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Sigue debiendo el agua el gobierno de Ensenada: llega a 80 millones de pesos

Hace 3 meses
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El Gobierno de Ensenada debe 80 millones de pesos a Cespe al corte de junio, informó su director Alonso Centeno Hernández. - Foto: Cortesía.

Al mes de junio del presente año, el Gobierno Municipal debe 80 millones de pesos a la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada (Cespe), informó el director general Alonso Centeno Henrández.

El titular de la paraestatal declaró que han buscado reuniones con la administración de la alcaldesa Claudia Agatón Muñiz, pero no se han concretado.

“Debe, al mes de junio, la suma asciende a 80 millones de pesos. Hemos estado buscando la reunión con la presidenta municipal. No se ha podido dar”, dijo.

Centeno Hernández agregó que incluso vía oficio solicitaron una reunión que preveían entregar el miércoles pasado; esto, para ver los proyectos de la localidad y el adeudo respectivo.

Recordó que la alcaldesa declaró hace semanas que “exigía” coordinación con el tema de la Cespe, a lo que respondió que sí se han reunido en diferentes ocasiones con los titulares de Infraestructura Municipal, como lo fue Paola Avelar y ahora José Plascencia.

Incluso con Martha Odette Román Ibáñez, titular de Bienestar Social Municipal, pues hay temas de infraestructura relacionados con el agua, como el Ramo 33.

El director de la Cespe consideró que quizá a Agatón Muñiz “no la enteren” o “no le pasen la información” de dichas reuniones, pero ellos sí han tenido acercamiento con parte de su equipo.

Sobre otros entes públicos que deban el pago del agua, citó los casos de los subsistemas de las preparatorias federales, como Cbtis, Cbta y Cetmar.

“Estamos haciendo una gestión para que se pueda dar un tipo de acompañamiento del gobierno federal para poder cubrir eso. Incluso en algunos ejercicios se han expedido decretos y que se pague una cantidad marginal, sin embargo, los directivos no cuentan con el recurso suficiente y tienen que gestionarlo en oficina central. Esperamos que este año veamos alguna alternativa para que se pueda saldar y que, a partir del 2027, vayan pagando mes con mes”, adelantó Alonso Centeno Hernández.

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Alcaldesa Agatón va por la reubicación de pesqueras de El Sauzal a Ciudad-Jatay

Un parque industrial a 15 minutos de Ensenada
Hace 2 años
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Se está trabajando en la regularización del área, mencionó la alcaldesa Claudia Agatón  - Lorena Lamas.

Legisladores estatales cuestionaron a la presidenta municipal Claudia Agatón Muñiz sobre el tema de la contaminación visual y las emisiones en la delegación de El Sauzal. En respuesta, propuso la habilitación del proyecto industrial Ciudad-Jatay.

Tenemos avances con un parque industrial en Ciudad-Jatay, que está a 15 minutos hacia el norte del puerto de El Sauzal, dijo la presidenta en el Congreso del Estado durante la presunción de la ley de ingresos este lunes 2 de diciembre.

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En la zona de El Sauzal, se está trabajando en la regularización del área, mencionó.

El ayuntamiento de Ensenada está considerando trasladar a las empresas de distintos giros, incluyendo las pesqueras, para reubicarlas en un lugar donde no contaminen ni afecten a la ciudadanía.

Esta propuesta surgió tras un viaje a Torreón, donde fueron testigos de la transformación de la lechería Lala, la operación generaba daños ambientales así como aromas desagradables.

Ciudad-Jatay es un parque industrial y cuenta con 800 hectáreas. De estas, 100 hectáreas estarían destinadas para una plaza comercial, 100 para uso habitacional, y 600 quedarían para el parque industrial, declaró Agatón a un medio de comunicación.

A este plan, la alcaldesa añadió la propuesta de acondicionar un tercer carril exclusivo para tráileres. La información ya está en manos de la Administración del Sistema Portuario Nacional (ASIPONA).

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Editorial
La fragilidad de la ciudad revela la inacción de las autoridades
2026-10-12 17:21:43
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La realidad de un gobierno se revela en los peores momentos. Personas muertas y desaparecidas, autos varados, falla de servicios, viviendas inundadas y arrastradas con personas dentro, hospitales sin electricidad y con agua y lodo en sus pasillos y salas. Las imágenes de la emergencia exhiben una ciudad vulnerable y autoridades rebasadas, incapaces de responder con oportunidad ante una contingencia que puso en riesgo la vida de miles de personas.

¿Hasta cuándo Protección Civil dejará de pasearse por la ciudad en sus unidades para utilizar de verdad los atlas de riesgo? ¿Cuándo se tomarán decisiones para impedir que las familias habiten zonas de deslaves y escurrimientos, y se negarán permisos de construcción a desarrollos inmobiliarios en lugares peligrosos? Prevenir a minutos de la tragedia es como no hacer nada o cuando el desastre ya ocurrió.

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La prevención es meses, semanas, incluso días antes para evitar que el desastre ocurra.

La desorganización también quedó expuesta en las calles. Desde el sábado por la tarde, semáforos de la avenida Reforma dejaron de funcionar y los congestionamientos comenzaron a complicar la circulación, sin presencia de agentes de tránsito para agilizarla. A minutos de la llegada de los vientos, el gobierno municipal anunció el cierre de bares y establecimientos que venden bebidas alcohólicas, pero no informó oportunamente dónde podía resguardarse.

Ni siquiera había un mapa de rutas seguras para llegar a cada lugar de la ciudad, o los lugares que había que evitar para no quedar atascado.

También deberán explicarse las consecuencias de las obras realizadas en el arroyo municipal para permitir el paso de las carreras, luego de las cuales se inundó la calle Sexta, entre Espinoza y Floresta, una zona que anteriormente no presentaba ese problema.

No basta con reparar daños ni anunciar apoyos, lucir convoys para presumir la “coordinación”, peinado de áreas, lucir en las fotos caminando con la frente en alto.

La ciudadanía merece saber qué decisiones se tomaron, quién las autorizó y si se evaluaron sus posibles consecuencias.

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Prevención implicaba sacar a las familias donde el agua destrozó casas de madera; remover autos estacionados en zonas de inundación; insistir en albergues; revisar que no estuvieran tapadas alcantarillas, anunciar a dónde no acercarse.

Hasta ahora, hay cuatro personas fallecidas y diez desaparecidas, mientras las pérdidas materiales siguen sin cuantificarse con precisión.

Cuando la tragedia se hace patente, algunos funcionarios apenas comienzan a reaccionar. Los regidores y demás responsables públicos tienen la obligación de exigir explicaciones, pero también de asumir su parte en la vigilancia y prevención.

Y cuando llegue el momento de volver a pedir el voto, la ciudadanía tendrá que recordar quién estuvo a la altura y quién no. Porque la lluvia, el viento y las inundaciones pueden ser fenómenos naturales que se volverán habituales. ¿Se acusará a alguien de negligencia?

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