Asegura Marina del Pilar que hay “tendencia a la baja en homicidios”

Luego de los trabajos de perforación del pozo profundo, se procedió a realizar la electrificación, el equipamiento y la línea de conducción; acciones que permitieron incrementar la cobertura del servicio de agua y atender las necesidades de las familias de San Vicente.

La persona agraviada señaló que al acercarse para pedir al agente que no se comportara de manera agresiva con uno de sus acompañantes, el policía la golpeó en la cara, la derribó y continuó agrediendo en distintas partes del cuerpo para después ser trasladada, junto con otras personas, a las instalaciones de la autoridad municipal y a la Estancia Municipal de Infractores.

En la investigación, la CEDHBC obtuvo testimonios que corroboraron las agresiones y documentación médica que permitió acreditar las lesiones. Una valoración identificó fracturas en los huesos propios de la nariz, el seno maxilar izquierdo y el décimo arco costal, además de fracturas en los bordes de dos piezas dentales inferiores. Las lesiones requerían tratamiento médico y tardaban más de quince días en sanar.

El dictamen médico de la Comisión determinó que las lesiones eran compatibles con traumatismos directos y golpes, y que una caída desde la propia altura no explicaba la totalidad de las afectaciones documentadas. Los testimonios recabados señalaron que las agresiones continuaron incluso cuando la persona ya se encontraba en el suelo y había sido esposada.

La CEDHBC concluyó que el elemento policial hizo un uso innecesario y desproporcionado de la fuerza, sin acreditar que la intensidad de la intervención estuviera justificada. También identificó inconsistencias en los informes oficiales respecto a la hora de los hechos, el personal que participó y las circunstancias de la detención, así como deficiencias en la conservación y entrega de documentación relacionada con la puesta a disposición y la atención médica.

Aclararon que el transcurso del tiempo no extingue la obligación de reparar a la víctima, y no puede operar en su perjuicio, máxime cuando la integración del expediente se vio afectada por la falta oportuna de respuesta de la autoridad.

La Recomendación establece nueve medidas dirigidas a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal, entre ellas la inscripción de la persona agraviada en el Registro Estatal de Víctimas y la coordinación para otorgarle una reparación integral del daño, así como atención médica, dental y psicológica especializada y gratuita.

También solicita incorporar una copia de la Recomendación al expediente laboral del agente señalado; capacitar al menos al 50 por ciento del personal operativo, incluido el elemento involucrado, en derechos humanos y uso legítimo de la fuerza; y realizar las evaluaciones correspondientes para determinar medidas preventivas en su asignación.

Además, plantea emitir una circular para fortalecer la elaboración de informes policiales y garantizar la certificación médica de las personas detenidas, así como implementar un registro de cadena de custodia que permita documentar cada etapa de la detención, identificar al personal responsable y preservar la información correspondiente. Y, solicita designar a una persona enlace con la CEDHBC para dar seguimiento a las medidas recomendatorias y mantener una coordinación institucional.

Este esfuerzo da continuidad a las ediciones anteriores del Croquetón, que en 2025 logró reunir 7.7 toneladas de alimento para apoyar la labor de la asociación.

La comunidad podrá realizar sus donaciones hasta el 30 de noviembre en el corporativo de ECA LNG, en el Museo Caracol, en las instalaciones de Los Adoptables A.C. en Maneadero y en todas las sucursales de Helados Delicias, empresa local que se suma a esta edición como aliada y punto de acopio.

Las recomendaciones y especificaciones del alimento pueden consultarse en la página oficial de Facebook de ECA LNG.

Con iniciativas como esta, se busca colaborar con la población, organizaciones y aliados locales para apoyar el rescate y cuidado de animales en situación vulnerable, fortaleciendo los lazos comunitarios y contribuyendo al bienestar de la ciudad.

En el lugar, una mujer informó a los agentes que la vivienda pertenece a su padre, quien se encontraba fuera de la ciudad.

Los oficiales solicitaron el apoyo de Bomberos, cuya unidad M-33 arribó a las 03:54 horas y se hizo cargo de sofocar el fuego.

De acuerdo con el reporte, no había personas al interior del inmueble, por lo que únicamente se registraron daños materiales.

Paramédicos de la unidad AMB-05 también acudieron al sitio y valoraron a cuatro menores de edad, vecinos de la vivienda afectada: un niño de 12 años, una niña de 10, otro niño de cuatro y un bebé de un año y medio, quienes se encontraban en buen estado de salud.

En su participación, la regidora Carmen Enid Pérez Magaña informó que la Ley del Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria de Baja California y sus Municipios establece que las solicitudes de autorización para modificaciones presupuestales deberán presentarse a más tardar el 30 de septiembre del ejercicio fiscal. Sin embargo, refirió que la documentación solicitada excedía esa fecha.

Manifestó que no se encontraba en contra de apoyar al Cuerpo de Bomberos, sino por el procedimiento que considera no se respetó. Ante esto, comentó que los recursos deberían conservarse en sus partidas presupuestales y con los fines originales.

En su caso, el regidor Enrique Ramos Romero señaló que en el texto presentado existen errores que deben corregirse, incluyendo el número correcto de la partida y el número de los uniformes requeridos. De igual manera, el regidor Gabriel Soria Cuevas indicó que respaldaría la propuesta al modificarse las irregularidades.

El resultado de la votación fueron cinco votos a favor, tres en contra y dos abstenciones. A favor votaron Lenin Escobar Pérez, Bertha Isabel Hernández, Virginia López Ramírez, el Síndico Pablo Guerrero y la alcaldesa Miriam Cano. En contra se pronunciaron Jesús Martínez, Enrique Ramos, Gabriel Soria, mientras que en abstención los ediles morenistas Carmen Enid Pérez Magaña y Arnulfo Silva Martínez.

“Los antecedentes referidos permiten advertir que la adquisición solicitada responde a una necesidad operativa previamente identificada y reiterada por la unidad responsable de la seguridad y protección ciudadana, y que su atención resulta relevante para garantizar condiciones adecuadas de protección al personal que interviene directamente en situaciones de emergencia”, refiere la propuesta emitida por la alcaldesa de San Quintín.

Por su parte, múltiples comentarios se han expresado por parte de elementos de la Subdirección de Bomberos, referentes a la falta de apoyos e impacto negativo que generó su adhesión a la Dirección de Seguridad y Protección Ciudadana. En medio de esto, tras el despido de un bombero por “pérdida de confianza”, elementos del área temen pronunciarse públicamente.

Como parte de los cuestionamientos de los regidores, Mendoza Corpus anunció la renuncia de Peralta Figueroa, manifestando que “se encontraba comisionada a diferentes proyectos fuera de San Quintín”. Explicó que este año, Yuniva participó en reuniones para proyectos como “México Imparable”, consistente en la rehabilitación de canchas deportivas y recuperación de espacios. Otras intervenciones serían en las campañas de tequios y Consejos de Paz en seguimiento a la Mesa de Seguridad Nacional.

A pregunta directa, aseguró que Peralta no contaba con viáticos para hospedaje en sus salidas fuera del municipio, además de afirmar que optaba por una estadía en su vivienda familiar en el puerto de Ensenada.

De acuerdo con Mendoza Corpus, la renuncia es “reciente” y se encuentra en procedimiento para remitirse a Oficialía Mayor, así como su eventual proceso de entrega - recepción. “Ella estaba a cargo de algunos proyectos, sin embargo, tuvo complicaciones personales y ya no fue posible seguir”, puntualizó.

Al iniciar la gestión del Primer Ayuntamiento, la alcaldesa Miriam Cano nombró coordinadora de Gestión Municipal a Yuniva Peralta, cargo que anteriormente no existía. Entre enero y marzo del 2025, percibía una remuneración mensual bruta de 52 mil 097 pesos, siendo su remuneración neta 44 mil 651 pesos.

Entre marzo y junio del 2026, tras la erradicación de las compensaciones, percibía una remuneración mensual neta de 25 mil 075 pesos. Asimismo, contaba con una unidad asignada a su cargo: Nissan Frontier 2024 con valor de 922 mil 212 pesos.

Los motivos exactos de su renuncia no fueron revelados.

“Hoy le metimos el corazón y aunque esta vez no pudimos estar arriba en el podio, nos dimos cuenta que no estamos lejos de conseguirlo, sólo queda seguir trabajando y esforzarnos aún más”, dijo el entrenador nacional Pavel Oceguera.

Además, destacó el orgullo que representó competir por México en un escenario internacional de estas características, donde quedó de manifiesto la capacidad y el nivel de los gimnastas mexicanos para participar en competencias de alto nivel, como los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026.

“A la comunidad de gimnasia artística mexicana puedo decirles que se sientan orgullosos por el nivel que practicamos y lo mejor de esto es que esta nueva generación está trabajando, y mucho, para poder colgarnos una medalla”, aseguró Oceguera al término de la competencia.

Asimismo, adelantó que, tras el desempeño mostrado y, principalmente, luego de comprobar que cuentan con las condiciones para contender por los primeros lugares, el grupo de gimnastas se encuentra motivado para iniciar un nuevo ciclo de preparación de cara a sus próximas competencias.

Aunado a ello, la selección mexicana por equipos, integrada por Zaragoza y el también bajacaliforniano Hugo Pérez, junto a Saúl Valenzuela y dirigida por el entrenador ensenadense Pavel Oceguera, concluyó en la séptima posición general durante la jornada en la que también estuvo en juego la medalla de oro.

El podio en esta final de all around estuvo conformado por la medalla de oro para Daniil Smirnov de Rusia, la plata se la quedó el británico Uzair Chowdhury y el bronce fue para el japonés Ikki Nishihara.

“Me siento muy contenta por haber logrado traer plaza para México, junto a mi compañera Lya (Sánchez), siempre hemos procurado que México salga victorioso, que se luzca, que se vea que somos fuertes, que somos muy entregados”, dijo.

En medio de su felicidad por conseguir el objetivo en la capital peruana, la mexicalense destacó que ahora hay que trabajar más porque en Lima 2027, sólo estarán dos representantes de México en arco compuesto femenil.

“Ahora hay que seguir esforzándonos, hay que seguir preparándonos para el próximo evento selectivo que será para conformar la selección que va a representar a México en los Juegos Parapanamericanos 2027”, señaló.

Durante la gira en Sudamérica, Liliana Montiel y Lya Sánchez obtuvieron la medalla de plata en la Serie Mundial en Santiago, Chile, una semana antes de viajar a Lima a conquistar el bronce.

“Ha sido una gran satisfacción, una gran enseñanza”, aseguró, “me deja saber que debo seguir esforzándome, que el nivel de preparación de los atletas es muy alto, entonces, tenemos que esforzarnos un poco más”.

Para mantenerse en camino a los Juegos Paraolímpicos de Los Ángeles 2028, la cachanilla destacó que tiene que trabajar fuerte en el acondicionamiento físico, más que en la parte técnica del tiro con arco.

“Tenemos que trabajar en el acondicionamiento físico, en la técnica, pero principalmente, en el acondicionamiento físico, creo que es el que nos está fallado porque es la base, si estás fuerte podemos lograrlo, porque la técnica ya está, ya la tenemos”, comentó.

Durante la reunión, Julieta Ramírez destacó la importancia de mantener una comunicación permanente con las estructuras del partido, escuchar a la militancia y continuar trabajando de manera coordinada en las colonias y comunidades de Baja California.

Finalmente, las y los participantes reiteraron su disposición de mantener una agenda conjunta de trabajo, fortalecer la participación de la militancia y dar seguimiento a las tareas de organización de Morena en todo el estado.

Esta inversión histórica se traduce en obras estratégicas y programas sociales en materia de seguridad hídrica, movilidad, energía, educación, salud y vivienda, resultado de la coordinación entre ambos órdenes de gobierno y de las gestiones para acercar más recursos y oportunidades a la entidad.

Entre los proyectos prioritarios destaca la Planta Desaladora de Playas de Rosarito, cuya construcción inició en septiembre de 2026, con una inversión pública proyectada superior a 15 mil 600 millones de pesos.

En movilidad, el Viaducto Elevado de Tijuana abrió totalmente a la circulación en marzo de 2026, con 11.4 kilómetros de longitud y una inversión federal de 14 mil millones de pesos. La obra conecta puntos estratégicos como el Aeropuerto Internacional, la Garita de San Ysidro y Playas de Tijuana, reduciendo los tiempos de traslado de una hora a 15 minutos.

Para fortalecer el suministro eléctrico, en junio se inauguró la Central de Ciclo Combinado González Ortega, en Mexicali, con una capacidad instalada reportada de 653 megawatts. También se anunció un subsidio de mil 485 millones de pesos para las tarifas eléctricas de Mexicali y San Felipe, en beneficio de más de un millón 370 mil personas, brindando respaldo a la economía familiar durante la temporada de altas temperaturas.

La coordinación también contempla vivienda y educación. Mediante el programa Vivienda para el Bienestar se prevén más de 80 mil acciones habitacionales en Baja California, mientras que la Universidad Nacional Rosario Castellanos amplía las oportunidades de educación superior con una sede en Tijuana y una nueva sede en desarrollo en Mexicali, acercando la formación universitaria a las y los jóvenes.

En salud y justicia social, destacan el Hospital General Tijuana Zona Este, con 60 camas hospitalarias, así como la ampliación de espacios de bachillerato y los apoyos educativos. En San Quintín, el Plan de Justicia contempla acciones de vivienda, mejoramiento de servicios de salud, acceso al agua, electrificación y atención a los derechos laborales de las familias jornaleras, además de un proyecto hospitalario de 80 camas para ampliar la atención médica en el sur del estado.

La continuidad del respaldo federal y las gestiones del Gobierno del Estado permiten consolidar una inversión sin precedentes para atender las necesidades actuales de Baja California y construir las condiciones para su desarrollo futuro, bajo el principio del Bienestar Compartido.

Mencionó que, desde el inicio de esta administración, se ha reiterado que el combate a la corrupción no es solamente una obligación legal, sino un compromiso de este gobierno con la ciudadanía y con la defensa del patrimonio que pertenece a todas y a todos los bajacalifornianos.

Durante la fase de preguntas, las diputaciones también cuestionaron a la titular de la Consejería Jurídica sobre los siguientes temas: retiro anticipado para miembros del gremio policiaco; sentencias condenatorias por extorsión; ventanilla violeta; defensoría pública; armonización del marco jurídico en materia de pueblos indígenas y afromexicanos, decretos en materia de acceso al agua, y reforma del TEJA y reglamento de la Ley de Autismo, entre otros.

En su intervención, la Diputada Montse Murillo, interrogó a la compareciente, sí contempla la Consejería establecer una oficina permanente de la Defensoría Pública, con personal suficiente en materia penal, familiar y laboral en la cabecera del municipio de San Quintín y en sus delegaciones.

Le respondió la Consejera que, tienen interés en que San Quintín crezca la defensoría pública, y que cuentan con personal físico en las oficinas del Cejum, no obstante, por la gran superficie del municipio y la lejanía de los poblados alejados, es complejo que acudan. Y, que están haciendo lo propio para que haya personas con manejo de lengua indígena para apoyar a quien lo requiera.

Por su parte, la Legisladora Alejandra Ang, le preguntó a la compareciente sobre qué acciones legales o qué programas preventivos ha implementado la Dirección de Combate Legal a la Corrupción, para detectar las acciones de corrupción a través de todas las dependencias y entidades paraestatales.

La Consejera Jurídica aclaró que la citada dirección a su cargo tiene dentro de sus facultades, presentar denuncias por el gobierno del Estado que afecten a los intereses del propio gobierno por actos de corrupción, así como de llevar las demandas que le soliciten las dependencias y entidades, pero no tiene facultades para fiscalizar o para realizar charlas previas, y que esta función es competencia de la Secretaría de Honestidad.

A pregunta expresa del Diputado Juan Manuel Molina García, respondió la funcionaria estatal que, en relación de los salarios homologados de los defensores públicos, coincide, y que siguen impulsando en esta administración, las mesas de trabajo para que se consolide este aumento a sus salarios, buscando las viabilidades financieras para que los defensores obtengan este derecho constitucional.

Participaron en la sesión ampliada de la Comisión de Reforma de Estado, además de la Diputada Montse Murillo, las siguientes diputaciones: Yohana Gilvaja, Mayola Gaona, Gabriela Ponce, Daniel Razo, Juan Manuel Molina, Alejandra Ang, Alejandrina Corral, Julia Andrea González, Evelyn Sánchez, Daylín García y Teresita Ruiz.

Por parte del equipo compareciente, además de la titular, el Subconsejero Jurídico, José Fernando Velardez Núñez; Subconsejera Zona Costa, Brenda Delgado; Directora Estatal de Defensoría Pública, Estela Reyes y el Director de Proyectos Legislativos, Daniel Núñez.