Empleados de Midas Casino pagaban por sus uniformes y no les daban utilidades
Los afectados piden intervención de autoridades como Rocío Adame y la diputada Araceli Brown, además de apoyo estatal y federal ante la falta de respuesta de la empresa. - Foto: Cortesía.
Empleados de Midas Casino, ubicado en el municipio de Playas de Rosarito, Baja California, y uno de los vinculados por presunto lavado de dinero y nexos con el crimen organizado, tenían que pagar hasta 850 pesos por portar un chaleco de trabajo, además de que no les pagaban utilidades.
Lo anterior se desprende de los testimonios compartidos al medio de comunicación Ecos de Rosarito este domingo 16 de noviembre, durante una manifestación afuera de la empresa para exigir el pago de lo que corresponde a derecho y solicitar que intervenga la alcaldesa Rocío Adame y la diputada federal Araceli Brown.
Esto, tras la suspensión en las operaciones del lugar, de la misma forma en que ocurrió con Casino Skampa, en el municipio de Ensenada.
“Así como nos cobraban los uniformes, nos descontaban de nuestras nóminas, se pasaban: no nos pagaban utilidades. A mí se me hace una bajeza, literal: un chaleco de trabajo 850 pesos. De verdad que dices tú ‘Lo haces y lo pagas porque es un protocolo y las reglas de la empresa’, pero ¿por qué no responder de la misma manera con nosotros? Si nosotros siempre hicimos las cosas lo más correctamente posible. Creo que es muy injusto”, afirmó una de las afectadas.
Las personas manifestaron angustia y desesperación por la falta de pago, ante las afectaciones que habrá para sus familias, al tiempo que refirieron antigüedades de más de 12 años y que incluso algunos estaban por jubilarse.
“Queremos que nos escuchen, que nos den la oportunidad de hablar para que nos puedan dar algo de lo que nos corresponde por ley. Creo que es una manera muy injusta en cómo pasaron las cosas: no hemos tenido respuesta de nadie, simplemente que ‘no hay respuestas’, ‘no hay respuestas’. Cerraron el casino justo el 12 de noviembre, unos días antes de la quincena. Todos contábamos con nuestras quincenas, con nuestros pagos puntuales, con nuestro aguinaldo, y de la noche a la mañana todo se acaba”, compartió otra afectada.
A lo anterior se suma que, conforme les han dicho, que “la empresa ya no existe” y que “los dueños ya no están en el país”.
Remarcaron que, como se les exigía que “trabajaran con honestidad”, es lo mismo que piden para ellos.
En su denuncia agregaron que el día del cierre, la empresa sacó pantallas, equipo y dinero.
“Dicen que ese día se hicieron 200 mil pesos en ventas, en recargas de tarjeta. Con ese dinero nos podrían haber dado la quincena a todos nosotros, pero se lavaron las manos. No sé si se lo repartieron entre ellos”, enfatizó otra empleada.
“(Diputada federal) Araceli Brown ahora es el momento: hazte presente; (presidenta municipal María del Rocío) Adame, ¿Dónde está tu ayuda?, ¿Dónde está tu apoyo? Somos seres humanos igual que tú, personas con necesidades”, remarcó una de las asistentes.
Aclararon que ellos no tenían conocimiento de las presuntas irregularidades de la empresa, pues a ellos los contrataban y les aseguraban que era un lugar de trabajo legal, por lo que deslindan de cualquier responsabilidad sobre esos temas.
En un comunicado anterior por parte de los trabajadores, aseguraron que ellos fueron “sorprendidos por la suspensión inmediata” por el operativo implementado el pasado 12 de noviembre.
“Como consecuencia de este cierre no se nos permitió continuar nuestras labores, cerrando más de 6 instalaciones. No se nos pagó la nómina correspondiente. No se nos brindó información clara sobre nuestra situación laboral. No se ofrecieron alternativas, indemnizaciones, ni una fecha para la resolución del problema”, acusaron.
También solicitaron a la prensa bajacaliforniana que, en lo posible, su comunicado llegue a la oficina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, para que revise el caso y brinde orientación.
Midas Casino forma parte 13 establecimientos bajo una investigación por parte del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos y la Secretaría de Gobernación (Segob) en México, al señalarlos de presunto lavado de dinero y nexos con el Cártel de Sinaloa (CDS).
