Demandaron a BC para intentar cobrar 5 mil mdp de Next Energy
Nabor “N”, detenido por el caso Next Energy, intentó cobrar 5 mil millones de pesos al estado tras permanecer prófugo por dos años. - Foto: Cortesía.
Nabor “N”, directivo de Banca Afirme actualmente detenido, permaneció prófugo de la justicia durante dos años, solicitó asilo político a Estados Unidos e incluso promovió una demanda mercantil contra el Estado de Baja California para intentar cobrar 5 mil millones de pesos, reveló Juan José Pon Méndez, consejero jurídico del gobierno estatal.
El funcionario lo declaró este miércoles durante la conferencia de la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, tras preguntas sobre la detención realizada el pasado 3 de julio contra el ejecutivo relacionado con el caso Next Energy; el proyecto es la planta fotovoltaica promovida durante la administración de Jaime Bonilla Valdez.
El detenido asegura ser víctima de “un acto ilegal” y “un entramado de intereses políticos”, según una carta que circuló en medios y redes sociales.
Pon Méndez precisó que, a pesar de múltiples citaciones, el directivo se mostró rebelde ante la autoridad judicial, lo que derivó en la imposición de prisión preventiva.
“Garantizamos que el proceso judicial que se está llevando en contra del señor Nabor no sólo es legal y justo: ha sido tolerante y paciente. Durante más de dos años, esta persona se mantuvo prófugo de la justicia y promovió lo que a su derecho convenía. Incluso solicitó asilo político en los Estados Unidos de América”, señaló.
El abogado agregó que Nabor “N” es delegado fiduciario y tiene facultades para devolver los 123 millones de pesos actualmente retenidos por Banca Afirme.
Sin embargo, promovió una demanda para no regresar ese dinero y buscar que se siguieran afectando las participaciones federales del estado.
“Es decir, a la fecha no estaríamos hablando de una retención ilegal de 123 millones de pesos. Si hubiera procedido esa acción mercantil, estaríamos hablando de una retención de más de 5 mil 123 millones de pesos. Esta persona ha actuado en contra de los intereses de los bajacalifornianos”, subrayó el consejero jurídico.
El funcionario estatal calificó como “un contrasentido” que el directivo asegure no tener facultades para devolver los recursos, pero sí haya demandado a Baja California para evitar su recuperación.
Por último, Pon Méndez reiteró que gracias a las acciones legales de la actual administración se frenó un impacto millonario a las finanzas estatales.

