Asteriscos

Al arribo a las instalaciones, personal de Sanidad Naval proporcionó atención médica, encontrándolas en buen estado de salud, después fueron trasladados a la Fiscalía de General de la República (FGR) en Ensenada, para efectuar las diligencias correspondientes y determinar responsabilidades.

Los oficiales decomisaron un arma abastecida con 114 cartuchos y un fusil similar a un AK-47, con 47 cartuchos. Además de doce cargadores con 24 cartuchos calibre .223 cada uno. También un radio de comunicación, dos chalecos tácticos y una camioneta Ford Expedition modelo 1999.

Según el informe, los detenidos manifestaron que presuntamente trabajaban para una célula delictiva identificada como Los Chapitos o Los de la Pizza, y que sus actividades consistían en el cobro de piso, extorsiones y patrullajes mediante vehículos presuntamente clonados en distintos ejidos. Incluso en declaraciones mencionaron que habrían participado en la instalación de puntos de inspección o “retenes” para extorsionar ciudadanos.

Los detenidos, junto con las armas, cartuchos, equipo táctico y vehículo, fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) para llevar a cabo las investigaciones.

El inmueble se encuentra deshabitado y con sellos colocados por la autoridad ministerial, además de cinta amarilla alrededor del área asegurada para impedir el ingreso de personas y preservar los indicios relacionados con la investigación.

Dentro de la propiedad el ministerio público dejó al perro de Marlen, en el acceso principal. A simple vista el animal está en buenas condiciones de salud, aunque permanece detrás del área acordonada y con acceso restringido debido al aseguramiento del inmueble.

El cateo se realizó como parte de las investigaciones por el feminicidio de Marlen Vázquez, cuyo cuerpo fue localizado el viernes 18 de septiembre, un día después de que se reportara su desaparición por el mismo Jonathan Paul. Tres días después fue detenido mediante una orden de aprehensión en la colonia Popular 89 y posteriormente trasladado, bajo un dispositivo de seguridad, al Centro de Reinserción Social (CERESO).

Este martes, durante la audiencia inicial, Espinoza fue vinculado a proceso por el delito de feminicidio, dentro del expediente 01/2026/13375. Marlen Vázquez fue reportada como desaparecida el jueves 17 de septiembre, después de que salió de su domicilio en la colonia Moderna a bordo de un vehículo Mazda 3, color gris. Al día siguiente, su cuerpo fue localizado en el fondo de una pendiente, en las inmediaciones del kilómetro 3.6 de la carretera libre Tijuana-Ensenada, en las cercanías de su vehículo.

Más tarde, se recibió un segundo reporte en el que se informó sobre un hombre lesionado por disparo de arma de fuego. La víctima fue identificada como Carlos Roberto Álvarez Mendoza.

La Fiscalía General del Estado (FGE) llegó al lugar para iniciar con las diligencias e iniciar una investigación. En el domicilio se pudo ver a la familia que estaba dentro de la casa.

En la redes sociales del partido político Somos, se dio a conocer que el político de 78 “saldrá libre porque es inocente y no hay fundamento legal para que siga detenido. El huachicol fiscal es un crimen que se perpetúa con la complicidad del Gobierno de la República”.

Sin embargo, distintos abogados indicaron, conforme con el recurso legal, Ruffo Appel enfrentará el proceso en prisión domiciliaria.

La Fiscalía General de la República (FGR), vinculó a proceso al tambien ex alcalde de Ensenada, por los delitos de delincuencia organizada y contrabando de hidrocarburos a través de la empresa Ingemar.

El daño económico que la Fiscalía General de la República (FGR) atribuye a la red de "huachicol fiscal" vinculada al exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, asciende a un quebranto al erario superior a los 4 mil millones de pesos.

A la fecha, nueve personas han sido detenidas por estar presuntamente implicadas en el caso; dos hombres tienen prisión domiciliaria.

Al arribar al establecimiento, los oficiales se entrevistaron con un joven de 19 años de edad, quien presentaba manchas de sangre en la zona de la nariz y manifestó que momentos antes un masculino presuntamente comenzó a insultarlo y posteriormente lo golpeó en el rostro.

El afectado refirió que, después de la agresión, el masculino presuntamente le mostró una navaja, por lo que señaló directamente a la persona que se encontraba en el lugar y manifestó su intención de proceder legalmente.

Ante el señalamiento y tomando en consideración la posible presencia de un objeto que pudiera representar un riesgo, los agentes realizaron una inspección preventiva con consentimiento del masculino, localizando entre sus pertenencias una navaja plegable con hoja metálica de un solo filo y terminación en punta.

Por tal motivo, quien dijo llamarse Alberto “N”, de 39 años, fue detenido, se le colocaron candados de manos reglamentarios y se le dio lectura de los derechos que le asisten como persona detenida, y le indicaron el motivo de su intervención.

Asimismo, se solicitó la presencia de paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes brindaron primeros auxilios al afectado, determinando que no requería traslado a un centro médico.

Finalmente, Alberto “N” fue trasladados a la Estación Central de Policía para la certificación médica y finalmente puesto a disposición, junto con el objeto asegurado, de la Fiscalía General del Estado, autoridad competente encargada de realizar las investigaciones correspondientes y determinar su situación jurídica.

De acuerdo con la carpeta de investigación, entre la noche del 20 y la madrugada del 21 de agosto de 2026, Jesús Alexandro Sánchez Gerardo, de 24 años; José Alfredo Morales Martínez, de 43 años, y David Alberto Ortiz Quintal, de 26 años, se encontraban en los dormitorios de la empresa agrícola Viva Orgánica, ubicada en el ejido Rodolfo Sánchez Taboada, al sur de Ensenada, cuando presuntamente fueron sometidos y privados de la libertad por varios sujetos, entre ellos el imputado.

A partir del reporte de desaparición, la Fiscalía ha realizado diversas diligencias y acciones de búsqueda individualizada en campo, así como gestiones ante instituciones públicas y privadas, y otras labores encaminadas a establecer el paradero de las víctimas y esclarecer los hechos.

Durante la audiencia celebrada el 18 de septiembre de 2026, el juez de Control resolvió vincular a proceso a Miguel “N”. Asimismo, subsiste la medida cautelar de prisión preventiva y se fijó un plazo de seis meses para la investigación complementaria, el cual concluye el 18 de marzo de 2027.

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En la Colonia Nido de las Águilas del municipio de Tijuana, B.C., se detectó e inhibió, un dron de características comerciales que ingresó a territorio nacional procedente de los Estados Unidos, que era empleado por un grupo delictivo para vigilar rutas utilizadas para el tráfico ilícito de personas hacia ese país.

Como parte de la operación, personal militar realizó patrullajes de vigilancia y reconocimientos terrestres que permitieron localizar y detener al presunto operador del dron.

La persona detenida y los objetos asegurados fueron puestos a disposición de las autoridades competentes, a fin de determinar su situación jurídica, así como realizar las investigaciones y diligencias periciales correspondientes.

Estos resultados fueron dados a conocer el pasado 15 de septiembre en un encuentro entre autoridades de México y Estados Unidos, en el que realizaron una evaluación intermedia de la “Operación Águila Alta” que se desarrolla en el área fronteriza de Tijuana y San Diego, cada fuerza dentro de su territorio.

El Comandante de la 2/a. Zona Militar, ubicada Tijuana, B.C., encabezó una reunión binacional de trabajo con representantes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) de los E.U.A., en las instalaciones militares.

Tras el incidente, la zona quedó acordonada y el conductor de la unidad fue detenido para llevar a cabo las diligencias correspondientes para determinar responsabilidades. La Fiscalía General del Estado (FGE) quedó a cargo de las investigaciones.

Hoy, la justicia enfrenta tensiones estructurales. Los tribunales saturados, la percepción de falta de independencia judicial, la lentitud procesal y los señalamientos de corrupción en trámites han generado un ecosistema donde cada vez más disputas se “arreglan por fuera”. En ese terreno extrajudicial, el riesgo aumenta: actores ilegales y actores oportunistas observan quién puede inclinar la balanza. Aunque cada caso debe investigarse con rigor y sin conclusiones anticipadas, organismos internacionales han documentado que, en contextos donde el sistema de justicia se debilita, redes criminales y estructuras de corrupción pueden aprovechar la fragilidad institucional para influir en conflictos civiles, mercantiles, inmobiliarios y fiscales. Esto no implica que todos los homicidios de abogados estén vinculados a dichos actores, sino que el entorno actual incrementa la vulnerabilidad de quienes participan en litigios donde existen intereses económicos o territoriales relevantes.

A ello se suma un fenómeno reciente: la elección de nuevos jueces por voto popular y un sistema disciplinario judicial que muestra signos de debilidad. Esta observación no cuestiona el mecanismo democrático en sí, sino los retos operativos y de independencia que diversos estudios internacionales han identificado en sistemas donde la judicatura enfrenta presiones electorales. La justicia, ya tensionada, enfrenta presiones adicionales que incrementan la incertidumbre y exponen aún más a los litigantes.

Los colegios que integran la FEDABO mostraron valentía al encarar a las autoridades y exigir un protocolo de protección. Ese gesto debe reconocerse. En un entorno donde muchas facultades de derecho y varios colegios han optado por una postura más prudente frente al poder político, la decisión de quienes sí alzaron la voz merece respeto. Pero también requiere una ruta clara para que su esfuerzo no termine atrapado en una mesa de trabajo sin resultados o en un protocolo que no se traduzca en acciones concretas.

Es importante reconocer que la ciudadanía mantiene críticas legítimas hacia prácticas poco éticas de algunos abogados. Esa realidad existe en Baja California y en todo México. Sin embargo, la protección del gremio no busca eximir conductas indebidas ni blindar a quienes violan la ley; busca garantizar que quienes sí ejercen su profesión con ética puedan hacerlo sin miedo a represalias violentas. La seguridad de los abogados no es un privilegio corporativo: es una condición mínima para que cualquier persona pueda acceder a la justicia cuando la necesite.

Por ello, la abogacía local necesita una ruta seria, ética y con visión. La primera acción debe ser considerar un Estado de Alerta Jurídica para la Abogacía en Baja Californi5a, por un periodo definido. La segunda acción es solicitar al Congreso la creación de una Fiscalía Especializada en Crímenes contra Abogados. La tercera corresponde al Poder Judicial: valorar un Tribunal Especializado en Delitos contra Operadores de Justicia. La cuarta es impulsar una Coalición Estatal de Seguridad Jurídica.

Y si las medidas anunciadas no se traducen en resultados verificables, deberá valorarse solicitar acompañamiento técnico internacional, mediante la Relatoría Especial de la ONU, la Oficina del Alto Comisionado o la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

La ruta está planteada. Lo que sigue es recorrerla con responsabilidad, sin estridencias, pero sin evasiones.

Guillermo E. Rivera Millán

Director general del despacho De la Peña y Rivera S.C.

Fundador de Justicia que Transforma México A.C.

El retraso vuelve a colocar bajo escrutinio la actuación del director del Periódico Oficial del Estado, Juan Valente Labrada Ochoa, particularmente por haber remitido el ordenamiento municipal al Instituto de Movilidad Sustentable de Baja California (IMOS), para obtener una opinión sobre reformas previamente aprobadas por el Ayuntamiento.

Señalan decisiones jurídicamente cuestionables

La Ley del Periódico Oficial del Estado de Baja California establece que la función de dicho órgano consiste en publicar los actos expedidos por las autoridades dentro de sus respectivos ámbitos de competencia y señala expresamente que son materia de publicación los decretos, reglamentos, presupuestos y demás acuerdos de los ayuntamientos.

No se advierte en dicha legislación la facultad del director del Periódico Oficial para convertir el procedimiento de publicación en una nueva instancia de revisión, ni para condicionar la publicación de un reglamento municipal al visto bueno, opinión o validación de un organismo estatal como IMOS. Es decir, publicar no equivale a autorizar.

El reglamento de Tránsito fue aprobado por el órgano constitucionalmente facultado para emitir la reglamentación municipal.

Someter posteriormente esa determinación a la revisión de una dependencia u organismo del Gobierno del Estado supone, en los hechos, introducir una instancia adicional entre la decisión del Ayuntamiento y su entrada en vigor.

La situación no es nueva. Desde el pasado 14 de julio, el presidente del Comité Ciudadano de Seguridad Pública de Ensenada, Edgar Hernández González, hizo público el señalamiento de que el director del Periódico Oficial había excedido sus facultades al remitir el expediente al IMOS.

Hernández sostuvo entonces que la función del Periódico Oficial es publicar los ordenamientos aprobados por la autoridad competente y advirtió que enviar el documento a otra instancia estatal estaba deteniendo indebidamente el procedimiento. También señaló que dicha intervención invadía competencias municipales reconocidas por el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

A casi dos meses de aquella advertencia, el problema persiste violentando la autonomía municipal.

Y el punto de fondo trasciende al Reglamento de Tránsito.

El artículo 115 constitucional reconoce al municipio libre y establece una esfera propia de competencia para los ayuntamientos, incluyendo su potestad para aprobar bandos, reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de su jurisdicción.

La Constitución es todavía más clara al disponer que la competencia otorgada al gobierno municipal debe ejercerse por el Ayuntamiento de manera exclusiva y que no habrá autoridad intermedia entre éste y el Gobierno del Estado.

Por ello, mantener durante más de cien días sin publicación un ordenamiento válidamente aprobado por el Cabildo y sujetarlo a una revisión estatal que no aparece expresamente prevista en la legislación representa, cuando menos, una extralimitación de las funciones administrativas del Periódico Oficial y, en los hechos, un pisoteo al principio de autonomía municipal consagrado en el artículo 115 constitucional.

El Periódico Oficial no puede convertirse en una segunda instancia de Cabildo.

Tampoco corresponde a su director sustituir el criterio del órgano colegiado municipal, determinar la conveniencia de sus reglamentos o remitirlos a otras dependencias para que éstas decidan si resultan adecuados antes de permitir su publicación.

La Ley del Régimen Municipal para el Estado de Baja California establece que los reglamentos expedidos por los ayuntamientos deben publicarse en el Periódico Oficial para su publicidad e inicio de vigencia. La publicación constituye, por tanto, un paso indispensable para que surtan efectos, pero no una oportunidad para reabrir una decisión ya tomada por el Ayuntamiento dentro de su esfera competencial.

Mientras la publicación continúa detenida, las reformas aprobadas el 28 de mayo permanecen sin entrar en vigor y Ensenada continúa operando con las disposiciones anteriores en materia de tránsito.

Ahora, el asunto dejó de ser únicamente una inconformidad expresada desde organismos ciudadanos.

El Cabildo completo, integrado por las distintas fuerzas políticas del municipio, coincidió en la necesidad de formular institucionalmente un exhorto a la Secretaría General de Gobierno para que las reformas sean finalmente publicadas.

El voto unánime envía un mensaje político difícil de ignorar: independientemente de partidos o posiciones al interior del Ayuntamiento, existe coincidencia en que una determinación adoptada legítimamente por el gobierno municipal debe concluir su procedimiento de publicación.

La Secretaría General de Gobierno tiene ahora frente a sí, la oportunidad de destrabar un procedimiento que lleva más de tres meses detenido y, sobre todo, de garantizar que la publicación de las disposiciones municipales no se transforme en un mecanismo de tutela del Gobierno del Estado sobre decisiones que constitucionalmente corresponden al Ayuntamiento de Ensenada.