Familia de Bahía de los Ángeles pide apoyo tras el incendio del Rocavela

Así la primer presidenta de México se halla en medio de una fuerte tensión entre Washington, Ciudad de México y Palenque. Con un difícil dilema.

Por un lado sería actuar formalmente contra de Rubén Rocha Moya, gobernador en funciones de Sinaloa, acusado por Washington de facilitar el narcotráfico a Estados Unidos y de proteger a miembros del crimen organizado a cambio de sobornos y apoyo político. Retirar su red de protección política y permitir que avance el proceso de extradición, y que la investigación abra un caudal de acusaciones hacia otros estados, administraciones, congresos, el senado y hasta una hacienda en el sur de México.

Realizar una investigación conjunta creíble con Estados Unidos y hacer limpieza del partido y del país, claro que la presidenta recibiría acusaciones de ceder ante Washington por los miembros de su propio partido pero podría ganar el visto bueno y credibilidad entra la oposción y personas que creen firmemente que su gobierno en realidad está protegiendo narcopolíticos y militares corruptos al más alto nivel.

La otra cara de la moneda: escudarse en la soberanía y no hacer nada, aún y con pruebas y testimonios contundentes, aumentaría las sospechas en Estados Unidos sobre su voluntad de perseguir la corrupción de los cárteles dentro de su propio partido. Y al interior del país da material a la oposición para erosionar su aceptación de cara a los comicios y próximos años de su gobierno, incluso se arriesgaría a una poco probable Revocación de Mandato.

Hasta ahora la presidenta ha maniobrado con cierto éxito tanto las exigencias externas como las presiones internas, y ha mantenido junto al partido pero esta es una situación insostenible a mediano plazo, hay demasiado en juego.

América del Norte está muy unida con los tratados, la economía, los migrantes, el turismo e incluso los cárteles, más ahora que sus gobiernos entran en 2026 a la revisión del acuerdo comercial entre Estados Unidos, México y Canadá.

Ceder ante Estados Unidos tampoco es sostenible para el Estado mexicano y la presidenta sabe que su credibilidad corre riesgo de cualquiera de las dos opciones por lo que debe hallar un sano punto medio.

El concepto de soberanía es claro: ningún presidente mexicano, o de otro país, puede dejar a Estados Unidos disciplinar a la clase política y perseguir a sus corruptos pero alguien por fuerza tiene que hacerlo.