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Comisión del IEEBC aprueba topes de gastos personales de campaña para elección judicial

El proyecto será puesto a consideración del Consejo General.
Hace 8 meses
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Los topes de gastos serán determinados por el Consejo General en función al tipo de elección que se trate. - Foto: Cortesía.

En sesión pública de la Comisión del Régimen de Partidos Políticos y Financiamiento del Instituto Estatal Electoral de Baja California (IEEBC), sus integrantes determinaron los topes de gastos personales de campaña para el Proceso Electoral Local Extraordinario 2025 (PELE 2025).

El consejero electoral y presidente de la Comisión, Jorge Alberto Aranda Miranda, explicó que la Ley General de Institutos y Procedimientos Electorales establece que las personas candidatas a juzgadoras podrán erogar recursos con la finalidad de cubrir gastos personales, viáticos y traslados dentro del ámbito territorial que corresponda a su candidatura dentro del periodo de campaña respectivo.

Dicha Ley señala también que los topes de gastos serán determinados por el Consejo General en función al tipo de elección que se trate.

El presidente de la Comisión señaló que los importes fijados como topes máximos para la elección de Magistratura y por Partido Judicial en el PELE 2025, deben ser suficientes para que cada persona candidata a juzgadora pueda realizar las actividades permitidas dentro de su campaña.

Además, generan equidad en la contienda de cada uno de los cargos y, al mismo tiempo, son idóneos al establecerlos diferenciados por cada ámbito territorial de elección y suficientes para el desarrollo de los actos y actividades permitidas en la campaña.

En ese sentido, se aprobó someter a consideración los topes de gastos personales de campaña de las personas juzgadoras del Poder Judicial del Estado de Baja California para el PELE 2025, conforme a lo siguiente:

Ámbito de

elección

Órgano Cargo

Topes de gastos personales de campaña

Estatal Tribunal Superior de Justicia Magistratura $1,414,736.11 M.N.
Estatal Tribunal de Disciplina Judicial Magistratura $1,414,736.11 M.N.
Partido Judicial Mexicali Juezas o Jueces $320,323.74
Partido Judicial Tijuana Juezas o Jueces $525,576.96
Partido Judicial Ensenada Juezas o Jueces $148,373.84
Partido Judicial Tecate Juezas o Jueces $105,115.39
Partido Judicial Playas de Rosarito Juezas o Jueces $105,115.39
Partido Judicial San Felipe Juezas o Jueces $105,115.39
Partido Judicial San Quintín Juezas o Jueces $105,115.39

 

Aranda Miranda informó que el dictamen será remitido al Consejo General del IEEBC, para los efectos legales correspondientes.

Editorial
La reforma judicial: sin pueblo no hay justicia
2025-06-02 17:35:47
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El origen de la reforma judicial fue uno de los principales objetivos —por no decir caprichos— del expresidente Andrés Manuel López Obrador. Aún es demasiado pronto para decir si fue exitosa o no, pero ha fallado justo donde más esperanzas habían depositado sus impulsores: la participación popular.

Más información...

Solo el 13 por ciento del padrón electoral acudió a votar. Se abre así un panorama inédito, para el cual no existe manual ni guía clara de qué sigue.

Hay una razón por la cual López Obrador no pudo avanzar en su primer intento de reforma: no tenía la mayoría suficiente en el Congreso. Le tomó todo un sexenio lograr ese control legislativo que, al final, permitió la aprobación exprés. Aun así, la reforma se saltó pasos fundamentales: la deliberación, el consenso y, sobre todo, la incorporación de críticas de juristas, académicos y actores clave del Poder Judicial.

Cabe recordar que esta controvertida reforma avanzó gracias al triunfo aplastante de Claudia Sheinbaum y a la traición del priista Miguel Ángel Yunes en los últimos momentos del sexenio. Solo así fue posible sostener este proyecto político, que continuó entre huelgas y paros dentro del sistema judicial.

Durante todo el proceso, no hubo un verdadero debate público que explicara a la ciudadanía de qué trataba la reforma, por qué era necesaria, y cómo el sistema judicial mexicano está viciado: jueces que operan bajo amenazas o sobornos, más del 90 por ciento de los delitos impunes, y miles de personas inocentes en prisión preventiva o esperando una sentencia que no llega.

Eso faltó: involucrar a la ciudadanía. Y ahora, lo que falló fue precisamente la participación ciudadana.

El mensaje es claro para México: la voluntad del pueblo no puede reducirse al 13 por ciento del electorado. Lo que sigue ahora es evitar que esta transformación derive en una crisis mayor en la impartición de justicia, que comprometa la autonomía del Poder Judicial y lo convierta en un instrumento político. De ser así, México habrá perdido la justicia en nombre de la democracia.