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Tecate es el nuevo "foco rojo" de seguridad en BC.

Durante la conferencia reconocieron que hay una infiltración de policías municipales de Tecate y Ensenada en organizaciones criminales.
Redacción
Hace 3 meses
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El gobierno estatal reconoció infiltración de policías municipales en el crimen organizado - Foto: Cortesía.

El secretario de Seguridad Ciudadana del estado reconoció que Tecate es hoy "un foco rojo" para la estrategia de seguridad de Baja California, en medio de una disputa entre una facción del Cártel de Sinaloa y una facción del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Sostuvo que esta pugna se intensificó a partir de una ruptura ocurrida en diciembre pasado.

El funcionario detalló que la estrategia de contención en el municipio se sostiene sobre tres fases que, dijo, ya se aplicaron con éxito en La Rumorosa: contención, control y consolidación.

"Hicimos la contención cuando tuvimos homicidios (…) un fin de semana con siete homicidios en un solo fin de semana, y a partir de ahí hemos incrementado esas operaciones", y reconoció que hay mucho por hacer todavía.

Indicó que, como parte del refuerzo, el gobierno estatal solicitó el despliegue de más de 300 elementos adicionales entre la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional, enfocados en las zonas rurales del Valle de las Palmas, el área de Luego y los límites con Tijuana.

Durante la conferencia de prensa, aceptó la infiltración de policías municipales de Tecate y Ensenada en organizaciones criminales.

El secretario relató que, tras los ataques de febrero de 2024 en Ensenada —30 homicidios tipo ejecución en un mismo periodo—, las autoridades detectaron que unidades de la policía municipal daban seguimiento a los responsables no para detenerlos, sino "para prestarles perímetro y para prestarles ayuda para la fuga".

Esto derivó en la detención de 11 policías en Mexicali y 13 en Ensenada por sus vínculos con distintas células del crimen organizado.

El funcionario sostuvo que se trata de una minoría , pues "la gran mayoría de los policías municipales se dedican a hacer su trabajo, a proteger y servir.

Sin embargo, unos cuantos vienen a contaminar, inclusive, y poner en riesgo a la propia corporación".

Aseguró que es la primera depuración policiaca de este tipo "en 25 años".

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Sentenciado siete años de cárcel por asalto a farmacia

Redacción
Hace 2 años
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Ángel Gabriel Lozano Medina pasará siete años de cárcel por robo con violencia a una farmacia.  - Foto: Cortesía.

El 29 de enero, mediante procedimiento abreviado, fue condenado Ángel Gabriel Lozano Medina a siete años de cárcel por robo con violencia a un establecimiento comercial.

En la investigación llevada a cabo por la Fiscalía Regional de Ensenada, (FGE) se estableció que el asalto tuvo lugar el pasado 19 de febrero de 2023 a las 22:05 horas, en la farmacia Súper Emma ubicada en la calzada Cortez, de la colonia Maestros en Ensenada.

Evidencia recabada por la Unidad de Investigación de Robos establece que Ángel Gabriel ingresó al negocio y amenazó con una pistola a la encargada y a otra mujer, se apoderó de un teléfono celular, una impresora y 2 mil 900 pesos antes de huir.

Luego de ser detenido, en audiencia y posterior sentencia, se le negó al acusado cualquier beneficio judicial, condenado además al pago de la reparación del daño.

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Nueva Ley de Cáncer Infantil en Baja California: derechos, corresponsabilidad educativa y el desafío de implementarla en medio de una crisis del siste
2026-10-25 11:54:08
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Redacción
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El 23 de octubre de 2026 se publicó en el Periódico Oficial del Estado el Decreto No. 323, que crea la Ley para la Detección y Tratamiento Oportuno e Integral de Cáncer en la Infancia y Adolescencia de Baja California. Es una Ley que llega en un momento decisivo: cuando más se necesita una respuesta institucional sólida, pero también cuando el sistema de salud vive una de sus etapas más críticas en décadas.

La nueva Ley reconoce derechos que antes no existían en el marco estatal. Por primera vez, niñas, niños y adolescentes con sospecha o diagnóstico de cáncer tienen garantizado el acceso a estudios, biopsias y procedimientos desde el primer indicio de la enfermedad, sin esperar a que el diagnóstico se confirme. La referencia a una Unidad Médica Acreditada debe realizarse en un plazo máximo de siete días hábiles, un límite que busca evitar los retrasos que tantas veces han marcado la diferencia entre un tratamiento oportuno y una tragedia.

La Ley también establece que la atención médica debe ser integral y gratuita. Esto debe incluir quimioterapias, cirugías, medicamentos oncológicos, cuidados paliativos y rehabilitación. Además, obliga a que las familias reciban información clara y veraz sobre los tratamientos y sus alternativas, y garantiza apoyo psicosocial para acompañar el impacto emocional que esta enfermedad provoca en los menores y en su entorno familiar. Incluso contempla la continuidad del tratamiento cuando el paciente cumple 18 años, siempre que haya iniciado siendo menor.

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Pero la Ley no se limita al ámbito de la salud. Reconoce que el cáncer infantil también afecta la trayectoria educativa y obliga a la Secretaría de Educación a garantizar que la escuela no abandone al estudiante durante su tratamiento. Esto implica que, cuando el menor está hospitalizado, las Unidades Médicas Acreditadas cuenten con personal educativo del sistema básico. Y cuando el tratamiento se realiza en casa o de manera ambulatoria, las escuelas deben ofrecer facilidades académicas, ajustes razonables y acompañamiento continuo. La educación debe adaptarse a la realidad del niño, no al revés. En un estado donde los tratamientos suelen ser largos y desgastantes, esta continuidad educativa representa un cambio profundo en la manera de proteger la vida escolar y emocional de quienes enfrentan esta enfermedad.

La creación del Padrón Estatal de Cáncer Infantil y del Centro Estatal para la Salud de la Infancia y Adolescencia añade estructura institucional a la política pública. El padrón permitirá conocer la incidencia real, los tipos de cáncer más frecuentes y las causas de abandono del tratamiento. El Centro Estatal será responsable de diseñar estrategias, evaluar resultados y coordinar campañas de información. Son herramientas que, bien utilizadas, pueden transformar la atención en el largo plazo.

Todo esto ocurre en un contexto complejo. Los hospitales generales, ahora bajo el modelo IMSS-Bienestar, operan al límite. El IMSS enfrenta saturación crónica; el ISSSTE arrastra rezagos históricos; ISSSTECALI vive una presión financiera que compromete su capacidad de respuesta. En todos los sistemas, el cáncer es una de las áreas más golpeadas: falta de medicamentos oncológicos, retrasos en quimioterapias, equipos descompuestos y listas de espera que desesperan a las familias. A esto se suma un hecho que habla por sí solo: el personal de salud está saliendo a las calles en Baja California y en todo el país, exigiendo insumos, condiciones dignas y capacidad real para atender a la población.

La Ley abre una puerta importante para la justicia y la dignidad de la niñez y adolescencia con cáncer. Su impacto dependerá de presupuesto, coordinación y voluntad. Pero también les da a las familias un marco legal más claro y detallado para exigir lo que siempre ha sido un derecho, pero ahora enfocado NNA. En medio de la crisis, las escuelas y comunidades escolares pueden convertirse en actores clave para sostener la trayectoria escolar y emocional de quienes enfrentan esta enfermedad.

La nueva Ley no resuelve por sí sola los problemas del sistema de salud, pero sí establece un piso mínimo de justicia. Y en tiempos difíciles, ese piso puede ser la diferencia entre el abandono y la esperanza.

 

Guillermo E. Rivera Millán

Director de De la Peña y Rivera S.C.

Fundador de Justicia que Transforma México AC

 

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