Ordena Poder Judicial más desalojos de viviendas en la Ruta del Vino

“Van 4 mil 403 en todo el año, en casas rociadas intra y peridomiciliar”, refirió personal de la dependencia.

Rubén Lucero Ocanpo, jefe de la jurisdicción indicada, agregó que dichas labores forman parte de un programa anual en diferentes colonias del municipio, donde se brinda prioridad a las que tienen mayor riesgo epidemiológico.

“El combate a la Rickettsiosis no se limita a una temporada específica, mantenemos acciones de prevención, promoción de la salud, zoonosis y vigilancia epidemiológica para disminuir el riesgo de esta enfermedad en beneficio de las y los ensenadenses”, señaló.

Durante las jornadas citadas, la población recibe información sobre las medidas preventivas para evitar la presencia de garrapatas en los hogares, los principales signos y síntomas de la Rickettsiosis, y la importancia de acudir de inmediato a una unidad de salud ante la presencia de fiebre, dolor de cabeza intenso o malestar general después del contacto con garrapatas.

También es ofrecida, de manera gratuita, vacunación antirrábica para perros y gatos, aplicación de fipronil a las mascotas para el control de garrapatas, jornadas de esterilización, así como campañas de descacharrización en coordinación con el Gobierno de Ensenada y la Secretaría de Marina, con el propósito de reducir los espacios donde estos parásitos pueden proliferar.

Otras acciones incluyen entrega de collares y tabletas para el control de garrapatas gracias al apoyo del Club Rotario Centenaria Ensenada, fortaleciendo así las acciones preventivas dirigidas a la población.

Lucero Ocampo enfatizó que, al confirmar un caso positivo de la enfermedad en cuestión, implementan acciones de control establecidas en los protocolos sanitarios, entre ellas la fumigación focalizada del perímetro del caso y otras intervenciones para disminuir el riesgo de transmisión.

“Estas fumigaciones responden a criterios epidemiológicos y se realizan únicamente cuando existe un caso confirmado o una situación de riesgo que lo amerita, por lo que no forman parte de un programa de fumigación generalizada de viviendas”, aclaró.

Como parte de su mensaje, el director llamó a la población a mantener patios y predios limpios, eliminar cacharros, escombro y basura, deshierbar con frecuencia, evitar la acumulación de objetos donde puedan refugiarse las garrapatas, revisar periódicamente a perros y gatos, utilizar productos veterinarios para su control y realizar fumigaciones preventivas en los domicilios cuando sea necesario.

La relevancia de no esperar a observar daño visible o riesgo directo en el follaje, y reiteró que el monitoreo es clave para tomar decisiones en caso de identificar la tendencia de la población, su distribución en el predio y la presencia de la fauna benéfica.

Es también necesario revisar los bordes y el centro del predio para detectarla presencia de adultos, ninfas y cambios en las muestras.

“Una acción técnica a tiempo reduce el riesgo de que la plaga aumente”, aseguraron.

Otra forma de prevenir es mediante la eliminación oportuna de socas (residuos vegetales dejados en campo después de la cosecha), rebrotes, malezas y otros hospederos, que ayudan en la disminución de los focos de infestación.

Ante esta situación, se informó que desde la oficina de representación, en conjunto con los representantes de la Mesa Técnica Interinstitucional Regional, continuarán los trabajos de manera coordinada con las y los productores del llamado “Oro Blanco”, con el fin de proteger la calidad y rentabilidad del cultivo.

Hoy en día, destacaron, en los Distritos de Desarrollo Rural 002 Río Colorado–Valle de Mexicali y 193 San Luis Rio Colorado, Sonora, se encuentran establecidas al menos seis mil 784 hectáreas con el cultivo algodonero, de ahí la importancia de que las y los productores de la fibra, apliquen las recomendaciones técnicas de los especialistas.

En la Mesa Técnica Interinstitucional Regional participan personal de Agricultura, del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP), del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), la Secretaría de Agricultura del Gobierno del Estado, el Instituto de Ciencias Agrícolas (ICA) de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC), del Distrito de Desarrollo Rural 193 y la Junta Local de Sanidad Vegetal de San Luis Río Colorado.

“Nuestra propuesta busca modificar los conceptos de cobro que hoy se aplican en las zonas rurales, pues es un hecho notorio que la mayoría de los predios son de mayor extensión territorial que los urbanos, lo que les resulta en un cobro oneroso y desproporcional al servicio prestado”, afirmó Maythé Méndez

En ese sentido, advirtió en su exposición de motivos, que existe una omisión en la Ley de Ingresos del Estado respecto a los predios rurales, ya que se les aplica el mismo criterio que a fraccionamientos urbanos, generando desigualdad y afectando directamente la economía de las familias.

“Queremos que las familias de los ejidos y colonias rurales tengan certeza y justicia en el acceso al agua potable, con una tarifa única que no castigue su condición geográfica ni económica”, puntualizó.

La iniciativa se fundamenta en el deber del Estado de garantizar y facilitar el acceso al agua en zonas rurales, reconociendo que se trata de un derecho humano.

“Nuestro movimiento político de morena, ha privilegiado el apoyar al pueblo que más lo necesite, por tal motivo uno de nuestros principios de partido, es el buscar el beneficio de la población vulnerable, bajo el lema: “Por el bien de todos, primero los pobres”, concluyó la diputada.

La propuesta fue turnada a la Comisión de Hacienda y Presupuesto para su análisis y estudio, con el objetivo de avanzar hacia una mayor equidad en el acceso al agua potable para los hogares rurales de Baja California.

De acuerdo con la investigación, el 23 de septiembre de 2009 Enrique “N” celebró una compraventa de dos predios localizados en el Ejido Capricornio, delegación Camalú, recibiendo un pago de 70 mil pesos por parte de la víctima.

Las indagatorias establecen que el 11 de marzo de 2019 habría realizado una segunda operación de compraventa sobre los mismos terrenos, situación que originó la denuncia y la posterior investigación ministerial.

Durante la audiencia correspondiente, el agente del Ministerio Público presentó los datos de prueba recabados durante la investigación, los cuales fueron valorados por la autoridad judicial para determinar la existencia de elementos suficientes que permitieran vincular a proceso al imputado.

Asimismo, el Juez de Control impuso medidas cautelares para garantizar la continuidad del procedimiento penal y la comparecencia del imputado ante la autoridad judicial durante el desarrollo del proceso.

Ávila Olmeda recordó que los incendios forestales representan una amenaza para los ecosistemas, la biodiversidad, la producción agropecuaria y la seguridad de las comunidades; la mayoría de estos siniestros son ocasionados por descuidos humanos, por lo que su prevención es responsabilidad de todas y todos.

“La presencia de basura en zonas con abundante vegetación seca y las altas temperaturas se convierten en una de las principales causas de incendios. Por ello, es importante que, si visitan la Sierra de Juárez, San Pedro Mártir, la Laguna Hanson o simplemente transitan por carretera, eviten tirar basura y colillas de cigarro”, señaló la gobernadora.

Estos incidentes afectan principalmente a pobladores y productores asentados en dichas zonas, prosiguió, por lo que se les invita a contar con un plan de prevención en hogares y centros de trabajo, además de seguir las recomendaciones de las autoridades.

De las brigadas, refirió que a través de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader BC) se cuenta con un convenio de colaboración con la Comisión Nacional Forestal.

Tras la contratación, se ubicarán en El Hongo, Santa Verónica, Carmen Serdán, El Porvenir, en Ensenada, y Kiliwas, en el Valle de la Trinidad, para hacer acciones de prevención y control de incendios.

Mónica Vargas Núñez, titular de la Sader BC, indicó que, por otro lado, el área forestal de la dependencia ha iniciado la difusión de recomendaciones dirigidas a productores y comunidades de zonas productivas para prevenir incendios forestales.

Entre las principales medidas de prevención que se indican, son evitar fogatas en zonas no autorizadas; en caso de realizarlas, apagarlas completamente con agua y tierra; no arrojar colillas de cigarro encendidas en áreas naturales o carreteras, evitar la quema de basura, residuos agrícolas o pastizales sin supervisión ni permisos correspondientes.

También recomendó mantener limpias las áreas dentro de los predios, retirando material seco que pueda servir como combustible; reportar de inmediato cualquier indicio de incendio a las autoridades; evitar el uso de maquinaria o herramientas que generen chispas en zonas con vegetación seca durante el mediodía; y respetar las restricciones y avisos emitidos por las autoridades.

Marina del Pilar indicó que la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC), encabezada por Salvador Cervantes Hernández, mantiene un despliegue operativo permanente en coordinación con corporaciones de los tres órdenes de gobierno, garantizando una respuesta eficaz y un frente común ante cualquier siniestro.

“Durante esta temporada se contará con un helicóptero especializado. La aeronave permitirá realizar descargas de agua desde el aire y apoyar a brigadistas en zonas agrestes y de difícil acceso, evitando que los incendios representen un mayor riesgo para las familias bajacalifornianas”, dijo.

Por último, invitó a la población a mantenerse informada a través de canales oficiales y a reportar cualquier incidente al número de emergencias 9-1-1.

Esto, a fin de que se otorguen respuestas oportunas a la sociedad, al ampliar y mejorar los servicios que se proporcionan a las y los bajacalifornianos y al mejoramiento de infraestructura para brindar una adecuada atención a la ciudadanía.

Al ser votado el presente Dictamen, obtuvo dieciocho votos a favor y cinco en contra de las siguientes diputaciones: Alejandrina Corral, Diego Echeverría, Mayola Gaona Daylín García y Yohana H. Gilvaja.

Se aprobó, además, en la sesión ordinaria de Pleno, por veintitrés votos a favor, cero en contra y cero abstenciones, el Dictamen No 131 de la CHyP relativo a la Iniciativa de Reforma de Ley de Ingresos y Tabla de Valores Unitarios de Suelo y Construcciones, Base del Impuesto Predial, del Municipio de Mexicali para el ejercicio fiscal 2026.

De esta forma, en el artículo decimosexto, se establece que: Se exenta a las personas físicas y morales inscritas en el Programa Estatal de Vivienda 2022-2027, del pago de derechos que se causen por: factibilidades, dictámenes, certificados, autorizaciones, licencias y en general, por trámites relacionados con la construcción de vivienda social.

Esto, exclusivamente para los proyectos habitacionales que cuenten con certificado expedido por la Persona Titular de la Secretaría de Infraestructura, Desarrollo y Reordenación Territorial de Baja California (SIDURT), y se lleven a cabo en términos de los Lineamientos Generales para la inscripción en el Programa Estatal de Vivienda publicado en el Periódico Oficial del Estado en fecha 21 de octubre de 2022 y actualizaciones posteriores, así como del Programa de Vivienda para el Bienestar impulsado por la Federación a través de la SEDATU, INSUS, CONAVI, INFONAVIT, ISSSTE, y FOVISSSTE, en conjunto con las Entidades Federativas y sus Municipios.

En el artículo decimoséptimo, se establece que: Tratándose de predios con uso industrial ubicados dentro de zonas habitacionales, plazas comerciales, corredores comerciales y corredores urbanos, para efectos del cobro del impuesto predial, correspondiente al ejercicio fiscal 2026, se tomará como base el valor unitario de suelo establecido para dicha zona en el Decreto No. 35, mediante el cual se aprueba la Tabla de Valores Unitarios de Suelo, base del impuesto predial del Municipio de Mexicali, Baja California, para el ejercicio fiscal 2025.

La proposición, respaldada por el Pleno, subraya que en la zona habitan entre 400 y 500 familias sin certeza jurídica sobre sus predios, lo que las excluye de programas de vivienda, financiamiento y servicios básicos, además de mantenerlas en riesgo permanente de inundación.

Molina García insistió que, para estas familias, la canalización integral del arroyo y la regularización de sus viviendas significaría transitar de la incertidumbre hacia la certeza jurídica, el acceso pleno a servicios públicos y la seguridad de que sus hogares estarán protegidos ante eventos pluviales.

Además, resaltó que la canalización del arroyo representaría una obra de infraestructura que elevaría el valor urbano del entorno, protegería la viabilidad y los equipamientos públicos y establecería las condiciones para un crecimiento ordenado. “San Felipe tiene ante sí un amplio horizonte de desarrollo turístico, pesquero y urbano que no puede consolidarse sobre territorios vulnerables e irregulares”, refirió.

El exhorto plantea la instalación de una mesa de trabajo interinstitucional integrada por Organismo de Cuenca Península de Baja California de la Comisión Nacional del Agua, la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Mexicali, el Ayuntamiento de San Felipe y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, instancias con atribuciones complementarias para dar una solución definitiva.

“La atención de esta problemática es una inversión en la seguridad, la dignidad y el futuro de San Felipe. Postergar una respuesta articulada no es jurídicamente sostenible para un Estado que tiene el deber constitucional de proteger la vida y el patrimonio de sus gobernados”, indicó el diputado.

Agatón Muñiz subrayó que en Ensenada existe una demanda estimada de alrededor de 50 mil viviendas, de acuerdo con cálculos oficiales, por lo que este programa representa una alternativa para avanzar en la atención del rezago habitacional.

Recordó que el Programa de Vivienda para el Bienestar forma parte de los 100 compromisos de gobierno de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y prioriza a jefas de familia, madres autónomas, personas adultas mayores, personas con discapacidad y comunidades indígenas.

Explicó que la convocatoria está dirigida tanto a desarrolladores que cuentan con reservas territoriales propias, como a aquellos interesados en participar en proyectos que se impulsen con suelo municipal. Precisó que el programa permite articular ambos esquemas, siempre que los desarrollos cumplan con la normatividad vigente y los lineamientos del Infonavit.

Asimismo, destacó que estos proyectos generan actividad económica en el sector de la construcción, al incentivar la demanda de empleo, materiales y servicios.

Como parte de las gestiones, la alcaldesa informó que se analiza la viabilidad de tres predios municipales —dos ubicados en la zona sur y uno en la zona norte de la ciudad— para su posible incorporación al esquema de vivienda social.

Indicó que las propuestas serán evaluadas por el Infonavit y, en caso de resultar viables, se dará continuidad a los procedimientos administrativos correspondientes para la donación de los terrenos, con el objetivo de ampliar las oportunidades de acceso a vivienda para las familias ensenadenses.

“En Ensenada existe una alta demanda de vivienda, y este programa nos permite generar alternativas en coordinación con la iniciativa privada y el Gobierno de México, para que más familias puedan acceder a un patrimonio”, expresó la alcaldesa.

En la reunión, realizada en la Sala de Presidentes de la Casa Municipal, participaron Normando Elías Bórquez, jefe de la Oficina de Presidencia; José Antonio Vázquez Castañeda, coordinador general de Gabinete; Orlando Camarillo Ruiz, director de Vivienda de Infonavit; y Gabriela Susunaga Hernández, directora de Obras de Infonavit Constructora, entre otros funcionarios municipales y federales.

En primer término, se aprobó con algunas precisiones sugeridas por diputaciones, por siete votos a favor y ninguno en contra, el proyecto que da origen al Dictamen No. 128 para Desincorporar del Patrimonio de Dominio Público del Estado, e Incorporar al Patrimonio del Dominio Privado del mismo, ocho predios en Mexicali, para que sean enajenados a título oneroso, mediante licitación pública en favor de personas físicas o morales.

Lo anterior, en virtud de que dichos inmuebles, no resultan ser de utilidad para proyectos de carácter estatal, motivo por el cual es viable que el producto que se obtenga de su venta, sea destinado a la orientación de las acciones prioritarias de la administración pública estatal.

Esto, a fin de que se otorguen respuestas oportunas a la sociedad, ampliando y mejorando los servicios que se proponen a las y los bajacalifornianos y al mejoramiento de infraestructura, para buscar una adecuada atención a la ciudadanía.

Así mismo, se aprobó por seis votos a favor y ninguno en contra, el proyecto que da origen al Dictamen No 131 relativo a la Iniciativa de Reforma de Ley de Ingresos y Tabla de Valores Unitarios de Suelo y Construcciones, Base del Impuesto Predial, del Municipio de Mexicali para el ejercicio fiscal 2026, considerando como viable por la Auditoría Superior del Estado, en virtud de que la misma se encuentra acorde al marco jurídico general vigente.

La aprobación se dio en los términos sugeridos por la Auditoría Superior del Estado de Baja California, estableciendo el artículo decimosexto que: Se exenta a las personas físicas y morales, incluidas en el Programa Estatal de Vivienda 2022 y 2027 del pago de derechos que se causen por factibilidades, dictámenes, certificados, autorizaciones, licencias y en general, por trámites relacionados con la construcción de vivienda social exclusivamente para los proyectos habitacionales que cuenten con certificado expedido por la persona Titular de la SIDURT.

Y se llevan a cabo en términos de los Lineamientos Generales para la Inscripción en el Programa Estatal de Vivienda publicado en el Periódico Oficial del Estado de fecha 21 de octubre de 2022 y actualizaciones posteriores, así como el Programa de Vivienda para el Bienestar, impulsado por la federación.

Con respecto al artículo decimoséptimo, este queda como sigue: Tratándose de predios de uso industrial que se encuentren ubicados en zonas habitacionales, plazas comerciales, corredores comerciales y corredores urbanos, para efectos de cobro del impuesto predial correspondiente al ejercicio fiscal 2026, se tomará como base el valor unitario del suelo establecido para dicha zona en el artículo 6 de la Ley de Ingresos del municipio de Mexicali, Baja California, para el ejercicio fiscal 2025.

Participaron en esta sesión, además de la Diputada Julia González, las siguientes diputaciones: Alejandra Ang, Jaime Cantón, Juan Manuel Molina, Adriana Padilla, Lilliana Michel Sánchez y Alejandrina Corral.

Además, participaron: el Auditor en funciones, Arnulfo Zárate y el Director de Procesos Parlamentarios, Javier Sánchez; el representante de la Subsecretaría de Gobierno, Luis Alonso López, así como el Tesorero del Ayuntamiento de Mexicali, Roger Sosa Alaffita.

El compromiso es que los trámites sean ágiles para que las familias reciban sus llaves en el menor tiempo posible.

“Nos reunimos con el director general del Infonavit, Octavio Romero Oropeza, y su equipo, para continuar avanzando en el Programa de Vivienda para el Bienestar de nuestra presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, en Baja California. Trabajamos en coordinación para alcanzar la meta de 65 mil viviendas accesibles”, declaró la gobernadora.

Estas viviendas buscan atender la necesidad de las y los trabajadores, con un esquema de financiamiento federal, y su valor se mantiene muy por debajo del mercado comercial.

Este programa representa una oportunidad histórica para reducir el rezago habitacional, al priorizar a las familias que más lo necesitan, especialmente a quienes no habían tenido acceso a un crédito o a una vivienda propia.

La gobernadora destacó que, con este esfuerzo conjunto entre el Gobierno de México, el estado y los municipios, se impulsa no solo el acceso a un hogar digno, sino también el desarrollo de las comunidades, fortaleciendo el bienestar y la calidad de vida de miles de bajacalifornianas y bajacalifornianos.

La mandataria indicó que, para conocer los requisitos y calificar en este programa, las y los trabajadores pueden presentarse directamente en las oficinas del Infonavit y, bajo un proceso sencillo, pronto cuenten con una vivienda digna.

La Ley de Ingresos vigente contempla beneficios fiscales y tasas preferenciales, como el caso de predios en zonas de preservación ecológica, donde se estipula una tasa anual específica de 5.00 veces el valor de la UMA. Sin embargo, se han recibido denuncias formales de autoridades ejidales, entre ellas el Comisariado Ejidal de Punta Prieta, que señalan fallas en los sistemas informáticos de la tesorería municipal.

De acuerdo con los testimonios, durante los primeros meses de 2026 los sistemas no reflejaban automáticamente las cuotas legales, obligando a los contribuyentes a depender de la intervención manual de servidores públicos.

Esta falta de actualización tecnológica abre la puerta a la discrecionalidad administrativa y contraviene los principios de transparencia y certeza que deben regir en la recaudación pública. “La justicia fiscal consiste en aplicar lo aprobado por el Congreso de manera inmediata y sin margen de error”, destacó Juan Manuel Molina.

En conclusión, el llamado legislativo plantea que la Tesorería Municipal y la Coordinación de Recaudación de San Quintín instruyan las configuraciones necesarias para garantizar que todos los contribuyentes puedan realizar sus pagos conforme a lo estipulado en la ley, fortaleciendo así la confianza ciudadana en las instituciones.