Encuadre
La poda total de un árbol puede provocar su muerte o un daño irreversible. - Foto: ZNN.
La autoridad municipal encargada de ecología parece no tener claro lo más básico: un árbol no es un estorbo que se desecha como un mueble viejo, sino un organismo vivo cuya función ambiental es irremplazable. La reciente poda total de las ramas de siete árboles en la calle sexta del centro de la ciudad en Ensenada no solo es un acto de negligencia, sino una agresión directa que puede resultar mortal para el organismo. Un ecocidio.
En plena crisis climática, cuando cada árbol cuenta para la reconversión de gases contaminantes como el bióxido de carbono en oxígeno, el Ayuntamiento de Ensenada debería ser el primero en protegerlos, no en mutilarlos, como otros que ha cortado en la ciudad.
Resulta contradictorio que, mientras se promueven campañas de reforestación y educación ambiental a nivel nacional, las propias cuadrillas municipales actúen como si el arbolado urbano fuera prescindible y un estorbo.
Las normas internacionales y las recomendaciones técnicas son claras: no se debe retirar más del 25% de la copa de un árbol en una sola temporada de poda. Eliminar todas sus ramas no es mantenimiento: es una sentencia de muerte.
Sin hojas verdes el árbol pierde su capacidad de fotosíntesis, no puede convertir la energía solar en alimento, y queda expuesto a plagas, hongos, insolación y estrés fisiológico. Peor aún si esto ocurre al final del verano, justo antes de la temporada en que el árbol se prepara para crecer y recuperarse.
La poda responsable existe por una razón: retirar ramas muertas, enfermas o peligrosas, o dar espacio al desarrollo de otras, incluso liberar un poco el espacio para la infraestructura urbana. Lo que hicieron fue lo contrario: despojar al árbol de toda posibilidad de sobrevivencia, ojalá y sobrevivan.
El "shock" energético que provoca una poda total puede detener el crecimiento y llevar a la muerte progresiva del ejemplar. Además, los múltiples cortes abiertos se vuelven puertas de entrada para insectos y hongos, debilitando todavía más su estructura.
Si la dependencia de ecología permite —o peor aún, ordena— estas prácticas, queda claro que falla en su deber de proteger el arbolado urbano y su titular debería renunciar.
Queda pendiente saber si solo se trata de ignorancia, indiferencia o simple falta de supervisión. Lo que no queda en duda es que estas decisiones dañan el entorno, degradan la calidad del aire y contradicen cualquier discurso de sustentabilidad que el gobierno municipal pretenda sostener. Es mala publicidad no solo para el gobierno sino para toda la población.
Proteger un árbol no es una ocurrencia romántica: es una obligación ambiental, legal y ética. Lo que ocurrió debe señalarse por su nombre: un atentado a un ser vivo, una mutilación innecesaria y negligente, ejecutada por quienes deberían estar capacitados para evitarla.
