Suspenderá CFE tres horas electricidad en zona de Ex Ejido Chapultepec

Entre los entes cuyas cuentas fueron sometidas a consideración se encuentran el Patronato del Centro de Desarrollo Humano Integral Centenario; la Fiscalía General del Estado; el Instituto de la Mujer para el Municipio de Mexicali; el Instituto de Transparencia, el Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Baja California; el Comité de Turismo y Convenciones del Municipio de Mexicali; el Instituto Municipal de Arte y Cultura de Rosarito y del Instituto Municipal de la mujer de Tecate.

Asimismo, el Instituto de Cultura; el Instituto Metropolitano de Investigación y Planeación de Ensenada; el Instituto Municipal de la Juventud de Mexicali; la Universidad Intercultural de Baja California; el Instituto de la Mujer para el Estado de Baja California; la Universidad Autónoma de Baja California; el Instituto Municipal del Deporte de Playas de Rosarito y la Comisión Estatal del Sistema Penitenciario de Baja California.

Por otro lado, la cuenta que se dictaminó como no aprobatoria por diversos hallazgos y observaciones corresponde al Instituto Municipal de la mujer de Tecate. Por parte del órgano legislativo, se destaca que la votación de los dictámenes no suspende el trámite de las acciones promovidas por la Auditoría Superior del Estado de Baja California (ASEBC), de manera que continúa el proceso correspondiente.

Con la aprobación de estos dictámenes, el Congreso del Estado da continuidad a su responsabilidad constitucional de revisar y fiscalizar las cuentas públicas, así como de dar seguimiento a las observaciones detectadas, como parte de la vigilancia legislativa sobre el ejercicio de los recursos públicos.

Pese a que la madre del menor denunció la sustracción de su bebé desde que ocurrieron los hechos, hasta la mañana de este viernes 18 de septiembre, desconoce el paradero de su hijo.

El bebé de 10 meses de edad por prematurez, se encuentra en riesgo desde hace 10 días, y aunque la madre ha señalado a las autoridades, que el pequeño debe recibir medicamento y lactancia materna de forma inmediata, aún no se gira una orden de localización.

Eel Policía Municipal, quien ya había sido denunciado por la madre del bebé por robo de más de 300 mil pesos, robo de vehículo, entre múltiples delitos, interpuso una denuncia contra ella por violencia familiar, argumento de las autoridades de la Fiscalía Estatal para limitarse a emitir la Alerta Amber, dejándo de lado los derechos del menor a la salud, su protección y su bienestar.

De acuerdo a las Normas Oficiales Mexicanas (NOM), las normas legales y Sanitarias respaldan al bebé.

En el Principio del Interés Superior de la Niñez

Artículo 4° Constitucional, hacia jueces y autoridades, indica priorizar el bienestar físico y la salud del lactante por encima de cualquier desacuerdo entre familiares.

La ley General de los Derechos de Niñas y Niños, protege el derecho a la vida, la salud, la alimentación y la preservación del vínculo materno en etapas de primera infancia.

El suspender repentinamente la leche materna en un lactante puede causarle severos trastornos gastrointestinales, emocionales e inmunológicos.

Ante esta situación, la madre del bebé acudió a la Dirección de Seguridad Pública Municipal donde fue atendida por las autoridades, sin embargo el oficial no ha sido requerido, ya que solicitó vacaciones, periodo en el que cometió la sustracción.

La madre del bebé pide la intervención de la Fiscal, Ma. Elena Andrade Ramírez ante esta crítica situación, en la que señaló "Pareciera que el sistema está protegiendo al Policía y no al menor".

"Como medida de seguridad y prevencion las clases del día viernes 4 de septiembre del año en curso se llevarán a cabo en linea, reanudandose en horario normal el día sábado 5 de septiembre, para el ingreso será necesario presentar su gafete vehicular, credencial de estudiante y en caso de no contar con ella deberán proporcionar nombre completo y número de control".

Hasta el momento no se han reportado incidentes dentro del plantel.

La legisladora señaló que el derecho a la educación no depende únicamente de los planes de estudio y del personal docente, sino también de que las escuelas cuenten con instalaciones seguras y funcionales, sin embargo, en Baja California diversos planteles han sufrido robos, daños en instalaciones eléctricas e hidráulicas, sustracción de equipo y actos vandálicos que, en algunos casos, han obligado a suspender clases durante semanas o meses.

Indicó que mientras se realizan los procedimientos administrativos y presupuestarios para reparar los daños, se perjudica directamente a miles de estudiantes, por ello, considera necesario establecer un esquema preventivo que permita reducir los tiempos de respuesta institucional y fortalecer la capacidad del Estado para atender estas contingencias.

La iniciativa establece que las autoridades deberán identificar y evaluar los riesgos; diseñar estrategias preventivas; implementar mecanismos para atender oportunamente los daños; incorporar instrumentos administrativos, financieros o presupuestarios conforme a la disponibilidad de recursos; y promover la coordinación entre las dependencias responsables para fortalecer la resiliencia de los planteles educativos.

Asimismo, la diputada precisó que la reforma no invade las atribuciones del Poder Ejecutivo ni obliga a contratar seguros o realizar un gasto específico y explicó que la propuesta únicamente incorpora un principio rector dentro de la Ley de Educación, dejando a la administración pública la definición de las herramientas técnicas y financieras más adecuadas para su implementación.

Corral Quintero destacó que la iniciativa prevé que la implementación de este modelo se realice de manera progresiva, con cargo a los recursos autorizados para las dependencias competentes y sin crear estructuras administrativas adicionales ni generar erogaciones extraordinarias, con el fin de consolidar una política pública que fortalezca la seguridad y operatividad de los planteles educativos de Baja California.

IMSS-Bienestar ha generado críticas por recortar el horario y personal en San Vicente, lo que orilló al grupo voluntario a suspender traslados porque aumentaron sus costos de operación al hacerse cargo de lo que le corresponde a la dependencia federal; también por el caso de la niña de 2 años, Ximena Vásquez Nava, pues su familia denunció que no recibieron atención en Maneadero.

Sobre San Vicente, el capitán compartió que en este tiempo se han registrado alrededor de 20 casos de emergencia, de los que 8 han sido atendidos por la Dirección de Bomberos de Ensenada, mediante su ambulancia y bombera.

“El resto los hemos atendido nosotros a pesar de la suspensión. Por cuestiones de la gravedad de la emergencia, por ejemplo, los dos incendios de casa que se han dado, para evitar que pase a desgracias mayores. Venir la bombera desde Ensenada implica dos horas de tiempo, y nosotros estamos a 10 minutos”, explicó García Trujillo.

Recordó que las y los voluntarios están distribuidos a largo y ancho del poblado, por lo que tienen la oportunidad de movilizarse con rapidez, cuentan con unidades listas, al tiempo que preparan con agilidad sus equipos personales.

“Hemos estado atendido servicios de extrema urgencia, nada más. Incendios de casa o de auto, que se dan en el poblado. Para efectos de incendios forestales, que ha habido muy poquitos, se los estamos dejando a Ensenada”, agregó.

Ejemplificó el caso de un hombre de 81 años que fue atropellado durante la noche: lo ayudaron porque la unidad podía tardar hasta una hora en llegar desde Ensenada.

“Levantamos al paciente y lo trasladamos al Seguro Social tradicional. Ahí lo dejamos para su atención, en lo que llegaba la ambulancia. De alguna manera hemos estado contribuyendo a atender las emergencias”, puntualizó.

De los Bomberos de Ensenada agregó que han tenido “muy buena suerte”, pues casi no se han registrado casos en este periodo, además de que los voluntarios de la delegación se mantienen alertas y hacen las valoraciones respectivas.

Sin respuesta eficaz por parte de los gobiernos estatal y federal

Sobre la reunión anunciada por la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda con IMSS-Bienestar, el capitán Jorge Alberto García Trujillo consideró que, en su opinión, no es más que “pura política”.

“Son acuerdos que solamente toman entre ellos para satisfacer la necesidad de decir que están cumpliendo”, criticó.

Recordó que en la última gira de trabajo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, realizada el 19 de junio en San Quintín con motivo del Plan de Justicia para los Trabajadores Agrícolas, fueron de los primeros en entregar un oficio-petición par manifestarle las problemáticas de salud en San Vicente, Eréndira y la zona rural.

“Apenas el día de antier (29 de julio) recibí contestación de la Secretaría de Gobernación, y la respuesta fue única y exclusivamente que ‘ellos ya le mandaron los oficios al Secretario de Saludo en el Estado (Adrián Medina Amarillas), ya le enviaron el oficio al encargado de asociaciones civiles y le mandaron el oficio (a la presidenta municipal de Ensenada) Claudia Agatón’, diciéndoles que ‘nos expliquen cómo están lo de los horarios y que necesitamos gasolina”, abundó.

El capitán cuestionó el tipo de respuesta, pues ya se han acercado a dichas autoridades, pero sin éxito.

“Así fue: tan burdo. Si me preguntas que espero que se resuelva, no espero que resuelvan nada. No están tomando en serio a la gente, a la población. Están permitiendo que pasen las cosas sin la más mínima preocupación. Ahí está el ejemplo la niña de 2 años. Quizás estuviera viva esta creatura y otras personas que también requerían servicios médicos y que terminaron falleciendo días después”, concluyó Jorge Alberto García Trujillo.

Explicó que ante esta carencia ya no tienen a donde llevar a cualquier enfermo o lesionado de accidente carretero, además de que tampoco está disponible el servicio para quienes lleguen por sus propios medios o en patrullas.

Esto afecta a quienes no tienen seguridad social, que es el esquema del IMSS-Bienestar, pues las opciones son recorrer 90 kilómetros hasta el puerto de Ensenada u otros 90 kilómetros hasta la delegación Vicente Guerrero, el municipio de San Quintín.

“Corremos a Ensenada por pertenecer y encontrarse más oportunidad de servicios médicos. Lo que pasa es que, al faltar el servicio médico en San Vicente, el Hospital General por protocolo -cuando son de lugares lejanos- te pide que vayan referenciados por un instituto público. En este caso, los que hay aquí, es el anterior Centro de Salud -hoy IMSS Bienestar- o el IMSS tradicional”, detalló.

Del ordinario, al no ser derechohabientes no recibían a los pacientes, prosiguió, salvo en ocasiones por la gravedad, pero ni siquiera ingresaban al edificio.

“Nos atendían en las unidades, afuera en la calle”, recordó el capitán.

García Trujillo mencionó que, antes de este problema, había tres o cuatro doctores, así como los pasantes y enfermero, en el IMSS-Bienestar.

“No quedó nadie: después de las 2 de la tarde se cierran las puertas y se acabó el servicio”, citó.

Agregó que al hacer los traslados hasta el puerto de Ensenada, se les triplicaron los gastos, pues no hay un doctor para determinar si un paciente se puede retirar por sus propios medios, solicitar una ambulancia especializada, o ser transportados en las unidades del grupo.

“Eso también evitaba la saturación del hospital en Ensenada. Se complicó la situación”, advirtió.

El capitán Jorge Alberto García Trujillo refirió que han entablado comunicación con el director del IMSS-Bienestar en Mexicali, el doctor Miguel Romero Flores. Al principio no les contestaba, pero tras el reciente cierre carretero en la zona, empezaron a entablar comunicación con el grupo.

“Comprometiéndose a que se iba a reinstalar el servicio médico de inmediato, lo cual no ha sucedido porque no tenían a los médicos contratados, de manera que, a decir del doctor Romero, ya está en proceso toda la contratación y todo el proceso de instalar a los nuevos médicos, pero todo está todavía en la Ciudad de México”, señaló.

Ante la próxima suspensión, García Trujillo reiteró el mensaje de extremar precauciones y evitar causar incendios, pues no habrá traslados prehospitalarios ni de bomberos; también revisar instalaciones de gas y eléctricas, evitar el uso de velas en cuartos, y que también lo consideren los pacientes que requieran traslados para sus tratamientos.

Bomberos y Rescate Voluntario San Vicente, B.C., tiene casi 21 años de servicio para una población de alrededor de 10 mil personas; a la fecha son 12 personas y cuentan con siete unidades en servicio. Para estas labores, ellos corren con sus propios gastos y, eventualmente, reciben donativos de personas altruistas.

“En lo que va del año, en estos primeros cinco meses, llevamos ya 97 servicios otorgados a la población en todo: incendios forestales, estructurales, automovilísticos, delitos de alto impacto, riñas, choques, suicidios… todo”, remarcó el capitán sobre la relevancia que la agrupación tiene para la delegación.

Personal de la Patrulla Espiritual fue acusada por la comunidad Lgtttbiq+ por presunta violencia y maltrato contra una persona trans, tras cortarle el cabello y despojarla de sus vestimentas y adornos, según un video que circuló en días pasados; a raíz de esto se les señaló de probables prácticas de conversión y en contra de la diversidad sexual de la víctima.

Rodríguez Moreno reconoció la labor de las organizaciones de la sociedad civil que brindan atención a personas en contexto de vulnerabilidad, principalmente en situación de calle.

“Por los hechos sucedidos, nuestra gobernadora nos ha instruido que desde una mesa interinstitucional reforcemos la capacitación y los protocolos de actuación hacia dentro de los establecimientos especializados para el tratamiento de adicciones”, dijo.

Recordó que las personas en situación de calle cuentan con derechos y que los procesos en dichos lugares deben, en primer lugar, salvaguardar su dignidad con perspectiva de derechos humanos y sin discriminación.

Sobre las “terapias”, mencionó que todos los establecimientos cuentan con un protocolo de actuación validado por la Secretaría de Salud de Baja California.

La fiscal general, Ma. Elena Andrade Ramírez, confirmó que existe la denuncia formal contra la Patrulla Espiritual.

“Hay una denuncia radicada por privación ilegal de la libertad y lo que resulte en investigación”, dijo, al tiempo de adelantar que será pedida la información necesaria sobre la revisión del centro.

El secretario Adrián Medina Amarillas agregó que han tenido reuniones con los dueños de estos lugares y hacen las visitas correspondientes, por lo que seguirán al pendiente de que cumplan con las medidas.

“La mayoría cumplen. Están en la mejor disposición de apegarse a la normatividad para poder reinsertar estas personas a la sociedad”, afirmó, al tiempo de referir que hay casi 350 centros oficiales en la región.

Jorge Ochoa, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Baja California, indicó que abrieron un expediente de oficio, además de que emitieron algunas medidas cautelares para salvaguardar la integración física de la mujer trans que está en el centro.

“Con la finalidad de ver en qué parte está, cómo está siendo tratada, si está bien físicamente”, citó, al tiempo de mencionar que un visitador ya habló con la víctima, y esta refirió que “está siendo respetada”.

Aclaró que el hecho de que una persona esté afectada por el consumo de sustancias no suspende los derechos humanos, como el derecho al libre tránsito y a la integridad física.

“Cada quien es responsable de sus propios actos, pero como autoridad nos debemos preguntar, ¿estamos haciendo todo lo que podemos para prevenir accidentes, para salvar vidas?”, señaló.

Cantón Rocha resaltó que las medidas son severas, pero el precio más alto sería perder más vidas por accidentes viales.

Sostuvieron que, de la valoración inicial se determinó que no existe un riesgo inminente y calificaron estos actos como "manifestaciones irresponsables" que no deben ser minimizadas debido a la inquietud que generan.

Ante ello, instituciones públicas coincidieron en expresar su solidaridad, dar a conocer protocolos, pero también en llamar a los padres a estar atentos a comportamientos, conductas, actividades en redes sociales, y otros aspectos de sus hijas e hijos.

Además, detallaron información relacionada con los protocolos que se aplican en las instituciones en caso de detectar actos de alerta.

Este es uno de los comunicados:

“En relación con situaciones recientes que han generado inquietud en nuestra comunidad escolar, la Escuela Secundaria No. 1 “Héctor A. Migoni Fóntes”, informa:

Como comunidad educativa, expresamos nuestra solidaridad con el personal y comunidad de la Escuela Secundaria No. 2, reconociendo que las escuelas no estamos exentas de enfrentar situaciones complejas que requieren atención oportuna, profesional y corresponsable.

Nuestra institución se maneja permanentemente en apego a los lineamientos normativos y protocolos establecidos por la Secretaría de Educación, priorizando la seguridad, el bienestar y la formación integral de nuestras y nuestros estudiantes, en apego al principio del Interés Superior de Niñas, Niños y Adolescentes, así como a la promoción de la Igualdad Sustantiva, trabajando de manera sostenida para garantizar condiciones de atención equitativas y justas para toda la comunidad escolar.

Cuando un alumno presenta conductas que afectan la convivencia escolar, se implementa un proceso gradual que incluye:

•⁠ ⁠Llamadas de atención y orientación formativa

•⁠ ⁠Reportes y seguimiento institucional

•⁠ ⁠Citatorios a madres, padres o tutores

•⁠ ⁠Acuerdos de corresponsabilidad

•⁠ ⁠Canalización a atención psicológica

•⁠ ⁠Y, en casos necesarios, la asignación de actividades a distancia como medida formativa

Es importante señalar que la modalidad a distancia no es una solución aislada, sino parte de un proceso que requiere obligatoriamente del acompañamiento familiar.

Por ello, hacemos un llamado respetuoso pero firme a madres, padres y tutores para que, en estos casos:

• Den seguimiento puntual a las actividades académicas en casa
• Mantengan comunicación constante con la escuela
• Cumplan con la asistencia a citas y acuerdos establecidos
• Garanticen el acompañamiento emocional de sus hijas e hijos
• Atiendan de manera responsable la canalización a servicios psicológicos

La falta de este acompañamiento vulnera el desarrollo integral del alumnado y puede derivar en situaciones que afectan tanto a la persona como a la comunidad escolar.

Como institución, reafirmamos nuestro compromiso de actuar con responsabilidad, profesionalismo y apego a la normatividad; sin embargo, es fundamental recordar que la formación de nuestras y nuestros adolescentes es una tarea compartida entre la escuela y la familia.

Solo mediante el trabajo conjunto podremos fortalecer una comunidad basada en el respeto, la responsabilidad y la cultura de la paz.

Atentamente,

Dirección Escolar

Escuela Secundaria No. 1

“Héctor A. Migoni Fóntes”

-POR LA PATRIA CON HONOR Y DISCIPLINA-”

El encuentro destacó por la presencia de autoridades de seguridad, pues incluso estaba estacionada una unidad de la Guardia Nacional (GN) al frente del plantel, según documentó Zona Norte Noticias; el encuentro fue únicamente para las y los familiares, y se pidió que no acudiera el alumnado.

Ante la multitud sentada en el patio y gradería, Ruvalcaba Castañeda refirió que durante la tarde del lunes 13 acudieron a las oficinas de la Fiscalía General del Estado de Baja California (FGE).

“Ayer por la tarde nos personalizamos ante la Fiscalía de Atención al Menor, donde estamos exigiendo nosotros como colectivo escolar una orden de protección y alejamiento de una persona señalada como promotora de un acto, no sé si llamarle terrorismo, pero que atenta contra la seguridad del personal y los propios alumnos”, dijo.

El director enfatizó que es su obligación atender estos asuntos y exigir a las autoridades estatales el apoyo con dicho documento.

“En tanto no tengamos ese documento, no vamos a estar trabajando de manera presencia. Me coordinaré con las autoridades correspondientes para ver la manera en cómo vamos a atender el tema educativo. Quiero garantizarles a ustedes que haya seguridad, tranquilidad, paz y sana convivencia dentro de la escuela antes de reanudar labores”, aseguró Eusebio Ruvalcaba Castañeda.

Como parte de su mensaje, agradeció el apoyo de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) de Ensenada, pues los han apoyado con capacitaciones con docentes, alumnos y padres y madres de familia.

Las personas interesadas en conocer más detalles de la asamblea, donde se les habló de medidas de seguridad y protocolos, podrán consultar la transmisión en vivo realizada por Zona Norte Noticias: https://www.facebook.com/ZNNEnsenada/videos/4352767895040547.

Reforzará DSPM revisiones y rondines

Revisión de mochilas, pláticas de prevención dirigidas familias, así como y rondines de vigilancia, formarán parte de las acciones para mantener un entorno seguro en la Escuela Secundaria Diurna No. 2 “José Salazar Ceballos”, tras la alerta de un estudiante acusado de presuntas conductas agresivas.

María Elena Monreal Mendoza, subdirectora de prevención al delito, de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) de Ensenada, lo declaró a la prensa este martes 14 de abril de manera previa al encuentro con más de 200 madres y padres de familia en el plantel indicado.

Como parte del acercamiento, la oficial expuso los programas de Responsabilidad de Omisión de Cuidados para Padres de Familia y Protocolos de Actuación.

Monreal Mendoza enfatizó en la importancia de hacer un enlace de empatía y responsabilidad, de coadyuvar en conjunto para poder mediar este tipo de situaciones.

“Es importante hacer mención sobre la importancia de la revisión de pertenencias en los planteles educativos, pero esa recomendación también se hace a los padres de familia: estar al tanto de lo que traen consigo nuestros hijos en las mochilas. Estar pendiente de los objetos que no se pueden presentar al plantel educativo”, subrayó.

La subdirectora ejemplificó que estos pueden hacer artículos que en casa no pondrían en riesgo a alguien, como un cortaúñas, desodorante, perfume con alcohol o spray, pero que sí podrían poner en riesgo a la comunidad de un plantel educativo.

Agregó que también se recomienda conocer a las amistades de los hijos, si realizan un deporte o lo utilizan como pretexto para tener una convivencia no sana fuera de casa.

Monreal Mendoza recordó que en el plantel han realizado actividades y acercado distintos programas, además de implementar filtros aleatorios de revisión de pertenencias, con el apoyo de agentes caninos.

“Y hasta el momento no se ha detectado algún objeto punzocortante, sin embargo, es importante que sea de una forma periódica, que los jóvenes sepan que ese tipo de actividades van a ser permanentemente llevándose a cabo. También los recorridos de vigilancia que hace el sector, el polígono de seguridad y que hace el área de Prevención al Delito”, citó.

La subdirectora de prevención al delito refirió que, el lunes pasado, tuvieron una plática con personal docente de cómo activar, o reforzar, las líneas de acción preventivas.

“Vamos a brindar recorridos de vigilancia, como ya lo hemos mencionado que lo hemos estado dando, pero también necesitamos la participación de los padres de familia. Creo que hoy, ese contacto que hagamos es para eso: necesitamos una participación útil”, enfatizó.

Además de la DSPM, al lugar acudieron elementos de la Guardia Nacional, la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana, personal de Seguridad Escolar de la Secretaría de Educación y directivos del plantel.