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Invasión de predios, un problema para la autoridad

La ocupación de terrenos en distintos puntos de la ciudad sigue, por lo que piden al alcalde que dé una solución a la problemática
Héctor Andrade S. / ZNNoticias
Hace 6 años
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viviendas y terrenos en invasión por familias de escasos recursos
La ocupación de predios fue denunciada por vecinos de lomas de Valle Verde.
Imagen: ZNN.

El Gobierno de Ensenada mediante la Dirección de Administración Urbana, Ecología y Medio Ambiente inició procedimientos en invasiones ubicadas en Lomas de Valle y en el vaso de La Presa.  

Derivado de denuncias ciudadanas quienes argumentaron ponen en riesgo a la comunidad debido a que se encuentran en un área rocosa, y temen que en un futuro aumente la inseguridad. 

En días pasados se pusieron en marcha acciones de verificación en las zonas en mención, así lo dio a conocer el titular de la dependencia, Héctor Villalobos Buelna. 

De acuerdo con el titular se detectaron 15 casas que no cuentan con licencia de construcción, además de que la consulta en el Sistema de Gestión Catastral arrojó que el asentamiento se ubica en predios del Instituto para el Desarrollo Inmobiliario y de la Vivienda para el Estado de Baja California. 

También se dio a conocer que el pasado martes, se giró un oficio a la titularidad del INDIVI para informarle de la situación y para que con base en sus atribuciones tome las medidas correspondientes. 

De acuerdo al reglamento, el Ayuntamiento tiene cinco días hábiles para multar y clausurar las edificaciones. Aseguraron que si en ese tiempo los residentes no constatan la certeza jurídica del predio en que se encuentran las casas que habitan serán desalojados. 

Respecto a la problemática en el vaso de la presa, Emilio López Zamora, mencionó que se cuenta con dos expedientes abiertos, donde se detectaron 16 invasiones de las que 13 ya fueron notificadas y en las tres restantes no se encontraron ocupantes. 

Indicó que en este caso el mayor número de edificaciones son de tipo comercial, específicamente, talleres mecánicos y llanteras.  

"Estas invasiones se ubican en predios de la Comisión Nacional del Agua, pero como autoridad municipal tenemos injerencia debido a que no cuentan con licencia de construcción y factibilidad de uso de suelo, además que se ubican en zona de riesgo inminente", explicó. 

El funcionario subrayó que la administración municipal actúa conforme a derecho y de manera responsable para de la mano con las autoridades involucradas brindar opciones a quienes forman parte de dichas invasiones. 

Buscan lugares para invadir

Parece que los lugares invadidos son idóneos para ello ya que no son reservas, ni están en litigio sino que pertenecen al gobierno que desistirá en los desalojos, señalaron colonos. 

Existen en la ciudad otras zonas que cuentan con un gran número de terrenos abandonados y construcciones en obra negra, que son usualmente el objetivo de invasores, quienes se asientan en estos lugares por largos periodos de tiempo, de los que ya es dificil removerlos. 

Debido a que esta problemática se ha extendido en diversos puntos de la ciudad, se ha pedido la intervención del regidor Raúl Vera Rodríguez, quien señaló que, ante la omisión de las autoridades municipales, han seguido las invasiones en diversos puntos de la ciudad, por lo que exhortó al alcalde a que dé una solución a la problemática. 

Sin embargo, en el caso de Lomas de Valle Verde, y según el vocero Sergio Chaires Agis, el Registro Público de la Propiedad y el Comercio indica que el polígono en disputa, correspondiente a la manzana 90 no está destinado para áreas verdes o parques por lo que es susceptible de comercialización por parte del Instituto para el Desarrollo Inmobiliario y de la Vivienda para el Estado de Baja California. 

Aseguró que en ningún momento se afecta a los colonos de la parte alta de Lomas de Valle Verde y que ya hay más de 30 familias que buscan comprar tierra por medio de este instituto que tiene la facultad de hacerlo y que ''luchan por el derecho a tener una vivienda digna''. 

A medida que las instituciones, las autoridades municipales y federales buscan una vía transparente y un acercamiento claro que logre una mejor ruta y disposición de estos pedazos de tierra disputados y las familias que buscan vivir en estos terrenos. 

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Dialogan por límites territoriales entre Rosarito y Ensenada

Archivo
Hace 1 decada
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Paisaje de La Rumorosa en Baja California.  - Foto: Cortesía.

Por segunda ocasión en una semana, los integrantes de la mesa técnica que conformó el Congreso del Estado, para resolver la controversia territorial entre los municipios de Ensenada y Playas de Rosarito se reunió la tarde de este viernes. Durante el encuentro que se realizó en Playas de Rosarito, cada una de las partes expuso los motivos por lo que considera que la extensión territorial perteneciente a Santa Anita, le corresponde a uno u otro municipio.
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El secretario General del XXI Ayuntamiento, Jesús Jaime González Agúndez, externó las razones por las que la comunidad de Santa Anita pertenece a Ensenada, y destacó que los residentes de dicha demarcación enfrentan carencias en materia de inversión debido a la incertidumbre. En un comunicado el funcionario mencionó que esta polémica surgió por errores que han perdurado en el tiempo, pero que ahora se pretende resolver este conflicto de manera definitiva. ^ El diputado José Roberto Dávalos Flores, por su parte explicó que estas mesas de trabajo tienen el objetivo de escuchar propuestas, argumentos y estudios que tengan los municipios de Rosarito y Ensenada para después emitir un dictamen justo y legal que en beneficio de la población en conflicto. La siguiente reunión prevista para el 22 de marzo, se llevará a cabo en la ciudad de Ensenada y en ella se pretende acumular todos los estudios que se desprendieron de las anteriores reuniones para elaborar un informe que sea analizado en el Congreso y se pueda emitir la correspondiente resolución.
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Nueva Ley de Cáncer Infantil en Baja California: derechos, corresponsabilidad educativa y el desafío de implementarla en medio de una crisis del siste
2026-10-25 11:54:08
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Redacción
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El 23 de octubre de 2026 se publicó en el Periódico Oficial del Estado el Decreto No. 323, que crea la Ley para la Detección y Tratamiento Oportuno e Integral de Cáncer en la Infancia y Adolescencia de Baja California. Es una Ley que llega en un momento decisivo: cuando más se necesita una respuesta institucional sólida, pero también cuando el sistema de salud vive una de sus etapas más críticas en décadas.

La nueva Ley reconoce derechos que antes no existían en el marco estatal. Por primera vez, niñas, niños y adolescentes con sospecha o diagnóstico de cáncer tienen garantizado el acceso a estudios, biopsias y procedimientos desde el primer indicio de la enfermedad, sin esperar a que el diagnóstico se confirme. La referencia a una Unidad Médica Acreditada debe realizarse en un plazo máximo de siete días hábiles, un límite que busca evitar los retrasos que tantas veces han marcado la diferencia entre un tratamiento oportuno y una tragedia.

La Ley también establece que la atención médica debe ser integral y gratuita. Esto debe incluir quimioterapias, cirugías, medicamentos oncológicos, cuidados paliativos y rehabilitación. Además, obliga a que las familias reciban información clara y veraz sobre los tratamientos y sus alternativas, y garantiza apoyo psicosocial para acompañar el impacto emocional que esta enfermedad provoca en los menores y en su entorno familiar. Incluso contempla la continuidad del tratamiento cuando el paciente cumple 18 años, siempre que haya iniciado siendo menor.

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Pero la Ley no se limita al ámbito de la salud. Reconoce que el cáncer infantil también afecta la trayectoria educativa y obliga a la Secretaría de Educación a garantizar que la escuela no abandone al estudiante durante su tratamiento. Esto implica que, cuando el menor está hospitalizado, las Unidades Médicas Acreditadas cuenten con personal educativo del sistema básico. Y cuando el tratamiento se realiza en casa o de manera ambulatoria, las escuelas deben ofrecer facilidades académicas, ajustes razonables y acompañamiento continuo. La educación debe adaptarse a la realidad del niño, no al revés. En un estado donde los tratamientos suelen ser largos y desgastantes, esta continuidad educativa representa un cambio profundo en la manera de proteger la vida escolar y emocional de quienes enfrentan esta enfermedad.

La creación del Padrón Estatal de Cáncer Infantil y del Centro Estatal para la Salud de la Infancia y Adolescencia añade estructura institucional a la política pública. El padrón permitirá conocer la incidencia real, los tipos de cáncer más frecuentes y las causas de abandono del tratamiento. El Centro Estatal será responsable de diseñar estrategias, evaluar resultados y coordinar campañas de información. Son herramientas que, bien utilizadas, pueden transformar la atención en el largo plazo.

Todo esto ocurre en un contexto complejo. Los hospitales generales, ahora bajo el modelo IMSS-Bienestar, operan al límite. El IMSS enfrenta saturación crónica; el ISSSTE arrastra rezagos históricos; ISSSTECALI vive una presión financiera que compromete su capacidad de respuesta. En todos los sistemas, el cáncer es una de las áreas más golpeadas: falta de medicamentos oncológicos, retrasos en quimioterapias, equipos descompuestos y listas de espera que desesperan a las familias. A esto se suma un hecho que habla por sí solo: el personal de salud está saliendo a las calles en Baja California y en todo el país, exigiendo insumos, condiciones dignas y capacidad real para atender a la población.

La Ley abre una puerta importante para la justicia y la dignidad de la niñez y adolescencia con cáncer. Su impacto dependerá de presupuesto, coordinación y voluntad. Pero también les da a las familias un marco legal más claro y detallado para exigir lo que siempre ha sido un derecho, pero ahora enfocado NNA. En medio de la crisis, las escuelas y comunidades escolares pueden convertirse en actores clave para sostener la trayectoria escolar y emocional de quienes enfrentan esta enfermedad.

La nueva Ley no resuelve por sí sola los problemas del sistema de salud, pero sí establece un piso mínimo de justicia. Y en tiempos difíciles, ese piso puede ser la diferencia entre el abandono y la esperanza.

 

Guillermo E. Rivera Millán

Director de De la Peña y Rivera S.C.

Fundador de Justicia que Transforma México AC

 

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