En caso de Keila Nicole, remueven a tres policías por presunta omisión

El proceso se resolvió mediante un juicio abreviado, en el cual el adolescente, de 16 años, se declaró culpable de los hechos ocurridos el pasado 1 de julio en la comunidad El Rosario de Abajo, delegación de El Rosario, municipio de San Quintín.

De acuerdo con la investigación, Keyla fue vista por última vez cuando se dirigía junto a Cristian hacia una zona conocida entre sus amigos como “la cueva”. Antes de su desaparición, la joven envió un mensaje de texto a una amiga, en el que expresó temor porque su novio “traía un palo”.

Durante el operativo de búsqueda, las autoridades hallaron distintas partes del cuerpo de la menor. Sin embargo, hasta la fecha, algunos restos continúan sin ser localizados.

Al respecto, Álvaro Castilla Gracia, magistrado de la Sala Especializada en Justicia para Adolescentes del Tribunal Superior de Justicia del Estado, explicó que el caso se condujo conforme a la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes.

Precisó que dicha normativa, junto con el artículo 201 del Código Penal, permite la aplicación de un procedimiento abreviado, mediante el cual el imputado reconoce su participación y acepta las medidas sancionatorias. En este marco, la pena máxima para un menor de 16 años es de cinco años de internamiento en un centro especializado.

La propuesta establece que dicha medida será excepcional y sólo procederá cuando exista una evaluación judicial sobre el nivel de madurez y discernimiento del adolescente, garantizando siempre el respeto a sus derechos humanos y salvaguardas procesales especiales.

Las penas, en todo caso, deberán considerar su desarrollo integral y su reintegración social.

La iniciativa surge ante la creciente participación de adolescentes en delitos de extrema violencia, muchas veces vinculados a la delincuencia organizada, lo que ha generado un clamor social por respuestas más firmes y proporcionales.

De acuerdo con los promoventes, el actual sistema de justicia penal para adolescentes —basado en la rehabilitación y la reinserción— ha sido fundamental, pero requiere ajustes en casos donde la intencionalidad del acto y el daño causado equiparan la responsabilidad penal de una persona adulta.

“Se trata de introducir una excepción cuidadosamente delimitada, que permita juzgar como adultos a quienes, siendo adolescentes, cometan crímenes atroces con plena conciencia del daño que causan”, puntualizaron.

La reforma busca reequilibrar la balanza entre el interés superior del adolescente y el derecho de las víctimas y de la sociedad a una justicia efectiva, al permitir que casos excepcionales reciban una respuesta proporcional sin dejar de lado las garantías para los menores.

También se espera que esta medida funcione como un freno para adolescentes que consideren involucrarse en delitos graves. Saber que podrían ser juzgados como adultos si cometen un crimen con dolo; es decir, con plena intención, enviaría un mensaje claro: habrá consecuencias proporcionales a la gravedad del acto. Con esto, se busca reducir la participación de jóvenes en actividades violentas o ligadas al crimen organizado.

Finalmente, se destaca que esta propuesta responde también a la necesidad de restaurar la confianza ciudadana en el sistema judicial y reafirmar el Estado de Derecho, asegurando que las consecuencias legales correspondan a la gravedad del acto cometido, incluso cuando el infractor sea menor de edad.

Cabe señalar que en caso de ser aprobada en Comisiones y posteriormente en el Pleno de la XXV Legislatura, el proyecto de reforma será turnado al Congreso de la Unión por tratarse de una reforma constitucional, donde deberá abrirse un debate a nivel nacional y tomarse una decisión sobre este cambio, que busca hacer justicia y evitar que este sector de la población vuelva a cometer delitos que afectan a toda la sociedad.

“Es un tema lamentable que nos ha dolido a todos y todas en Baja California […]. Es un hecho que no quedará impune”, declaró Ávila Olmeda, quien también informó que ha mantenido comunicación directa con la fiscal general del estado, María Elena Andrade Ramírez, y con la madre de Keila Nicole, la víctima de este homicidio que ha generado una fuerte indignación social.

La gobernadora reiteró que, aunque la ciudadanía de El Rosario ha expresado su deseo de que el presunto responsable sea juzgado como adulto, esto no es legalmente posible. “La normatividad es federal, incluso va de la mano con los tratados internacionales de los cuales México es parte, y en México los menores son considerados niños hasta que cumplan los 18 años”, puntualizó.

Asimismo, reconoció la necesidad de una “revalorización” de las leyes en torno a los adolescentes en conflicto con la ley, especialmente en casos de alta violencia. “Estos hechos llevan a replantearnos esta situación. Entiendo la molestia, me sumo a las molestias de la familia, residentes y bajacalifornianos, porque es un hecho que nos dolió a todos”, concluyó.

Keila Nicole fue localizada sin vida la semana pasada, y desde entonces, vecinos y familiares han exigido justicia y mayores garantías de seguridad en la comunidad. El menor presuntamente implicado permanece detenido mientras se desahogan las investigaciones correspondientes.

La inicialsita también señaló que la ausencia de puentes peatonales ha provocado múltiples accidentes, el más reciente con un joven atropellado que sufrió fractura de fémur y otras lesiones graves. Criticó que mientras en otros municipios se construyen puentes innecesarios, en Tijuana no se atiende una necesidad urgente.

“La verdad que a mí me da coraje cuando voy a veces a otros municipios y veo puentes que no eran necesarios, mientras aquí la gente tiene que cruzar corriendo entre los vehículos”, sostuvo Gilvaja.

Por otra parte recordó que al cuestionar al titular de infraestructura sobre las obras realizadas en Tijuana, la respuesta fue que solo se había concretado una, a pesar de que la ciudad es la más grande del Estado y la que más aporta a los ingresos públicos. “Solamente una obra nos merecimos los tijuanenses, los que más aportamos monetariamente al gobierno del Estado, eso es indigno”, refirió.

Agregó que la seguridad de las personas no puede quedar en manos de unos cuantos conductores que tienen prisa por llegar a su destino. Por eso propuso que también se giren instrucciones para que haya vigilancia en el Boulevard 2000 a su paso en esas colonias, que se asignen policías de vialidad, así como patrullas para permanecer y mantener a los vehículos dentro de los límites de velocidad.

Derivado de lo planteado, la proposición exhorta a la gobernadora del Estado, Marina del Pilar Avila Olmeda, y al secretario de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, Arturo Espinosa Jaramillo, a que se sirvan instruir la instalación de puentes peatonales en el Boulevard 2000, acompañados de campañas de concientización y vigilancia vial para garantizar la seguridad de las personas.

El director de Seguridad Pública Municipal, Alejandro Monreal Noriega, informó que tras presentar una petición al Secretario del Sistema Nacional de Seguridad Pública del Gobierno Federal, para continuar con el proceso de ascensos el ayuntamiento recibió el Aval.

Aunque ya se contaba con la aprobación por parte del Ejecutivo Estatal, la validación federal refuerza la viabilidad del proyecto.

“Es válido, es viable y se tiene que hacer, independientemente de que en su momento, hace varios años, hubo un litigio entre policías y gobierno”, señaló el titular de la corporación.

Monreal subrayó que este proceso es independiente de conflictos pasados y responde a la necesidad de no frenar el desarrollo profesional de los elementos más recientes.

“No podemos obstaculizar la carrera de los policías de estas nuevas generaciones en los últimos diez años”, afirmó.

En los próximos días seguridad pública podrá presentar la propuesta formal ante el Secretario Técnico de la Comisión Disciplinaria y el Síndico Procurador, Eli Oviedo, con el objetivo de que sea incluida en el orden del día de la siguiente sesión.

El procedimiento establece que la iniciativa debe ser analizada y aprobada por la Comisión Disciplinaria y de Carrera Policial antes de su implementación.

De ser aprobada, se emitiría una convocatoria para concursar alrededor de 300 plazas, lo que representa un proceso significativo para la corporación, cuya estructura ya se encuentra preparada.

Como parte de los requisitos previos, la DSPM ha solicitado oficios de validación a la Tesorería, Oficialía Mayor y el área Jurídica del Ayuntamiento, a fin de garantizar que el proceso cuente con respaldo financiero y administrativo. Las autoridades recalcaron que no se puede lanzar una convocatoria sin que existan las plazas debidamente autorizadas.

Aunque se trata de un proceso que podría tomar varias semanas, se estima que, una vez cumplidos todos los requisitos, la convocatoria podría emitirse en el corto plazo.

El proceso de ascensos en la Policía Municipal de Ensenada permanece detenido desde la administración del ex alcalde Gilberto Hirata Chico, tras revelarse una lista de elementos presuntamente beneficiados sin cumplir los requisitos, lo que derivó en un juicio de nulidad. Algunos de los favorecidos no contaban con licenciatura o desempeñaban funciones como escoltas, lo que generó inconformidad entre otros agentes.

La Sindicatura Municipal presentó denuncias por abuso de autoridad, y en 2020 un juez federal vinculó a proceso al ex alcalde por el otorgamiento de 96 ascensos irregulares. Este conflicto ha mantenido paralizado el procedimiento por casi una década, afectando a más de 300 policías que esperan promoción.

La operación estratégica distribuye desde la primeras horas de este jueves a 380 efectivos de todas las instituciones, con apoyo de 70 vehículos, seis drones y un helicóptero civil de reserva.

La acción denominada “Operación Valle de la Trinidad", busca tres ejes claves, desarticular bandas criminales y capturar a generadores de violencia, fortalecer la proximidad social y fomentar la denuncia ciudadana.

El General de Brigada Laureano Carrillo Rodríguez, titular de la SSCBC, encabeza las acciones que buscan reducir actos de violencia y delitos en este punto de suma importancia para Baja California.

El general Carrillo mencionó que la instrucción de la gobernadora del Estado, Marina del Pilar Avila Olmeda, es combatir de manera frontal a la delincuencia, dejando en claro que no se va a permitir que intereses ajenos a la Ley, vulneren la paz de los residentes de esta zona.

En días recientes, se detuvo en dicho poblado a diversas personas relacionadas con la delincuencia organizada, responsables de homicidios recientes.

La coordinación de las Fuerzas Especiales de Seguridad de Baja California, es sólida, con un objetivo claro, poner tras las rejas a quienes atentan contra la justicia y el bien colectivo.

A través de un comunicado se difundió que “gracias al trabajo coordinado con autoridades de la Fiscalía de Nuevo León, fue localizada la menor Victoria Michel de 16 años de edad, quien contaba con pesquisa activa en el municipio de Ensenada.

La menor se encontraba sana y salva y, de acuerdo con los elementos de la investigación, se trató de una ausencia voluntaria, sin indicios de riesgo para su integridad.

Desde el inicio de la investigación, la Unidad para la Investigación y Persecución de los Delitos de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares en Ensenada realizó diligencias especializadas que permitieron recopilar información clave para establecer el paradero de la menor.

Una vez obtenidos los elementos necesarios, se solicitó formalmente la colaboración de la Fiscalía de Nuevo León para dar seguimiento a la localización.

El trabajo interinstitucional permitió que policías del municipio de Abasolo, Nuevo León, ubicaran a la menor y se realizaran de manera inmediata los trámites correspondientes para garantizar su seguridad y el retorno con su familia.

La coordinación entre ambas fiscalías demuestra la efectividad de los protocolos de colaboración interestatal en la protección de menores.

La Fiscalía General del Estado agradece a la comunidad y a los medios de comunicación por la difusión y atención brindada a este caso, cuyo resultado refleja el compromiso institucional de actuar con prontitud y eficacia para proteger a la niñez y garantizar el respeto a sus derechos”.

Ante esta situación, los oficiales activaron torretas y sirenas para indicarle el alto al conductor pero este hizo caso omiso y huyó. Esto derivó en una persecución por distintas calles del poblado.

Al llegar a la calle Pedro Terrazas, el conductor detuvo momentáneamente la marcha y descendió los vidrios del vehículo.

Según el informe, los oficiales alcanzaron a observar a cuatro hombres en el interior de la unidad, quienes presuntamente realizaron detonaciones de arma de fuego en contra de las patrullas municipales.

Tras la agresión, los ocupantes del vehículo continuaron la fuga. Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas lesionadas ni detenidas relacionadas con estos hechos.

Lo anterior se desprende de los datos proporcionados por la fiscal general, Ma. Elena Andrade Ramírez, durante su segundo informe de actividades rendido ante el Congreso del Estado de Baja California, presentado el pasado 8 de diciembre.

Ante el cuestionamiento sobre el tema por parte del diputado expanista y ahora del Verde Ecologista de México, Jorge Ramos, la funcionaria refirió los datos en torno a la “depuración” y “siendo autocríticos”.

“En los temas de la Dirección de Asuntos Internos y Visitaduría: tenemos 605, en este año, investigaciones administrativas. Así mismo, tenemos 218 personas en investigación: agentes estatales de investigación y agentes del ministerio público”, citó.

De acuerdo a datos proporcionados por la misma fiscal, actualmente cuentan con mil 306 agentes en la corporación.

Andrade Ramírez agregó que “la gran mayoría” son temas administrativos, pero que no dejan de reconocer que cuentan con casos penales.

“Aislados, pero los hemos tenido. Inclusive, en su oportunidad dimos cuenta, de un caso en Tijuana, del robo de droga de diversas corporaciones que fue absorbido, o investigador por la Fiscalía General de la República (FGR), donde se estableció la participación de cuatro de nuestros agentes, de los cuales fueron privados de la vida”, mencionó.

La fiscal general recordó que en enero de 2024 se tuvo un alta en los homicidios en el municipio de Ensenada, donde en la revisión de cámaras advirtieron que había unidades de la policía municipal que “les prestaban perímetro” tanto para la entrada o fuga a grupos criminales de muy alto perfil.

“Asesinos, sicarios, por eso nunca podíamos detener a nadie en flagrancia. Si la policía, primer respondiente, los apoyaba. Y quiero ser muy respetuosa: la gran mayoría de los agentes son de excelencia, honrados, que exponen su vida por los ciudadanos, pero unos cuantos vienen a manchar las instituciones”, consideró.

Sobre Ensenada, también citó que llevaron a cabo 12 detenciones a policías municipales por delitos de alto impacto, desaparición forzada y homicidios violentos, mientras que en Tijuana fueron cuatro por los mismos hechos y 3 en Mexicali, de manera reciente.

“Uno, o dos de ellos, relacionados con líderes criminales del Valle de Mexicali. Y de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana, recientemente, dos detenidos. Puedo asegurar, sin temor a equivocarme, que nadie había llevado investigaciones penales contra agentes policiales de esta magnitud y vamos a continuar”, remarcó.

Esto, debido a que mantienen carpetas abiertas contra diversos agentes, por lo que buscan “ser autocríticos”, tanto contra sus policías como los de otras corporaciones.