Cambiaron lema de la UABC

La diputada recordó que hoy una terapia psicológica en el Instituto de Psiquiatría cuesta 250 pesos y que las personas deben esperar hasta cuatro semanas para recibir atención.

En México, prácticamente una de cada siete personas enfrenta problemas importantes de salud mental, lo que significa que este desafío está presente en nuestras familias, escuelas y centros de trabajo. “Son personas que se levantan, que sonríen, que cumplen con sus jornadas, mientras por dentro hacen un esfuerzo enorme simplemente por seguir adelante, por eso, pedir ayuda es valentía. Y si alguien ya tuvo el valor de levantar la mano, ahora nos toca responder con humanidad y recursos”, indicó Daylín García.

Derivado de lo expuesto, el exhorto se dirige al secretario de Salud del Estado, Dagoberto Valdés Juárez, al director del Instituto de Psiquiatría, Víctor Salvador Rico Hernández, y al secretario de Hacienda, José Andrés Pulido Saavedra, con el fin de eliminar cuotas de recuperación y garantizar la gratuidad de los servicios públicos de salud mental, incluyendo consultas, terapias psicológicas, atención psiquiátrica, urgencias, hospitalización y demás servicios diagnósticos y terapéuticos.

Además, se pide un diagnóstico integral de los servicios de salud mental en Baja California, que detalle cobertura, tiempos de espera, demanda no atendida, plazas vacantes, cuotas cobradas y el costo presupuestario estimado para establecer la gratuidad.

El acuerdo también plantea que en el Presupuesto de Egresos 2027 se incorporen los recursos suficientes para fortalecer al personal médico, ampliar la infraestructura y garantizar la capacidad de atención necesaria.

Asimismo, se instruyó la implementación de una modalidad digital de la línea 075, mediante WhatsApp, chat o mensajería instantánea, como complemento a la atención telefónica existente, para brindar orientación y canalización oportuna hacia los servicios de salud mental.

A la autoridad educativa se le solicitó desarrollar una estrategia permanente en los planteles escolares para difundir la línea 075 y sus mecanismos digitales, incluyendo códigos QR de acceso directo a orientación psicológica y psiquiátrica.

Por último, se determinó que los ayuntamientos de Baja California promuevan campañas de difusión y prevención en espacios públicos, centros comunitarios, unidades deportivas e institutos de juventud, fortaleciendo la coordinación con las autoridades estatales para acercar la atención en salud mental a la ciudadanía.

El respaldo unánime de las diputaciones de la XXV Legislatura reflejó la sensibilidad del tema y el compromiso de garantizar que la salud mental sea un derecho accesible, digno y gratuito para todas y todos en Baja California, además de consolidar la prevención del suicidio como una prioridad permanente de la política pública.

El retraso vuelve a colocar bajo escrutinio la actuación del director del Periódico Oficial del Estado, Juan Valente Labrada Ochoa, particularmente por haber remitido el ordenamiento municipal al Instituto de Movilidad Sustentable de Baja California (IMOS), para obtener una opinión sobre reformas previamente aprobadas por el Ayuntamiento.

Señalan decisiones jurídicamente cuestionables

La Ley del Periódico Oficial del Estado de Baja California establece que la función de dicho órgano consiste en publicar los actos expedidos por las autoridades dentro de sus respectivos ámbitos de competencia y señala expresamente que son materia de publicación los decretos, reglamentos, presupuestos y demás acuerdos de los ayuntamientos.

No se advierte en dicha legislación la facultad del director del Periódico Oficial para convertir el procedimiento de publicación en una nueva instancia de revisión, ni para condicionar la publicación de un reglamento municipal al visto bueno, opinión o validación de un organismo estatal como IMOS. Es decir, publicar no equivale a autorizar.

El reglamento de Tránsito fue aprobado por el órgano constitucionalmente facultado para emitir la reglamentación municipal.

Someter posteriormente esa determinación a la revisión de una dependencia u organismo del Gobierno del Estado supone, en los hechos, introducir una instancia adicional entre la decisión del Ayuntamiento y su entrada en vigor.

La situación no es nueva. Desde el pasado 14 de julio, el presidente del Comité Ciudadano de Seguridad Pública de Ensenada, Edgar Hernández González, hizo público el señalamiento de que el director del Periódico Oficial había excedido sus facultades al remitir el expediente al IMOS.

Hernández sostuvo entonces que la función del Periódico Oficial es publicar los ordenamientos aprobados por la autoridad competente y advirtió que enviar el documento a otra instancia estatal estaba deteniendo indebidamente el procedimiento. También señaló que dicha intervención invadía competencias municipales reconocidas por el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

A casi dos meses de aquella advertencia, el problema persiste violentando la autonomía municipal.

Y el punto de fondo trasciende al Reglamento de Tránsito.

El artículo 115 constitucional reconoce al municipio libre y establece una esfera propia de competencia para los ayuntamientos, incluyendo su potestad para aprobar bandos, reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de su jurisdicción.

La Constitución es todavía más clara al disponer que la competencia otorgada al gobierno municipal debe ejercerse por el Ayuntamiento de manera exclusiva y que no habrá autoridad intermedia entre éste y el Gobierno del Estado.

Por ello, mantener durante más de cien días sin publicación un ordenamiento válidamente aprobado por el Cabildo y sujetarlo a una revisión estatal que no aparece expresamente prevista en la legislación representa, cuando menos, una extralimitación de las funciones administrativas del Periódico Oficial y, en los hechos, un pisoteo al principio de autonomía municipal consagrado en el artículo 115 constitucional.

El Periódico Oficial no puede convertirse en una segunda instancia de Cabildo.

Tampoco corresponde a su director sustituir el criterio del órgano colegiado municipal, determinar la conveniencia de sus reglamentos o remitirlos a otras dependencias para que éstas decidan si resultan adecuados antes de permitir su publicación.

La Ley del Régimen Municipal para el Estado de Baja California establece que los reglamentos expedidos por los ayuntamientos deben publicarse en el Periódico Oficial para su publicidad e inicio de vigencia. La publicación constituye, por tanto, un paso indispensable para que surtan efectos, pero no una oportunidad para reabrir una decisión ya tomada por el Ayuntamiento dentro de su esfera competencial.

Mientras la publicación continúa detenida, las reformas aprobadas el 28 de mayo permanecen sin entrar en vigor y Ensenada continúa operando con las disposiciones anteriores en materia de tránsito.

Ahora, el asunto dejó de ser únicamente una inconformidad expresada desde organismos ciudadanos.

El Cabildo completo, integrado por las distintas fuerzas políticas del municipio, coincidió en la necesidad de formular institucionalmente un exhorto a la Secretaría General de Gobierno para que las reformas sean finalmente publicadas.

El voto unánime envía un mensaje político difícil de ignorar: independientemente de partidos o posiciones al interior del Ayuntamiento, existe coincidencia en que una determinación adoptada legítimamente por el gobierno municipal debe concluir su procedimiento de publicación.

La Secretaría General de Gobierno tiene ahora frente a sí, la oportunidad de destrabar un procedimiento que lleva más de tres meses detenido y, sobre todo, de garantizar que la publicación de las disposiciones municipales no se transforme en un mecanismo de tutela del Gobierno del Estado sobre decisiones que constitucionalmente corresponden al Ayuntamiento de Ensenada.

Con ayuda de la intérprete en LSM, Rosalba García, explicaron a la prensa que dicho sector suele ser ignorado por las autoridades educativas, y que optan por meterlos en grupos con niños oyentes y profesor oyente.

“Y que no sabe Lengua de Señas. ¿Cómo va a recibir educación? ¿Cómo va a poder comunicarse?”, cuestionó López Martínez.

El presidente de la ARSE, quien también es docente, refirió que desde el 2024 le dejó de pagar el Sistema Educativo y no le renovaron el contrato. En su caso, trabaja con niños de nivel secundaria, además de que también labora a través de la asociación civil mencionada.

Citó que desde el 2016 se quejaron ante Derechos Humanos y fue emitida una recomendación.

Sin embargo, subrayó que la educación “está yendo en retroceso”, pues antes había tres docentes que trabajaban con niños sordos en educación primaria y secundaria, pero en la actualidad ya no están dos y otra maestra está en riesgo de perder su trabajo.

A su vez, esto generaría que los niños se queden sin educación, prosiguió, y no puedan aspirar a un trabajo digno en la adultez.

“Exigimos que se establezca una escuela que dé atención en Lengua de Señas a los niños y jóvenes sordos. No aparentar, no decir ‘Es que es un maestro de educación especial y tomó un cursito de Lengua de Señas’. No basta para trabajar con un niño o niña sorda. Lamentablemente, tú ves dentro del Sistema Educativo una sociedad oyente. ¿Cómo pueden saber cómo vivimos las personas sordas? No saben lo que vivimos. No saben cómo aprendemos porque no lo han vivido”, remarcó Daniel López Martínez.

Durante la protesta en cuestión, también fue señalado que Tiuana cuenta con una escuela de este tipo, mientras que en Mexicali hay dos planteles.

Como parte de su testimonial, indicó que es hijo de padres sordos y, durante su infancia, acudió a terapia de lenguaje, aunque lo incorporaron a escuelas regulares.

“Sin embargo, yo vivía en el analfabetismo: no entendía nada. En primaria, preparatoria y universidad era muy poco lo que yo entendía. Solamente lo que alcanzaba a ver, lo que copiaba con mis compañeros y cuando empecé a colaborar con un niño sordo, me di cuenta que no se trata de eso.

“Las personas sordas necesitan tener profesores que sepan cómo comunicarse con ellos, que los puedan formar y darles las competencias necesarias para que se desarrollen, que tengan un sentido de pertenencia”, ahondó.

Conforme a los datos proporcionados por la ARSE, desde su fundación han tenido sordos hablantes, sordos semilingües, y sordos señantes, y han dado atención a cerca de 500 personas con estas condiciones.

Ante la situación, fue necesaria la presencia de la compañía encargada del suministro de gas al centro penitenciario, cuyos técnicos realizaron el trasiego del combustible y llevaron a cabo los trabajos necesarios para solucionar el problema en las válvulas.

Como medida preventiva, personal de Protección Civil realizó la evacuación de aproximadamente 50 personas que habitan en las inmediaciones del sitio donde ocurrió el incidente.

Finalmente, el director de Bomberos mencionó que las unidades de emergencia se retiraron del lugar alrededor de las 08:00 horas, luego de confirmar que la situación había sido controlada y que ya no existía riesgo para la población.

De estos, 14 son defunciones, donde 12 corresponden al puerto y 2 al municipio de San Quintín.

“La verdad es que ha sido muy preocupante como, básicamente, se ha duplicado el número de rickettsiosis en los últimos años. Creo que ya es muy grave… ya ni siquiera ir a estudiar, sobre todo en la periferia de la ciudad, es seguro para los niños porque pueden ser mordidos por una garrapata y desencadenar el tema de la rickettsiosis”, comentó.

El regidor refirió que, en su calidad de presidenta de la comisión citada, ha convocado y asistido a muchas reuniones, pero se enfrentan a un grave problema que se puede dividir en tres fases sobre lo que supuestamente está haciendo la autoridad en su conjunto, en referencia a los gobiernos municipal, estatal y federal.

De esto, citó que lo primeros son las pláticas de prevención casa por casa, con énfasis en la limpieza casera y de patios, así como de las mascotas; le sigue la acción de retirar la basura por parte del gobierno, pero el problema es que este no se da abasto para el servicio.

“Hay una seria falta de infraestructura y una de las cosas en las que desemboca es en la acumulación de desechos, de basura que se queda ahí por mucho tiempo y que empieza a generar todo tipo de animales. Y el gobierno municipal no tiene la capacidad en Obras Públicas como para recoger eso”, señaló en referencia a los predios y baldíos.

A todo lo anterior sigue la fumigación, prosiguió el regidor, pero el gobierno estatal enfatiza en que “no se dedica a fumigar”, sino a realizar otras tareas,

“Y mientras nos ponemos de acuerdo en el cómo y por qué, la verdad es que han fallecido personas que, de tener una política pública seria en materia de rickettsiosis, no tendrían por qué haber fallecido”, remarcó el regidor.

Adrián García enfatizó que esta última debe estar bien diseñada, además de llamar al gobierno estatal de Baja California a contar con un responsable directo en esta materia.

Adelantó que, en su calidad de edil, buscará en el 2027, con el nuevo presupuesto, puede comprar equipos de fumigación y donarlos al Ayuntamiento de Ensenada.

“Entonces, nuestro llamado es hacer un plan muy específico, con metas cuantificables, pero sobre todo con responsables directos, que le digan a cierto funcionario ‘Tú vas a ser responsable del tema de la rickettsiosis y te vamos a dar toda la ayuda que se pueda para que puedas hacer bien el trabajo”, puntualizó.

El presidente de la Comisión de Salud reiteró que observa “muchas reuniones y declaraciones”, de “tratar de alertar al público”, pero también que el gobierno debe tener una responsabilidad directa.

“Una de las soluciones permanentes es la construcción de mayor vivienda social en Tecate; sin embargo, hoy es urgente reubicar de inmediato a las familias que viven en zonas de alto riesgo dentro del cauce del río”, expresó la legisladora de Morena.

El exhorto plantea que las autoridades competentes en materia de protección civil, vivienda social y aguas nacionales realicen inspecciones para identificar las construcciones irregulares y brinden alternativas de reubicación en zonas seguras.

Por competencia legal y en virtud de que se trata de una problemática que incide en distintas materias, se solicita a la Coordinación Estatal de Protección Civil en Baja California y a la Coordinación de Protección Civil y Bomberos de Tecate, para atender de manera inmediata los riesgos que enfrentan las familias asentadas en el cauce del río Tecate.

Respecto a la gestión de aguas nacionales, se requiere la participación de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) en Baja California, con el propósito de realizar inspecciones y definir medidas de seguridad hidráulica que reduzcan el riesgo de inundaciones en la zona.

En el ámbito de la vivienda social, se exhorta al Instituto de Desarrollo Inmobiliario y de la Vivienda de Baja California (INDIVI BC), así como al Instituto de Promoción del Desarrollo Urbano de Tecate (INPRODEUR), para que se brinden alternativas de reubicación en espacios seguros y dignos.

“Este llamado busca que las instituciones trabajen de manera conjunta y ofrezcan soluciones reales a quienes hoy viven en condiciones de vulnerabilidad”, puntualizó Maythé Méndez.

“Eso ha generado obstáculos importantes para los prestadores del servicio”, señaló el legislador.

En su proyecto legislativo establece que dichos derechos puedan ser transferidos, otorgados en garantía, embargados o gravados, siempre con autorización previa del Instituto de Movilidad Sustentable y bajo condiciones que aseguren la continuidad del servicio.

“Muchos concesionarios enfrentan dificultades para obtener créditos destinados a renovar unidades o adquirir tecnología. El problema no radica en la falta de interés o capacidad, sino en que las concesiones no cuentan con un marco legal claro que permita reconocerlos como respaldo patrimonial sujeto a supervisión de la autoridad”, señaló.

A través de esta reforma se permitirá que los concesionarios accedan a esquemas financieros modernos, líneas de crédito institucionales y estructuras de inversión que hoy no son viables, fortaleciendo así la competitividad y sostenibilidad del sistema de transporte público.

“La intención es que los derechos derivados de las concesiones puedan integrarse a esquemas financieros y patrimoniales modernos, pero de manera regulada y bajo control del Instituto, lo que facilitaría atender el rezago vehicular y la necesidad de modernización tecnológica”, indicó Daniel Razo.

Dentro del proceso legislativo, el proyecto de reforma fue turnado a la Comisión de Desarrollo Metropolitano, Conurbación, Infraestructura, Movilidad, Comunicaciones y Transportes, para su debido análisis y estudio.

El Campeonato Mundial estará integrado por 13 pruebas que se disputarán en territorio canadiense, contemplando modalidades como ruta, relevo mixto por equipos, contrarreloj individual y carrera de ruta, en una competencia que reunirá a los mejores exponentes del ciclismo internacional.

Los dos representantes de Baja California competirán en la categoría Elite, acompañados por José Escárcega, Ulises Castillo, Tomás Aguirre y Carlos Aguirre. En la categoría Sub 23 participarán Said Cisneros, Leo Cisneros, José Prieto, Juan Prieto y Michael Zárate, mientras que en el nivel Junior México contará con José Rodríguez, Santiago Moreno y Omar Andrade.

De esta manera, Baja California contará con dos representantes en uno de los principales eventos del calendario internacional del ciclismo, con Isaac del Toro y Éder Frayre listos para portar los colores de México y buscar un resultado destacado en Montreal.

Esa imprecisión no es un detalle menor. La Corte Interamericana y la Primera Sala coinciden en que no puede exigirse a un periodista demostrar la verdad absoluta de lo publicado, sino diligencia razonable para verificarlo antes de hacerlo público. Las opiniones, por su naturaleza, no se someten a ese escrutinio salvo que aparenten fundarse en hechos que el propio emisor introduce sin sustento. Los Lineamientos no incorporan expresamente esa distinción tripartita —opinión pura, información de hecho, opinión con base fáctica— que ya es un estándar consolidado. Dejarla fuera del texto no la elimina; traslada su definición a la práctica administrativa de la Comisión, con el riesgo de que cada caso se resuelva sin criterios previsibles.

A esto se suma un elemento que vuelve más compleja la discusión: en materia de libertad de expresión, la afectación no surge solo cuando la autoridad sanciona. La sola existencia de un estándar ambiguo produce un efecto inhibidor: redacciones que ajustan contenidos, moderan afirmaciones o evitan opiniones con base fáctica por temor a que la Comisión considere insuficientes los “elementos mínimos”. Esa autocensura inmediata abre la puerta a convertir al artículo 18 en una norma autoaplicativa desde su entrada en vigor, lo que abre la puerta a su impugnación en abstracto sin esperar la primera multa.

Hay además un reverso que el debate ha ignorado: la veracidad también es condición del derecho de réplica reconocido en el artículo 6º constitucional. Sin un estándar claro, el ciudadano no puede defenderse frente a información falsa que le cause un agravio. El problema de los Lineamientos no es exigir veracidad, sino hacerlo sin definirla: la incertidumbre desnaturaliza simultáneamente la libertad de prensa y la efectividad del derecho de réplica, dejando a periodistas y audiencias sin parámetros previsibles.

¿Procede impugnar este vacío? La respuesta depende menos de un tecnicismo procesal y más de qué tan concreta sea la afectación acreditable. Un concesionario con interés jurídico directo puede cuestionar desde ahora obligaciones ya exigibles, como contar con código de ética y criterios editoriales definidos. La aplicación del estándar de veracidad, en cambio, suele ser más difícil de combatir en abstracto, aunque el efecto inhibidor fortalece la argumentación de autoaplicatividad. Hay, además, un segundo frente: exigir a la propia Comisión que incorpore el estándar de diligencia razonable en su práctica de supervisión antes de que un caso concreto obligue a un tribunal a hacerlo por ella.

Conviene ser explícito sobre las imprecisiones detectadas. El texto no aclara si “elementos mínimos” equivale al estándar interamericano de diligencia razonable o a algo más cercano a la certeza. Tampoco distingue con nitidez los tres escenarios que la Primera Sala ha desarrollado para expresiones de interés público. Y la facultad de supervisión del artículo 52, redactada en términos abiertos, no acota quién verificará la diligencia ni bajo qué procedimiento, dejando un margen de apreciación mayor al deseable cuando el objeto supervisado es discurso público.

Hay una tensión de fondo: proteger a las audiencias exige que alguien defina, en el margen, qué es suficientemente veraz. Ese alguien puede ser el propio medio, un defensor independiente, un tribunal o una comisión administrativa. Organizaciones como ARTICLE 19 han insistido en que esa definición no debería recaer en una autoridad dependiente del Ejecutivo; la CIRT ha planteado, desde otra posición, la misma preocupación.

Una salida regulatoria viable consiste en trasladar la definición de los “elementos mínimos de veracidad” a los propios Códigos de Ética de los concesionarios. Estos instrumentos sí son obligatorios, generan obligaciones inmediatas y pueden impugnarse. Incorporar ahí el estándar de diligencia razonable y la distinción tripartita permitiría que la predictibilidad dependa de pautas profesionales y no del arbitrio político del regulador. Esa cláusula de conciencia editorial cerraría el vacío normativo sin esperar una reforma legislativa o una impugnación de quien se considere afectado.

Guillermo Eugenio Rivera Millán

Director General De la Peña y Rivera S.C.

Fundador de Justicia que Transforma México A.C.

“Muy contento con el gran resultado que conseguimos hoy en la Philadelphia Classic, la carrera de un día más importante de Estados Unidos. Estuvieron presentes algunos de los mejores equipos del mundo y logramos finalizar dentro del top 10”, expresó Frayre al término de la competencia.

El resultado representa además un importante parámetro de preparación para el Campeonato Mundial de Ciclismo de Ruta 2026, que se llevará a cabo del 20 al 27 de septiembre en Montreal, Canadá, donde Frayre integrará la Selección Mexicana.

En la justa mundialista, el ciclista bajacaliforniano tendrá un papel clave como lugarteniente de Isaac del Toro, respaldando al también bajacaliforniano en una de las principales citas del calendario internacional.

“Muy satisfecho y contento de poder seguir compitiendo al mejor nivel, de haber podido estar al mismo nivel frente a algunos de los mejores corredores del mundo y, sobre todo, de poder seguir vigente y competitivo a pesar de los años”, señaló.

Con este resultado, Frayre llegará al Mundial con ritmo competitivo y confianza, después de medirse de tú a tú con corredores de algunas de las principales escuadras del ciclismo internacional.

Se organizan a través de colectivos y movimientos civiles, y su labor ha resultado crucial en un entorno marcado por la alta incidencia de desapariciones en la Entidad federativa. Y mediante jornadas autofinanciadas de búsqueda en campo han logrado históricos e importantes hallazgos en la localización de fosas clandestinas y personas.

Por ello, la presente iniciativa tiene el objeto de establecer de forma obligatoria que, dentro de los espacios destinados a las consejerías ciudadanas, se designe un espacio específico para una persona representante de colectivos u organizaciones de madres buscadores de personas desaparecidas.

Esta medida pretende asegurar que la visión; los conocimientos técnicos; la sensibilidad y las problemáticas materiales e institucionales que enfrentan diariamente las madres buscadoras, sean incorporados de forma permanente en las deliberaciones, informes y recomendaciones del citado máximo órgano defensor de los derechos humanos de Baja California.