Aprehende FGE a prófugo por femicidio

Elementos de la Policía Municipal acudieron al sitio y paramédicos confirmaron que la persona había fallecido por lo que solicitaron la presencia de una ambulancia y personal de la Fiscalía General del Estado (FGE).

En el lugar se localizó el cuerpo sin vida de quien fue identificado como Marco Antonio Enciso Martínez, de 45 años de edad, el cual presentaba un impacto de proyectil de arma de fuego en la parte frontal de la cabeza.

Los primeros respondientes informaron el hallazgo de dos indicios balísticos calibre .40 en la escena. Agentes del Grupo Nocturno de la FGE quedaron a cargo del levantamiento de las actas correspondientes y del resguardo del área.

De manera paralela, en la zona de Villas del Cedro, se reportó otro hecho violento, donde un hombre identificado como Adrián García resultó lesionado por arma de fuego. La víctima fue trasladada a la Clínica 8 del IMSS, donde momentos después perdió la vida.

Conforme a las imágenes, se aprecia al policía estatal sin uniforme -identificado como Eduardo García López- mientras limpia el lado del piloto de un vehículo; en eso, un sujeto vestido de negro se acerca por detrás y le dispara.

La víctima cae al suelo y, ahí, es rematado en varias ocasiones por el agresor, quien huye de la escena; también se aprecia a un testigo, quien sin inmutarse camina a un lado de la escena del crimen.

El reporte del asesinato fue alrededor del mediodía, por lo que se generó una movilización hacia las calles Idesia y Principal de la Colonia El Florido, sección II, en dicha ciudad fronteriza.

Horas más tarde, autoridades de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informaron que, en colaboración con diversas corporaciones, lograron detener a un presunto cómplice.

Para esto ubicaron a Omar Eleazar “N”, a bordo de un sedán con rótulos de una empresa, unidad que coincidía con la que habría huido el responsable, según testigos.

También fue encontrada un arma, mientras que de la escena del crimen los investigadores levantaron siete casquillos percutidos calibre 9 milímetros; posteriormente, la investigación quedó a cargo de la Fiscalía General del Estado de Baja California (FGE).

El caso sería el séptimo contra policías en lo que va del año, pues apenas el pasado viernes 10 de octubre un comando armado asesinó a un policía perteneciente a la Agencia Estatal de Investigación (AEI), de la FGE, también en Tijuana.

“Tenemos algunas líneas de investigación. Estamos analizando la escena del crimen, las armas que se utilizaron, el arma que también portaba la víctima. Todo eso estamos analizando en ese entorno de la investigación que, por la secrecía y el respeto a los deudos, a su padre, a su familia, no podemos mencionar en este momento”, declaró.

Andrade Ramírez afirmó que no cuentan con “una evidencia ni objetiva ni subjetiva” respecto al llamado “cobro de piso” o extorsión.

Semanario Zeta fue el primero en dar a conocer el pasado viernes 31 de octubre la existencia de tres líneas de investigación, que Cisneros Salcedo estaba armado y que le faltaba el celular.

Lo anterior, en un trabajo de investigación sustentado con información oficial de la Unidad de Delitos Contra la Vida de la Fiscalía General del Estado (FGE) y agentes de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC).

Estas son: una disputa judicial por la fracción de terreno usado como estacionamiento que está contiguo a la matriz del restaurante en la calle Macheros, también en la zona turística; así como un posible “cobro de piso”, o extorsión.

Por último, una posible relación entre Omar Cisneros y un ex elemento de la FESC, identificado como Manuel Guzmán, dado de baja de la corporación en 2019 tras ser vinculado con actividades ilícitas y presuntamente haber colaborado con integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

“Llamó la atención de los agentes de investigación que el teléfono celular de Cisneros no fue encontrado en el sitio, y según fuentes de la investigación, la familia no ha mostrado disposición a las autoridades para entregarlo. Esa situación podría estar retrasando la revisión de llamadas y mensajes que aportarían datos relevantes sobre sus últimos contactos”, apuntó Zeta.

De la pistola, versiones familiares indican que era por seguridad, tras concluir el litigio del estacionamiento indicado.

Y también que la FGE encontró 9 casquillos percutidos en la escena, correspondientes a dos armas calibre 9 mm, usadas en al menos seis homicidios registrados entre el 2019 y el 2025, en la delegación El Sauzal de Rodríguez, contra presuntos vendedores de droga relacionados con el Cártel de Sinaloa (CDS), lo que refuerza la hipótesis de un posible ajuste de cuentas dentro de dicha organización.

La funcionaria estatal lo declaró este martes 4 de noviembre en torno a los hechos registrados el pasado viernes 31 de octubre, luego de que el empresario Manuel Cisneros Romero, junto con su abogado Miguel Lanz Paredes, y escoltas armados, arribaron a las instalaciones del medio comunicación ubicado en el municipio de Tijuana.

“Tenemos la denuncia de la periodista, la codirectora de este semanario, donde efectivamente ella se sintió amenazada en su integridad porque recibió la presencia del padre del joven asesinado recientemente (Omar Cisneros Salcedo), en el cual ella menciona que iba con sus abogados e iba con hombres armados”, citó Andrade Ramírez.

Subrayó que lo anterior se trata de “una comparecencia intimidatoria” el hecho de “estar hombres armados en busca de una mujer”.

“Además de las agresiones de género, por tratarse de una femenina, pues ella sintió amenazas reales, eminentes, al llegar la persona en esas condiciones de levantando la voz. Tomamos también la denuncia que presentó el día de ayer (lunes) los abogados de la periodista”, refirió la fiscal general.

Aseguró que le han brindado todo el apoyo por parte del Gobierno del Estado de Baja California, en lo tocante a la Secretaría General de Gobierno y la atención a los periodistas.

“Por parte de la Fiscalía General vamos a continuar con las investigaciones y se le está ofreciendo toda la protección toda vez que ella se siente vulnerable al recibir estas amenazas que, a veces, aunque sean verbales, pueden ser amenazas. Y ahora, con la presencia de hombres armados que llegaron al lugar, es un hecho muy delicado”, puntualizó.

Manuel Cisneros Romero acudió al semanario con sus escoltas y rodeados de medios de comunicación digitales para exigir de manera agresiva encontrarse con la codirectora.

La actitud del padre de Omar Cisneros, propietario de la birriería La Hacienda de Guadalajara, en el municipio de Ensenada, y ejecutado el sábado 25 de octubre, alertó a organizaciones como Artículo 19 México que solicitó medidas de protección para la periodista Adela Navarro Bello.

La joven de 25 años compartió su historia con medios de comunicación del municipio de Mexicali, Baja California, donde contó que incluso ha tenido que mudarse de ciudad o el hecho de que la Fiscalía General del Estado de Baja California (FGE) no desea recibir su caso porque “ya serían muchas denuncias”.

En su relatoría, señaló a César “N”, de 39 años de edad, y con quien mantuvo una relación durante cinco años.

“Él me lo juraba: me decía que me va a matar, me va a desaparecer y después se va a matar él”, refirió Geovanna en la entrevista concedida a la periodista Mayté López.

La joven aseguró que la FGE ni siquiera quería darle una nueva cita para declarar las últimas amenazas.

“Que ya me hagan caso, no me estén tirando a loca. De hecho no me querían dar ni cita para yo declarar. Me la habían dado hasta el 4 o 7 de noviembre, hasta que les dije: ‘Oye, me va a matar, me va a desaparecer en todos estos días. Si ya incendió un camión, intentó incendiar una casa, incendió seis carros. En estos ocho días que voy a estar en Mexicali me va a encontrar y me va a matar. Yo no quiero terminar siendo como Debanhi Escobar, o Valeria, la de Guadalajara”, según temió.

Como parte de la entrevista con la también presentadora Mayté López, fueron mostradas imágenes de las heridas de la joven, los vehículos dañados, y las hojas repartidas por César.

“Por eso estoy levantando la voz. Dice que ya compró el ácido, pero que no se ha atrevido a echármelo. Se contradice: según él, soy horrible, pero me va a echar ácido para que ningún hombre se acerque y ningún hombre me quiera”, mencionó.

Geovanna alertó que se haya tenido que llegar al punto de las copias con su fotografía y mensajes misóginos, y que la policía no le haga caso.

“¿Qué más tiene que ser? ¿Me tienen que encontrar muerta en una zanja o qué? Porque es prácticamente lo que me dice la policía, no con palabras, pero me dan a entender que tengo que llegar muy golpeada, tengo que llegar medio muerta, para que me hagan caso. ¿O tengo que estar desaparecida para que ahí si digan que tenía la razón?”, cuestionó.

Como parte de su denuncia, la joven indicó que el pasado jueves 23 de octubre el hombre quemó su automóvil estacionado frente a la casa de su abuela, además de que tiene una orden de restricción caducada, de ahí la importancia de ampliar la denuncia.

También que la han revictimizado al cuestionar su ropa o decirle que “no se ve golpeada”. Por todo lo anterior, es que decidió hacer público su caso ante los medios de comunicación para evitar que siga escalando la violencia contra su vida.

Fernanda Olguín, vocera del colectivo, declaró este escenario a la prensa de la capital bajacaliforniana, durante el acompañamiento ante las autoridades para la periodista Tiffany Abish, quien denunció acoso y extorsión en redes sociales.

“Este año, la colectiva Desertik’s hemos recibido, por parte de nuestras redes sociales, la consulta de 14 personas donde aparentemente están viviendo la violencia digital. De estas catorce, cuatro sí se atrevieron a denunciar, las otras diez no”, refirió sobre la situación.

La vocera citó que en la colectiva procuran tener un censo de los temas tratados porque saben que actualmente hay “mucha opacidad” de la autoridad en la cuestión de los delitos.

Olguín recordó que esta situación puede abarcar acoso sexual, acoso digital, amenazas de filtrar información e imágenes de contenido íntimo para perjudicar, extorsionar o, inclusive, lograr algún bien económico.

Agregó que, en intercambio de información con otros colectivos, han detectado que los delitos de índole sexual o familiar son puestos “en un mazacote” al momento de hacer la incidencia delictiva por parte de la FGE y la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Estado de Baja California.

“Entonces, no sabemos con exactitud qué tipos de delitos son los que se están viviendo: que si abuso, que si violación, que si estupro, que si acoso. En violencia familiar tenemos varias modalidades: está la violencia vicaria y la están tipificando ‘normal’, como si fuera violencia familiar”, ejemplificó.

Fernanda Olguín consideró que, por lo anterior, este tipo de delitos “van a la alza”.

“Por consecuencia la autoridad también tiene que modernizar su manera de investigar, de tratar, de prevenir este tipo de delitos”, remarcó la activista.

“Por mucho tiempo decidí callar”: Tiffany Abish

Tras presentar formalmente su denuncia ante la FGE, la comunicadora mexicalense Tiffany Abish leyó un pronunciamiento para exponer la violencia que ha sufrido en el mundo digital, incluso desde su época de estudiante.

“Este jueves pasado no fue la excepción. Estos hechos no comenzaron recientemente, sino desde el 2023, pero que por mucho tiempo decidí callar. Por paz mental y por no querer que mi imagen pública se redujera a una historia de violencia. Opté por no hacerlo visible”, expresó.

Citó que fueron creadas cuentas falsas en redes sociales, desde su época de estudiante, para enviarle mensajes ofensivos, además de amenazarla con divulgar supuesto contenido íntimo.

“Todo esto para con el fin de hacerme sentir menos, de intentar manchar mi reputación, y desvalorizar el esfuerzo que he hecho para mantenerme firme en los medios de comunicación”, comentó.

Sobre los mensajes del jueves pasado, Tiffany Abish refirió que fue amenazada de “lo que podría pasar si caía en manos equivocadas” la supuesta información que querían usar contra ella, y le exigían responder si quería evitar esto, por lo que decidió actuar y acudir a la FGE.

“Ya no tengo miedo de hablarlo ni de la denuncia. No pienso seguir dándole la espalda a este tipo de violencias. No sé quien está detrás de estas cuentas ni por qué dedica tanto tiempo intentando dañarme”, mencionó, además de subrayar que ya no permitirá que le quiten la paz y llamó a las autoridades a que investiguen a estas personas que por años la han hostigado.

La fiscal general, Ma. Elena Andrade Ramírez, lo declaró este lunes 27 de octubre en rueda de prensa, donde refirió que, junto con esta persona, también arrestaron a Eduardo Agustín “N”, alias “El Pili”, y Abraham Alexis “N”, alias “El Pelo Cochi”.

Destacó que los sujetos están relacionados con casos donde se nota la saña contra sus víctimas.

Para esto, citó un triple homicidio registrado en un campo de béisbol, registrado el 29 de mayo del año en curso.

“Que se encontraron tres cuerpos apilados en la barda de ese campo de béisbol”, citó, además de referir otro homicidio dentro de vehículo Tacoma negro (6 de julio, 2025) así como la agresión contra Abel Roberto Román Bojórquez, de 18 años de edad (8 de septiembre, 2025).

Andrade Ramírez mencionó que la investigación sigue abierta por la probable participación en otros hechos de alto impacto en la localidad.

“Vean ustedes la violencia, la saña utilizada en los cuerpos de las víctimas”, expresó la funcionaria estatal durante la rueda de prensa, al tiempo de enfatizar que los detenidos se relacionan con temas de tráfico de drogas y posesión de armas de fuego del fuero federal en el puerto.

El caso de Abel Roberto conmocionó a la comunidad del municipio de San Felipe, pues causó indignación en más de 90 agrupaciones y colectivos de búsqueda de Baja California y México, así como de 134 familias independientes y personas solidarias, quienes firmaron un pronunciamiento para repudiar el hecho y exigir un alto a los niveles de violencia en la región. Incluso circuló un video en redes sociales donde se escuchan detonaciones y un hombre huyendo de la escena del crimen.

Su abuela, Paty Orozco, fundó el grupo buscador “Tu madre sigue en la lucha Birzavit Román”, con tres años de acciones.

Esto, para visibilizar el caso del joven desaparecido el 24 de diciembre de 2022, tras salir de su domicilio ubicado en Los Arcos, en San Felipe.

Sin embargo, ante el clima de violencia y el hecho de que hombres encapuchados acudieran a su domicilio, Paty Orozco huyó del lugar, debido a la amenaza de un posible atentado y el hecho de que hombres encapuchados la habían ido a buscar a su domicilio.

El funcionario estatal lo refirió en rueda de prensa realizada este lunes 27 de octubre, luego del asesinato registrado durante la tarde del sábado 25 en el municipio de Ensenada.

De acuerdo a los datos, el ataque a balazos fue registrado alrededor de las 19:00 horas en el interior del negocio, ubicado en la avenida Ruiz, en el corazón de la zona turística porteña.

Gaxiola Rodríguez refirió que al lugar entraron dos personas del sexo masculino, quienes accionaron sus armas de manera directa contra Omar Cisneros.

Tras esto, al lugar acudió la policía municipal de Ensenada y la Agencia Estatal de Investigación (AEI), de la Fiscalía General del Estado de Baja California (FGE), para tratar de localizar a los responsables, pero a los minutos únicamente encuentran un vehículo aparentemente ligado con el hecho.

Agregó que están recabando toda la información posible para la respectiva investigación.

“Ya traemos un dato muy claro que no lo podemos proporcionar, pero estamos dándole ese seguimiento”, aseguró.

-¿Hubo amenazas? -se le cuestionó.

-No hay un registro como tal. Se tuvo con el papá, con la esposa. Ellos no mencionan el tema de amenazas. Habían tenido una circunstancia, una cuestión ahí de un estacionamiento. Es parte también de la posible investigación, pero es a lo que se está dando seguimiento -respondió el fiscal especializado en Homicidios.

Ávila Olmeda fue cuestionada sobre cuándo podría la ciudadanía percibir una reducción en esta materia y, por lo tanto, sentirse segura de andar por la calle.

En respuesta, refirió que es una tarea de comunicación y trabajo “lo que se viene realizando” con todas las fuerzas de seguridad, al tiempo de presumir un operativo en el municipio de Tecate, pero del que se reservó detalles por corresponderle a la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

“Pero hay avances importantes en materia de seguridad. Recordar que cuando nosotros llegamos al gobierno no teníamos una policía sólida en el Gobierno del Estado. No existía la Secretaría de Seguridad. Entonces nos enfrentamos a grandes retos. Sin embargo, hemos notado una tendencia a la baja en homicidios, en robo a casa habitación, en robo a negocio, en robo en vía pública. Prácticamente en todos los delitos”, dijo.

Marina del Pilar subrayó que su administración “no dará un paso atrás” y seguirán avanzando en materia de seguridad.

Sobre la posibilidad de que acuda a Baja California el gabinete de seguridad federal, consideró que es viable la posibilidad dada la coordinación que se tiene todos los días.

“Seguramente pueden venir en los próximos días”, comentó la gobernadora sobre el tema.

Lo anterior forma parte de los más de mil comentarios al darse a conocer el ataque contra el propietario de la birriería Hacienda La Guadalajara (según consta en el Registro Público de la Propiedad de Baja California), negocio ubicado en la zona turística y a dos calles de la Estación de Policía, sin que hasta el momento haya detenidos por este crimen.

Humberto Guerrero cuestionó la capacidad de las autoridades locales: “¿Qué hacen las autoridades? Ya tomen la decisión inmediata. Pueblo sin ley, ya nos rebasó el crimen organizado. La presidenta municipal (Claudia Agatón Muñiz) que tenemos se ve bien pasiva. Necesitamos mano dura. Si no puede, deje su cargo”.

Refugio VR pidió justicia contra el empresario: “Descansa en paz y ojalá que no quede impune como todos los casos que han pasado. Que tristeza mi Ensenada. Ya se volvió peligrosa. Cuando el gobierno no puede, es porque es parte del problema”.

El usuario Thony Magaña cuestionó las declaraciones de la gobernadora, la alcaldesa y la presidenta de México en cuanto al supuesto descenso de los homicidios: “Pero señoras Marina del Pilar (Ávila Olmeda), Claudia Agatón y Claudia Sheinbaum, ¿Qué no habían dicho que en Ensenada ya no hay violencia, que las muertes habían bajado un 98.9 por ciento?”.

Max Rivelino consideró que se estaba mejor con los partidos políticos anteriores: “No defiendo al PRI ni al PAN, pero la verdad: estamos mejor con ellos que con este partido de Morena. Y espero que, para el otro año, ya no voten por Morena, al menos que sean narcos o corruptos”.

Por su parte, Hortencia Zamora y Alma Toloso expresaron sus condolencias a la familia: “No puede ser, como me duele Ensenada. Descanse en paz Omar, un fuerte abrazo a sus padres. Ojalá que no quede impune como siempre” y “Descansa en paz Omar, un joven trabajador. Que tristeza tan grande. Nuestras condolencias a sus padres, hermano y familia”.

Por último, José Torres sugirió la necesidad de tomar medidas extremistas: “Urge que todos los empresarios estén armados y con guardias. Pinche mafia: es hora que todos los ciudadanos andemos armados y hacer una revolución contra la mafia y contra las autoridades, pero ya”.

Para leer más comentarios, las personas podrán consultar: https://www.facebook.com/photo?fbid=1334676471778549&set=a.563906185522252.

El legislador denunció que se trata del primer hecho de esta naturaleza en la historia de la entidad. “El ataque generó reacciones inmediatas del Consulado General de Estados Unidos en México, que emitió alertas a sus ciudadanos”, agregó.

“El daño que se ocasionó en la credibilidad de los ciudadanos, en la tranquilidad y, por qué no decirlo, el pánico de los vecinos es un daño que no podemos dejar pasar por alto. En ese sentido, pido que la Fiscalía General del Estado actúe con toda responsabilidad y profundidad”, advirtió Ramos Hernández.

También subrayó que este tipo de atentados no solo representan una agresión física a las instituciones, sino un reto franco y directo al Estado mexicano, por lo que su esclarecimiento debe ser prioridad para las autoridades.

El exhorto presentado por el diputado Jorge Ramos, presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana en el Congreso local, fue aprobado por unanimidad en sesión de Pleno de la XXV Legislatura, ante la gravedad del hecho y la necesidad de una respuesta institucional firme.