “con todo respeto y firmeza” a la alcaldesa Claudia Agatón Muñiz, la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda y a los secretarios federales.

“Que emitan un bando, que emitan una ley, que emitan un reglamento, que emitan una norma. Lo que pedimos es que nos liberen de las cargas administrativas a los negocios establecidos. Si queremos ‘piso parejo’, bueno, si no se puede garantizar ese piso parejo, pues que nos eliminen todas las cargas que tenemos que cumplir los que están en esta calle”, señaló.

El líder empresarial agregó que lo anterior en relación a los dictámenes de Protección Civil Municipal y Bomberos, así como las licencias de funcionamiento, pagos de predial o refrendo.

“Bueno, ¿cuántas normas administrativas no requieren ustedes para poder tener abiertos sus negocios? Hasta recolección de basura aunque no tengamos basura. Hasta tenemos que tener una licencia ambiental. Bueno, ¿pues por qué no le pedimos al gobierno municipal que, siendo sensible, nos dé las mismas condiciones que le da a nuestros compañeros que se encuentran en la informalidad laboral al día de hoy? Que nos exente, que emita, que sea sensible y que nos exente del cumplimiento de todas las cargas administrativas que tenemos para poder tener abierto nuestros negocios”, detalló.

Octavio de la Torre de Stéffano consideró lo anterior “justo” y que pudiera “mejorar las condiciones” para las empresas, además de subrayar que la formalidad “no debe ser un privilegio ni un castigo, sino un camino accesible para todos y el piso tiene que estar parejo”.

“El gobierno municipal está transgrediendo sus propios reglamentos, los mismos que impone estrictamente a los comerciantes formales”, denunció la agrupación, al señalar que estas decisiones afectan la imagen turística de Ensenada y generan competencia desleal.

Los comerciantes argumentan que quienes operan de manera formal cumplen con una serie de obligaciones que incluyen permisos de operación, licencias, pagos a Bomberos, Protección Civil, y servicios de recolección de basura, además de ofrecer empleos con prestaciones de ley.

“No estamos en contra de los negocios informales con intención de transitar hacia la formalidad, pero el Ayuntamiento tiene el deber de garantizar el orden: un lugar para cada comercio, y cada comercio en su lugar”, insistieron.

Esto, para dar continuidad a las acciones que garanticen la transparencia, legalidad y un trato justo a la ciudadanía.

“Esta herramienta será fundamental para fortalecer la cultura de la denuncia en espacios donde la ciudadanía realiza trámites, como son las oficinas de Recaudación de Rentas. El objetivo es promover la honestidad y combatir cualquier práctica indebida que vulnere el derecho de las y los bajacalifornianos a una atención digna y sin corrupción”, destacaron mediante un comunicado.

Conforme a los datos, la unidad indicada permitirá atender denuncias de manera inmediata sobre irregularidades en trámites como: el pago de licencias de conducir, tenencia y refrendos vehiculares, revalidación de placas y regularización de vehículos de procedencia extranjera, por citar algunos ejemplos.

En los módulos de atención habrá presencia de Promotores de Contraloría Social, quienes recibirán las denuncias de forma directa, informarán sobre el proceso de seguimiento y explicarán las posibles consecuencias para las y los servidores públicos señalados.

El gobierno estatal remarcó que si alguna persona intenta cobrar de más o condicionar el servicio público, se podrá denunciar de manera inmediata.

A su vez, funcionariado de la Secretaría de la Honestidad y la Función Pública reforzará la difusión de los canales oficiales para denunciar, a fin de que la ciudadanía cuente con estas herramientas y se garantice que toda las personas sean atendidas con dignidad, respeto y conforme a lo establecido en la ley.

Para presentar denuncias, la ciudadanía podrá comunicarse a los siguientes teléfonos: en Tijuana al (664) 979-2920, en Mexicali al (686) 558-1135 y Ensenada al (646) 172-3034.

Y también estará disponible en línea, mediante el enlace: bajacalifornia.gob.mx/shfp/.

La clausura también se fundamenta en el artículo 31 de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, que faculta a la autoridad a intervenir de manera inmediata cuando exista evidencia o riesgo fundado de daño al entorno natural.

California Bahías fue señalada en la denuncia como posible responsable de actividades contaminantes. El conflicto legal en torno a la empresa no es nuevo: en 2023, su representante legal, Fernando Jaimes, declaró que la empresa opera desde 1997 en el parque industrial Fondeport y que cuenta con la mejor tecnología disponible para el control de emisiones atmosféricas, tal como lo exige la legislación ambiental aplicable.

En aquel momento, Jaimes también aseguró que la planta, al igual que la mayoría de las empresas pesqueras, opera con los permisos y licencias requeridos por las distintas dependencias oficiales.

“Invertir tiempo en estas actividades es la muestra de voluntad e interés por mejorar la gestión de nuestro gobierno”, expresó.

Recordó que, al inicio de la administración de la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, Baja California apenas contaba con 17 trámites digitales, una política de mejora regulatoria “olvidada” y una atención telefónica limitada a un horario de 08:00 a 15:00 horas.

Actualmente existen más de 200 trámites digitales, 300 mil licencias digitales y se han realizado más de 100 mil renovaciones de tarjetas de circulación. Además, Palombo destacó un modelo de atención ciudadana 24/7, los 365 días del año, que ahora incluye intérpretes de lengua de señas para beneficiar a más de 94 mil personas sordas o débiles auditivas en la entidad.

“Nuestros sistemas y herramientas ya no están aislados, sino que interoperan con sistemas de gobierno federal, Renapo, INE y los siete municipios del Estado. Este foro es para reconocer que, en un entorno cada vez más digital, nuestras instituciones deben ser capaces, no sólo de adaptarse, sino de adelantarse a las necesidades de la ciudadanía”, puntualizó.

Como parte del encuentro, la gobernadora Marina del Pilar presentó AcademIA BC, plataforma de educación en línea que busca consolidar una transformación digital e inclusiva sin precedentes en la región.

García Juárez mencionó que la Sepesca tiene enlaces de representación en Mexicali, San Felipe y San Quintín, además de sus oficinas en Ensenada, lo que hace necesaria la eficiencia en la atención, gestión y respuesta para los sectores necesitados.

Reconoció avances importantes que se han logrado en colaboración con la Agencia Digital, como el trámite en línea de las licencias de pesca deportiva, facilitando el cumplimiento de la normatividad por parte de nacionales y extranjeros que desean practicar esta actividad.

Añadió que esta y otras acciones contribuyen con los convenios firmados con la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca), además de que al ser más eficientes, se incrementa de manera exponencial el ingreso por la colocación de los permisos mencionados.

Gabriel Palombo indicó que la transformación digital y la simplificación administrativa son pilares fundamentales para brindar servicios más eficientes, accesibles y transparentes a la ciudadanía

En la instalación del CIMR estuvieron presentes Rogelio Sánchez Salazar, coordinador de gestión de pesca y acuacultura y responsable oficial de mejora regulatoria; Lombardo López Gorosave, Coordinador de la Unidad de Administración; y como invitada la titular del Órgano Interno de Control de la Secretaría de la Función Pública, Karla Roxana Alcalá Barrios.

También participaron José de Jesús Gallo Ramírez, Jefe del departamento de proyectos estratégicos de la Sepesca; Samuel Abraham Pérez Ruiz, Supervisor de Vigilancia Pesquera; además de Juan Manuel Orozco Hernández, Coordinador de informática y sistemas.

Las acciones para implementar la transformación digital y la simplificación administrativa, se basan en la digitalización y vinculación de servicios, la capacitación, así como optimización de trámites y recursos.

“Este convenio lo queremos proponer, con todo respeto, a Ensenada para efectos de que las empresas, sobre todo con el espíritu del cumplimiento legal y la regulación, para efectos de que ellas mismos estén al día en sus licencias, sus permisos. De todo lo que corresponde para que puedan operar sin ser visitados, sin ser clausurados, sin ser multados”, explicó Serrano Bañuelos.

Refirió que una medida similar ya se puso en marcha en el municipio de Tijuana, y que dicho programa es una manera de que las voluntades de ambas partes, tanto del sector municipal como del sector empresarial, cumplan de una manera recíproca.

Por su parte, la presidenta municipal Claudia Agatón Muñiz se mostró a favor de la medida, según fue apreciado.

La reunión bimestral de socias y socios de Index Zona Costa tuvo lugar en el Hotel Lucerna e incluyó conferencias bajo el tema “Maquiladoras hoy: navegando los cambios fiscales, laborales y de comercio exterior”, donde participaron Blanca Montaño, Antonio Ávila y Ariana Flores, de la firma indicada.

Claudia Agatón Muñiz, en su participación, expuso los proyectos maestros para promover al municipio a nivel nacional e internacional.

Para esto, citó que en cuanto al sector maquilador trabajan en la habilitación de un muelle exclusivo para su actividad, además del “bypass2 entre las carreteras Escénica y libre; el puerto de El Sauzal; el ferry San Diego-Ensenada; el aeropuerto internacional; los autobuses eléctricos Taruk; y, la Ciudad Industrial Jatay.