Asteriscos

La activista fue vista por última vez el 17 de septiembre de 2026, al salir de su casa ubicada en la colonia Moderna, en Ensenada, Baja California, a bordo de un vehículo Mazda 3, color gris, modelo 2016, con placas de circulación ALL3761.

Media filiación: mide aproximadamente 1.65 metros de estatura, pesa 90 kilogramos, es de complexión regular, tez morena, cabello largo color negro, ojos color café oscuro y cejas arqueadas. Señas particulares: cicatriz de aproximadamente 10 centímetros en la clavícula izquierda, producto de una cirugía. La vestimenta que lleva es pantalón negro, camisa blanca y sandalias.

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Cualquier información al teléfono 646 152 25 00, extensiones 2559 y 2560. También se puede llamar al número de emergencias 9-1-1 o realizar una denuncia anónima al 089.

La presidenta de Diamantina Rosa lo refirió este viernes11 de septiembre a Zona Norte Noticias, luego de la rueda de prensa encabezada el jueves 10 por Leticia Isabel Chávez Ojeda, víctima del delito señalado, y quien acusó directamente a Pedro “N”.

Chávez Ojeda mostró su denuncia formal ante la FGE, realizada el 28 de octubre de 2023, ante el Módulo de Justicia Alternativa Orientación Praderas de El Ciprés, con Número Único de Caso (NUC) 0201-2023-16960.

“Unas 25 (mujeres). Y ayer denunciaron personalmente 9. Las acompañamos a Fiscalía”, mencionó la abogada sobre los resultados de la rueda de prensa, pues se hizo una invitación para que más personas que hubieran pasado por una situación similar se acercaran para recibir asesoría y acompañamiento.

Sobre el testimonial, Leticia Isabel compartió que ocurrió cuando era ella una adolescente de 17 años y estaba embarazada; refirió sentirse incómoda con el trato recibido por parte del doctor Pedro “N”.

“Sentí muy raros los tocamientos y todo lo que estaba haciendo porque no nada más fue con la mano. Yo, sinceramente, estaba muy ignorante de todo, con mucho temor. Cuando pasas por esto te bloqueas”, expresó.

Del tiempo transcurrido hasta la denuncia formal, explicó que era algo que no podía olvidar y siempre lo tenía presente, además de las emociones relacionadas.

“Me animé porque escuché el caso de (la cantante) Sasha Sokol. Me puse a investigar y miré que no prescribe para menores de edad. Me animé a hacerlo. Primero denuncié ante la Fiscalía hace tres años y medio, en Delitos de Abuso Sexual”, refirió, al tiempo de señalar que no tuvo respuesta ni atención por parte de la FGE.

Decidió hacer pública su situación, al compartirlo en cuatro grupos de redes sociales; lo anterior generó que otras mujeres decidieran contactarla para asegurarle que habían vivido situaciones similares en diferentes años.

“El doctor siguió abusando de embarazadas, de menores de edad, de mayores de edad, y de amigos e hijas, de esposas… yo digo que contando, de tres días para acá, son mínimo 100 casos. Y muchas que han visto la publicación y muchas que no se animan”, comentó el jueves sobre la respuesta obtenida.

De manera general, la rueda de prensa fue para puntualizar la necesidad de sumarse para evitar la impunidad.

“¿Por qué estoy dando la cara? Ya no por mí, yo fui anónima, sino por darle voz a todas las víctimas y porque se me hace una injusticia que esté un abusador, un depredador, como yo lo escribí, en las calles suelto y consultando. Aquí estoy por ellas”, afirmó.

Las denuncias podrán ser canalizadas en el sitio oficial de Diamantina Rosa en redes sociales (https://www.facebook.com/profile.php?id=61584460419140) y al número de WhatsApp (646) 127 1394.

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La pequeña de apenas 7 meses de gestación fue localizada alrededor de las 04:26 horas, luego de que residentes de la zona reportaran a las autoridades haber escuchado su llanto mientras dormían en las cuartarías dentro de la agricola Vegex.

Elementos de la Policía Municipal acudieron al sitio y encontraron a la menor envuelta en una cobija dentro del recipiente para basura. Paramédicos de Bomberos le brindaron atención y posteriormente fue trasladada de urgencia al Hospital General de Ensenada.

Como parte de las investigaciones, la madre de la bebé se encuentra imputada por estos hechos y permanece recluida en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de Ensenada, mientras continúa el proceso correspondiente ante las autoridades.

De acuerdo con la información relacionada con el caso, la mujer es originaria de Chiapas, donde habría dejado a otro hijo de aproximadamente 2 años de edad. La investigación quedó a cargo de la Fiscalía General del Estado (FGE).

La mujer estaba en proceso por el delito de feminicidio en grado de tentativa, y ahora tendrá que ser reclasificado.

De acuerdo con información proporcionada por el colectivo, este domingo 6 de septiembre los restos fueron encontrados en el mismo punto donde el pasado 11 de agosto fueron localizados los cuerpos sin vida de una pareja.

El hallazgo ocurrió a escasos metros del lugar donde fueron encontrados aquellos cadáveres.

En las labores de búsqueda participaron elementos de la Comisión Local de Búsqueda, la Comisión Nacional de Búsqueda, Policía Municipal, Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC) y Guardia Nacional, además de integrantes de otros colectivos de búsqueda provenientes de Tijuana.

El hallazgo generó molestia entre integrantes de La Justicia es para Todos, quienes cuestionaron que los restos hayan sido encontrados prácticamente en el mismo sitio donde previamente se localizaron los cuerpos de la pareja.

Los buscadores también expresaron su inconformidad por el trato que según recibieron durante el operativo anterior, afirmando que no se sintieron tratados con la dignidad que merecen tanto las víctimas como sus familias. Las autoridades de la Fiscalía General se encargan de la investigación.

Un hecho similar ocurrió el viernes 6 de marzo del 2025 en el Valle de Guadalupe cuando cinco trabajadores de un rancho, originarios de Tijuana y Sinaloa, desaprovecharon en una propiedad ubicada en la intersección de calles Tierra Santa y Monte Parnaso, camino hacia Los Olivares, en el Ejido El Porvenir, no se ha sabido de su paradero.

Los desaparecidos esta vez en Maneadero están identificados como Jesús Alexandro Sánchez Gerardo y David Alberto Ortiz Quintal, ambos originarios de Mexicali, así como José Alfredo Morales Martínez, de Playas de Rosarito.

De acuerdo con información proporcionada, ese día que desaparecieron un grupo de hombres armados, que se desplazaba en vehículos, habría ingresado a las cuarterías donde se alojaban los trabajadores.

Los sujetos presuntamente habrían tenido acceso a las instalaciones luego de que los guardias de seguridad les permitieran el ingreso. Posteriormente, los tres trabajadores habrían sido golpeados y obligados a salir del lugar para ser trasladados en contra de su voluntad.

Testigos que solicitaron mantener su identidad bajo reserva señalaron que existen sospechas sobre una posible colaboración entre personal de seguridad de las cuarterías, una encargada de la empresa y personas relacionadas con actividades delictivas en la zona.

Desde el 20 de agosto no se tiene información sobre el paradero de Sánchez Gerardo, Ortiz Quintal y Morales Martínez, por lo que familiares y personas cercanas mantienen la búsqueda y esperan que las autoridades esclarezcan lo ocurrido.

La intervención se realizó mediante un operativo interinstitucional apegado al respeto a los derechos humanos, en el que participaron la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Baja California (SSCBC), la Fiscalía General del Estado (FGE), la Guardia Nacional, la Secretaría de Salud, IPEBC y la Coepris.

Durante la diligencia también fue detenida una persona que fungía como escolta en el lugar, debido a que portaba un arma de fuego sin acreditar que contaba con el permiso correspondiente. La persona fue puesta a disposición de la autoridad competente para determinar su situación jurídica.

Al momento de la intervención se encontraban personas internadas en el establecimiento, por lo que las acciones se desarrollaron priorizando su integridad, estado de salud y derecho a recibir atención en condiciones seguras y dignas.

El Instituto de Psiquiatría del Estado de Baja California (IPEBC) ofreció el servicio de traslado a las personas internas a otros centros de atención. Ninguna persona fue desalojada.

Durante la verificación se identificaron deficiencias en las condiciones de atención, incumplimientos sanitarios e irregularidades en los mecanismos para acreditar el consentimiento de las personas internas. Estos hallazgos dieron lugar a la suspensión del establecimiento, conforme a las atribuciones de la autoridad sanitaria.

La actuación también se llevó a cabo en el contexto de la investigación por el homicidio de un joven de 28 años ocurrido dentro del centro.

De acuerdo con la información recabada, la víctima ingresó el 18 de agosto y fue localizada sin vida tres días después.

El Servicio Médico Forense determinó como causa de muerte asfixia mecánica y documentó más de 40 lesiones recientes.

Como parte de la investigación, el 29 de agosto la Fiscalía General del Estado ejecutó dos órdenes de aprehensión contra personas señaladas como presuntas responsables.

El procedimiento penal continúa a cargo de la autoridad competente y bajo el principio de presunción de inocencia.

La suspensión constituye una medida administrativa sustentada en los resultados de la verificación sanitaria. Las investigaciones relacionadas con el homicidio y con la portación del arma de fuego continuarán de manera independiente para determinar las responsabilidades correspondientes.

Las autoridades mantendrán la supervisión de los centros de rehabilitación, incluidos aquellos relacionados con la denominada “Patrulla Espiritual”, con base en criterios técnicos y legales aplicables a cualquier establecimiento. El objetivo es garantizar que quienes atraviesan por un proceso de rehabilitación reciban atención segura, digna y respetuosa de sus derechos.

De acuerdo con el reporte de Seguridad Pública, en una vivienda ubicada en la calle B, una mujer estaba siendo agredida por un hombre. Al arribar al lugar, los oficiales Campuzano y Pérez escucharon los gritos de auxilio de la víctima.

Al ingresar al domicilio, el agresor, identificado como Brandon, de 28 años de edad, se abalanzó sobre los agentes. Los oficiales lograron someterlo y detenerlo.

Durante el forcejeo el sujeto causó diversas lesiones en los brazos y el cuello al agente Campuzano, quien tuvo que ser trasladado en ambulancia a un hospital para recibir atención médica.

El agresor fue trasladado a la Comandancia de Policía y posteriormente quedó a disposición de la Fiscalía General del Estado (FGE).