Exalcaldesa de Rosarito, Araceli Brown, señalada en red de protección al Cártel de Sinaloa


Hilda Araceli Brown Figueredo es señalada por autoridades de EEUU de haber facilitado protección política a la facción de Los Mayos. - Foto: Cortesía.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), sancionó a integrantes de la facción de Los Mayos del Cártel de Sinaloa, revelando vínculos de la organización con actores políticos y empresariales en Baja California.
Entre los señalados aparece la exalcaldesa de Playas de Rosarito, Hilda Araceli Brown Figueredo, a quien autoridades estadounidenses acusan de haber sido cooptada por operadores políticos y financieros ligados al cártel, con el fin de facilitar la protección de sus actividades delictivas.
De acuerdo con el informe, Brown habría mantenido una relación estrecha con Candelario Arcega Aguirre, identificado como operador político del Cártel de Sinaloa en la región. A través de esta cercanía, Arcega habría colocado a aliados en posiciones clave del gobierno municipal, mientras que, junto con el empresario Jesús González Lomelí —dueño de bares y restaurantes en Rosarito—, actuaban como intermediarios entre Brown y los hermanos Arzate, operadores de la facción de Los Mayos.
Durante la administración municipal de Brown, los tres habrían colaborado en la recaudación de pagos de extorsión y en garantizar, mediante la corporación de seguridad pública local, la protección de las operaciones del grupo criminal.
El Tesoro estadounidense incluyó a Brown en su lista de personas sancionadas bajo las órdenes ejecutivas 14059 y 13224, que permiten bloquear propiedades y prohibir transacciones financieras en territorio estadounidense a quienes actúen directa o indirectamente en representación de organizaciones terroristas extranjeras, como lo es el Cártel de Sinaloa.
Con esta acción, las autoridades norteamericanas subrayan que Rosarito —por su ubicación estratégica junto a la frontera— ha sido pieza clave en el tráfico de drogas hacia Estados Unidos y, según las acusaciones, contó con protección política al más alto nivel municipal durante la gestión de Brown.