Refuerzan vigilancia en playas de la localidad

De acuerdo con el reporte emitido por el C5 a las 17:02 horas, elementos de emergencia acudieron al lugar tras recibir el aviso. A su arribo, el personal de Bomberos llegó al sitio.

Según la información preliminar, el joven, un masculino de 23 años, fue auxiliado por otra persona que también se encontraba en un kayak, quien logró ayudarlo a salir del mar antes de la llegada de los cuerpos de rescate.

Salvavidas brindaron apoyo mientras que paramédicos de la Dirección de Bomberos proporcionaron atención médica al afectado.

El operativo iniciará a las 8:00 de la mañana. A partir de esa hora, los residentes deberán colocar sus residuos sobre la vía pública en las calles Plutarco Elías Calles, Federico Gamboa y Juan Rulfo.

Se trata de la séptima jornada de este tipo programada durante el segundo trimestre del año. En operativos anteriores se atendieron las colonias Los Encinos, Las Peñitas, Ignacio Altamirano, Piedras Negras, La Escondida y Playas de Chapultepec.

Los operativos forman parte de una estrategia de prevención de enfermedades transmitidas por vectores —garrapatas y mosquitos— coordinada entre la Dirección de Servicios Públicos, el Departamento de Servicios Médicos Municipales y la Jurisdicción de Servicios de Salud en Ensenada.

La dependencia municipal llamó a los vecinos de la colonia Aeropuerto a sacar muebles viejos, colchones, alfombras y residuos de traspatio que puedan convertirse en criaderos de mosquitos o garrapatas, factores de riesgo para enfermedades como rickettsiosis, dengue y paludismo.

Las colonias que requieran este servicio pueden solicitarlo por WhatsApp al número 646 288 1773, anexando nombre, teléfono, dirección con calles de referencia, y fotografías o videos cortos del sitio a atender.

La mandataria estatal lo resaltó este martes 21 de abril durante su conferencia matinal realizada en el municipio de Ensenada.

Ávila Olmeda recordó que este programa busca garantizar a las y los bajacalifornianos el acceso a viviendas nuevas, dignas y con certeza jurídica, para que las familias puedan contar con su patrimonio.

“Somos el único estado en todo el país que diseñó un Programa Estatal de Vivienda y nos estamos sumando también al programa de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y el Infonavit de Vivienda para el Bienestar. Esto significa que en Baja California hay alrededor de 424 mil personas que hoy viven en mejores condiciones”, refirió.

Marina del Pilar indicó que, a la fecha, han registrado 106 mil 057 acciones de vivienda social, de las cuales 40 mil 228 corresponden a casas nuevas en los siete municipios del estado, mejorando la calidad de vida de miles de familias bajacalifornianas.

La gobernadora previó que, durante su administración, se proyecta una inversión de más de 50 mil millones de pesos de recursos propios, destinados a infraestructura hídrica, obras de movilidad, vialidades dignas y bacheo en apoyo a los municipios del estado.

Arturo Espinoza Jaramillo, secretario de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Reordenación Territorial (Sidurt), mencionó el diseño de un esquema para atender las necesidades de vivienda, derivado de un diagnóstico sobre el rezago habitacional en la entidad.

Sobre los municipios, enumeró que en Ensenada van 11 mil 787 acciones de vivienda social; en Mexicali se han registrado 40 mil 181 acciones; en Tijuana, 43 mil 252; en San Quintín, 4 mil 672; en Playas de Rosarito, 2 mil 616; en Tecate, 2 mil 691; y en San Felipe, 858.

Las autoridades agregaron que, en forma complementaria, han impulsado programas como Casa Fuerte, mediante el cual se ha beneficiado a más de 74 mil personas con apoyos para el mejoramiento de sus hogares.

También la estrategia Transformando Comunidades y Techos Solares para el Bienestar, que contribuye a disminuir los costos de energía eléctrica en Mexicali y San Felipe.

Para las personas interesadas en conocer los fraccionamientos registrados dentro del programa, se invita a la población a visitar el sitio web del Programa Estatal de Vivienda 2022–2027: http://www.sidurt.gob.mx/pev/.

La audiencia comenzó a las 09:23 horas del lunes 23 de marzo, tuvo un receso pasadas las 01:00 horas de la madrugada del 24 de marzo, y concluyó hasta después de las 09:00 horas de este día, en el Juzgado 6 del Centro de Justicia Alternativa de Baja California, en el municipio de Mexicali.

“Fue una audiencia maratónica. No sé si ustedes han experimentado una tan larga: 24 horas y media. No hubo sorpresas: sabíamos que nos iban a vincular, sabíamos que ese era el propósito. Además, para que aprendan y no se anden peleando con la gobernadora”, declaró a la prensa Bonilla Valdez tras concluir dicha jornada.

La resolución a cargo del juez de Control, Gerardo Anguiano Ceja, en la causa penal 4932/2022, es que el exsenador llevará el juicio en libertad y se le fijó como medida cautelar el pago de una garantía por 100 mil pesos.

Conforme a los datos documentados, el juicio consta de 20 volúmenes y hasta la audiencia 13 se presentó Bonilla Valdez, pues su defensa había logrado diferirlas por múltiples razones, incluida la fractura de un tobillo de uno de los abogados.

Entre los argumentos para desestimar las acusaciones de la Fiscalía General del Estado de Baja California (FGE), los abogados Humberto Velazco e Hiram Sánchez aseguran que son “incompetentes” los señalamientos por parte de la autoridad, pues los delitos están relacionados con “actos de corrupción” y tendría que haber sido la encargada de la investigación la fiscalía especializada en dicha materia.

También que supuestamente no existen pruebas para vincularlo, pues en el caso de abuso de autoridad el pago de 123 millones de pesos fue hecho del 20 de enero al 11 de febrero de 2022, cuando ya no era gobernador bajacaliforniano.

Y que el delito de peculado también habría ocurrido tras la gestión del exsenador.

De manera general, el juez indicado estableció un periodo de seis meses para el cierre de la investigación complementaria.

“No hay ningún tinte político: hay 9 personas vinculadas”: Marina del Pilar

Por su parte, la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda declaró este martes 24 de marzo, durante su conferencia matinal realizada en Playas de Rosarito que el proceso contra Bonilla Valdez carece de “tinte político”, además de que data desde el inicio de su administración.

“No hay ningún tinte político, al contrario: hay nueve personas vinculadas, él no es el único. Son diez en total. Estamos hablando de miles de millones de pesos. Él podrá decir lo que considere para su defensa. Es un proceso. Si hubiera tintes políticos, hubiéramos actuado de otra manera. No lo hemos hecho”, respondió Ávila Olmeda.

La mandataria estatal reiteró que sólo buscan “proteger los recursos públicos del Estado”, en referencia al contrato que “arriesgaba el patrimonio de las y los bajacalifornianos”.

Recordó que Bonilla Valdez perdió el fuero y en 13 ocasiones fue diferida la audiencia inicial, además de que el dueño de Next Energy, Eugenio Javier Maiz Domene, está detenido en Aguascalientes, por un proceso “muy similar” pues implica “mismos actores, mismo proyecto”, al igual que otro similar registrado en Monterrey, Nuevo León.

Juan José Pon Méndez, asesor jurídico del gobierno estatal, contextualizó que fue suscrito un contrato para la construcción de una planta fotovoltaica.

“Contrariamente a lo que puedan decir estas personas, claramente en la convocatoria del 2020 y en el contrato plurianual, se establece que ambos tienen como propósito la construcción de un centro de energía a través de celdas fotovoltaicas. Eso está muy claro”, remarcó el abogado.

Agregó que, además, en su momento la entonces secretaria de Energía, Rocío Nahle, envió un oficio donde determina que, tomando en cuenta esa convocatoria del 2020, le señalaba que “los estados no eran competentes para llevar a cabo ese tipo de licitación”, pues la única autoridad competente era la dependencia federal a su cargo.

“Y no obstante eso, se procedió a llevar a cabo ese contrato de adjudicación. A la fecha, de haber actuado nosotros por ese contrato leonino, en el que estamos obligados a pagar inclusive, aunque no se construyera esa planta fotovoltaica, hubiéramos pagado a la fecha más de 6 mil millones de pesos”, enfatizó Pon Méndez.

El asesor jurídico recordó que el pasado 12 de febrero resolvió un Tribunal Colegiado de Circuito un recurso de inconformidad promovido por Banca Afirme, donde exigía el pago de dos constancias de inversión.

“De haber perdido ese asunto, hubiéramos estados obligados a pagarle a la banca y a la empresa más de 3 mil 758 millones de pesos. Logramos ganar ese asunto y, gracias a eso, detuvimos ese pago. ¿Por qué nos están cobrando esa cantidad? Por la supuesta construcción de esa planta fotovoltaica y por las constancias de inversión que se suscribieron en esos tiempos”, ahondó, además de recordar que si se visita el lugar no existe alguna construcción.

De acuerdo al pronóstico, desde el día lunes 16 al miércoles 18, se esperan chubascos con lluvias puntuales fuertes en la región costa, principalmente en los municipios de Tijuana, Tecate, Playas de Rosarito, Ensenada y San Quintín.

Asimismo, se espera posible caída de nieve o aguanieve y heladas con temperaturas mínimas de -5 a 0 grados C en zonas serranas. Y vientos de 40 a 50 kilómetros por hora con rachas de 60 a 80, y un oleaje de 2 a 3 metros de altura en la costa occidental.

Para el día miércoles 18, se espera que las rachas de vientos alcancen hasta los 90 kilómetros por hora y el oleaje hasta los 4 metros en la costa occidental, con temperaturas m?nimas de -10 a -5 grados C. con heladas durante la madrugada del día siguiente. Para el jueves 19, pronostican disminuirá el impacto de los efectos meteorológicos en la zona.

Ante las condiciones pronosticadas la CEPC recomienda a la ciudadan?a a tomar precauciones como abrigarse adecuadamente, limpiar desag?es, reducir la velocidad al conducir, sostener objetos que puedieran caer, as? como evitar ingresar al mar.

De esta manera, Dagnino López se vuelve el primer alcalde de la entidad en admitir públicamente que le retiraron el documento.

En su mensaje, citó que el 2 de diciembre, cuando acudió a realizar un trámite, le indicaron la medida.

“El trámite correspondiente para solicitar un permiso de ingreso a los Estados Unidos, fui notificado de la revocación de mi visa de turista. Es importante precisar que, hasta este momento, no he recibido información oficial sobre la causa o el motivo que llevó a las autoridades estadounidenses a tomar esta decisión, similar a lo sucedido con diversos actores públicos en el país y en nuestro estado”, según escribió.

El alcalde de San Felipe reiteró su compromiso “con la legalidad, la transparencia y la responsabilidad pública”.

“Me encuentro realizando las gestiones necesarias para conocer el origen de esta determinación y, en su momento, proceder conforme a lo que establecen las leyes y los procesos diplomáticos”, agregó.

Enfatizó que el hecho no interfiere con sus funciones y responsabilidades locales y que continuará trabajando.

“Agradezco sinceramente la comprensión y el apoyo de la ciudadanía. Estaré informando cualquier avance relevante respecto a esta situación en cuanto exista información oficial”, concluyó.

En Baja California, el aviso público de la cancelación de la visa comenzó el 10 de mayo con las casos de la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda y su entonces esposo Carlos Torres Torres.

También el esposo de la Presidenta Municipal de Mexicali, Luis Samuel Guerrero Delgado, mientras que Norma Alicia Bustamante, sólo la mantiene porque no se ha atrevido a cruzar, como declaró públicamente.

Y la diputada, así como exalcaldesa de Playas de Rosarito; Araceli Brown Figueredo, también le aplicaron la medida además de ser señalada por presuntos vínculos con el crimen organizado.

Lo anterior se desprende de los testimonios compartidos al medio de comunicación Ecos de Rosarito este domingo 16 de noviembre, durante una manifestación afuera de la empresa para exigir el pago de lo que corresponde a derecho y solicitar que intervenga la alcaldesa Rocío Adame y la diputada federal Araceli Brown.

Esto, tras la suspensión en las operaciones del lugar, de la misma forma en que ocurrió con Casino Skampa, en el municipio de Ensenada.

“Así como nos cobraban los uniformes, nos descontaban de nuestras nóminas, se pasaban: no nos pagaban utilidades. A mí se me hace una bajeza, literal: un chaleco de trabajo 850 pesos. De verdad que dices tú ‘Lo haces y lo pagas porque es un protocolo y las reglas de la empresa’, pero ¿por qué no responder de la misma manera con nosotros? Si nosotros siempre hicimos las cosas lo más correctamente posible. Creo que es muy injusto”, afirmó una de las afectadas.

Las personas manifestaron angustia y desesperación por la falta de pago, ante las afectaciones que habrá para sus familias, al tiempo que refirieron antigüedades de más de 12 años y que incluso algunos estaban por jubilarse.

“Queremos que nos escuchen, que nos den la oportunidad de hablar para que nos puedan dar algo de lo que nos corresponde por ley. Creo que es una manera muy injusta en cómo pasaron las cosas: no hemos tenido respuesta de nadie, simplemente que ‘no hay respuestas’, ‘no hay respuestas’. Cerraron el casino justo el 12 de noviembre, unos días antes de la quincena. Todos contábamos con nuestras quincenas, con nuestros pagos puntuales, con nuestro aguinaldo, y de la noche a la mañana todo se acaba”, compartió otra afectada.

A lo anterior se suma que, conforme les han dicho, que “la empresa ya no existe” y que “los dueños ya no están en el país”.

Remarcaron que, como se les exigía que “trabajaran con honestidad”, es lo mismo que piden para ellos.

En su denuncia agregaron que el día del cierre, la empresa sacó pantallas, equipo y dinero.

“Dicen que ese día se hicieron 200 mil pesos en ventas, en recargas de tarjeta. Con ese dinero nos podrían haber dado la quincena a todos nosotros, pero se lavaron las manos. No sé si se lo repartieron entre ellos”, enfatizó otra empleada.

“(Diputada federal) Araceli Brown ahora es el momento: hazte presente; (presidenta municipal María del Rocío) Adame, ¿Dónde está tu ayuda?, ¿Dónde está tu apoyo? Somos seres humanos igual que tú, personas con necesidades”, remarcó una de las asistentes.

Aclararon que ellos no tenían conocimiento de las presuntas irregularidades de la empresa, pues a ellos los contrataban y les aseguraban que era un lugar de trabajo legal, por lo que deslindan de cualquier responsabilidad sobre esos temas.

En un comunicado anterior por parte de los trabajadores, aseguraron que ellos fueron “sorprendidos por la suspensión inmediata” por el operativo implementado el pasado 12 de noviembre.

“Como consecuencia de este cierre no se nos permitió continuar nuestras labores, cerrando más de 6 instalaciones. No se nos pagó la nómina correspondiente. No se nos brindó información clara sobre nuestra situación laboral. No se ofrecieron alternativas, indemnizaciones, ni una fecha para la resolución del problema”, acusaron.

También solicitaron a la prensa bajacaliforniana que, en lo posible, su comunicado llegue a la oficina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, para que revise el caso y brinde orientación.

Midas Casino forma parte 13 establecimientos bajo una investigación por parte del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos y la Secretaría de Gobernación (Segob) en México, al señalarlos de presunto lavado de dinero y nexos con el Cártel de Sinaloa (CDS).

El hecho fue dado a conocer este domingo 16 de noviembre por parte de un grupo de empleados que se congregó afuera de las instalaciones en el bulevar costero y avenida General Agustín Sanginés, en la colonia Carlos Pacheco, y a cuatro días de ser intervenido por la Secretaría de Gobernación de México (Segob).

“Aquí estamos reunidos exigiendo el pago de nuestra última quincena, exigiendo el pago de nuestra liquidación, ya que el día de ayer (sábado) se nos informó que no se nos iba a hacer ningún tipo de pago. Que la mejor opción era buscar otro trabajo porque aquí ya no se iba a abrir”, explicó una de las personas.

Sobre la antigüedad en el lugar, citaron que van desde empelados con 1 o 2 meses de haber comenzado, hasta otros con 9 y 11 años cumplidos.

“A todos nos dejaron sin un sustento y en estas fechas está más difícil. Es lo único que estamos exigiendo: que se nos cumpla conforme a la ley y que se nos dé el pago justo. Sí nos ponemos la camiseta para sacar adelante un trabajo, sacar adelante una empresa, y a final de cuentas nos dejan en ceros”, remarcaron.

En cuanto al día de los hechos, en referencia al operativo hecho por Segob donde pegaron notificaciones en la puerta de acceso, mencionaron que los sacaron del lugar y no tuvieron oportunidad -en algunos casos- de sacar sus pertenencias.

“Nos dieron 15 minutos para retirarnos, 15 minutos para sacar al personal, 15 minutos para sacar la clientela, y muchas pertenencias de varios empleados que no entraban todavía a turno se quedaron adentro”, detallaron.

Agregaron que desde las 7 de la mañana recibieron un mensaje de que “no iba a haber salida de dinero” y que “no se iban a realizar pagos”; para las 8 de la mañana, les dijeron que ya se había cerrado una de las salas.

Para las 10 de la mañana, se les dijo que “se cancelaba la venta con tarjetas”, y para las 2 de la tarde se pidió “hacer corte”, para luego sacar a clientela y personal.

“Ya de ahí no se pudo hacer nada: no pudo entrar personal ni sacar pertenencias”, reiteraron, hasta recibir el nuevo mensaje el día sábado 15 de noviembre que no habría pagos.

Casino Skampa cuenta con módulos de socios, clientes, cajeras, operadores, meseros, barras, jefaturas de piso y caja, bingo, limpieza, seguridad, además de toda la parte administrativa, por citar algunas de las áreas afectadas por la falta de pagos.

El lugar tenía 14 años operando y su aniversario es el 3 de mayo; se le consideraba “empresa en crecimiento” y que, por esta supuesta razón, no les daban reparto de utilidades.

El grupo agregó que para mañana martes 18 de noviembre tendrán una cita a las 10:00 horas en Conciliación y Arbitraje; mencionaron que también aplicará esta medida otro casino ubicado en el municipio de Playas de Rosarito.

El miércoles 12 de noviembre se difundió que el Tesoro de los Estados Unidos, en conjunto con la Segob, investigaban a 13 casinos de México por presunto lavado de dinero y nexos con el Cártel de Sinaloa (CDS).

En Playas de Rosarito, en Baja California, también fue mencionado Midas Casino, mismo que actualmente está cerrado y sus empleados han protestado por la falta de pagos.