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Tras los hechos, la delegación de la Cámara Nacional de Industrias Pesquera y Acuícola (Canainpesca) en la entidad, compartió un posicionamiento en el que lamentó la muerte del reconocido empresario del sector pesquero y miembro activo, además de señalar la vulnerabilidad del gremio.
“Es el tercer asesinato impune de empresarios del sector pesquero y que han acontecido en Ensenada, Baja California, solamente en el transcurso de este año, incluyendo a la presidenta de esta cámara (Minerva Pérez Castro) y sin saber hasta el momento resultados concretos de parte de las autoridades”, puntualizaron en el mensaje.
El primer ataque fue contra Emilio Ohiiashi Manjarrez Masuda, registrado el 12 de junio, mientras que a la presidenta de la Canainpesca la emboscaron el 8 de julio, también en El Sauzal; en el caso de la líder, había denunciado extorsión (“cobro de piso”) contra su gremio.
“Lamentamos que el sector pesquero, que tanto se presume a nivel internacional por representantes populares de los tres niveles de gobierno, no cuente con la misma importancia y cuidado cuando se trata de resolver peticiones de vigilancia o señalamientos sobre intromisión de entes criminales”, remarcó la cámara.
Por lo anterior, Canainpesca BC hizo un “enérgico y justificado reclamo” para que las autoridades responsables “presenten resultados inmediatos”.
“Puesto que esto no fue un hecho aislado: se cuenta con más de un año de señalamientos y puntuales declaraciones a las distintas autoridades competentes”, remarcaron en su mensaje.
El Consejo de Desarrollo Económico de Ensenada (Codeen) condenó los asesinatos de la comunidad pesquera y subrayó que -además de generar un clima de inseguridad- ponen en riesgo la estabilidad social y económica del municipio.
Héctor Contreras Luengas, presidente del organismo, se sumó a las exigencias de que las autoridades competentes realicen una investigación exhaustiva para dar con los responsables de los hechos y llevarlos ante la justicia.
“Asimismo, hacemos un llamado urgente para que se implementen las medidas necesarias para garantizar la seguridad de todos los ciudadanos, en particular de aquellos que se dedican a actividades económicas esenciales como la pesca y que ahora parecen sometidos a un nivel mayor de vulnerabilidad”, estableció.
Contreras Luengas agregó que estos acontecimientos tienen repercusiones en el corto y en el largo plazo, como la disminución del turismo, la pérdida de inversiones y el deterioro de la imagen de Ensenada.
“Además del profundo dolor que provocan las pérdidas entre familiares y allegados de las víctimas”, expresó.
Marco Antonio Estudillo Bernal, presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Ensenada (CCEE), señaló que además de las familias afectadas, también tiene un impacto contra el desarrollo económico de la localidad.
“Exigimos justicia para Minerva Pérez y ahora para Servando Valenzuela. No podemos permitir que la impunidad continúe”, afirmó, además de indicar que estos crímenes “no son hechos aislados”, sino que reflejan la vulnerabilidad en la que se vive.
Y remarcó que el CCEE hace un “llamado enérgico” para que las autoridades esclarezcan los casos y adopten medidas inmediatas para garantizar la seguridad de los ciudadanos y empresarios en Ensenada.