Asteriscos

Los oficiales decomisaron un arma abastecida con 114 cartuchos y un fusil similar a un AK-47, con 47 cartuchos. Además de doce cargadores con 24 cartuchos calibre .223 cada uno. También un radio de comunicación, dos chalecos tácticos y una camioneta Ford Expedition modelo 1999.

Según el informe, los detenidos manifestaron que presuntamente trabajaban para una célula delictiva identificada como Los Chapitos o Los de la Pizza, y que sus actividades consistían en el cobro de piso, extorsiones y patrullajes mediante vehículos presuntamente clonados en distintos ejidos. Incluso en declaraciones mencionaron que habrían participado en la instalación de puntos de inspección o “retenes” para extorsionar ciudadanos.

Los detenidos, junto con las armas, cartuchos, equipo táctico y vehículo, fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) para llevar a cabo las investigaciones.

Diego Peraza es un ejemplo del talento deportivo que se ha desarrollado en Baja California, al iniciar su camino competitivo de la mano de su entrenador José Bernardino Chacón, en el Centro de Alto Rendimiento de Tijuana. Desde sus primeros pasos en este deporte, el luchador ha construido una trayectoria basada en disciplina, constancia y trabajo, elementos que hoy lo tienen como uno de los referentes nacionales de su categoría.

El tijuanense ha vivido un año intenso, con participación en diferentes competencias y resultados destacados que le han permitido mantenerse actualmente en el primer lugar del ranking nacional de su categoría. Especialista en la modalidad de lucha libre, Peraza continúa consolidando su nivel competitivo y buscando nuevos retos que le permitan llevar su carrera deportiva a una nueva dimensión.

Con la experiencia acumulada durante esta temporada y el trabajo que realiza actualmente con el equipo mexicano, Diego Peraza mantiene firme el objetivo de llegar al Mundial U-23 en Las Vegas en plenitud de facultades y luchar por un resultado destacado, defendiendo con orgullo los colores de México en el escenario internacional.

De acuerdo con testimonios y elementos incorporados a las carpetas de investigación, los responsables habrían utilizado vehículos oficiales y civiles. Algunos testigos señalaron que varios de los hombres vestían uniformes y portaban armas y placas, por lo que fueron identificados como presuntos agentes de la Policía Municipal de Ensenada.

La investigación también contempla como una de las líneas la posible venta de drogas al interior de instalaciones agrícolas de la zona.

El pasado 5 de septiembre, un juez autorizó una orden de cateo para que elementos de la Fiscalía General del Estado ingresaran a la empresa en busca de evidencias relacionadas con la desaparición.

El caso ocurre en un contexto de otros operativos y desapariciones registrados en la zona rural de Ensenada, donde policías municipales también han sido señalados.

De acuerdo con antecedentes de investigación, al menos 13 personas —12 hombres y una mujer— han desaparecido en tres hechos distintos, lo que derivó en la detención de 13 agentes municipales detenidos, además de otras órdenes de aprehensión pendientes de ejecutar.

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Advirtió que Baja California enfrenta condiciones particularmente complejas por su ubicación fronteriza, dinámicas económicas y migratorias, además de la operación de organizaciones delictivas que trascienden municipios y requieren coordinación federal.

“La seguridad de Baja California no puede depender de operativos extraordinarios activados después de una crisis. Requiere estrategia, inteligencia, coordinación y presencia permanente”, precisó García Ruvalcaba.

En ese contexto el exhorto propone que instituciones como la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Guardia Nacional, Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina y el Centro Nacional de Inteligencia, en coordinación con la Fiscalía General de la República y autoridades locales, fortalezcan sus capacidades de inteligencia, investigación y operación en el estado.

Asimismo, requiere que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana asuma de manera permanente el liderazgo estratégico y operativo de la participación federal en la coordinación de la estrategia de seguridad implementada en Baja California, garantizando intercambio continuo de información, planeación conjunta y evaluación periódica de resultados.

Daylín García reafirmo que “cuando las circunstancias lo requieren, existe capacidad para concentrar instituciones federales, estatales y municipales, compartir información y reforzar determinadas zonas. Lo que proponemos es que esta coordinación extraordinaria no se limite a reaccionar frente a una alerta, sino que sea permanente”.

Por decisión del Pleno se determinó canalizar la proposición a la Comisión de Seguridad Ciudadana y Protección Civil, para un mayor análisis y estudio.

La gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda destacó que desde el inicio de su administración se priorizó brindar justicia y reconocimiento a los elementos estatales.

El modelo también protege el ingreso familiar al asumir el Estado parte de las cuotas y garantizar un catálogo de 13 prestaciones, entre ellas pensión por jubilación, servicio médico, becas y útiles escolares.

De esta forma, más de 2 mil 136 elementos han recibido más de 215 millones de pesos en apoyos directos.

“Esto no es solo un trámite financiero ni una prestación administrativa, va mucho más que eso. Es una forma de decirles a nuestras y nuestros policías que no están solos, que su esfuerzo vale, nos importa, que sus años de servicio cuentan y que sus familias también merecen tranquilidad”, expresó la mandataria estatal.

El secretario general de Gobierno, Juan José Pon Méndez, expuso que para cubrir al cien por ciento el pasivo laboral de las corporaciones se constituyó un fideicomiso con un capital semilla inicial de 250 millones de pesos, en beneficio de más de 2 mil 300 elementos.

Por su parte, el secretario de Hacienda estatal, José Andrés Pulido Saavedra, detalló que actualmente 640 elementos han sido beneficiados con al menos una prestación social, se han entregado 215.7 millones de pesos en pagos de pensiones, pago póstumo, gastos funerarios, ayuda para útiles escolares, beca educativa y servicio médico.

“Se han otorgado 198 pensiones, de las cuales 89 corresponden a invalidez, 25 por edad, 74 por retiro anticipado y 10 por fallecimiento. También se registran 194 pensiones humanas con un mínimo de 19 mil 438 pesos más inflación, una pensión mínima general de 19 mil 614 pesos y un pago póstumo de 300 mil pesos más gastos funerarios”, detalló.

El secretario de Seguridad Ciudadana, general Laureano Carrillo Rodríguez, destacó que la dignificación del personal ha acompañado una reducción de 47 por ciento en el promedio diario de delitos de alto impacto desde septiembre de 2024.

También puntualizó la entrega de 86 ascensos con un incremento salarial de 6 por ciento en el Servicio Profesional de Carrera y el nombramiento de Itzela Meza Vázquez como la primera mujer Coordinadora General Operativa de la Fuerza Estatal.

Dicha estrategia se complementa con estímulos de 5 mil pesos por el Día del Policía y 10 mil pesos al policía del mes o del año, el aumento de la beca para cadetes a 12 mil pesos mensuales, la entrega de 123 patrullas y 989 armas, una inversión de 66 millones de pesos en tecnología de inteligencia y la construcción de bases operativas comunitarias.

El despliegue operativo se realizó el pasado 4 de agosto, de las 16:00 a las 20:10 horas, en las delegaciones de Francisco Zarco y El Porvenir, con la participación de la Agencia Estatal de Investigación de la Fiscalía General del Estado, la Secretaría de Marina (Semar), la Guardia Nacional (GN), la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC) y la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Ensenada (DSPM).

Como parte de esta estrategia coordinada se instalaron tres filtros de seguridad, se desplegaron cuatro células operativas y se ejecutaron de manera simultánea las órdenes de cateo, con el objetivo de fortalecer las acciones de prevención e investigación del delito, así como preservar la seguridad y el orden en una de las zonas turísticas y productivas más importantes del municipio.

La Fiscalía General del Estado (FGE) reafirma su compromiso de mantener una estrecha coordinación con las instituciones que integran la Mesa de Seguridad para fortalecer las acciones de investigación y combate a la delincuencia, privilegiando el trabajo conjunto en beneficio de la seguridad y la tranquilidad de las y los ensenadenses.

Entre los principales resultados legislativos destacan reformas en favor de la protección de niñas, niños y adolescentes, la creación del Modelo de Atención Integral contra el acoso escolar, el fortalecimiento de la educación inclusiva, la prohibición de armas en centros escolares y acciones para prevenir el ciberacoso. Asimismo, se impulsaron modificaciones constitucionales para consolidar el Sistema Estatal de Cuidados, fortalecer la austeridad gubernamental, proteger la industria vitivinícola, incorporar el principio de sintiencia animal y reforzar las facultades de las comisiones estatales de servicios públicos.

También resalta avances en materia de igualdad sustantiva y justicia, entre ellos la armonización del delito de abuso sexual con el modelo nacional, la tipificación del exhibicionismo corporal, el reconocimiento de la violencia estética como una forma de violencia contra las mujeres, así como reformas para combatir el maltrato animal, el robo de autopartes, la violencia familiar, el despojo y la difusión de contenido íntimo sin consentimiento contra personas menores de edad y grupos vulnerables.

Como parte de las acciones institucionales, también se informó sobre los avances en la implementación de la Ley Daryela mediante la elaboración del Plan de Formación Institucional en materia de igualdad de género, prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres, así como la realización de actividades de capacitación y coordinación con diversas dependencias para fortalecer la cultura de igualdad dentro del Poder Legislativo.

En materia de atención ciudadana, la Presidencia de la Mesa Directiva mantuvo diálogo permanente con diversos grupos sociales, entre ellos habitantes de la colonia Maclovio Rojas, ciudadanos de San Quintín, integrantes del movimiento "Justicia para Amparito" y docentes jubilados de la Sección 37 del SNTE, promoviendo mesas de trabajo, gestiones interinstitucionales y seguimiento a los compromisos asumidos para canalizar sus planteamientos dentro del ámbito de competencia del Congreso del Estado.

La diputada Michel Sánchez Allende agradeció a las diputaciones integrantes de esta Mesa Directiva por todo su trabajo y la confianza ratificada en este periodo por la XXV Legislatura; señaló que continuarán con el trabajo legislativo para construir y avanzar en materia de justicia social, igualdad y la transformación.

Asimismo, felicitó a las y los integrantes de la nueva mesa directiva e hizo un llamado a seguir construyendo comunidad, que sea un Congreso cada vez más cercano, “confiamos en ustedes, que el debate se mantenga a la altura de la ciudadanía, que sea un congreso abierto para atender las peticiones, procesarlas y convertirlas en derechos”.

Durante su declaración, el general Laureano Carrillo, explicó que una de las principales modalidades utilizadas por los traficantes es el denominado "tráfico hormiga", consistente en el cruce de armas desarmadas y ocultas en mochilas o equipaje, para posteriormente ser ensambladas en territorio mexicano.

Precisó que este tipo de trasiego se concentra en zonas de baja vigilancia entre Tecate y Tijuana, particularmente en las inmediaciones del cerro Cuchumá, así como en el corredor entre Mexicali y Tecate, donde las condiciones geográficas facilitan el cruce clandestino.

De acuerdo con las cifras expuestas, en lo que va de 2026 se han asegurado mil 150 armas de fuego, cifra que ya se acerca al total registrado en todo 2025 (mil 512).

El funcionario atribuyó el repunte a la confrontación entre facciones del crimen organizado en Sinaloa, que habría elevado la demanda de armamento en el noroeste del país. Del total de armas confiscadas en el periodo de la administración estatal —8 mil 28—, Tijuana concentra el 47 por ciento, Mexicali el 28, Tecate el 12, Ensenada el 9, Playas de Rosarito el 2, y San Quintín y San Felipe el 1 por ciento cada uno.

La gobernadora Marina del Pilar Ávila, Destacó además el programa de desarme voluntario, mediante el cual entre 2025 y 2026 se han recibido y destruido 532 armas de fuego en el estado, 21 de ellas en el municipio de Ensenada, con más de 62 mil pesos entregados como estímulo a quienes participaron.

Sergio Torres Martínez, vicepresidente del Consejo Coordinador Empresarial de Ensenada (CCEE), y Edgar Alejandro Hernández González, presidente del Comité Ciudadano de Seguridad Pública, encabezaron el pronunciamiento.

“Lo que le sucedió a Minerva Pérez Castro sigue siendo una herida abierta para Ensenada. Mientras no exista una investigación plenamente esclarecida, responsables procesados y una sentencia firme, esta herida continuará recordándonos que todos somos vulnerables”, afirmó Torres Martínez.

Puntualizó que el llamado es a “las autoridades” respectivas, sin nombrarlas, para que este caso “llegue a sus últimas consecuencias legales”.

“Exigimos conocer la verdad. Exigimos que haya responsables plenamente identificados. Exigimos que haya procesos judiciales concluidos. Exigimos que haya justicia. No buscamos confrontación. Buscamos Estado de Derecho. Porque cuando un crimen de esta naturaleza permanece impune, el mensaje que recibe toda la sociedad es profundamente preocupante”, expresó el vicepresidente.

Hernández González, por su parte, señaló que la “impunidad genera desconfianza” y, a su vez, “la desconfianza genera la percepción de inseguridad”.

“Y este caso, de Minerva Pérez, no puede ser una estadística. Necesitamos que este caso no sea uno de los 11 mil que no llegan a nada, y necesitamos que sea uno de los 7 que tenga un resultado con una pena indicada por un juez para el responsable intelectual. Si no obtenemos ese resultado para este caso, la percepción de impunidad se va a mantener”, afirmó.

A pregunta directa de Zona Norte Noticias sobre la última información proporcionada por la Fiscalía General del Estado de Baja California (FGE), refirieron que solamente había un detenido por el robo del vehículo usado en el ataque.

“Lo último que nos informaron las autoridades de la Fiscalía General del Estado, como un gran logro, hace alrededor de 16 meses es que habían detenido al responsable del robo del vehículo. Detener al responsable del robo del vehículo en un Estado donde hay 8 mil 600 casos de robo de vehículo al año, nos parece una burla”, señaló el presidente del Comité Ciudadano.

-Sobre si hay algún autor intelectual, ¿nada? -se les insistió.

-Que se nos haya informado no -respondió Torres Martínez.

-De autor material o autor intelectual, nada -agregó Hernández González.

Mario III Nicolás Ruanova Morineau, presidente del Consejo Consultivo Económico de Ensenada (Consulten), afirmó que el llamado, además de lo preocupante y triste de la pérdida de una vida humana, es “esa sensación de falta de respuesta a hechos de este nivel”.

“Lo último que debemos de permitir es que se normalice. No podemos vivir en una sociedad donde se normalicen los actos criminales. Y todo esto derivado de que ‘si no hay consecuencia, yo sigo adelante”, dijo.

José Alfredo Salazar Juárez, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) Ensenada, remarcó que seguirán “haciendo observaciones”, al tiempo de señalar que son un sector formal y que cumple con sus obligaciones.

“Vamos a seguir exigiendo a la autoridad competente que se esclarezca este asesinato”, afirmó.

Sobre el tema de las extorsiones contra el sector pesquero y el llamado “Operativo Marea” por parte del gobierno estatal, Sergio Guevara Escamilla, vocal de la Canainpesca, consideró que es una estrategia correcta, pero que “está llegando tarde”.

“Estaremos muy pendientes de que no se victimice a los empresarios que están trabajando legalmente y que son víctimas de este tipo de extorsiones”, puntualizó.

Y Rubén Ayub Martínez, presidente de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios Turísticos de Ensenada (Canaco-Servytur), además de consejero nacional de la Concanaco, señaló que el organismo también se ha estado manifestando desde hace dos años, en referencia al asesinato de Julio César Almanza Armas, presidente de la Fecanaco, en Tamaulipas.

“Esta seguridad que tanto nos cuesta: nos cuestan todo tipo de policías. No sé a quien se le ha ocurrido inventar tantos policías y participaciones de los grupos militares, pero al final del día no nos han garantizado la seguridad. Y más allá de eso, lo que es más triste, donde sí tenemos que elevar la voz, es que se tienen que resolver y no puede quedar impune ningún asesinato, sea un dirigente importante o de un ciudadano común”, mencionó.

A la rueda de prensa acudieron representantes de Codeen, Provino, Comice, Asociación de Hoteles y Moteles, Coparmex, Canirac, Consulten, Canadevi, AMPI, Index y Copreen.

En ese punto los oficiales de la FESC que encabezaban el convoy tuvieron a la vista un pick up Chevrolet Silverado color verde, modelo 1998 y con placas de Minnesota, Estados Unidos, el cual se encontraba con las puertas del piloto y el copiloto abiertas.

Debido a los recientes hechos delictivos en esa demarcación, el personal operativo descendió de las patrullas bajo estrictas medidas de precaución para aproximarse a la unidad y descartar alguna emergencia.

Al constatar que el vehículo estaba abandonado, procedieron a realizar una inspección en qué localizaron un arma de fuego corta tipo revólver, calibre .38 super, abastecida con cinco cartuchos útiles. Entre el asiento del conductor y la consola central, se había un arma de fuego larga tipo carabina calibre .22, y una bolsa tipo Ziploc que contenía 184 cartuchos útiles.

A un costado del asiento del copiloto, se descubrió una tercera arma de fuego tipo pistola con la leyenda CANIK de calibre 9 mm, abastecida con cuatro cartuchos útiles; detrás del mismo asiento, se localizó un chaleco porta placas, además de una mochila táctica que resguardaba 365 cartuchos útiles calibre 9 mm, así como 05 cargadores para arma de fuego corta calibre 9 mm y 05 cargadores para arma de fuego larga de calibre .223.

Finalmente, en la cajuela había cuatro bolsas de plástico selladas al vacío, de color negro con una sección transparente al frente, las cuales contenían casi dos kilogramos de mariguana.

Lo asegurado fue puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) con sede en la ciudad de Tijuana.

De esta forma, las figuras políticas que han surgido este día son: Julieta Ramírez y Armando Ayala Robles, ambos compañeros de fórmula cuando llegaron al Senado en el 2024.

Sobre la primera, ha sido diputada federal y también secretaria particular de la actual gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, además de desempeñar otros cargos para el partido.

Del segundo, es conocido por sus cinco años como presidente municipal de Ensenada, entre otros encargos morenistas. También buscó la coordinación en el 2020, pero la “encuesta” morenista de ese tiempo supuestamente favoreció a Marina del Pilar, pues nunca fue hecho público la metodología o el documento.

También se registraron hoy Ismael Burgueño Ruiz, presidente municipal con licencia del municipio de Tijuana; Fernando Castro Trenti, prisita vuelto morenista, quien han sido embajador, diputado local y federal, quien en el 2013 intentó ser gobernador por el PRI, pero perdió ante el panista Francisco “Kiko” Vega de la Madrid.

Le siguen Alfredo Álvarez, exsecretario de Gobierno del Estado en la administración de Marina del Pilar; Jorge Ramos Hernández, panista que renunció al partido en el 2023, para luego irse con el Verde Ecologista.

De este último, su trayectoria abarca la presidencia municipal de Tijuana (2007-2010); regidor panista en Tijuana (1999-2002); y diputado federal (2015-2018), entre otros puestos.

También los presentados como fundadores de Morena en Baja California: la diputada federal Evangelina Moreno Guerra, y Alejandro Ruiz Uribe. Ambos perredistas, ambos pasados al morenismo aprovechando el oleaje de Andrés Manuel López Obrador.

La primera comenzó su carrera política en 1997 y en el 2015 se unió a Morena; del segundo, dejó septiembre de 2025 su cargo como Delegado Único Federal en Baja California, que tenía desde el 2018.

Destaca el caso de Montserrat Caballero Ramírez, quien apenas el pasado 9 de abril del año en curso había renunciado a Morena, tras salir peleada con la gobernadora Marina del Pilar, señalar escándalos y criticarle su administración.

“Me despido del partido, más no del movimiento”, llegó a expresar en un video; el 19 de junio, el exgobernador Jaime Bonilla Valdez la presentó “como la propuesta única de coordinadora estatal de afiliación del Partido del Trabajo en Baja California”, e incluso la acompañó al registro realizado este lunes.

En noviembre de 2023, cuando ella era alcaldesa de Tijuana (2021-2024), denunció a Bonilla por cometer actos que pueden ser constitutivos del delito de violencia política contra las mujeres en razón de género, junto con cinco personas más.

Fue ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales de Baja California (Fepade).

Sin embargo, el 12 de marzo de 2024 entregó un documento al Instituto Estatal Electoral de Baja California (IEEBC) para prácticamente perdonar a su agresor político.

“Por así convenir a mis intereses, vengo a desistirme de la denuncia y/o queja presentada, únicamente en lo que corresponde a los CC. Jaime Bonilla Valdez y Marco Antonio Blázquez Salinas, y toda vez que no resulta procedimentalmente necesario la ratificación del presente ocurso (escrito o documento formal), atentamente le pido se declare el sobreseimiento de la queja, únicamente en contra de los antes mencionados”, según el expediente PES/11/2023.

De Caballero Ramírez, se mantiene una investigación por parte de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (Femdo) y la Unidad Especializada en Investigación de Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas (Ueitata), tras una denuncia recibida ante la FGR por “por nexos directos con grupos delincuenciales”, específicamente del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Ella, por su parte, declaró que el CJNG ordenó matarla porque no quiso sumarse a la célula criminal. Debido a las amenazas, durante su administración se fue a vivir al cuartel militar del 28 Batallón de Infantería.

La ausente hasta el momento: Claudia Agatón

Aunque no ha descartado contender para la gubernatura, la presidenta municipal de Ensenada, Claudia Agatón Muñiz, aún no se ha decidido a participar en el proceso de Morena.

Para esto tendría que solicitar licencia y dejar a la alcaldesa suplente, Mayerim Granados, a quien reconoce, pero mantiene un distancia personal y acusaciones legales.