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Según sus cifras divulgadas en redes sociales, fueron “más de 11 mil” asistentes en Baja California; de estos números, en las ciudades de Tijuana y Mexicali -donde históricamente se registra la mayoría de votos- refirió “5 mil personas” en la primera y “3 mil” en la capital.

En el caso de Ensenada, supuestamente fueron “3 mil” ciudadanos congregados en menos de la mitad del parque indicado, donde la primera fila correspondió a funcionarios estatales y una parte del sector empresarial -Canaco-, mientras que de la segunda fila hasta el final fue para la ciudadanía supuestamente atraída de manera natural para escuchar al legislador.

Armando Ayala, contagiado de la fiebre mundialista, vistió la playera oficial de la Selección de México en todos sus eventos.

El pico de figuras políticas que lo acompañaron fue alcanzado el domingo 14 de junio, en Mexicali, pues lo arroparon la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, su homólogo Gerardo Fernández Noroña, y su compañera de fórmula, la senadora Julieta Ramírez Padilla -exsecretaria particular de Marina del Pilar y aspirante a la gubernatura-.

De paso, la alcaldesa Norma Bustamante, así como los diputados locales Jaime Cantón -también exsecretario particular de Marina del Pilar- y Juan Manuel Molina García, así como la diputada federal Nancy Sánchez.

A su vez, las y los alcaldes bajacalifornianos se repartieron en los demás eventos, salvo Ismael Burgueño, quien no estuvo presente en Tijuana, aunque sí fueron la diputada federal con licencia, Evangelina Moreno -también aspirante a la gubernatura-, la diputada federal Araceli Brown Figueredo, y el primer edil de Tecate, Román Cota Muñoz.

Para el cierre en Ensenada, Armando Ayala eligió una de sus obras como alcalde, pues al Parque Revolución se le destinó más de 19 millones de pesos de la Sedatu para su renovación.

Ahí, en la llamada “Plaza del Músico”, donde no suelen verse músicos, fue acomodado el templete para posar a la actual presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo; el diputado federal Fernando Castro Trenti -expriísta y también aspirante a la gubernatura-; la diputada federal Rocío López Gorosave; los diputados locales Fidel Mogollón y Diego Lara Arregui; y las alcaldesas Rocío Adame Muñoz, de Playas de Rosarito, y Miriam Cano, de San Quintín, entre otros incondicionales e invitados especiales, como los secretarios del Trabajo y Pesca, Alejandro Arregui y Alma Rosa García Juárez.

En esta atmósfera, potenciada con pantallas gigantes, transmisión radial y en redes sociales, así como batucada, Armando Ayala presumió que era su “séptimo informe”, en referencia a los realizados durante cinco años como presidente municipal de Ensenada, además de asegurar que toda la organización había corrido a cargo de “un equipo pequeño”.

Entrado en su mensaje, citó otra vez los programas y obras hechas en su gestión, con apoyo de dinero federal, en referencia al tramo Chapultepec-Maneadero, las remodelaciones del Parque Revolución, la Plaza Cívica de la Patria, el ex Mercado Municipal, el malecón de Playa Hermosa, y “el Plan de Pavimentación más grande que ha tenido la ciudad”, por citar algunos ejemplos.

“Decirles que nunca pensé, un día, alcanzar a ser senador de la república”, expresó, para luego quejarse de que “un alcalde panista” llegó a decir que como un locutor, que había empezado en Radio Bahía y La Rancherita, iba a ser presidente municipal.

“Que no se merecía personas, como un locutor, llegar a puestos tan importantes. Porque eso era para empresarios, para potentados, para grandes líderes y que esos puestos no eran para el pueblo”, según recordó, para luego agradecer al “movimiento de Andrés Manuel López Obrador que hizo llegar a “campesinos” y “trabajadores de la maquila”.

Sin olvidarse de mencionar a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, concluyó con la promesa de seguir con obras para Ensenada e incluso otros municipios.

“Vamos a seguir trabajando por Baja California; por Ensenada, por su Bypass, por el puerto de (Punta) Colonet; por Rosarito, por esa desaladora para que brinde agua por nuestra ciudad; por Tijuana y su cablebús; por Tecate para que tenga una garita las 24 horas; por Mexicali, para ampliar el plazo del subsidio a las tarifas eléctricas; y vamos a seguir recorriendo todo el Estado, casa por casa, porque con el pueblo todo y sin el pueblo nada”, según prometió.

Tras esto, siguió la música y la batucada. Algunas señoras intentaron retirarse, pero se les impidió el paso, pues faltaba tomar la fotografía oficial con todos los funcionarios e invitados al frente. Sólo tras esto, las dejaron marcharse.

Esto, toda vez que la exposición a este tipo de conductas puede generar impactos reales en su estabilidad emocional, en la construcción de su personalidad y en la forma en que perciben y reproducen las relaciones interpersonales.

Consideró la Comisión dictaminadora, que la presencia de niñas, niños o adolescentes durante la comisión del hecho constituye un elemento que agrava la conducta, al trascender el ámbito individual de la agresión y proyectar sus consecuencias sobre el entorno familiar en su conjunto.

Porque no se trata únicamente de la violencia ejercida, sino del contexto en que ésta ocurre, el cual amplifica sus efectos al involucrar indirectamente a personas en situación de particular vulnerabilidad.

De esta forma, se aprobó la enmienda al artículo 242 BIS de dicho Código, para que cuando exista reincidencia por parte del activo, o cuando la acción se realice en contra de persona con discapacidad, embarazada o adulta mayor, o cuando los actos de violencia se cometan en presencia de niñas, niños o adolescentes, la pena mínima y máxima se aumentará hasta una mitad.

Y, en su caso, atendiendo a la gravedad de la conducta a juicio de la persona juzgadora se le condenará a la suspensión o pérdida del ejercicio de la patria potestad, tutela o guarda y cuidado de la persona menor de dieciocho años, persona adulta mayor o persona con discapacidad, a quien tenga el ejercicio de ésta, por resolución judicial. En ningún caso el Ministerio Público remitirá para mediación o proceso alternativo de solución a las Víctimas de Violencia familiar.

Las cuentas públicas revisadas corresponden al Instituto de Cultura de Baja California (ICBC); Instituto Metropolitano de Investigación y Planeación de Ensenada (IMIP Ensenada); Instituto Municipal de la Juventud de Mexicali (IMJUV Mexicali); Universidad Intercultural de Baja California (UIBC); Instituto de la Mujer para el Estado de Baja California (INMUJER); Universidad Autónoma de Baja California (UABC); Instituto Municipal del Deporte de Playas de Rosarito (IMDER); Comisión Estatal del Sistema Penitenciario de Baja California (CESISPE); Patronato del Parque Vicente Guerrero de la Ciudad de Mexicali; Proturismo de Ensenada.

Como resultado de la revisión, la Comisión dictaminó como no aprobatoria la cuenta pública de Proturismo de Ensenada, derivado de diversas observaciones detectadas durante el proceso de fiscalización.

Por otro lado, se destacó que el ICBC, INMUJER BC, fueron las entidades fiscalizadas que obtuvieron la máxima puntuación, al obtener cien puntos en la evaluación cuantitativa realizada.

Entre los principales hallazgos y observaciones derivadas de los resultados de la auditoría, se informa falta de pago o retención de ISR y cuotas al IMSS; adjudicaciones directas; incumplimiento de contratos; falta de expedición de los Comprobantes Fiscales Digitales (CFDI); déficit presupuestal; irregularidades en pagos a ISSSTECALI; gastos por comprobar; modificación presupuestal sin aprobación de Cabildo municipal; falta de Padrón de Proveedores actualizado; entre otros.

En la reunión estuvieron, además de la presidenta, las diputadas Dunnia Montserrat Murillo López, Liliana Michel Sánchez Allende, Julia Andrea González Quiroz; Angélica Peñaloza Escobedo; Mayola Gaona Medina, Tere Ruiz Mendoza y los diputados Jaime Cantón Rocha y Fidel Mogollón Pérez; además del Sub Auditor Superior del Estado, José Francisco Gómez Mc Donough, así como titulares y representantes de las entidades fiscalizadas.

López Gorosave consideró que ya había hablado suficiente sobre el tema, en referencia a los dos comunicados que envío tras la liberación de Erik Sánchez Zertuche López y José Héctor Oliveros Carabita, ambos inspectores del Instituto de Movilidad Sustentable (IMOS) del Estado de Baja California.

“La verdad, creo que es suficiente con el comunicado. Yo agradezco y reconozco el trabajo de las autoridades, la coordinación, y me solidarizo con las personas que están pasando, o que han pasado con un proceso tan difícil como el que yo viví en carne propia. Obviamente no se lo deseo a nadie, y lo que esté en mis facultades trabajaré en favor de ello”, dijo.

Sobre lo que podría hacer desde su cargo, López Gorosave reiteró que lo hará dentro de sus facultades, aunque tampoco brindó más detalles.

“Obviamente me voy a abocar en este tema para ver, desde mi trinchera, o desde cualquier trinchera desde la que me encuentre, poder apoyar a combatir este riesgo que pasan muchas personas y coadyuvar, apoyar, a los que lo están pasando. Creo que lo que nos corresponde, como legisladores, es combatir ese delito tan grave que separa familias y es muy doloroso”, concluyó.

Erik Sánchez Zertuche López y José Héctor Oliveros Carabita fueron privados ilegalmente de su libertad, y posteriormente liberados, en un plazo de 24 horas: esto, tras la participación inmediata de diferentes dependencias, incluidas las del Gobierno del Estado de Baja California, así como la Defensa y Guardia Nacional (GN).

Los hechos ocurrieron desde las 21:00 horas del miércoles 10 de junio, en la delegación Punta Colonet; y la liberación ocurrió al día siguiente en el Ejido Díaz Ordaz.

En ese sentido, subrayó que si bien es cierto que hay una prohibición expresa en la LFT para despedir a una mujer que se encuentra en condición de embarazo, los patrones aprovechan la ambigüedad y la falta de precisión que hay, para despedirlas y evitar sanciones.

"Es recurrente, lamentablemente, que una vez concluido el embarazo, los patrones proceden con el despido de las trabajadoras, o meses después del descanso por maternidad. Por eso decidimos presentar esta reforma", indicó Ramírez Padilla.

La iniciativa propone para ello, una reforma al artículo 133 de la LFT, en su fracción XV. Actualmente dicha propuesta se encuentra en estudio y análisis en las 3 comisiones correspondientes a las cuales fue canalizada.

La senadora Julieta Ramírez refirió que este tema le ha sido constantemente denunciado por parte de las madres de familia durante los recorridos en diversos puntos del Estado.

En su escrito, Magallón Granados recuerda que fue electa constitucionalmente como presidenta municipal suplente dentro de la planilla ganadora del proceso electoral y que dicha calidad jurídica permanece vigente.

Dice encontrarse en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles y políticos, sin que exista impedimento legal alguno para desempeñar el cargo para el que fue electa por la ciudadanía.

Como punto central del documento, la suplente establece de manera expresa su “total y absoluta disponibilidad, idoneidad e interés jurídico” para asumir de forma inmediata las funciones de la Presidencia Municipal en el momento en que se configure cualquier ausencia, licencia o falta de la titular, conforme a lo establecido en el artículo 42 de la Ley del Régimen Municipal para el Estado de Baja California.

El posicionamiento de la presidenta municipal suplente anticipa el procedimiento legal que debería seguirse en caso de concretarse una ausencia temporal o definitiva de la actual titular del Ejecutivo municipal.

Dunn Fitch refirió que la Secundaria Técnica No.19 es la organizadora y es un encuentro que únicamente se detuvo por la pandemia del Covid-19.

“Estamos esperando una participación de casi 500 estudiantes. Con todo y staff, estamos esperando alrededor de mil participantes o asistentes para el viernes 19, a partir de las 8 de la mañana”, adelantó.

Adelantó que será abierto al público, por lo que las y los asistentes tendrán la oportunidad de apreciar el talento en diferentes disciplinas en cuatro ejes torales.

Alemán Rodríguez recordó que los antecedentes son las etapas escuela y de zona, por lo que la última será la etapa estatal.

“Tiene 21 actividades a realizar. En el área académica será la adquisición de los conocimientos de los cuatro campos formativos que conforman el Plan de Estudios 2022, entre ellos habilidades de encuentro entre escritores y cuenta cuentos”, refirió.

En la actividad tecnológica se presentan proyectos integradores, como los contextualizados al aula, la escuela y a la comunidad.

“Lo importante es que en estos proyectos se identifica una problemática y el equipo que presenta este proyecto presenta la situación, cómo lo atendieron y cuál es la solución para el beneficio de la comunidad. Todo esto dentro de los principios que marca la Nueva Escuela Mexicana de cuidar el medio ambiente, de que se vean reflejados los valores entre los individuos y, principalmente, que la participación sea colaborativa, que haya un principio comunitario”, abundó.

De la etapa cultural, citó que son las relacionadas con la oratoria, declamación, pintura, cartel, danza folclórica, canto, y músico instrumental, que son habilidades adquiridas en los diferentes momentos de preparación del alumnado.

Y sobre las actividades en conjunto, citó las competencias de danza folclórica y de escoltas, así como el concurso de ajedrez.

“Todo esto va encaminada a la creatividad, innovación, participar colaborativamente. Identificarse con otros compañeros, que hagan una convivencia sana y pacífica, y también presentar una muestra de lo logrado por los alumnos en el aula, su desarrollo”, subrayó el supervisor.

De las y los participantes, citó 420 alumnos, 210 asesores, 63 elementos del jurado (3 por cada actividad), y la participación de directivos, docentes, supervisores, padres y madres de familia.

Cáceres Martínez, quien se desempeña como investigador titular del Departamento de Acuacultura del Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada (Cicese), explica que su trabajo se enfoca en estudiar las enfermedades de organismos acuáticos —en especial moluscos bivalvos, gasterópodos, camarones y peces— cultivados en nuestro país.

“Este proyecto nace para atender a las enfermedades que afectan a los organismos acuáticos y que causan enormes pérdidas en la producción”. externa.

El objetivo es ofrecer a las productoras y los productores el diagnóstico y el control de enfermedades de las especies de cultivos y, con ello, acercarles las medidas para prevenirlas.

El especialista destaca que el proyecto inició como una segunda propuesta de investigación para su doctorado en España por parte de su asesor de tesis, lo que le dio la oportunidad de conocer más sobre los diferentes tipos de enfermedades y que, al regresar a México, en sus visitas por las granjas acuícolas, comenzó la conversación.

“Fue en San Quintín donde le dijimos a los productores: ¿y se enferman sus ostiones? Y se sorprendían. Les digo sí se enferman y podemos ayudarles a que se recuperen”

A partir de ahí, comenzaron a estudiar los padecimientos de los moluscos y después con los crustáceos. Esto lo llevó a ser pionero en esta área de investigación, en la cual pudo descubrir agentes patógenos en México que están considerados como declaración obligatoria por la Organización Mundial de Salud Animal.

”Nuestros conocimientos han servido para enriquecer los lineamientos que tiene la propia Organización Mundial de Salud Animal para sus manuales que se utilizan en todo el mundo”.

Actualmente, han logrado abordar el desarrollo de vacunas, el estudio de microbiomas que permiten mayor alcance en la investigación y beneficios para las y los acuacultores de pequeña, mediana y gran escala.

Jorge Abelardo Cáceres Martínez expresó todo su entusiasmo por el reconocimiento a tantos años de trayectoria que, junto a todas y todos los integrantes de su equipo, ha ayudado a las productoras y productores.

“Estamos entregando algo que ustedes se merecen. Fue un compromiso que asumimos desde el inicio porque el magisterio bajacaliforniano merece reconocimiento, respeto y resultados”, resaltó.

Marina del Pilar señaló que la ministración de estos recursos fue posible gracias al trabajo coordinado entre autoridades estatales y representantes sindicales, con el objetivo de brindar justicia a quienes dedicaron su vida a la formación de generaciones.

La maestra jubilada María Gallegos Quizán, beneficiaria del Fondo de Retiro y quien laboró durante 36 años, expresó su agradecimiento por la entrega de este apoyo.

“Por fin se nos hizo justicia”, comentó.

Agregó que dicho recurso representa un motivo de satisfacción para las y los docentes jubilados.

Juan Enrique Villanueva Villa, secretario general de la Sección 2 del SNTE, reconoció la sensibilidad y el compromiso de la gobernadora para atender esta demanda histórica del magisterio, así como el respaldo del secretario general de Gobierno, Juan José Pon Méndez, por contribuir a la construcción de acuerdos que permitieron avanzar en la solución del tema.

En la reunión participaron representantes de la Sección 2 del SNTE, integrantes del Comité Ejecutivo Nacional del sindicato y docentes jubilados beneficiarios del Fondo de Retiro. También estuvieron presentes la secretaria de Educación, Irma Martínez Manríquez, y el secretario de Hacienda, Andrés Pulido Saavedra.

El director de Seguridad Pública Municipal, Alejandro Monreal Noriega, destacó que la incorporación de cámaras corporales forma parte de una estrategia integral orientada a fortalecer la profesionalización policial, la transparencia institucional y la confianza ciudadana en la actuación de los cuerpos de seguridad.

Monreal Noriega recordó que este reglamento establece responsabilidades institucionales claras, mecanismos de supervisión y control, así como criterios específicos para garantizar el uso adecuado de las cámaras corporales como herramienta de apoyo a la labor policial, tanto para la protección de la ciudadanía como para brindar certeza sobre el actuar de las y los elementos de la corporación.

La DSPM reiteró que la publicación del Reglamento para el Uso de Cámaras Corporales representa un avance significativo en la modernización de los servicios de seguridad pública, fortaleciendo la transparencia institucional, la rendición de cuentas y la confianza de la ciudadanía en las instituciones de seguridad.