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Empresarios exigen justicia tras asesinato de Minerva Pérez Castro

Redacción
Hace 1 año
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El asesinato de Minerva Pérez Castro, presidenta de la Cámara Nacional de la Industria Pesquera (Canaipesca) de Baja California, ha generado reacciones y demandas de acción a la autoridad entre los empresarios de la región y del país.

Ragnar Gutiérrez Abarca, dirigente de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra), expresó su condena y exigió una rápida acción de las autoridades para investigar y castigar a los responsables.

Resalto preocupación por la creciente inseguridad y violencia en Baja California, que no solo pone en riesgo la vida de los ciudadanos sino también inhibe las inversiones y reduce la competitividad del estado.

Gutiérrez Abarca hizo un llamado a las corporaciones policiacas y a las autoridades judiciales para que realicen su trabajo con eficiencia y obtengan resultados positivos.

De igual forma los líderes de Canacintra en Ensenada, Mexicali, Tijuana y Tecate exigieron garantías de seguridad y una estrategia clara para frenar la violencia, subrayando que Baja California ocupa los primeros lugares a nivel nacional en homicidios dolosos.

Advirtieron que estarán pendientes del curso de las investigaciones y solicitaron la intervención de los tres niveles de gobierno y los legisladores para priorizar la seguridad pública en sus agendas.

Por su parte, Sergio Torres Martínez, presidente de Compañías Mexicanas de la Industria de la Construcción de Ensenada (Comice), también condenó el asesinato y manifestó la consternación del sector empresarial.

Exigió investigaciones profesionales y coordinadas para esclarecer el crimen y evitar la impunidad. Torres Martínez recordó la obligación del Estado Mexicano de garantizar la seguridad y otros derechos indispensables para la convivencia armoniosa y el desarrollo económico.

Subrayó que la voz del grupo empresarial pide pasar de las palabras a los hechos y hacer valer la ley para proteger la vida humana y asegurar un ambiente de respeto al estado de derecho.

Ambas organizaciones empresariales extendieron sus condolencias a los familiares de la empresaria y a Canaipesa por la pérdida de Minerva Pérez Castro y reafirmaron su compromiso de trabajar en conjunto por la seguridad y el desarrollo económico de Ensenada.

Detenida menor de edad acusada de asesinato

Archivo
Hace 7 años
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Instalaciones de la subprocuraduría en Ensenada.  - Archivo.

Agentes Ministeriales en Ensenada cumplimentaron este sábado la orden de detención de la adolescente Alejandra Berenice "N", de 16 años de edad, acusada de ser copartícipe en el homicidio de Nataly Carreón González, de 19 años de edad en el poblado de El Porvenir, en el Valle de Guadalupe. El grupo de Homicidios de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) en Ensenada, informó que la detención se realizó en la colonia Márquez de León. El asesinato se registró el 5 de diciembre por la noche en una cabaña ubicada en el mismo poblado donde Berenice y Carlos “N” invitaron a Nataly a una supuesta fiesta y una vez ahí la golpearon con un barrote de madera y una pala hasta quitarle la vida. Días después Carlos “N” de 18 años de edad fue apresado y vinculado a proceso el 1 de febrero.
Editorial
La reforma judicial: sin pueblo no hay justicia
2025-06-02 17:35:47
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El origen de la reforma judicial fue uno de los principales objetivos —por no decir caprichos— del expresidente Andrés Manuel López Obrador. Aún es demasiado pronto para decir si fue exitosa o no, pero ha fallado justo donde más esperanzas habían depositado sus impulsores: la participación popular.

Más información...

Solo el 13 por ciento del padrón electoral acudió a votar. Se abre así un panorama inédito, para el cual no existe manual ni guía clara de qué sigue.

Hay una razón por la cual López Obrador no pudo avanzar en su primer intento de reforma: no tenía la mayoría suficiente en el Congreso. Le tomó todo un sexenio lograr ese control legislativo que, al final, permitió la aprobación exprés. Aun así, la reforma se saltó pasos fundamentales: la deliberación, el consenso y, sobre todo, la incorporación de críticas de juristas, académicos y actores clave del Poder Judicial.

Cabe recordar que esta controvertida reforma avanzó gracias al triunfo aplastante de Claudia Sheinbaum y a la traición del priista Miguel Ángel Yunes en los últimos momentos del sexenio. Solo así fue posible sostener este proyecto político, que continuó entre huelgas y paros dentro del sistema judicial.

Durante todo el proceso, no hubo un verdadero debate público que explicara a la ciudadanía de qué trataba la reforma, por qué era necesaria, y cómo el sistema judicial mexicano está viciado: jueces que operan bajo amenazas o sobornos, más del 90 por ciento de los delitos impunes, y miles de personas inocentes en prisión preventiva o esperando una sentencia que no llega.

Eso faltó: involucrar a la ciudadanía. Y ahora, lo que falló fue precisamente la participación ciudadana.

El mensaje es claro para México: la voluntad del pueblo no puede reducirse al 13 por ciento del electorado. Lo que sigue ahora es evitar que esta transformación derive en una crisis mayor en la impartición de justicia, que comprometa la autonomía del Poder Judicial y lo convierta en un instrumento político. De ser así, México habrá perdido la justicia en nombre de la democracia.