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Invasión de predios, un problema para la autoridad

La ocupación de terrenos en distintos puntos de la ciudad sigue, por lo que piden al alcalde que dé una solución a la problemática
Héctor Andrade S. / ZNNoticias
Hace 6 años
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viviendas y terrenos en invasión por familias de escasos recursos
La ocupación de predios fue denunciada por vecinos de lomas de Valle Verde.
Imagen: ZNN.

El Gobierno de Ensenada mediante la Dirección de Administración Urbana, Ecología y Medio Ambiente inició procedimientos en invasiones ubicadas en Lomas de Valle y en el vaso de La Presa.  

Derivado de denuncias ciudadanas quienes argumentaron ponen en riesgo a la comunidad debido a que se encuentran en un área rocosa, y temen que en un futuro aumente la inseguridad. 

En días pasados se pusieron en marcha acciones de verificación en las zonas en mención, así lo dio a conocer el titular de la dependencia, Héctor Villalobos Buelna. 

De acuerdo con el titular se detectaron 15 casas que no cuentan con licencia de construcción, además de que la consulta en el Sistema de Gestión Catastral arrojó que el asentamiento se ubica en predios del Instituto para el Desarrollo Inmobiliario y de la Vivienda para el Estado de Baja California. 

También se dio a conocer que el pasado martes, se giró un oficio a la titularidad del INDIVI para informarle de la situación y para que con base en sus atribuciones tome las medidas correspondientes. 

De acuerdo al reglamento, el Ayuntamiento tiene cinco días hábiles para multar y clausurar las edificaciones. Aseguraron que si en ese tiempo los residentes no constatan la certeza jurídica del predio en que se encuentran las casas que habitan serán desalojados. 

Respecto a la problemática en el vaso de la presa, Emilio López Zamora, mencionó que se cuenta con dos expedientes abiertos, donde se detectaron 16 invasiones de las que 13 ya fueron notificadas y en las tres restantes no se encontraron ocupantes. 

Indicó que en este caso el mayor número de edificaciones son de tipo comercial, específicamente, talleres mecánicos y llanteras.  

"Estas invasiones se ubican en predios de la Comisión Nacional del Agua, pero como autoridad municipal tenemos injerencia debido a que no cuentan con licencia de construcción y factibilidad de uso de suelo, además que se ubican en zona de riesgo inminente", explicó. 

El funcionario subrayó que la administración municipal actúa conforme a derecho y de manera responsable para de la mano con las autoridades involucradas brindar opciones a quienes forman parte de dichas invasiones. 

Buscan lugares para invadir

Parece que los lugares invadidos son idóneos para ello ya que no son reservas, ni están en litigio sino que pertenecen al gobierno que desistirá en los desalojos, señalaron colonos. 

Existen en la ciudad otras zonas que cuentan con un gran número de terrenos abandonados y construcciones en obra negra, que son usualmente el objetivo de invasores, quienes se asientan en estos lugares por largos periodos de tiempo, de los que ya es dificil removerlos. 

Debido a que esta problemática se ha extendido en diversos puntos de la ciudad, se ha pedido la intervención del regidor Raúl Vera Rodríguez, quien señaló que, ante la omisión de las autoridades municipales, han seguido las invasiones en diversos puntos de la ciudad, por lo que exhortó al alcalde a que dé una solución a la problemática. 

Sin embargo, en el caso de Lomas de Valle Verde, y según el vocero Sergio Chaires Agis, el Registro Público de la Propiedad y el Comercio indica que el polígono en disputa, correspondiente a la manzana 90 no está destinado para áreas verdes o parques por lo que es susceptible de comercialización por parte del Instituto para el Desarrollo Inmobiliario y de la Vivienda para el Estado de Baja California. 

Aseguró que en ningún momento se afecta a los colonos de la parte alta de Lomas de Valle Verde y que ya hay más de 30 familias que buscan comprar tierra por medio de este instituto que tiene la facultad de hacerlo y que ''luchan por el derecho a tener una vivienda digna''. 

A medida que las instituciones, las autoridades municipales y federales buscan una vía transparente y un acercamiento claro que logre una mejor ruta y disposición de estos pedazos de tierra disputados y las familias que buscan vivir en estos terrenos. 

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Dialogan por límites territoriales entre Rosarito y Ensenada

Archivo
Hace 1 decada
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Paisaje de La Rumorosa en Baja California.  - Foto: Cortesía.

Por segunda ocasión en una semana, los integrantes de la mesa técnica que conformó el Congreso del Estado, para resolver la controversia territorial entre los municipios de Ensenada y Playas de Rosarito se reunió la tarde de este viernes. Durante el encuentro que se realizó en Playas de Rosarito, cada una de las partes expuso los motivos por lo que considera que la extensión territorial perteneciente a Santa Anita, le corresponde a uno u otro municipio.
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El secretario General del XXI Ayuntamiento, Jesús Jaime González Agúndez, externó las razones por las que la comunidad de Santa Anita pertenece a Ensenada, y destacó que los residentes de dicha demarcación enfrentan carencias en materia de inversión debido a la incertidumbre. En un comunicado el funcionario mencionó que esta polémica surgió por errores que han perdurado en el tiempo, pero que ahora se pretende resolver este conflicto de manera definitiva. ^ El diputado José Roberto Dávalos Flores, por su parte explicó que estas mesas de trabajo tienen el objetivo de escuchar propuestas, argumentos y estudios que tengan los municipios de Rosarito y Ensenada para después emitir un dictamen justo y legal que en beneficio de la población en conflicto. La siguiente reunión prevista para el 22 de marzo, se llevará a cabo en la ciudad de Ensenada y en ella se pretende acumular todos los estudios que se desprendieron de las anteriores reuniones para elaborar un informe que sea analizado en el Congreso y se pueda emitir la correspondiente resolución.
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Opinión
Protección Integral Escolar 2026: del papel a la acción pendiente en B.C.
2026-07-08 09:28:21
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Por: Guillermo E. Rivera Millán

En Baja California, la evolución normativa en materia de seguridad y protección escolar ha sido constante, pero también marcada por vacíos y retos. Hoy, con la recién socialización del Programa de Protección Integral Escolar 2026, se busca consolidar un marco robusto que atienda riesgos físicos, psicosociales y digitales, con fundamento en 44 normas y la identificación de 10 categorías de riesgo.

Más información...

El Protocolo de Protección Integral Escolar de 2022 integró 24 normas y contempló diversos riesgos, pero quedó desfasado frente a reformas legales y nuevas necesidades operativas. Posteriormente, la tragedia del niño Damián —ocurrida en octubre de 2023— y el proceso judicial contra el profesor Esteban Canchola detonaron un debate amplio sobre la insuficiencia de los protocolos vigentes. De ese debate surgió el Proyecto técnico de actualización de 2025, que amplió el sustento a 38 normas e incorporó lineamientos omitidos, aunque nunca se implementó formalmente por el cuestionamiento de docentes y sindicatos respecto a la carga adicional que les generaba. Como respuesta inmediata, se elaboró la Guía Rápida de Actuación en Situaciones de Riesgo, también en 2025, que estructuró 4 riesgos generales y 15 modalidades. Hoy, ese camino desemboca en la construcción del Programa Integral 2026, que busca consolidar un marco más completo al arranque del ciclo escolar 2026 2027.

El nuevo Programa contempla 10 riesgos principales: accidentes escolares bajo metodología SIPIR HT, situaciones de riesgo sexual, acoso escolar en varias modalidades, violencia entre niñas, niños y adolescentes, violencia digital con más de diez subtipos, maltrato en ámbitos escolar, familiar y comunitario, conducta suicida, uso y venta de drogas, omisión de cuidados atribuible a padres, docentes o directivos, y amenaza o atentado en la escuela, incluyendo bomba, armas y tirador activo. Además, se incorpora un segmento de orientación para estudiantes con discapacidad y trastornos del neurodesarrollo, y un protocolo de protección docente que garantiza principios de dignidad, presunción de inocencia, debido proceso, confidencialidad e imparcialidad, así como medidas contra denuncias falsas.

La construcción del Programa agradece la participación de los miembros del Colegio de Profesionistas de la Educación, así como de las organizaciones sindicales SNTE Sección 2, SNTE Sección 37, SETEBC, SIETEBC y STEBC, y de las dependencias de gobierno que acompañaron el proceso. Este respaldo colectivo aparentemente representa legitimidad y refuerza la corresponsabilidad en su aplicación.

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Sin embargo, la realidad plantea cuestionamientos que no pueden ignorarse. Han pasado más de dos años y medio desde el accidente del niño Damián y, aunque se avanzó en protocolos, la respuesta institucional fue lenta y reactiva. Los ajustes más visibles parecen dirigidos a tranquilizar al gremio docente y sindical, pero falta involucrar de manera real a los consejos de participación social, a madres y padres de familia, a especialistas externos, las escuelas particulares y legisladores locales.

El Programa es ambicioso, pero no se ha definido con claridad qué recursos se destinarán para su implementación. Sin presupuesto adicional, sin plazas nuevas que atiendan riesgos y sin capacitaciones listas, la encomienda corre el riesgo de quedarse en papel. La Dirección de Participación y Convivencia Social, donde está el área de riesgos escolares, requiere personal y financiamiento para cubrir su operación en los siete municipios.

La metodología de actualización tampoco está clara: ¿cómo se adaptará a nuevas realidades, a cambios tecnológicos o a contextos sociales distintos? El Programa parece asumir que todas las escuelas están al 100% en infraestructura y recursos, lo cual no refleja la diversidad de condiciones en zonas rurales y marginadas. La falta de un enfoque territorial puede ser una debilidad crítica. También se observa que el Programa redacta lineamientos en áreas de seguridad, educación y laborales que no siempre son de su competencia directa, lo que puede generar conflictos de atribuciones. Por su parte, los diputados del Congreso aparecen desvinculados de la agenda de la Secretaría de Educación; legislan de manera desarticulada en temas educativos. El reto exige que todos se unan, definan con claridad cuánto presupuesto van a invertir y legislen lo que hoy se presenta como novedad en el Programa, para darle sustento legal y operativo.

El PIE cita a múltiples dependencias y actores, pero en la práctica no basta con mencionarlos: cada uno requiere presupuesto, personal capacitado y mecanismos de evaluación para que su participación sea efectiva. El Programa tampoco menciona la instalación de una mesa permanente de seguimiento y coordinación, que evalúe avances, ajuste protocolos y garantice que los recursos lleguen a las escuelas.

Sin un espacio interinstitucional fuerte, el PIE corre el riesgo de fragmentarse en esfuerzos aislados. Además, no se desarrolla el tema del seguro escolar y sus alcances, lo que deja sin respuesta cómo se cubrirán gastos médicos o indemnizaciones en casos de accidentes. Igualmente, la Nueva Escuela Mexicana exige atender realidades diversas: no puede aplicarse un documento único a contextos tan distintos como los de una escuela urbana y una rural o indígena. El Programa debe adaptarse a esas diferencias para ser realmente inclusivo y efectivo.

Aunque el Programa menciona los Acuerdos de Convivencia Escolar, deja en las escuelas la responsabilidad de desarrollarlos sin ofrecer lineamientos actualizados ni apoyo técnico. Tampoco define cómo se conectará con los Consejos Municipales de Paz y Tejido Social, ni con las medidas alternas de solución pacífica que fortalecen la cultura de paz.

El PIE 2026 representa un avance: amplía cobertura, fortalece el marco jurídico, incorpora inclusión y protege a los trabajadores de la educación. Pero la ruta debe ser clara: Más acción, diagnóstico e inclusión real, inversión significativa, capacitación y actualización constante, voluntad y legislación que respalde lo que hoy se presenta como novedad.

Guillermo E. Rivera Millán
Director general del despacho De la Peña y Rivera S.C.
Fundador de Justicia que Transforma México A.C.

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